Cinco factores que atentan contra el debate del anteproyecto constitucional

Personalmente tengo muchas insatisfacciones con el proceso de elaboración de la nueva Constitución cubana: su gestación durante un largo período por un equipo reducido de personas y con nula publicidad; la designación “a dedo” de una Comisión —no una Asamblea Constituyente—, ratificada por unanimidad —como suele ocurrir en nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular— en la que es notable la poca presencia de especialistas en Derecho Constitucional. Tampoco creo que haya sido suficiente el tiempo que tuvo dicha Comisión para elaborar el anteproyecto —poco más de un mes— sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de sus miembros continuaron desempeñando las funciones que sus cargos y puestos les exigen, lo cual hace pensar que el grueso del trabajo ya estaba realizado y a la Comisión le correspondió el mismo papel que a la Asamblea: ratificar. A esto habría que sumar el hecho de que el papel del Partido y la adopción del socialismo como sistema quedaron de antemano fuera del debate.

Con estos inicios, ya los finales se perfilan bastante condicionados. No obstante; lo hecho, hecho está y aunque los análisis siempre son importantes por las enseñanzas que pueden dejar para el futuro, ahora resulta mucho más urgente atender al nuevo proceso que se avecina: la consulta y participación popular. Un proceso que, a mi juicio, debió ser el primer paso, y que según el esquema de democracia que se defiende desde el Estado y el Partido, constituirá el momento cumbre en el que se expresará la voluntad popular y corregirá y/o enriquecerá el trabajo previo realizado por la Comisión y los diputados.

De cara a este nuevo momento, que comenzará en apenas unos días, tampoco soy del todo optimista. Si bien es un elemento positivo que un documento de tal trascendencia se someta a la consideración ciudadana; existen un grupo de factores que atentarán contra esa esperanza de que la discusión popular del anteproyecto sea el ejercicio democrático y con resultados palpables que todos deseamos.

I. Factor “tiempo”

Si un mes fue poco tiempo para que la Comisión de redacción elaborara la norma jurídica más importante del país, muchísimo menos lo es un día para que lo discutan un grupo de personas.

Hagamos un simple cálculo. El Anteproyecto consta de un preámbulo, 224 artículos, dos disposiciones especiales, 13 disposiciones transitorias y dos disposiciones finales, que han sido divididos en 755 puntos a analizar en el debate. Su pongamos que en una reunión de 30 personas, que estudiaron a conciencia el proyecto, haya al menos una intervención precisa y concreta —algo que tanto trabajo nos cuesta— de medio minuto en cada uno de los puntos. Serán en total 377 minutos y medio, lo que equivale a más de seis horas de reunión. Eso descartando que se genere algún debate en torno a los temas polémicos que abundan en el proyecto.

Está científicamente comprobado que el umbral de atención de los seres humanos decae considerablemente luego de un par de horas dedicadas a una actividad continuada. ¿Qué pasará entonces? Que los debates podrán tener mucha calidad en torno al preámbulo y los primeros artículos del anteproyecto, pero cuando el tiempo comience a apremiar, y se acerquen las horas de salida, de almuerzo, de la novela, o el agotamiento empiece a asomar, comenzará el característico “matar y salar”, pasándole por encima a cuestiones de suma importancia. Si alguien tuviera dudas, le pido que recuerde la discusión de los Lineamientos.

Pretender discutir seriamente un proyecto de Constitución en un día no solo es matemáticamente imposible; sino que también es una falta al carácter democrático de un proceso que debe ser continuado, permanente y no restringido a “cuando te toque”. Al parecer, aquí no aplica la lógica del “sin prisa, pero sin pausa».

II. Factor “interés”

Los días que duró la discusión del anteproyecto en la Asamblea, la vida en la Cuba real —no la de los noticieros— continuó como si nada pasara. La gente seguía en “su lucha cotidiana” y hablando de los problemas de siempre. Respecto a lo que discutían los diputados en el Palacio de las Convenciones, lo más que se podía escuchar era la queja o el apoyo a la cuestión del matrimonio igualitario. Y es que, aunque muchas personas dentro y fuera del país se encuentran preocupados y ocupados por el proyecto constitucional, no puede desconocerse que una parte importante y creciente de la sociedad cubana se muestra cada día más escéptica, descreída y apática respecto a todo lo referente a la participación en cuestiones políticas.

