Agendas mínimas para un debate amplio: Ovidio D´Angelo

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué? Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del investigador Ovidio D´Angelo.

Tres son los temas esenciales del Anteproyecto constitucional: el político, el socioeconómico y el cultural; junto a otros campos igualmente importantes (el jurídico, el ideológico, etc.), todos están en interrelación recursiva constante y en proyección de escenarios complejos actuales y futuros. Me refiero más ampliamente al primero y brevemente a los otros señalados.

En lo socio-económico

Marx señaló que “cuando las relaciones de producción frenan el desarrollo de las fuerzas productivas… se abre un período de revolución social”; visto esto en perspectiva histórica y como sentencia proyectiva de muerte de las relaciones capitalistas. No obstante, traduzcamos esto al contexto cubano actual: ¿cuáles son nuestros problemas?

El Estado carece de fondos de inversión, hay pagos anuales importantes de la deuda, bloqueo económico, gastos estatales enormes por subvención excesiva de sectores improductivos, organizaciones del Estado, educación superior que pierde efectividad de empleo, eventos climáticos dañinos, tecnología productiva obsoleta, dificultades cambiarias en el uso de la moneda, resistencias burocráticas al cambio, más un largo etcétera.

Esto ocasiona, entre otros problemas de gran importancia, el empobrecimiento de grandes sectores de la población; el deterioro constructivo y tecnológico de las poblaciones y empresas (con su impacto negativo sobre la calidad de vida); la generación de desigualdades sociales importantes; invalidez generacional de una parte importante de ancianos; una fuerte corriente migratoria (sobre todo de jóvenes y profesionales); tensiones en el mantenimiento de necesidades básicas en todos los sectores de la vida; la problemática de la doble moneda y el escaso poder adquisitivo de la población (que deriva en salarios irrisorios), etc.

La pregunta, entonces, sería: ¿lo que hace el país para afrontar estos y otros problemas, es suficiente? ¿No hay más reservas de iniciativas posibles? Volvamos a Marx: ¿nuestras actuales relaciones sociales de producción potencian el desarrollo de las fuerzas productivas o las frenan (y, con ello, el desarrollo socioeconómico del país)? La respuesta, al menos, puede ser muy dudosa desde varios puntos de vista. Se necesita de la liberalización de las fuerzas productivas del país, de los recursos de capital (existentes y posibles), y su orientación hacia unas regulaciones que logren una mayor redistribución equitativa de la riqueza social, y atenúen los efectos de la explotación del trabajo por el capital y el Estado.

Ello implica la necesidad de proyectar un Nuevo Pacto Social entre los sectores y capas sociales emergentes existentes en el país: una nueva cultura de valores que priorice el SER (humanismo, solidaridad, calidad de vida) sobre el TENER (cultivando una frugalidad de progreso, saludable socialmente, frente al egoísmo y el consumismo, al afán de ganancia a toda costa -o sea, un enfrentamiento al capitalismo salvaje y a la burocracia omnipotente). Todo ello para preservar el progreso posible para todos y todas (habida cuenta de sus distintas potencialidades); algo que suena utópico frente al individualismo o la normatividad excesivas predominantes.

La empresa estatal dista de ser, intrínsecamente, socialista; aunque sus aportes se redistribuyen por el Estado en las prioridades nacionales determinadas por el gobierno central. Sin embargo, esta no genera un sentimiento de propiedad social, ni interés en sus metas (por falta de autonomía real y participación de los trabajadores en la gestión y en la distribución a escala de sus ganancias).

-El 1 por ciento del presupuesto municipal para el desarrollo queda muy por debajo de lo que emplean otros países, incluso capitalistas, y carece de esfuerzos de consenso participativo ciudadano local.

-A pesar de las diferentes leyes de inversión extranjera, no hay un peso determinante de su papel en el desarrollo, sobre todo como empresas mixtas y en muchos sectores de empuje de la economía. Solo está presente en algunos y muy lentamente (no sólo debido al bloqueo externo, también a la resistencia interna que concibe esta proyección, de manera esquemática, como “resurgimiento capitalista”).

-El cuentapropismo devino en una “válvula de escape”, cada vez más limitada, para algunos sectores de la población; se necesita una ampliación del concepto de propiedad privada “social”, que dé acceso a diversos sectores económicos y profesionales, a la participación de los trabajadores “contratados” en sus decisiones, y a una participación justa en sus ganancias; formas asociativas nuevas para encaminar sus agendas en colaboración con las entidades gubernamentales y estatales.

-Las cooperativas no agropecuarias no siempre observan los principios cooperativos y generan, algunas, grandes beneficios a sus miembros a base del incremento desregulado de precios a la población e instituciones del Estado, distorsionando sus fines originarios. No se aprovechan los aportes de una cultura social-solidaria.

