¿Qué hacer ante el dilema de las expropiaciones a cubanos en Cuba?

¿Quiénes son los expropiados?

En 1959 el gobierno usó medios diversos para expropiar, generalmente sin compensación, las siguientes tipologías de propiedades de cubanos: bienes malversados de funcionarios de la dictadura derrocada; latifundios (granjas de más de 400 hectáreas) por la primera reforma agraria; empresas abandonadas por sus dueños y aquellas con conflictos laborales que trastornaban la producción; viviendas de alquiler; inmuebles de personas que no pagaban impuestos, así como de los condenados por delitos contrarrevolucionarios o de los exilados por causas políticas.

El proceso continuó sin tregua: en 1960 se amplió a la gran mayoría de las grandes industrias, bancos y empresas de transporte nacional, además de todas las viviendas privadas (salvo la que ocupaba el dueño); en 1961 se expropiaron todas las instituciones educativas, los grandes hospitales y las clínicas (incluso de cooperativas); en 1962 se incautó la mayoría de los comercios privados que quedaban (como bodegas, barberías, teatros, florerías, panaderías, ventas de electrodomésticos) mientras que las cooperativas agrícolas privadas creadas por la Revolución se transformaron en granjas estatales; en 1963 la segunda ley de reforma agraria expropió las tierras que sobrepasaban 67 hectáreas y, además, se estatizaron los 54 fondos de pensiones pertenecientes a obreros, empleados y profesionales; por último, en 1968, se confiscaron más de 58,000 micro-negocios (incluyendo puestos de ventas callejeros, limpiabotas, pequeños prestadores de servicios, etc.). A fines de ese año únicamente quedaban en manos privadas un 3 por ciento de la tierra agrícola y un 1 por ciento del transporte; el resto pertenecía al Estado. Sólo un escaso número de expropiados recibieron compensación; por ejemplo, a los dueños de casas o negocios que continuaban en Cuba, se les concedió una suma mensual magra por el resto de sus vidas.[1]

Las situaciones anteriores son muy diversas y no pueden ser tratadas de manera uniforme: no es lo mismo el ex-dueño de una industria que el de una casa modesta de alquiler. Además, la devolución de una empresa o parcela de tierra ahora operada por el Estado sería menos compleja que si está manejada por una cooperativa agrícola o no agrícola y de servicios, o entregada a un campesino particular o en usufructo. El tema probablemente más sensitivo es la propiedad de la vivienda, que afectaría a un 85 por ciento de la población que ahora es propietaria. Por ello, cualquier política sobre medidas de expropiación debe considerar la gran variedad de casos legales.

¿Cuánto es el valor de la propiedad expropiada?

Ignoro cuantos cubanos que fueron expropiados o sus herederos viven en Cuba, lo cual habría que investigar. La Ley Helms-Burton de 1996 estipula que solo los cubanos que eran ciudadanos estadounidenses al tiempo de la confiscación, son elegibles para compensación; hay unas 200,000 reclamaciones por miles de millones de dólares. Sin embargo, aquellos que dedujeron el valor de sus propiedades del impuesto sobre la renta, no tienen derecho a reclamar. Una Comisión de Estados Unidos para Estimar el Valor de Reclamaciones (FCSC) tiene 70 volúmenes (cada uno con miles de páginas), incluyendo las propiedades declaradas por cubanos que eran ciudadanos, pero no la mayoría que no lo era. Entre 2015 y 2017 se ha reunido tres veces una comisión binacional para discutir las reclamaciones de ambos países. Siguiendo una tradición desde 1996, en enero, el Secretario de Estado suspendió por 6 meses una cláusula de la Helms-Burton que permite a los expropiados demandar en las cortes contra un fondo del gobierno cubano congelado por Estados Unidos o contra corporaciones que han “traficado” con bienes confiscados. Otros emigrados expropiados viven en España, en América Latina y en otros países.

¿Cómo me posiciono sobre el tema?

Opino que deberían prevalecer los principios de: adaptación a diversas situaciones, justicia y humanismo-compasión. Además, creo que el tema estará estrechamente vinculado a dos factores: la reanudación del abortado proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos y, quizás como consecuencia, una mayor apertura del gobierno cubano para reforzar profundamente los lazos con la comunidad en el exterior (donde quiera que radique); lo último incluiría la autorización de cubanos foráneos para invertir en Cuba, trasferir tecnología y contactos de negocios. De cuajar lo último, ocurriría un notable crecimiento económico en Cuba (como en China y Vietnam) y, bajo ese clima de reciprocidad y mayores recursos, sería factible una negociación para resolver el problema de la compensación. Además, Cuba zanjaría este espinoso asunto ofreciendo una imagen de mayor confianza a la inversión extranjera.

Permítanme ofrecer un ejemplo ilustrativo. Supongamos que el Estado cubano tiene una fábrica de cemento, cuya producción ha caído en picado desde 1989 y con muy pobres alternativas de recuperarse. Mejor que permitir a una empresa extranjera que revitalice dicha industria, ¿no sería más lógico y humano que el gobierno de la Isla hiciese un trueque del valor expropiado a una empresa cubana —dedicada con éxito a ese giro en el extranjero— por inversión en dicha fábrica? Este canje se ha realizado en otros países y probablemente se ha hecho en las citadas negociaciones entre los dos gobiernos. A pesar de las reformas estructurales en Cuba, la agricultura no ha despegado, hay cubanoamericanos que tenían plantaciones azucareras, arroceras o de frutales  en la Isla, que han reproducido con éxito su empresa en el extranjero, a los cuales podría ofrecerse un trueque similar. Todo esto generaría una expansión en la producción y un desarrollo compartido de las comunidades cubanas en la Isla y el exterior; el Estado adaptaría medidas regulatorias, claras, transparentes y con las debidas garantías para dichos negocios, así como el cobro de impuestos apropiados.

Dejo para el final lo más sensible, que es la vivienda. Los que aún guardan los títulos de propiedad con la esperanza de recuperar sus casas debían tener en cuenta que muchas de ellas se han derrumbado por los ciclones y falta de mantenimiento, o están en condiciones deplorables, que requeriría una inversión substancial para reconstruirlas.

Una solución adoptada en Alemania y otros países, es que el dueño reconstruya la casa, la ocupe como residente permanente mientras que el Estado provea una vivienda similar al ocupante. Estas son algunas ideas, sobre un tema peliagudo que demanda un estudio y discusión profunda por todas las partes involucradas, pero es saludable que se inicie un debate serio y respetuoso.

Nota: No se trata aquí el tema de las 6,000 expropiaciones a ciudadanos norteamericanos (unos US$ 8,000 millones, equivalente al 8 por ciento del PIB cubano en 2016) y a otros extranjeros.

 

[1] Carmelo Mesa-Lago, Buscando un Modelo Económico en América Latina: ¿Mercado, Socialista o Mixto?—Chile, Cuba y Costa Rica (Caracas; Nueva Sociedad, 2002).

Sobre los autores
Carmelo Mesa-Lago 11 Artículos escritos
(La Habana, 1934). Licenciado en Derecho Universidad de La Habana. Máster en Economía por la Universidad de Miami. Doctor en Derecho por la Universidad Madrid. doctor en Relaciones Laborales y Seguridad Social por la Universidad de Cornell. Catedr...
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