Y esto no ha salido de la nada. En parte es resultado de la poca formación cívica y ciudadana que se ofrece desde el sistema educativo y otras esferas de la vida social; de la intolerancia y sanción al pensamiento que disiente de la línea hegemónica, de la falta de participación real en las principales decisiones que afectan la vida de las personas; de los sinsabores dejados por anteriores procesos de consulta en los que se aprobó por unanimidad normas que la mayoría de la población rechazó (Ley  de Seguridad Social del 2008, por ejemplo, con su polémica extensión de las edades de jubilación) o se desatendieron importantes planteamientos formulados por un gran número de personas (por ejemplo, en la consulta de los Lineamientos); y sobre todo, por la entronización en la conciencia popular de esa nefasta y paralizante concepción de que “esto no hay quien lo arregle”.

En medio de este panorama —y teniendo en cuenta las limitaciones que impone el factor tiempo antes descrito— preguntémonos con franqueza: ¿cuán numerosa será la cantidad de personas que sacrificarán parte de su tiempo para realizar un estudio concienzudo del anteproyecto y llegar a esas reuniones con planteamientos meditados? ¿Lograrán las reuniones en los CDR implicar de manera efectiva al creciente número de cubanos que no se encuentran afiliados a una sección sindical o a un centro de estudios, en los cuales es difícil “escapar” de dichos encuentros, que son programados y obligatorios? ¿Se impondrá el deber cívico por encima del magnetismo de la disputa entre Pereirón y Teresa Cristina?

III. Factor “confianza”

Según la Teoría de la Argumentación, una condición indispensable para que una discusión argumentativa llegue a buen término es cumplir con la regla de la libertad. Esto es, que las partes de un debate deben otorgarse una a otra libertad ilimitada para proponer y criticar puntos de vista y argumentos.

Discutir un proyecto constitucional implica tocar los aspectos más álgidos y complejos de una nación, en los cuales, necesariamente aparecerán puntos de vista encontrados e incluso, antagónicos. Pero para que se expresen con sinceridad esa multiplicidad de visiones —y no queden contenidas, cebándose, lo cual es mucho peor— se hace necesario un clima de confianza, libertad y respeto en el cual cada uno de los participantes tenga seguridad de que la defensa de sus puntos de vista no será motivo de ningún tipo de represalia, ya sea legal, psicológica, administrativa o de cualquier tipo.

Y mal empieza la idea de construir ese marco de confianza cuando desde antes de redactar el anteproyecto, Raúl Castro, investido de toda su autoridad, pone fuera de discusión dos elementos centrales para el destino del país: el papel del Partido Comunista de Cuba y el tipo de sistema político. O sea, el análisis parte trazando líneas rojas a dos elementos de los cuales dependen muchos otros. Y una vez más valdría la pena preguntarse: si existe “plena confianza” en el apoyo popular al Partido y al socialismo como sistema, ¿por qué la exclusión? Desde la Psicología y las Ciencias de la Comunicación es harto conocido que “las verdades de fe” son precisamente las más fáciles de desmontar cuando se llevan a debate, por tanto, esta es una decisión nociva, incluso para quienes que defienden el actual orden de cosas en torno a estas dos cuestiones.

Por otra parte, cómo pretender un debate franco cuando continúan, e incluso se incrementan, las sanciones y expulsiones a profesores y estudiantes universitarios, el linchamiento mediático y el bulling institucional (como lo ha denominado el crítico de cine Juan Antonio García) a quienes expresan criterios que no coinciden con el discurso oficial; la persecución digital a quienes visitan determinados sitios o simplemente le dan like a un contenido o fotografía; el cerco a quienes colaboran con medios cubanos de prensa que no forman parte del sistema estatal, los gardeos de la Seguridad del Estado, las detenciones y las regulaciones en frontera.

¿Quién garantiza que un estudiante que se atreva a plantear un criterio incómodo no sea sancionado por la UJC o llevado a una comisión disciplinaria; que un profesor no sea separado de su puesto por problemas ideológicos; que a un cuentapropista no le realicen una inspección en la que se “le descubra” la receptación de productos procedentes del mercado negro y le retiren la patente?

