El posible reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo es, sin dudas, uno de los aspectos más progresistas del proyecto de reforma constitucional. Se trata de hacer efectivo un derecho aplazado por décadas, a pesar de ser una reivindicación de actores que integran lo que hoy denominamos “comunidad LGTB”. La demora en acoger legalmente las uniones homo-afectivas en Cuba, no solo dice de los prejuicios presentes en buena parte de la sociedad cubana y en las instituciones estatales y políticas, sino también de la forma como el Estado cubano ha tratado históricamente las demandas de las minorías. Recordemos que otra demanda desatendida por décadas ha sido la necesidad de normas que prevengan, de manera efectiva, el maltrato a los animales y a otros elementos del medio ambiente.
Desde el primer momento, el artículo 68 generó debates polémicos y choques entre diversas concepciones de mundo. Aunque esperaba la reacción de las diferentes iglesias cristianas, por motivos obvios, me sorprendió la cantidad de personas que presentaron argumentos “no religiosos” para justificar su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo. Los argumentos de los creyentes se basan en las doctrinas que estos abrazan –que para nada deben ser considerados irracionales u objeto de demérito. No obstante, sí son absurdas las justificaciones ateístas que hablan de los “efectos negativos” del matrimonio gay sobre la natalidad en la Isla, la educación de niños y adolescentes, así como la “degradación” de la llamada “moral socialista”.
Si bien es cierto que el tema es peliagudo en sí mismo, lo es también en un contexto caracterizado por un espacio público restringido y controlado por las autoridades políticas; medios de comunicación que no reflejan la diversidad y pluralidad de la sociedad civil; pobre cultura del debate y pobre cultura democrática; homofobia e intolerancia; el choque entre diferentes concepciones de mundo puede provocar fortísimos enfrentamientos.
Subrayo aquí algo que defiendo desde el inicio: el derecho de todas y todos a expresar su opinión, apoyo, rechazo, inconformidad o duda en relación al artículo 68. Creo que las diferentes denominaciones religiosas han ejercido su derecho a opinar, disentir y militar en contra de algo en lo que no creen. Lo lamentable es que las autoridades cubanas impidan que integrantes de la comunidad o movimiento LGTB se encuentren libre y espontáneamente para ejercer sus derechos de reunión y expresión. También es penoso que los medios nacionales, en especial, la radio y la televisión, no hayan sido autorizados para organizar debates en los que se expongan los diferentes puntos de vista en relación al tema.
Solo cabe preguntar si la inclusión de este tema es un movimiento estratégico de los líderes del PCC –para dar una imagen progresista a la nueva Carta Magna de cara a la comunidad internacional y la izquierda democrática del mundo– o es el resultado de un genuino proceso de reflexión que incluyó el parecer de todas y todos sus militantes de base.
Necesitamos a aprender a dirimir el enfrentamiento de posiciones, pues las diferencias no son ajenas a la democracia. Lo ajeno a la democracia es desconocer que estas existen, tratar de extinguirlas con métodos menos o más violentos, e imposibilitar un debate público que se sirva de los medios de comunicación. ¿Por qué esto no ha sucedido? Por las características del contexto que mencioné anteriormente. No es posible un debate amplio de cualquier tema allí donde en nombre de la unidad en torno al PCC (y a sus líderes), se desconoce el pluralismo, se soslaya el respeto a la diversidad y en donde los medios de comunicación están cerrados para voces disonantes con la ideología oficial. Es como si “disenso” fuera sinónimo de “subversión” o de “inestabilidad”.
Por último, quiero expresar mi opinión personal sobre el tópico de marras. Apoyo el reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo, apoyado en la laicidad que siempre caracterizó al Estado cubano. El Estado, debido a su carácter laico, sigue reglas propias que difieren de las doctrinas religiosas. Por tanto, como garante de la igualdad, el Estado puede y debe legalizar dichas uniones homo-afectivas, ya que es materia de su competencia. Un principio de todo Estado secular es la no interferencia de la religión en el Estado y de este en las religiones. Cabe a fieles y líderes religiosos entender esa realidad y comenzar a cultivar el respeto a las diferencias. Ese que ellos mismos reclamaron al Estado cubano en tiempos en que ser religioso podía ser motivo de exclusión social, estigmatización y maltratos.
