A principios del mes de noviembre se celebró la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde se volvió a considerar la cuestión del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por las diferentes administraciones y el Congreso de Estados Unidos a Cuba. El tema, por sus dañinas consecuencias, continúa manteniendo plena vigencia.
En una reciente conversación con varios amigos, surgió nuevamente el asunto del bloqueo; ofreciéndo la ocasión de analizar varias cuestiones sobre las votaciones y/o recomendaciones que ha realizado la Asamblea General de la ONU para se ponga fin a esas leyes y medidas que lesionan al pueblo cubano. El tema nos llevó a indagar acerca de las atribuciones específicas que posee la Asamblea General (esta, como conocemos, se encuentra integrada por la casi totalidad de las naciones del mundo).
Baste decir que, con independencia de su gran influencia o estados de opinión mundial que genera, la Asamblea General, en lo fundamental, solo posee fuerza para examinar, encomendar, elegir, considerar, debatir, o considerar situaciones complejas de política internacional o que afecten a países.
Nuestro diálogo se desarrolló buscando comprender la persistente subestimación y rechazo con que las administraciones de Estados Unidos actúan ante las universales votaciones en su contra. No importándole, al parecer, el reclamo del mundo para que se elimine el bloqueo a Cuba, ni el significativo aislamiento en que su posición política lo sitúa. Consideramos que tal situación le viene causando a Estados Unidos daños políticos, domésticos e internacionales. Con independencia de la inevitable secuela de opiniones, de todo tipo, que se originan en su contra, porque la opinión pública internacional rechaza el menosprecio a las razones de las mayorías; como es el caso de mantener el bloqueo económico, comercial y financiero (con su carácter extraterritorial) contra el pueblo cubano.
Se comprende que en Cuba se sufren las dañinas consecuencias del bloqueo económico; sanciones que ya perduran por 56 años y que tuvieron su origen, fundamentalmente, por diferencias políticas. Tales diferencias se han utilizado para “justificar” la más brutal y homicida política de sanciones contemporáneas que se haya impuesto a país alguno. Cuestión está reconocida por numerosos funcionarios y medios de comunicación de Estados Unidos.
En Cuba se han realizado, y se realizan, serios esfuerzos de cuantificación de los daños ocasionados a la nación caribeña; probablemente puedan aproximarse en la cuantificación de la esfera económica, pero resultará imposible hacerlo sobre los sacrificios y lesiones humanas o sociales que se han derivado de este, al ser inconmensurables.
Si los cubanos durante el dominio colonial de España sufrieron la reconcetración del general Valeriano Weyler puede decirse, sin exageración (aunque valorando tiempos y circunstancias diferentes), que los efectos del bloqueo económico estadounidense y su indiscutible carácter de extraterritorialidad, se aproximan suficiente a la de aquella anti-humana situación vivida en siglo XIX, cuyo propósito, como se sabe, fue la de impedir la victoria de los patriotas independentistas cubanos.
Las administraciones estadounidenses, acostumbradas a establecer, desde sus posiciones de gran potencia internacional, una amplia y bien controlada esfera de influencia en los países del continente americano (aun teniendo orígenes e idiosincracias difeferentes); se esforzaron y alcanzaron una monopólica influencia político y económica en el llamado Nuevo Mundo.
Estados Unidos consideró a América del Sur, Centro América, México y los países del Caribe como área reservada, exclusivamente, a sus intereses geopolíticos. Algo que en las circunstancias actuales ya es difícil mantener, de acuerdo al complejo y multi-hegemónico mundo en que vivimos. Pero lo cierto es que al ser Cuba una “avanzada en el tiempo” de lo que luego con frecuencia y diversidad ocurriría, Estados Unidos consideró necesario castigarla, al originar un “mal ejemplo” para otros países de la región.
Se comprende que la Organización de las Naciones Unidas es la mayor y más prestigiosa Asociación de Gobierno Global; propiciadora de la paz, la seguridad internacional, el desarrollo económico, y veladora de asuntos humanitarios y derechos de las personas. Originada después de la Segunda Guerra Mundial, con la firma por 51 países de la Carta de la ONU, hoy reúne a 193 miembros; siendo sus principales órganos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría General, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia.
Por supuesto que en la ONU y sus órganos se muestran las diversas diferencias de la actualidad, pero resulta para todos esencial e imprescindible su existencia y, además, respetar los criterios y consensos que se toman por los países que la integran. No hacerlo resulta atentar abiertamente contra ella, subestimar sus esfuerzos o menospreciarla, lo que puede llevarla a una situación vulnerable y peor aún, peligrosa.
No debe procederse, y más en las circunstancias internacionales actuales, para hacerla perder autoridad o credibilidad, restándole importancia a sus decisiones, porque ello inevitablemente sienta un pésimo precedente, limitándola luego a enfrentar o solucionar conflictos que puedan poner en riesgo los destinos de países, el planeta, o la propia especie humana.
Si la naturaleza y carácter de la ONU es ciertamente transparente y democrática, ¿qué mejor opción que la de tomar en cuenta o acatar sus recomendaciones? Sobre todo ante situaciones donde existe un universal consenso, o se manifiestan arbitrarias aberraciones políticas, y más cuando provienen de su órgano más representativo: la Asamblea General.
Pienso que algo anormal y arbitrario viene ocurriendo en Estados Unidos cuando se trata de las votaciones de la Asamblea General, que recomiendan a la gran nación americana desmontar su lesionante, aunque fracasada, política de bloqueo económico. Probablemente ello convenga a las autoridades analizarlo con rigor, rectificar y establecer una política más realista y consecuente.
En 27 oportunidades consecutivas, prácticamente la totalidad de los países del mundo le han recomendado a las administraciones y al Congreso de Estados Unidos poner fin a sus políticas contra el pueblo cubano. Comprendiéndose, además, que no existe argumento ético y humano para prolongar las sanciones contra el pueblo del pequeño archipielago cubano y sus sencillas y solidarias gentes. Hora es ya de que los políticos estadounidenses abandonen, definitivamente, sus prácticas de “garrote” contra Cuba y tomen en consideración las justas recomendaciones de la comunidad mundial de naciones y también los deseos del pueblo cubano.