-No se regulariza el mercado mayorista, ni las transacciones de comercio exterior, con el que escapa (por vías incontroladas) las divisas del país, aunque como resquicio de supervivencia de sectores poblacionales.

-El Estado y sus instituciones, por su parte, no observan el cumplimiento de los principios de economía social y solidaria, ni de redistribución a escala de las ganancias de los emprendimientos estatales y no estatales. Se mantienen diversos privilegios a sectores oficiales y asignaciones indebidas que afectan la credibilidad de la población sobre las intenciones e ideales sociales declarados.

-No se emplean los recursos de capital y patrimoniales en poder de sectores de la población y de emigrados cubanos potenciales aportadores, o temporales residentes en el exterior que, o bien lo atesoran en vistas previsoras de futuros más difíciles, o los gastan en viajes o compras en el exterior, haciendo muy difícil evitar el flujo de divisas al exterior, sin beneficio para una redistribución social equitativa. En vez de prohibiciones, se requeriría mayor acceso y beneficio social por el capital y la inversión extranjera y estatal, y medidas inteligentes para recuperar parte de la fuga de capital (humano y financiero). No obstante, grandes montos de inversión, por medio de la colaboración interestatal, se van logrando, con perspectivas de mediano plazo.

-De todo ello se desprende que, mientras no exista un empleo acertado de las potencialidades económicas existentes (y, por consiguiente, la penuria económica y escasez de fondos de inversión), seguirán ocurriendo los problemas mencionados, unido a comportamientos de anomia, desentendimiento, ilegalidad y frustración vital de la población, dado que la lentificación y gradualidad excesiva en la toma de decisiones socioeconómicas fundamentales hace inviable una perspectiva vital de desarrollo.

En lo político

Derivado de todo lo anterior, el consenso social queda extremadamente debilitado, en un momento internacional de derechización, que compromete el éxito de cualquier construcción socialista novedosa. Se necesita de una co-participación ciudadana, profesional y científica en las decisiones fundamentales del Estado, ejercer el papel protagónico que le otorga la Constitución a la soberanía popular y la subordinación a ésta de las instituciones del Estado y Políticas.

En lo cultural

Se requiere la formación de una cultura deliberativa, multidecisoria, participativa y de control por sectores de la población en co-participación con las instancias de gobierno y políticas. Ello implica un desafío democratizador esencial y renovador (aprovechando diversas experiencias internacionales de distintos matices), para ejercer el gobierno transparente y colectivo de la ciudadanía, factor esencial en la construcción del nuevo e inédito socialismo emancipatorio.

Otros cuatro aspectos relacionados

-El aspecto ideológico:

Dada a la tradición inobjetable de 60 años de “Partido dirigente de la sociedad”, al menos éste debería formalizar a su interior la legitimación de diversas corrientes aportadoras al sistema social socialista democrático, de progreso,  soberano y sostenible.

El papel rector del Partido –actualmente sacramentado, por la historia del “socialismo real”- no puede indicar que este se ubique por encima de la Constitución, del Estado y del Soberano. Por tanto, podría quedar en el artículo 10 (subiendo el papel del soberano a uno de los primeros artículos) como “instancia de orientación ideológica”, a partir de su concepción como órgano democrático de amplia participación de grupos de opinión hacia diversas versiones de socialismo posibles, con amplia implicación y electividad popular, que enmarquen las posibilidades de acción del Poder Ejecutivo-Legislativo, ante la situación beligerante de fuerzas externas de ultraderecha y pro-imperialistas.

-Tres apuntes del aspecto jurídico-normativo:

¿Cómo garantizar que las decisiones finales, a cargo de una Comisión, incluya, de manera vinculante las propuestas hechas por la población? (Y no por cantidad de opiniones, sino aplicando la idea de Martí: “Una idea justa desde el fondo de una cueva vale más que un ejército”). No tenemos mecanismos de garantía al respecto.

El referéndum debería realizarse por secciones de la Constitución, o por capítulos, para evitar que algunas diferencias de puntos de vista invaliden toda la Constitución, con  sus aspectos de avance. Si es necesario, volver a consulta popular sobre las diferencias en los capítulos discordantes, con amplia difusión y concertación.

El Anteproyecto fija posiciones generales respecto a numerosas cuestiones de importancia. Por ejemplo, ciudadanía efectiva, realización de derechos civiles, amplitud de formas empresariales, mecanismos electorales, etc., sobre lo que se plantea que la Ley determinará sus formas de regulación y  ejercicio. Resulta imprescindible que esas leyes sean ampliamente debatidas y sometidas a referéndum, ya que abordan cuestiones medulares de funcionamiento del país.

Sobre los autores
Ovidio D'Angelo 16 Artículos escritos
(La Habana, 1946). Licenciado en Psicología y en Sociología. Posee estudios dl Licenciatura de Economía. Ha realizado estudios de post-grados en Economía del Trabajo y en Filosofía. Investigador titular y profesor. Posee Premios Nacionales de la...
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