Tres documentos normativos -de naturaleza política, no académica- fueron aprobados por el Parlamento cubano a principios del mes de julio de 2017: “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista”; “Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos”; y “Nuevas modificaciones a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”.
A pesar de que se insiste en asociarlos estrechamente con las dimensiones económica y social de “la actualización” del modelo socialista vigente en el país, en realidad los documentos delinean los fundamentos políticos generales de una reforma de la administración pública, es decir, un componente central de la reforma del Estado, con independencia de que ello no se reconozca explícitamente.
No todos los componentes de una reforma estatal de tal amplitud tienen que aparecer necesariamente al unísono, desde el principio. En el caso que nos ocupa, lo que parece venir delante es una reforma administrativa. Otros eventuales componentes –por ejemplo, una reforma electoral o una reforma constitucional- pudieran aparecer luego, pero todavía se sabe poco acerca del tema
Llevada a su esencia, la reforma de la administración pública esbozada en los tres documentos consiste en transformar una serie de funciones gubernamentales para aumentar su eficiencia administrativa.
La racionalización de un pesado aparato estatal heredado de circunstancias anteriores que ya no existen, la introducción de métodos innovadores de administración pública -combinando lo estatal y lo privado; el plan y el mercado-, y la mejora de la credibilidad y de la eficiencia en la ejecutoria del Estado, no solamente tendrían un impacto positivo en cuanto a lo administrativo sino que desempeñarían una función en el proceso de legitimidad política del Estado socialista en Cuba, en condiciones en que el poder político y estatal está siendo transferido a una nueva generación.
Son muy diversos los posibles ángulos de análisis de los tres documentos, no solamente de su contenido sino, sobre todo, de sus implicaciones prácticas. En ese sentido, Cuba Posible sometió a la consideración de cuatro reconocidos expertos –Omar Everleny Pérez, Mauricio de Miranda, Ovidio D’Angelo y Vegard Bye– una serie de preguntas relativas a la relevancia de los documentos respecto a temas claves como son las funciones del sector público, la expansión del sector privado, la desigualdad, la equidad social, y el impacto de “lo político” en lo económico.
A riesgo de sintetizar excesivamente las opiniones de los cuatro expertos, se observa una preocupación compartida con la manera en que la carencia de instituciones adecuadas para regular el creciente sector no estatal pudiera dificultar el contenido, las modalidades y el ritmo de una reforma administrativa exitosa. Naturalmente, las respuestas de los especialistas también reflejan visiones diferentes sobre la manera de entender el proceso y sobre las propuestas para resolver los problemas.
Otros artículos del dossier:
