Ante la encrucijada actual, desatemos un camino fecundo hacia el progreso

Foto: Chip Somodevilla / Sun Sentinel

I

Cuba atraviesa nuevamente una etapa de “crisis agravada”. No obstante, las dificultades nos acompañan desde hace décadas. Esto ha generado, por supuesto, también desde hace tiempo, cierta incertidumbre y, en algunos casos, hasta desesperanza. Sin embargo, ante este lamentable desafío, los cubanos hemos tomado diferentes caminos, entre los cuales se encuentran: combatir el modelo y pretender el establecimiento de uno que lo niegue totalmente, aferrarse a la petrificación del mismo, medrar con las cuotas de beneficios que pueda ofrecer el status quo, ocuparse solo —o sobre todo— de las vidas personales (lo cual puede incluir ciertas lógicas migratorias), e intentar —desde diferentes visiones y posturas— hacer evolucionar el modelo social-cultural-económico-político.

Por su parte, la actual “crisis agravada” ocurre y ocurrirá en una Cuba en circunstancias algo diferentes, tanto para bien como para mal; aunque esta última apreciación podrá estar mediada por diversos prismas, desiguales preferencias y distintas emociones. Ahora la Isla disfruta de un proceso de multilateralización de las relaciones internacionales y de mayor integración mundial, así como de un interés “desproporcionado” de empresarios e instituciones de otra índole (si tenemos en cuenta nuestro real y práctico atractivo socio-económico para quienes “juegan y arriesgan” sus recursos y capacidades), para invertir en el país y participar en su desarrollo. Esto puede colocar a Cuba en un escenario factible para la estabilidad y para nuevas oportunidades, que en algunos casos podrían constituir hasta privilegios muy anhelados por otros países que tienen más que nosotros para ofrecer.

Del mismo modo, el país comienza un proceso de reformas, que al inicio proclamó únicamente un interés económico, pero después incorporó al discurso la preocupación social, y más tarde, aunque en escasas ocasiones y con suma timidez, agregó la necesidad de perfecccionar el modelo político. Incluso, se ha prometido una reforma sustancial de la Constitución de la República, en busca, según se refirió en un evento oficial, de un texto que permita grandes e intensas dinámicas de transformación social, sin que sea necesario reformarlo nuevamente. Este proceso que comenzó en el año 2006 y debería culminar, o haber conseguido suma solidez, entre los años 2018 y 2021, despertó cuotas modestas, pero significativas, de esperanza, de entusiasmo y de esfuerzo.

No obstante, diez años después nos introducimos en una “crisis agravada”, que redimensiona la incertidumbre y la desesperanza en segmentos de la ciudadanía. En diversos imaginarios sociales ahonda los sentimientos de frustración y agotamiento, así como la intuición de que estamos desembocando a un vacío, y ello podrá conducir al país por senderos insospechados y de la manera jamás deseada. Para muchos, la situación presente nos coloca ante un reto descomunal, que tendría o no sentido asumirlo a plenitud únicamente después de respondernos colectivamente si definitivamente queremos “Patria”, o no. Si la respuesta fuera afirmativa (que tal vez no sea necesario deliberar públicamente para conocerla), entonces la faena sería ardua pero no demasiado difícil, pues el camino para revertir la crisis y la incertidumbre está más que estudiado y comprendido, y resulta muy, pero muy claro.

En tal caso, solo habría que encaminarse por los rumbos que, de diversas maneras pero no contrapuestas, anhela la generalidad de la población. Incluso, bastaría con desatar la concreción, expedita y efectiva, de muchísimas proyecciones fundamentales que desde hace una década cincela el gobierno, sobre todo por medio de discursos y otras comparecencias del presidente Raúl Castro.

II

La situación actual ratifica la necesidad imperiosa de comprender “el privilegio” de ser “asediados” por potenciales inversionistas y de aceptar, con pragmatismo y diligencia, la participación de estos en la economía cubana. Este proceso ha sido demasiado lento y se ha caracterizado por la no aceptación de cuantiosas propuestas, además pingües, que no suelen rechazar ni siquiera países en mejores condiciones que las nuestras. Muchos culpan de este error a la burocracia cubana. Sin embargo, realmente toda la responsabilidad no puede ser suya, pues en materia de inversión extranjera las decisiones fundamentales están centralizadas en el gobierno de la nación, aparato político-ejecutivo, no burocrático; y en última instancia, la burocracia no posee vida propia, porque ella siempre resulta un instrumento de la administración política del gobierno y, por ende, cuando ella falla siempre la causa de la misma radica en errores de la política pura.

