En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué? Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones de la socióloga Elaine Acosta.
-La definición del modelo de sociedad: el Proyecto de Constitución de la República de Cuba, parte de dos “principios rectores” del proyecto de nación y, por lo tanto, no discutibles: a) el partido “único” como fuerza dirigente de la sociedad y el Estado (Art. 5) y b) el “carácter irrevocable” del Socialismo como sistema económico, social y político (Art. 3). El sistema social cubano no queda definido en la Constitución vigente. El mismo artículo refiere al “sistema político y social revolucionario”, sin explicitar de qué se trata.
-El rol del Estado: en el texto aparecen múltiples contradicciones respecto al rol del Estado. En algunas partes garantiza ciertos derechos, en otras, “trabaja para” garantizarlos. No siempre queda claro que el Estado esté obligado a trabajar por sus ciudadanos, a quienes se debe. Pero cuando se trata de los deberes, en la redacción aparece correctamente señalada la obligatoriedad en el cumplimiento.
-La universalidad y gratuidad de los Servicios Sociales: mediante el Artículo 83 se continúa entendiendo al Estado como garante del acceso y la gratuidad de los servicios de salud, pero no se explicita si estará obligado a prestar el servicio. Sobre el tipo de servicios, garantiza aquellos referidos a la atención, la protección y la recuperación, pero deja fuera los relacionados con la prevención. Se elimina el compromiso estatal con la prestación de asistencia estomatológica gratuita. No se detalla la red hospitalaria donde se concretará este derecho, ni el acceso a la misma. En cuanto a la educación, el Artículo 84, omite la obligación del Estado en la prestación de servicios gratuitos en el nivel de educación de post-grado, mientras que los garantiza desde el preescolar hasta la enseñanza universitaria de pregrado.
-La definición de la Propiedad: la principal forma de propiedad definida en el nuevo texto es la “socialista de todo el pueblo”. Sin embargo, el Estado se define como principal propietario, sin limitarse en sus posibilidades de concentración de poder. La propuesta constitucional habla siempre de empresa “estatal”, no de empresa “pública”, incrementando la confusión (frecuente en Cuba) entre lo público y lo estatal, y entre lo estatal y lo gubernamental. El derecho de acceso a la propiedad no aparece consagrado en el Anteproyecto.
-El trabajo y el trabajo de cuidados: el trabajo es definido desde una concepción tradicional, considerándosele solo en su forma pagada (artículos del 75 al 80). Con esta definición, quedan fuera todas las formas de trabajo no remunerado y que sostienen la reproducción social del país, a los hogares y las familias (trabajo doméstico y de cuidados). Esta exclusión significa, al menos, que el Estado cubano no se compromete con las necesidades sociales y humanas de cuidado, lo que en otras palabras implica dar la espalda a las urgentes demandas derivadas de los procesos de envejecimiento y migración, además de los temas de equidad de género. Lo anterior trae como consecuencia, además, que las mujeres cuidadoras no remuneradas quedan al margen de la protección estatal como trabajadoras. Nótese, además, que la responsabilidad social del Estado de garantizar una oferta pública de cuidado infantil (conocida como círculos infantiles) desaparece.
-La definición de la ciudadanía: en la Propuesta sigue sin resolverse la igualdad de derechos civiles, económicos y políticos, además de los legales que ya reconoce, a los ciudadanos cubanos que viven en el exterior, sin discriminación de ningún tipo.
