“Actualización”, restitución de propiedades y carencia de apoyo político interno

Las expropiaciones realizadas por parte del Estado cubano a un grupo de ciudadanos del país, desde principios de la década del 60 del siglo XX, tuvieron su causa en un proceso político concreto. Han sido fuente de discrepancias políticas desde hace años, lo siguen siendo, y serán resueltas -de una manera que no es posible predecir- por la propia dinámica política.

La trasformación de una enorme cantidad de activos económicos privados en propiedad de todo el pueblo fue percibida como un acto de justicia social, y todavía sigue siendo percibida de esa manera, por millones de cubanos. En esas condiciones se haría muy difícil argumentar que pudiera existir un apoyo político popular a cualquier intento de imponerle a los ciudadanos una carga económica, o pérdida de patrimonio común, relacionadas con una posible compensación o restitución por algo que –desde hace décadas- es considerado legítimamente como propiedad de todo el pueblo. Naturalmente, los expropiados de entonces –y sus presumibles herederos actuales- tienen una visión muy distinta del asunto.

No solamente se expropiaron activos económicos como tierras, fábricas, bienes raíces y bancos, sino también bienes de propiedad individual de muy diverso tipo, como viviendas individuales, automóviles, joyas y obras de arte. Una parte considerable de esos bienes no pasaron a engrosar la propiedad de todo el pueblo, sino que pasaron a ser propiedad personal de otros ciudadanos, en ocasiones originando cadenas de sucesivas de transmisiones de propiedad que llegan hasta el presente.

Aquí, a diferencia de los activos expropiados que fueron transformados en propiedad de todo el pueblo, la percepción de justicia social parece ser tenue, pero pudiera estar compensada por la suma de los intereses individuales de los nuevos propietarios, los cuales se opondrían a nociones de restitución o compensación –de sus bolsillos- a los antiguos propietarios. ¿Qué apoyo político popular pudiera tener en Cuba una propuesta de “devolución” o de “pago” de algo tan escaso como una vivienda?

Desde la perspectiva política de un Estado socialista, como el que hoy existe en Cuba, instalado firmemente en el poder y sin un significativo reto creíble por parte de sus adversarios, las expropiaciones no presentan un dilema político; al menos no en el sentido de tener que adoptar decisiones alternativas como resultado de presiones políticas originadas en puntos distintos de la ciudadanía.

Hasta donde conozco, no es parte de la agenda política actual del país y la razón es fácil de explicar: quienes pudieran estar interesados en el asunto no tienen poder político suficiente para convertirlo en parte del debate nacional y, mucho menos, para introducirlo como una de las variables de la actual reforma del modelo económico y social del país.

Para un Estado, como el cubano actual, cuyo poder radica, en alto grado, en la gestión de la propiedad de todo el pueblo, no es racional quebrantar la legitimidad política de esos cimientos reconociendo otro derecho sobre esa propiedad, especialmente si no existen otros actores políticos que pudieran “inducir” una modificación de esa circunstancia. Por otro lado, una parte de la propia ciudadanía no tiene el más mínimo interés en un proceso que pudiera afectar sus propios intereses particulares.

Hasta aquí, la reflexión desde una perspectiva política, que considero que es la crucial, pero también existen argumentos económicos para no introducir el tema de la expropiación en la actual reforma económica y social de Cuba. La eventual diversificación económica que –en términos de formas de propiedad y de gestión- necesita el país, incluyendo el establecimiento de empresas privadas nacionales, no debe incluir el tipo de “acumulación privada mediante desposesión” que implicarían los mecanismos usuales de “resolver” expropiaciones: restitución de la propiedad y pagos de compensación a los propietarios originales.

Debe quedar claro que la reforma actual solamente intenta crear un espacio “complementario” para el sector privado nacional y, por tanto, sería un proceso en el cual cabrían esperar más demandas de “abrir” empresas privadas que las oportunidades que el gobierno estaría dispuesto a ofrecer. En un contexto como ese, forzosamente tendrían que operar criterios de “selectividad”, entre los cuales tendrían un lugar destacado la posibilidad de que el sector privado hiciese una utilización más eficiente de activos que son propiedad de todo el pueblo (normalmente sin necesidad de cambio de propiedad, sino bajo arriendo), y la posibilidad de un aporte de inversión “fresca” por parte del sector privado. Es el tipo de proceso en el cual se impone una racionalidad de “mejor postor”, muy diferente a la noción de un acceso privilegiado –o por cuotas- a las oportunidades de empresa privada nacional que se derivaría de la condición de antiguo propietario.

Actualmente, la lógica de diversificación de la propiedad y de las formas de propiedad en Cuba, incluido el eventual establecimiento de empresas privadas nacionales, responde a una decisión política originada desde el poder del Estado, con un objetivo complementario de eficiencia en el uso de activos y de fuerza de trabajo. La implementación del proceso ha sido difícil y, a mi juicio, se encuentra retrasada.

Tratar de adicionar el tema de las expropiaciones al actual proceso no va a ir muy lejos, por la previsible falta de apoyo político interno. Tampoco se justifica desde la perspectiva económica: crea más ruido que soluciones efectivas.

Como resulta difícil pensar que el tema logre formar parte de la agenda política actual de Cuba “por falta de quorum”, como suele decirse, entonces la pregunta relevante debería ser: ¿qué impacto pudiera tener “dejar fuera” de la agenda el tema? En mi modesta opinión, no tendría ningún impacto.