Asimismo, la realidad nos golpea en el rostro con la exigencia de relacionarnos, de manera definitiva, con las instituciones financieras internacionales, por más defectos que estas posean y a pesar de cuántos peligros puedan generar. Ante esto, muchos lo han señalado, podemos interponer, con suma madurez política, nuestro compromiso con la soberanía de Cuba y con la justicia social. Se hace evidente que la dirección del gobierno de la Isla tiene conciencia al respecto, pues gestiona una relación análoga con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y re-negocia su deuda externa, lo cual podría facilitarle un despliegue mayor en este sentido. La solución de nuestra economía pasa solo por dos posibles efectos socio-económicos-políticos inmediatos: o lanzamos a grandes sectores de la población a sufrir dificultades aún mayores que las padecidas, o endeudamos al país en grandes proporciones y por largo tiempo; aunque para esta última opción requeriríamos de “un fuerte prestamista de última instancia”. Ambas rutas resultan difíciles y desalentadoras, pero ante el dilema yo escogería la segunda, por razones obvias que no exigen argumentos.

Igualmente, se hace forzoso revisar el proceso de perfeccionamiento del empresariado estatal cubano. Las circunstancias económicas demandan considerar si dichas entidades, por demás indispensables, se enrumban desde lógicas auténticamente empresariales y, por ende, con capacidad real para aportar al desarrollo. Pues, de lo contrario, podrían constituir cargas que agravan la crisis económica; además de ofrecer condiciones para que algunas personas medren con sus recursos y/o concedan oportunidades para incrementar prácticas de corrupción.

Del mismo modo, no debemos dilatar el proceso de institucionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas de propiedad personal o de un conjunto de personas, en cualquiera de sus formas, así como extender esta posibilidad a los ámbitos de la producción y del quehacer profesional. Esta institucionalización creciente deberá asegurarles todas las garantías indispensables para que aporten sustancialmente al crecimiento económico, laboral, social y cultural del país.

Estas empresas (que si bien no resultan estatales, son más sociales que privadas) no deben constituir entidades económicas de segunda categoría. Incluso, tampoco tendrían que considerarse como complementarias al entramado de empresas estatales. Deberían ser parte integral de un modelo único comprometido con el desarrollo económico y la equidad social. Esto reclama una visión estratégica y un desempeño inteligente para rediseñar, crear, desarrollar, integrar y enrumbar todas estas potencialidades; así como el diseño de normas jurídicas y la consolidación de instituciones judiciales, y de otras índoles, que aseguren la evolución de ese factible modelo integrativo y sistémico.

Sobre el emergente “empresariado privado”, algunos sectores abogan por limitar su capacidad para “acumular riquezas”. Sin embargo, hasta ahora no me queda suficientemente claro a qué se refieren cuando presentan “la acumulación de riquezas” como una perversión socio-política, contraria a la justicia. Si quienes sostienen esta posición se preocupan de los peligros de cualquier monopolio económico, puedo comprender la inquietud y apoyarla. De igual forma, si les preocupa que un grupo específico de la sociedad reciba la inmensa mayoría de los beneficios de la estructura económica del país, en detrimento de la dignidad de grandes segmentos sociales, también puedo comprenderlos y apoyarlos.

No obstante, sería desatinado y, por ello, contrario al progreso y a la justicia, considerar una “malignidad” el crecimiento de la riqueza y la posibilidad de que los actores con mayor capacidad para concretar el desarrollo socio-económico reciban retribuciones financieras mayores; siempre en proporción al esfuerzo, al resultado, al aporte. Por otro lado, si —como referí en el párrafo anterior— entendemos la “empresa privada” como parte integrante de un modelo único comprometido con el desarrollo económico y la equidad social, tal “enriquecimiento personal” puede contribuir al ensanchamiento del bienestar de toda la población, por medio de la socialización, la distribución y la re-distribución de la riqueza.

Ante este criterio, algunos alegan que cuando un sector haya acumulado suficientes riquezas y se integre a favor de intereses comunes, se inclinará a resistir, a toda costa, la necesaria socialización, distribución y re-distribución de la riqueza. En cuanto a esta sentencia, no dudo que resulta un peligro altamente probable. Sin embargo, aseguro que esto solo logra ocurrir, con éxito, si la sociedad de un país no posee capacidades para desarrollar sus dinámicas ciudadanas, de manera activa y efectiva; y en el caso de que la institucionalidad estatal y gubernamental sea incapaz o indolente ante su responsabilidad con la soberanía popular, la justicia social y el gobierno eficaz.

