El matrimonio entre personas del mismo sexo es uno de los derechos humanos con una historia de fuerte reacción conservadora y fundamentalista liderada por varias iglesias en América Latina. Pienso que su complejidad radica en el giro de su discurso. Los homosexuales aún son calificados como aberrados, inmorales y pecadores condenados al infierno. Su salvación se condiciona a renunciar a sus formas de amar. A su prédica han agregado la ideología de género para oponerse a los avances de las minorías sexuales en el continente. Desde esta invención se han incorporado al discurso político y a los grupos de poder con la intención de restringir los derechos de la mujer y de las personas LGBTIQ.
En Cuba se matiza por unas relaciones entre Estado e iglesia, marcadas por conflictos políticos desde 1959 hasta la actualidad. A ello se suma un resurgir religioso desde los años 90 que ha contribuido a una mayor presencia de estas en proyectos de desarrollo social y económico. Han aumentado sus feligreses, sus iglesias en todo el país, y tienen financiamiento; por lo que se saben con poder. Algunas de estas iglesias tienen abiertas posturas de apoyo a la Revolución, y otras de oposición política.
Los argumentos en las redes sociales a favor del artículo 68 (A-68) son disímiles, pero no se hilvanan desde un enfoque en derechos humanos. Se mencionan por activistas de forma fragmentada y no como parte de un todo. Los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles, iguales y no discriminatorios. Esto es crucial para oponerse al conservadurismo y al fundamentalismo religioso: partir del derecho a formar una familia independientemente de la orientación sexual e identidad de género; el reconocimiento de las diferentes configuraciones de estas, incluyendo las no generadas por la descendencia o el matrimonio; el acceso a la adopción y la reproducción asistida sin obviar la inseminación por donante; colocar en primer plano el interés superior de la niña o el niño independientemente de la orientación sexual e identidad de género (tanto de ellas y ellos como de sus padres o madres), son fundamentos básicos para argumentar en contra de un Dios hetero-normativo y tradicional.
Nuestras posibilidades para argumentar a favor del A-68 han sido prácticamente nulas fuera del mundo virtual. El propio debate originado en las redes muestra la ausencia de espacios físicos de encuentro y deliberación. Se manifiestan temores por activistas ante las iniciativas de otros de ocupar los espacios públicos. Se manifiestan temores por parte de las instituciones, aunque no se posicionan desde estas. El Gobierno cubano continúa operando con un silencio cómplice que intenta paliar con la aparición del tema en algunos espacios televisivos. El presidente Miguel Díaz-Canel le manifestó a la cadena Telesur su acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo para eliminar cualquier tipo de discriminación en la sociedad, pero creo que no es suficiente para responderle a la iglesia y a cientos de cubanos que se oponen desde postulados machistas.
Es difícil hablar de las actitudes que han prevalecido ante lo anteriormente descrito. Siento que nos estamos moviendo en un círculo vicioso entre la apatía, la desidia, la inacción, el pesimismo, la acción y la irritación, que por momentos ha sido incendiaria (al menos verbalmente). Me preocupa el no poder canalizar de manera efectiva tantas voluntades con ganas de construir una Cuba más incluyente desde la participación real de los diferentes actores sociales en el espacio físico. Pienso que nunca hemos estado en mejores condiciones para generar espacios de diálogos y trabajar todos a partir de una estrategia común.
Los argumentos más extendidos por parte de los que se oponen al A- 68 ha sido la defensa de la familia tradicional desde el dogma religioso. En las intervenciones de cubanas y cubanos aparecidas en la televisión, lo más mencionado fue cómo explicarles a las niñas y los niños que dos personas del mismo sexo se casen. El otro tema muy socorrido ha sido el de la adopción.
Los que se oponen han podido defender sus posturas hasta fuera de los predios religiosos. En las redes encontramos fotografías y videos de marchas por las calles en algunas ciudades del país. En varios municipios y provincias orientales es muy fuerte el proselitismo en contra del A-68. Ha prevalecido el odio al diferente. Es evidente que el principal problema de la relación Estado-Iglesia de nuestro tiempo son los conflictos generados por los derechos conquistados de las personas LGBTIQ y los derechos de la mujer.
Pienso que la estrategia para dirimirlo debió partir de la sociedad civil. Nos faltó la pronta generación de espacios de diálogo para comprender las corrientes fundamentalistas y conservadoras con larga presencia en América Latina. Necesitamos desarrollar alianzas con todos los activistas que abogan contra todas las discriminaciones: con los artistas, intelectuales, realizadores audiovisuales, etc. Con las diferentes denominaciones religiosas y ecuménicas. Intercambiar prácticas para poder generar un movimiento de derechos y anti-discriminatorio, eso es lo básico. Pienso que no ha sido posible porque no se nos ha permitido. Se alertan los resortes del Poder cuando algún individuo o grupo no reconocido por este toma la iniciativa. Comienzan “las alertas” hacia los posibles aliados infundiendo desconfianza y temor. No contamos con espacios físicos, ni con financiamiento. Nos falta cultura de diálogo. Es lamentable cuando activistas respetables se muestran hostiles con los otros cuando difieren sus opiniones o posturas políticas.
Una Cuba inclusiva y participativa, como a la que se aspira, debe repensarse desde las ausencias. El nuevo pacto social que se nos propone no deja claro cómo los diferentes actores contribuiríamos a conformar un país “con todos y para el bien de todos”. La formulación de la Ley de Asociaciones es clave para este empeño. Por ello creo que su formulación no debe quedarse dentro del Ministerio de Justicia. Al mismo tiempo se deberían ir generando premisas para una cultura del diálogo. Donde se entienda que independientemente de posiciones políticas e ideológicas todos los cubanos tenemos el derecho y el deber de ser parte y formar parte en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Es ahora cuando se necesita de la acción colectiva para responder a la reacción conservadora de grupos religiosos y otras personas que se oponen al A-68. Movilizarnos de forma ordenada y persistente es garantía para el cumplimiento efectivo de nuestros derechos. Unir el activismo de la calle y de las redes sociales con el institucional y el legislativo, da idea de una sociedad en franco crecimiento democrático.
