Cuba Posible dialoga con un grupo de especialistas sobre los desafíos que se abren para el “Laboratorio de Ideas” con motivo de la nueva Constitución de la República. En esta ocasión brindamos los comentarios del politólogo Jorge I. Domínguez.
-¿Cómo valora usted el trabajo de Cuba Posible en torno a la reforma constitucional en Cuba y a su desarrollo posterior? ¿Cómo considera el impacto del desempeño realizado?
Cuba Posible presenta un espacio amplio y civilizado para debatir asuntos pertinentes para la Cuba de hoy, ayer, y mañana. Se invita a un grupo variado de expositores, que residen en y fuera de Cuba, para presentar sus análisis sobre temas muy diversos. Algunos tratan de otros países, pero con ejemplos que pueden ofrecer experiencias útiles para Cuba. Los hay más técnicos, al igual que otros se caracterizan principalmente como expresiones de opinión. Se evita la autocensura, es decir, se escribe y se publica lo que el autor y Cuba Posible estimen debe escribirse y debe publicarse. Hay artículos que apoyan políticas establecidas y bien fundamentadas; y hay otros que se oponen a políticas establecidas si carecen de un buen fundamento o conducen a resultados contraproducentes para el país. Si bien el tono siempre es respetuoso, los criterios se expresan claramente, y se procede con el ánimo de escuchar a otros, inclusive a aquellos que provienen de posiciones divergentes.
Cuba Posible es un proyecto cívico que invita a “las masas” a transformarse en ciudadanos, exhortando a cada cual a que se considere capaz de pensar por su cuenta, expresar sus creencias, coincidir o discrepar, con tal que se respeten y defiendan los mismos derechos cuando otros los ejercen, inclusive para formular criterios muy distintos. Así se forja el bien público.
-¿Cuáles fueron los temas de mayor importancia tratados en Cuba Posible? ¿Sobre cuáles se lograron mayores avances y más robustos consensos?
Cuba Posible ya posee una impresionante trayectoria mediante la publicación de artículos sobre la economía cubana, o sobre conceptos analíticos esenciales para un estudio de la economía con criterio eficaz y moderno. Esos artículos van más allá de una coyuntura, demostrando su valor a través del tiempo.
Por supuesto, a veces hay coyunturas que se prestan al mismo tiempo a una reflexión más profunda. Así fue con la serie de artículos relacionados con el proyecto constitucional que desemboca en la nueva Constitución de la República en 2019. Los artículos que Cuba Posible publicó en torno al proyecto constitucional trataban del gran tema del momento, pero, precisamente por ser un gran tema, se prestaron además a una reflexión más razonada y profunda sobre la convivencia constitucional en Cuba, su régimen político, económico, y social, y las perspectivas para el futuro del país.
-¿Cuál es la relación entre “la noción de nueva Carta Magna” que pueda inferirse de los análisis, las opiniones, los debates y, sobre todo, los consensos en Cuba Posible, y el texto constitucional definitivamente diseñado, aprobado por el Parlamento y refrendado por el pueblo? ¿Cuál es, o debe ser, el posicionamiento de Cuba Posibleante la ya “Constitución de la República de 2019”?
La nueva Constitución retiene un sistema político de partido único, manifiesta un sesgo ideológico socialista en su diseño y sus detalles, e insiste en prohibir cualquier imaginable enmienda constitucional futura que intente modificar el carácter “socialista” de esta Constitución. Igualmente, autoriza la ampliación de opciones económicas ya evidente durante la presidencia de Raúl Castro, en particular la inversión extranjera y un pequeño sector privado nacional. Como detalle “raro”, dada la historia de Cuba, la nueva Constitución prefiere y favorece la inversión extranjera mucho más que un posible crecimiento del sector privado nacional. El nuevo texto incluye una lista de derechos ciudadanos que, por primera vez, logra alinear a Cuba con otras constituciones modernas en el ámbito latinoamericano. El nuevo diseño político pluraliza el ejecutivo, creando un presidente de la República, un primer ministro, y un presidente del Consejo de Estado, puestos que hasta 2006 ocupó Fidel Castro sólo. De posible importancia perspectiva, la Constitución de 2019 empodera a los municipios mucho más. Finalmente, y de particular importancia, el nuevo texto exige la discusión, aprobación y promulgación de múltiples nuevas leyes. Todos los puntos mencionados en este párrafo fueron ya objeto de análisis y debate en Cuba Posible.
Cuba Posible, por tanto, debe posicionarse en los elementos clave que permiten imaginarse en una Cuba más plural. En particular, sugiero cuatro prioridades que se derivan de la Constitución de 2019:
–Cuba Posible puede adoptar una posición de larga trayectoria nacionalista cubana en defensa de la muy pequeña empresa privada nacional.
–Cuba Posible debe, además, abogar por la efectividad de los nuevos derechos ciudadanos plasmados en la nueva Carta Magna, y la necesaria modificación de la jurisprudencia de los tribunales de justicia con relación a estos derechos.