En cuanto a temas económicos, finalizo mencionando el imprescindible e inaplazable reto de unificar la moneda, aunque dificilísimo y riesgoso. Sin embargo, debemos reconocer que sin avanzar en todo lo anterior no sería posible una unificación monetaria con resultados reales, positivos y menos traumáticos para la sociedad. De la misma manera, hemos de resaltar que solo después de una plausible unificación monetaria podría comenzar el despegue efectivo, progresivo y sostenible de todo el entramado económico del país. Por ende, será imposible salir de la crisis sin unificar la moneda y será imposible unificar la moneda, en términos socio-económicos reales y beneficiosos, sin una cruzada a favor de una ingeniosa e intensa transformación conceptual y estructural del modelo económico cubano.

Por supuesto que estos retos nuestros topan con las restricciones impuestas por el extemporáneo, injusto e ilegítimo bloqueo, que aún sustentan ciertas leyes estadounidenses y defiende un sector extravagante que ostenta cuotas de poder y maquinarias de influencia. Sin embargo, el bloqueo se debilita y, en última instancia, nosotros no tenemos derecho a esperar el colapso total del mismo para avanzar, pese a todo y a toda costa, so pena de estar estableciendo, y hasta “inculturando”, una especie de doctrina del “Destino manifiesto” y, para colmo, por iniciativa propia.

III

En relación con la sociedad, se han materializado importantes reformas, que amplían las posibilidades para la realización individual y para las relaciones inter-personales. Algunas han constituido cambios esenciales, como por ejemplo: la reforma de la legislación migratoria. Sin embargo, aún quedan pendientes transformaciones sociales relevantes, entre las que se encuentra: el ensanchamiento de la libertad para que el ciudadano, de forma individual y/o por medio de diversos modos de relación, pueda participar en la esfera pública, de manera protagónica, integral, eficaz y expedita. Este tema se dirime actualmente con gran intensidad; aunque no siempre con la sensatez, la honestidad, el respeto y la altura política que demanda el momento histórico. No obstante, podemos sentirnos orgullosos porque de tal debate sobresalen posiciones, ideas y teorías sobre la cuestión, atravesadas por una visión liberadora, responsable y solidaria, que constituye una evolución progresiva del humanismo cubano que se desarrolla desde el siglo XIX y que logró una síntesis (que impactó y emocionó al mundo), a través de los imaginarios nacionales que se integraron en los fundamentos y en los fines de la Revolución del 1 de enero de 1959.

El debate, o el combate, en torno al asunto, se realiza y se encona, a propósito de una manera nueva de ejercer la ciudadanía, a través de la proliferación de “ágoras ciberespaciales”, que suelen ser consideradas publicaciones, medios de prensa, u otros calificativos semejantes. Al respecto presentaré algunas consideraciones. Realmente, según el formato de estos instrumentos y las funciones que realizan, y a partir del hábito de analogar toda realidad con otras semejantes ya conocidas, catalogamos los blogs y otros tipos de plataformas digitales como quehaceres periodísticos, cuando verdaderamente son algo más; sin dejar de ser también una especie de instrumento para el periodismo. Toda la diversidad de plataformas digitales, a su vez de disímiles formatos, son instrumentos de la sociedad para ejercer con suma singularidad, autenticidad e integralidad, la soberanía popular y la responsabilidad ciudadana, en un sentido muy amplio.

Afirmo esto último porque esta novedad suele constituir, a la vez, periodismo, activismo social, fomento cultural y desempeño político, etcétera; y pone en relación todas las proyecciones desplegadas por esta vía. O sea, puede resultar elemento esencial de quehaceres propios de asambleas populares, de centros de cultura, de sindicatos, de asociaciones civiles de diversas proyecciones, de acciones de control gubernamental y de foros de debate político en el sentido más estricto del término, etcétera; ya sea a nivel local, como nacional, regional e internacional. No obstante, sería un error afirmar que por esto dichas plataformas virtuales constituyen el tejido social e institucional, como por ejemplo: la prensa, la sociedad civil, el sindicato, la asamblea ciudadana, o el partido político. Sería, además, un error mayor sostener que son “la alternativa” a esas realidades sociales establecidas legalmente en el país. Las mismas solo constituyen herramientas, muy eficaces, eso sí, de participación dentro y en torno a la prensa, a las asociaciones sociales, a las asambleas populares y a las organizaciones políticas instituidas, etcétera.

