Confiscación de propiedades y dilema ético en la Cuba del siglo XXI

La cuestión de las expropiaciones constituye un tema escabroso y complicado, que a mi juicio definitivamente constituye un serio desafío para el futuro del país. Como resultado del proceso revolucionario, tuvieron lugar en Cuba tres grandes procesos de expropiación: a) la Reforma Agraria y la expropiación de tierras agrícolas, b) la expropiación de comercios y negocios de todos los tamaños, y c) la expropiación de viviendas particulares como resultado de la Reforma Urbana y de la salida del país de más de un millón de cubanos.

El objetivo primordial que procuraban estos procesos, especialmente el de la Reforma Agraria, fue el de sanar injusticias e inequidades generadas en tiempos anteriores y que aun persistían al triunfo de la Revolución. Estos procesos, principalmente el agrario, ocurrieron en muchas partes del mundo, algunos con resultados exitosos, otros no.

Aquellos procesos que resultaron exitosos (como el de Japón en 1945 y el Corea del Sur entre 1948 y 1957), comparten dos características fundamentales. Primero, se ejecutaron con justicia procesal y con justa compensación; y segundo, ambos estaban orientados a producir un aumento de consumo, al mismo tiempo que se incrementaba la producción. En Japón, toda una clase empobrecida aumentó sus ingresos y los volcó en una ola de consumo que le proporcionó un ímpetu extraordinario a la recuperación económica del país.

Los procesos ocurridos en Cuba carecieron de estos dos elementos. No hubo justicia procesal, y los esquemas compensatorios, aparte de no basarse en justos valores del momento, en su inmensa mayoría nunca fueron pagados. Por otra parte, lejos de producir un incremento en la producción, ésta mermó significativamente al plagarse las propiedades expropiadas de ineficiencias y ausencia de incentivos, debido al modelo estatista que se utilizó.

Además, Cuba lleva casi 60 años en una Revolución que cada día acelera en marcha atrás. Cuba necesita de un nuevo modelo económico que libere el talento emprendedor y los niveles educativos de sus ciudadanos. Para alcanzar esa recuperación económica tan urgentemente necesitada, hay que traer enormes flujos de inversión, que necesitan de estabilidad política y social, y de las garantías que ofrece un verdadero Estado de derecho. Esto no se puede lograr sin sanar las injusticias cometidas en los procesos de expropiación.

Salvo tierras y algunas propiedades intelectuales, queda muy poco de aquello que se confiscó en el pasado para considerar un proceso retributivo. Mas aun, el costo de una compensación masiva a los valores de hoy, constituiría una carga insoportable para una economía casi totalmente descapitalizada. Desde la ética, eso resultaría en una injusticia aun mayor de la que se intenta subsanar y demoraría por muchos años el crecimiento económico de una recuperación nacional.

En vista a eso, hay que buscar alternativas que logren cierto nivel de justicia restaurativa y, a la vez, un nivel adecuado de justicia distributiva. Esto lo puede lograr el Estado con la emisión de créditos fiscales supeditados en cierta proporción a nuevas inversiones de capital en el país, tanto para las propiedades agrícolas, como para las comerciales. Estos créditos fiscales han de ser transferibles o vendibles en los mercados financieros.

Las propiedades residenciales constituyen un problema de mayor complejidad e implicaciones éticas que el de los otros tipos de propiedades. Aquí, solo una solución humanista donde se reconozca inequívocamente el derecho de la propiedad de aquellos que las viven, sin gravámenes de ningún tipo, y sin compensación para sus antiguos dueños, resultaría en la mejor salida al dilema ético que se presenta, ofreciendo la menos injusta de las soluciones posibles.