–Cuba Posible debe apoyar el fortalecimiento municipal, inclusive el mayor acceso de los municipios a fuentes fiscales propias tales como la autorización legal de gravar parte de las operaciones de empresas del Estado que operen en el municipio y que, de esa manera demandan servicios locales.
-Y, desde luego, Cuba Posible debe participar en el debate sobre la nueva legislación, comenzando por la necesaria nueva Ley electoral, pero no limitándose a ésa.
-¿Qué trabajos debería realizar Cuba Posible ante la necesidad de institucionalizar y desarrollar los contenidos de la nueva Ley de leyes, prever futuras modificaciones, e “inculturar”la primacía del Derecho yel imperio de la Ley? ¿Qué potencialidades posee para hacerlo? ¿Qué obstáculos ya enfrenta y cuáles podría enfrentar en el futuro más próximo, capaces de hacerle imposible estos propósitos y de arruinaresas potencialidades?
Ya mi respuesta anterior responde, en parte, a la primera pregunta en este inciso. Parto de la premisa de que el clima de apertura para el debate, evidente durante la discusión del proyecto constitucional, se mantendrá para permitir un debate también plural sobre las nuevas leyes. Reconozco tres posibles obstáculos. El primero es el reconocimiento que ese ambiente favorable a un amplio debate no ha sido una característica confiable y perdurable en el sistema político cubano, y que Cuba Posible ha sido víctima de ataques a su página web y acusaciones a muchos de sus colaboradores que son injustificadas, pero que dificultan extraordinariamente la labor que una Cuba mejor debe desear que se realice. Un segundo obstáculo, que incide sobre el primero, pero posee raíces propias, es que las iniciativas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos desde el otoño de 2019 hacia Cuba realcen el sentimiento oficialista de “fortaleza sitiada,” y conlleve un acentuado intento de insistir en la unanimidad, no simplemente en un sentimiento de unidad, útil distinción que hizo Raúl Castro durante su presidencia.
Por último, un obstáculo menos dramático, pero real, es la inercia. La Constitución anterior también exigía una activa actuación por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular para discutir y aprobar nuevas leyes. Muchas de las exigidas hace décadas siguen faltando. Otras fueron sustituidas, indebidamente según mi criterio, por decretos-leyes aprobados por el Consejo de Estado, procedimiento que vulnera la potestad y obligación que les corresponden a la Asamblea. En muy diversos casos, hay resoluciones ministeriales en un vacío legislativo. ¿Será el futuro igual a este pasado, es decir, se dejará de cumplir lo que la Constitución de la República vuelve a demandar?
marlene azor dice:
¿Qué está sucediendo con la CONSTITUCIÓN EN CUBA?
Las autoridades cubanas no están respetando esta garantía constitucional, pues están deteniendo, aplicando medidas cautelares, citando bajo investigación o procesando a ciudadanos sin respetarles el derecho a tener la asistencia de un abogado desde el inicio del proceso. De esta manera se sigue dejando al ciudadano en una situación de indefensión legal frente a los policías, instructores y fiscales, que en Cuba suelen actuar de manera arbitraria e intimidatoria en un sistema de por sí poco garantista.
En los procesos ordinarios los acusados pueden estar hasta siete días detenidos sin asistencia letrada, término que tiene la policía, la instrucción y la fiscalía para decidir si imponen una medida cautelar al acusado, momento procesal en que puede designar abogado defensor.
En los otros procedimientos, el acusado no tiene derecho a nombrar abogado defensor hasta el día del juicio oral o la vista por peligrosidad.
Todas las semanas el OCDH recibe reportes de activistas que son detenidos de manera arbitraria y a ninguno se les respeta el derecho a tener un abogado desde su detención.
¿Qué deben hacer los ciudadanos?
Desde el momento en que son citados para ser indagados o detenidos por la policía deben exigir la presencia de un abogado para que les asista, apelando directamente al artículo 95. En caso de que no se cumpla con esa garantía, deben denunciarlo ante los tribunales ordinarios.
La (pretendida) laguna legal
El gobierno cubano no está respetando su propia Constitución. Las violaciones a los derechos y garantías fundamentales en Cuba son sistemáticas y forman parte del actuar del estado a todos sus niveles.
Desde sectores oficialistas venden la idea de que determinados derecho y garantías no son aplicables hasta que no sean desarrollados por leyes futuras. Ello, más que ajustarse a un planteamiento jurídico razonable, lo que hace es disfrazar la falta de voluntad del gobierno cubano para cumplir sus propias normas.
Ante esta realidad, para evitar que continúe el vacío legal y con éste la discrecionalidad de las fuerzas represivas, exigimos que mientras no se desarrollen leyes complementarias garantistas, las normas de la Constitución en materia de derechos fundamentales tengan aplicación directa e inmediata. Esta exigencia no solamente se basa en la realidad cubana, sino en principios del derecho constitucional que hoy son reconocidos por diversas constituciones. Los derechos tienen que ser plenamente aplicables, justiciables y tutelados.
La constitución como norma jurídica no debe carecer de aplicación ni estar condicionada al desarrollo posterior de leyes complementarias, menos en materia de derechos y garantías.