Únicamente se convienten en alternativas a estas o sustitutas de ellas, a priori y per se, y quizás al modo agresivo y aniquilador en que nosotros hemos entendido el sentido de “lo alternativo”, cuando estas entidades (por ejemplo: los periódicos, las organizaciones, los sindicatos, las asambleas populares, y los partidos) no son espacios reales de la sociedad, no canalizan debidamente los intereses que deben representar y no encauzan los anhelos de la ciudadanía, entre otros defícits posibles. En tal sentido, solo una organización social famélica hace de la web, que resulta un instrumento virtual, algo superior a la organización real de la sociedad y/o alternativa a la misma; sin desconocer que “lo alternativo”, incluso al modo pérfido en que lo hemos entendido y asumido, puede existir, pero en la sociedad, y puede emplear la web, pero como un instrumento.

Por ello, considero que el debate no debe orientarse en torno a la legitimidad o no de las nuevas plataformas virtuales, a las cuales debe poder acceder cada ciudadano, con total facilidad, y hacer un uso útil e intenso de las mismas. El debate necesario debe concentrarse en la re-vitalización de la sociedad civil, del Estado y del ejercicio —lo más activo e integral posible— de la ciudadanía. La no aceptación de esto ha convertido, para algunos, al elemento democratizador de la web en un instrumento de “desestabilización”, cuando no de “subversión”.

Cualquier sociedad, y sobre todo cuando atraviesa momentos trascendentales como la nuestra, requiere de la participación creativa de todos. En cualquier proceso social, las lógicas y los tiempos de los actores gobernantes, que como es lógico siempre deben disfrutar de cierta preeminencia (pues por naturaleza institucional rigen el rumbo del país), tienen que reconocer e integrar, en la medida suficiente, las lógicas y los tiempos que demandan los diferentes segmentos de la población; sobre todo las requeridas por aquellos sectores considerados como “activos”. De lo contrario, estos se desentienden del proceso y el mismo pierde, grandemente, sus posibilidades de éxito. Y en cualquier empeño para reconocerlos, integrarlos y comprometerlos, lo más elemental resulta que puedan dar a conocer sus criterios y anhelos, sus lógicas y sus tiempos, y que logren percibirlos en los rumbos y los ritmos del proceso. Por ello, me resulta suicida y peligroso que algunos, desde posiciones de poder, criminalicen, cada vez más, todo criterio, toda proyección, cuando no reproduce estrictamente la más convencional lógica y el más conservador ritmo que han atravesado los modos más tradicionales de regir la marcha del país. Lamentablemente, para estos, hasta el desarrollo del sistema, que por supuesto demandaría transformaciones, constituye una concesión indigna, una amenaza, una traición.

Es cierto que los conflictos de la Guerra Fría, dirimidos con intensidad dentro de la realidad cubana, agudizaron el daño al quehacer político del país, incluso para las fuerzas de la Revolución. Quedaron constreñidos los espacios de deliberación política y aún dentro de la militancia oficial, ha sido difícil definir qué opiniones y propuestas resultan legítimas o no, en aras de asegurar el triunfo y los compromisos contraídos. Esto, por supuesto, ha constituido un empobrecimiento esencial que asegura otros perjuicios; pero la actual realidad nos exige atenuar y/o restaurar dichos daños. Sin embargo, ciertos gestores de la esfera pública han llegado a confundir la rigidez con el altruismo, la resistencia con la normalidad, la defensa con petrificación, el futuro con el pasado, la vida con el martirio, y el martirio con el vaciamiento —a toda costa— de cualquier posibilidad.

Soy capaz de comprenderlos, pues esas posiciones son el resultado de circunstancias históricas, y la historia suele marcar las características de las personas y de los pueblos; y en ocasiones resulta imposible despojarse de esas pesadas y dolorosas cargas. No obstante, el presente de nuestros hijos y el futuro de la “Patria” reclaman actitudes diferentes, caminos nuevos y mejores oportunidades. Para ello, debemos enfrentar enormes retos, entre los cuales se encuentra la renuncia a la falsa certeza de que la generalidad de las ideas de los otros, de las ideas distintas, son contranaturales, errores, daños, trampas, agresiones, ilegítimas; así como entender que la propuesta, el diseño y el establecimiento de nuevos modos e instrumentos para gestionar el desarrollo de cualquier ámbito y dimensión de la sociedad no contribuyen per se al desorden, ni representan en todo momento una intención o un acto desestabilizador. Cada vez más, en el mundo actual, las ideas alcanzan legitimidad social y, por eso, logran el compromiso de los ciudadanos, cuando “triunfan” al ser contrastadas con y por otras ideas.