En un clima así, el debate no podrá pasar de discusiones sobre algunos temas específicos, pero siempre guiadas por ese instinto de conservación que ha instituido en la sabiduría popular cubana el arte de “jugar con la cadena, pero no con el mono.” Incluso, tales posturas pudieron verse dibujadas en la cautela, la inseguridad y el lenguaje extraverbal titubeante con que algunos diputados presentaban su desacuerdo con ciertos elementos del anteproyecto y en la prepotencia y dureza de algunas de las respuestas dadas por determinados funcionarios.

Esa mezcla de cautela, desconfianza y miedo alimentada durante décadas —que no se refleja en el optimismo sempiterno de los medios y los discursos, pero que ha sido contundente y constantemente tratado por el cine, el teatro, las artes plásticas, la música y el humor cubanos— tendrá su efecto en este proceso de análisis, al igual que ha ocurrido en años anteriores. Y lamentablemente, al compromiso, la valentía, la irreverencia y la sinceridad, se impondrá muchas veces el instinto de conservación y sonarán en esos meses, mucho más, los preocupados consejos de amigos y familiares que desde la experiencia y el cariño te piden “no seas líder”, “no resaltes”, “deja que sea otro el que diga las cosas”.

IV. Factor “parcelamiento del debate”

Esta ha sido una de las características del modelo de democracia que ha defendido y empleado el sistema político cubano: análisis puntuales y programados, en grupos cerrados y relativamente pequeños, en los cuales se recogen los criterios formulados por los participantes para que luego sean procesados por entes externos, que sintetizan y manipulan dicha información pública como si fuera secreta, presentando finalmente resultados apoyados en datos más cuantitativos que cualitativos (tantos miles de criterios recogidos, tanto por ciento de modificaciones parciales., etc.).

De esta manera, los debatientes solo conocen a ciencia cierta lo que se dijo en su grupo de análisis, pero no tienen ni idea de si en otros lugares se plantearon criterios similares y la magnitud del acuerdo o desacuerdo en torno a estos. Siendo así, se tiene un debate parcelado, desconectado, falto de retroalimentación, que se queda a una microescala y que no alcanza las dimensiones nacionales que necesita un proyecto urgido de consensos amplios y abarcadores.

Por otra parte, existe una teoría sobre la formación de la opinión pública denominada Espiral del Silencio que a grandes rasgos plantea que, incluso en ambientes democráticos, cuando una opinión se percibe como minoritaria —aún cuando en realidad sea compartida por muchas personas—, aquellos que la defienden tienden a no expresarla públicamente por miedo al aislamiento social, creándose así una “mayoría silenciosa” y creciente, que se guarda sus verdaderas opiniones y permite que otros criterios, tal vez menos extendidos, pero defendidos con más vehemencia y apoyados por corrientes hegemónicas, luzcan más fuertes y mayoritarios de lo que en realidad son. El formato de análisis parcelado que tendrá el debate del anteproyecto, unido al factor confianza, es muy propicio para el desarrollo de espirales del silencio en torno a temas claves de la futura Constitución.

Un debate necesita —además de la exposición de los puntos de vista de cada uno de los participantes— del entrecruzamiento de criterios, para que estos puedan ser sopesados, evaluados y llegar así a modificaciones que enriquezcan los argumentos iniciales. Con el actual modelo de análisis parcelado, eso no se logra, ya que dicho diálogo solo podrá establecerse con las personas que tienes al lado, pero no crea los mecanismos para que se pueda interactuar con las ideas planteadas en otra provincia, municipio o grupo de análisis.

Programar debates formalizados con presencia de personas encargadas de canalizar los criterios es bueno, ya que otorga orden al proceso; pero se convierte en una espada de Damocles cuando se pretende que este esquema suplante a las otras múltiples formas de participación posibles. Concebir la reunión oficial programada desde la fatídica lógica de que ese es “el momento y el lugar oportuno”, es algo parecido a aquella escena del corto Monte Rouge en la que Rodríguez le orienta a Nicanor cómo y dónde debe evacuar sus quejas y frustraciones.

