El pasado mes de junio, la Asamblea Nacional del Poder Popular respaldó los documentos del VII Congreso del PCC. La “Conceptualización…”, el “Plan de Desarrollo…” y los “Lineamientos…”, resultan, en su conjunto, un cuerpo doctrinal, político y propositivo de amplio espectro; codifican e interconectan las variables que componen la comprensión de desarrollo nacional propuesta; constituyen un todo integrador que permitirá, en el mediano y corto plazo, contar con un marco referencial para debates, sugerencias y ajustes frente a las permanentes transformaciones en Cuba.
Tan importante como el resultado, fue el proceso de creación, precisión y añadiduras de los documentos. El mismo develó enfoques disímiles sobre cómo encarar los cambios, y los modos concretos de ponerlos en práctica. Términos como socialismo, desarrollo, participación, democracia, clases sociales, propiedad, entre otros, mostraron su polisemia.
La prevalencia de una u otra comprensión en los documentos finales no elimina la diversidad ideológica que describe la realidad cubana. Diversidad que incluye, con matices, confluencias y derivaciones, corrientes de pensamiento como el socialismo de inspiración soviética, el socialismo democrático, la socialdemocracia y el liberalismo. Independiente de los documentos, estas claves ideológicas atraviesan todos los espacios de la sociedad, desde el sentido común hasta los planteos académicos y políticos, manifiesta expresiones de cultura política distintas.
Desde esa lectura, no ha de obviarse que el proceso de elaboración de los textos en cuestión se sucedió a la par de la aplicación de políticas, la verificación de sus resultados e, inclusive, modificaciones en la aplicación de algunas de ellas. Este espíritu experimental y de corrección se declara también en la redacción final. Por tanto, tales documentos deben facilitar el debate político permanente.
Como pautas para el debate, nótese en los documentos la búsqueda de un “Modelo…” que garantice las condiciones de la nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible; en el que el desarrollo económico y la elevación del nivel de vida se conjuguen con la formación de valores éticos y políticos contrapuestos al egoísmo, el individualismo y el consumismo enajenante y depredador. En el que se pretende una prosperidad con justicia y equidad sociales, en armonía con el medio ambiente.
“Modelo…” que contempla el reconocimiento moral y jurídico de la igualdad de derechos y deberes de la ciudadanía, y hacerlos efectivos con inclusión, participación democrática activa en los procesos de toma de decisión en todos los órdenes de la vida económica, política y social; lo que incluye los mecanismos de evaluación, control, retroalimentación y ajustes del proceso de transformación social en curso.
Derechos y deberes que igualmente se pretenden hacer efectivos en la superación de las brechas sociales, la erradicación de las desigualdades “ilegítimas”, el respeto a la diversidad, y el enfrentamiento a toda forma de discriminación lesiva a la dignidad humana. Para todo lo cual se proyecta garantizar el control popular, el acceso a la justica y a los órganos que la imparten, la tutela judicial y el debido proceso, el respeto a las opiniones de los ciudadanos y el tratamiento con imparcialidad ante las reclamaciones; así como una gestión comunicacional que promueva la sistematicidad, transparencia, calidad y oportunidad de la información pública, y el acceso a ella.
“Modelo…” que pretende, además, fomentar el trabajo creativo y el ambiente laboral sano; la responsabilidad y sentido de pertenencia individual y colectiva en la creación de las riquezas; la participación en su justa y equitativa distribución; el ejercicio responsable de los derechos y deberes laborales de los trabajadores en todas las formas de gestión y de propiedad, con justicia social y sin discriminación. Para ello se busca favorecer tanto el papel del contrato como instrumento esencial de la gestión económica, como la aplicación de métodos participativos en la dirección y el control que impliquen a todos los trabajadores.
Si bien estas pautas develan principios generalmente aceptados, otras zonas de los documentos pudieran poner en tensión su viabilidad. Sería necesario, por ejemplo, una mayor precisión o ajustes a términos tales como “control popular”, el que pareciera circunscribirse al respeto a la legalidad, enfrentamiento y prevención de violaciones e incumplimiento de lo establecido. No se atisba el “control popular” sobre la actividad del Estado y Gobierno, a través, pongamos por caso, de la observancia sobre la labor de las instituciones y los funcionarios públicos, y la gestión comunitaria directa de los presupuestos locales.
Un mayor despliegue requeriría la comprensión de “sociedad civil cubana”, la que se enuncia como espacio de reproducción de valores ideológicos, legitimadora del poder político, y no como generadora de políticas públicas. Dentro de ella, se le confiere capacidad de consulta, opinión y decisión a las organizaciones de masas y sociales reconocidas constitucionalmente; no así a las asociaciones.
El “Modelo…” enfatiza el rol del Estado como rector del desarrollo, coordinador y regulador de todos los actores, al tiempo que mantiene las principales facultades que le corresponden en su condición de representante del propietario. Sin embargo, no se advierten modos de conectar la participación social con la elaboración y control de políticas públicas. Tampoco el incremento de mecanismos de gestión directa por parte de los trabajadores y trabajadoras en su condición de propietarios sociales o colectivos.
Otra tensión reconocible está en prever la solución de posibles conflictos y contradicciones en base a consensos y acuerdos, con los menores costos sociales posibles, en un contexto de “heterogeneidad de intereses socio-clasistas”. Para ello se busca limitar la apropiación del excedente del trabajo de las personas contratadas en las formas no estatales de propiedad y gestión, mediante la no concentración de la propiedad y las riquezas. Es decir, el “Modelo…” aspira a la conciliación de clases.
No desconectada de la tensión anterior, aparece una contradicción dentro de la política social. Si bien se reitera que el Estado garantiza la gratuidad de los servicios de salud y educación, se abre la posibilidad de que se determine puntual y centralmente “servicios que se pueden ofrecer mediante cobro, a quienes los demanden por razones que no responden a necesidades básicas o fundamentales”. Esta ambivalencia, de facto, abre las puertas a la mercantilización de estos servicios, al potencial ensanchamiento de las desigualdades ya crecientes, y agita una de las bases esenciales de la legitimidad del socialismo cubano.
Una mirada a estas tensiones sugiere, como desafío esencial, organizar el diálogo permanente entre los diversos sectores sociales e institucionales del país; una mayor inclusión en los procesos de definición, decisión y control de las políticas, no solo en la aplicación de lo normado; así como ajustes a la participación concreta de los trabajadores y trabajadoras en los procesos productivos.
Si bien este camino no está en cero, y su continuidad se infiere de los documentos en cuestión, es un imperativo acelerar su construcción, es decir, ampliar los procesos normativos. Estos pudieran incluir el reajuste de la Ley de Asociaciones; la reforma a la Ley Electoral; la creación de una Ley de Culto; una Ley de Ciudadanía; una Ley de Municipio; y una Ley de Comunicación. Añádase la actualización de los derechos y deberes económicos, sociales, culturales, cívicos-políticos, individuales y colectivos; así como las regulaciones jurídicas que organicen y aseguren su realización. Ajústese, en este proceso, el Código de Trabajo y Seguridad Social.
Contar con la “Conceptualización del Modelo…”, no es un dato menor. Podemos ver en ella, también, las bases potenciales para la creación social de la política, y en esa condición, un instrumento programático al cual recurrir en el largo y complejo proceso de intentar un país mejor para todas y todos.