IV

Todo lo anterior enuncia el desarrollo que demanda la actual estructura política del país. Al respecto, no repetiré opiniones expresadas en otros trabajos; solo señalaré algunos aspectos determinantes en este momento del devenir histórico. En tal sentido, ratifico que hemos de procurar la evolución y concreción de un entramado institucional socio-político fundamentado sobre los principios del “poder popular”; cada vez más argumentados, mejor formulados, eficientemente implementados y sólidamente garantizados. Sin embargo, acerca de esto presentaré tres breves observaciones.

Primera observación. La estructura del “poder popular”, considerada sobre todo como la Asamblea Nacional, así como las asambleas provinciales y municipales, no ha procurado incrementar la dinámica, la eficacia y la autoridad que le corresponde según la Constitución de la República. Tampoco utiliza de manera suficiente todas las capacidades que le otorga su actual estructura y facultad institucional, ni el prestigio de los diputados o delegados que integran dichas asambleas, así como la debida relación (peculiar e intensa) que podría conseguir fácilmente con la ciudadanía.

Segunda observación. Ella está relacionada con la representación parlamentaria. En nuestro caso, con independencia de la crítica anterior, sustento que la representación lograda en la Asamblea Nacional ha incorporado virtudes, aunque también debilidades, como ocurre en cualquier realidad humana. Han sido diputados, ciudadanos con protagonismos barriales, activistas de diferentes sectores socio-económicos y personas de disímiles “estratos” sociales, etcétera. Resulta interesante que algunos estudios aseguran que los diputados ratificados con los porcientos mayores de votos son delegados de circunscripciones, pues la cercanía a la población les ofrece cuotas destacadas de legitimidad, si bien muchos ciudadanos reconocen que no poseen experiencia para deliberar sobre cuestiones estratégicas, nacionales e internacionales. Asimismo, ciertas investigaciones alegan que también consiguen altas proporciones de respaldo ciudadano los candidatos con un quehacer social, cultural, intelectual y político considerado meritorio por el imaginario popular. Los restantes diputados, se afirma, obtienen menos votos y suelen ser considerados, por el electorado, como figuras ajenas. Resulta evidente que se hace imperiosa la necesidad de nominar personas conocidas por la población, percibidas por esta como cercanas y respetadas, así como capacitadas para tratar cuestiones profundas y estratégicas.

Por supuesto que todos estos integrantes de una misma sociedad deben estar presentes y representados en el parlamento, pero a partir de la capacidad que consigan para alcanzar ideas, consensos, gestiones y resultados que solucionen, de forma progresiva y cualitativa, las dificultades que hacen desiguales a esos ciudadanos de un mismo país. Por ello, la diversidad que debe estar presente, en tan importante institución de poder, debería estar signada por las diferentes ideas, proyecciones, gestiones, esfuerzos y compromisos a favor del incremento equitativo de la capacidad social para que sus ciudadanos, cada vez más diversos, sean también cada vez más iguales. Lo que nos hace diversos, por dignidad, pasa por la diferencia entre el bien que cada persona, grupo, o incluso sector, pueda ofrecer a la sociedad toda, sin exclusiones ni preferencias. Entonces, la diversidad social se erige sobre las distintas cualidades que enaltecen la dignidad de las diferentes personas o grupos, todas únicas e irrepetibles; y no por las distinciones que emanan de antropologías agredidas o en desventaja, ni por identidades varias pero iguales en la realización de la dignidad humana.

Cuba puede darse el lujo de avanzar de manera expedita hacia esta forma de asumir, proyectar y defender el concepto de “lo diverso” y sus implicaciones socio-políticas; pues la cultura y la profesionalización de la sociedad expresa un altísimo índice de desarrollo, capaz de convertir la tesis anterior en un instrumento para el progreso y la igualdad, y por tanto, a favor de la justicia social. Sin embargo, esto no rechaza, sino todo lo contrario, que las proyecciones y los procedimientos aseguren, en todo momento, la posibilidad para que grupos, sectores o comunidades dañadas y en desventaja, con escasas oportunidades para enaltecer debidamente su dignidad y con muy limitadas probabilidades para integrar el parlamento, puedan estar presentes en el mismo y emplear directamente las facultades que este ofrece en el empeño para conseguir las condiciones, antropológicas y sociológicas, de igualdad y dignidad que merecen por justicia.