Por ello es que resulta sumamente meritoria la iniciativa desarrollada de manera independiente por varios cubanos, que han creado grupos de Facebook para debatir pública y abiertamente los contenidos del anteproyecto. Ojalá el Gobierno vea las ventajas de estos proyectos y utilice los recursos que tiene a su disposición para facilitar la participación en estas acciones o la creación de otras similares. También sería muy útil que surgieran agrupaciones por afinidad, profesión o cercanía, que realizaran sus propios análisis y modificaciones al anteproyecto y pudieran hacerlos públicos y promoverlos sin tener que restringirse al día y el lugar designado oficialmente.

V. Factor “limitación mediática”

Uno de los elementos que influye decisivamente en que no se trascienda el modelo de debate parcelado, es el papel marginal que asume la prensa cubana ante estos procesos. Si nos guiamos por lo que ha sucedido en debates anteriores, puede verse que los medios juegan un rol meramente informativo, dando cuenta del avance del proceso a partir de reseñas de reuniones específicas, en las cuales se esbozan de manera muy somera los “principales” planteamientos realizados; por lo general, aquellos que no entran en contradicción con el discurso hegemónico.

Sin embargo, la función interpretativa que casi todos los teóricos de la comunicación le reconocen a los medios; brilla por ausencia. Difícilmente encontraremos en la prensa nacional textos opináticos en los cuales se analice críticamente algunos de los artículos del anteproyecto; muchísimo menos trabajos de periodistas o intelectuales que expongan puntos de vista diferentes sobre una misma cuestión.

Tengo en mis manos todos los ejemplares de Granma, Juventud Rebelde y Trabajadores que han sido publicados en el mes de agosto hasta la fecha (11 de agosto) y confirman completamente lo anterior: informaciones muy similares sobre el inicio del proceso, comentarios laudatorios sobre su carácter democrático y llamamientos a la participación ciudadana activa y responsable; pero solo un texto de análisis sobre el contenido del anteproyecto constitucional: un artículo que toca la cuestión del matrimonio igualitario y que concuerda con la visión defendida por la diputada Mariela Castro. ¿Por qué no debatir también y exponer de manera trasparente y plural los múltiples y diversos criterios en torno a la concentración de la riqueza, la traición a la patria, la supresión de la palabra “comunismo”, o la estructura del Estado y el Gobierno, por ejemplo?

¿Por qué no podemos tener en televisión un debate sobre la Constitución cómo los que algunos periodistas deportivos han mantenido a raíz de la actuación cubana en Barranquilla? ¿Qué sentido tiene contar con numerosos especialistas e investigadores destacados en Derecho Constitucional y múltiples ramas del saber si no damos publicidad a lo que pueden decir al respecto, para que pueda ser analizado críticamente por otras personas? ¿Cómo es posible hablar de una Constitución del siglo XXI si seguimos concibiéndola con criterios del siglo XVIII?

Y como siempre recalco, esto no es producto de la incapacidad de los periodistas, sino de la mentalidad con que se dirige la prensa cubana desde las altas esferas del Partido y su Departamento Ideológico. La prueba de ello puede encontrarse en la labor que están desempeñando varios de los medios cubanos no oficiales, esos que desde el discurso político se denigran y califican de “mercenarios al servicio del enemigo”, y que en la práctica están cumpliendo con el deber cívico que otros pasan por alto amparados en la autonomía de su política informativa.

Conclusión

El objetivo de un proceso democrático de análisis como este, no es solo ayudar a hacer su trabajo a quienes legislan. Es también fomentar la participación ciudadana activa y real, desarrollar el espíritu cívico, estimular esa cultura del debate que tanto nos falta, empoderar, acercar cada vez más las decisiones trascendentales al grueso de la población y no solo a quienes los representan.

Las ideas que aquí he planteado no tienen como finalidad augurar fracasos; sino que cada quien reflexione sobre lo dicho, lo analice críticamente y lo tome en cuenta para buscar la forma de minimizar la acción de estos cinco factores que, a mi juicio, atentarán con el venidero proceso de debate del anteproyecto constitucional.