Tercera observación. Las instituciones de la administración pública, así como del gobierno del país y de las localidades, no están organizadas, ni funcionan, desde lógicas (ni siquiera teóricas) que las integren a una estructura de “poder popular”, que no debe ser privativa del sistema de asambleas (nacional, provinciales y municipales). El pueblo es el soberano también para estas entidades y, por ende, las leyes y los canales institucionales deben asegurarlo de manera plena. Por otro lado, debo advertir que la crisis ha dañado igualmente dicho entramado de órganos, organismos, administraciones y gobiernos, en todos los ámbitos y en todas las instancias. Como consecuencia, han perdido recursos, capacidades, profesionalidad, responsabilidad y disponibilidad para cumplir debidamente sus correspondientes obligaciones al servicio de la sociedad. En alguna medida, una cuantía de estas entidades han desestructurado su quehacer y han afectado sensiblemente su desempeño. Sin embargo, lo más preocupante es que, ante las exigencias de las dificultades socio-económicas, en numerosos casos han sido puestas en función de la sobrevivencia de directivos, funcionarios y empleados; comenzándose a trastrocar así la naturaleza del sentido de las mismas, que tienden a orientarse hacia una especie de “corrupción” con capacidad para entronizarse y, si no se revierte a tiempo, con posibilidades de llegar a controlar definitivamente una desmesurada porción de esos desempeños institucionales.

V

Todos conocemos de estos retos. Además, muchos sabemos del esfuerzo que demandan y del escaso tiempo histórico-político para conseguir las anheladas soluciones posibles. Reitero, el propio presidente Raúl Castro clama en busca de respuestas ante tales desafíos. Y casi siempre señalo al Presidente de la República, como promotor convencido y decidido de esta ruta (aunque tal vez, o de seguro, con muchos enfoques diferentes a los míos), no para protegerme, como han afirmado algunos; sino por la autoridad y el capital histórico-político que ofrece su persona al proceso desatado por iniciativa suya. No obstante, ahora lo hago también con otro objetivo. Pretendo prevenir del peligro que significa tanta rémora en el proceso, habiéndolo convocado él, conduciendolo él y conociendo todos que él posee el “cetro” que, al menos, durante mucho tiempo no podrán consolidar con tamaña magnitud (aunque de diferente forma y por otros medios) quienes ocupen la primera magistratura.

Esto nos conduce a las siguientes interrogantes: por qué, ante esto, la diversidad de cubanos no hemos actuado con suficiente pujanza y lucidez; por qué los militantes de la Revolución no han desatado todo el esfuerzo, toda la dinámica y toda la resolución que demanda el proceso para enrumbar con certidumbre y celeridad al país, y evitar de este modo la posibilidad de que el “yate encalle” (metáfora empleada por algunos cubanos), que en este caso (también metáforicamente) sería el propio yate Granma; por qué actores significativos de la estructuras y de los mecanismos que deben facilitar los propósitos del país, de la militancia revolucionaria y, sobre todo, de los esfuerzos del primer mandatario, no asumen el entusiasmo debido, no cargan con los riesgos necesarios, no se empeñan para ser creativos, y por momentos parecen desear el fracaso de muchos de los objetivos estratégicos del jefe del Estado y del gobierno.

Es la hora, como decía José Martí, de que: “¡los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes”. Hoy el gigante de las siete leguas que nos asecha se traduce, por ejemplo, en: la polarización, la petrificación, la desidia y el vaciamiento. Mientras tanto, muchos se empeñan en dividirnos, sembrar desconfianza y paralizarnos. Por favor, no lo permitamos, pues ello constituye un crimen de “lesapatria”; y eso no lo perdonarían jamás nuestros antepasados, ni nuestros descendientes, y enquistaría nuevos y mayores enfrentamientos entre los cubanos que compartimos esta época.

Que en este momento de “crisis agravada” cada cubano y Cuba toda, hagan como “el Nazareno”, que después de recorrer el camino del calvario, cargando una pesada cruz y soportando el látigo de sus verdugos, y dispuesto a morir clavado en una cruz, quiso abrazarse con todos y miró hacia arriba, en busca de la justicia “toda”, para una vez agotado el último suspiro resucitar definitivamente con el propósito de intentar garantizarla por siempre.