Dialogamos con un grupo de especialistas sobre los desafíos que se abren para el “Laboratorio de Ideas” con motivo de la nueva Constitución de la República. En esta ocasión brindamos los comentarios del historiador Rafael Rojas.
-¿Cómo valora usted el trabajo de Cuba Posible en torno a la reforma constitucional en Cuba y a su desarrollo posterior? ¿Cómo considera el impacto del desempeño realizado?
No creo que haya otra publicación electrónica, dentro o fuera de Cuba, que haya hecho un trabajo más serio, constante y prolongado sobre el último proceso constituyente. Cuba Posible se instaló en dicho proceso como una voz reflexiva, que a la vez que reconocía los avances del nuevo texto constitucional, tanto del anteproyecto como del documento final, señalaba sus limitaciones y retrocesos.
-¿Cuáles fueron los temas de mayor importancia tratados en Cuba Posible? ¿Sobre cuáles se lograron mayores avances y más robustos consensos?
Mi impresión es que tanto en Cuba Posible como en otras publicaciones de la Isla o la diáspora, el eje del debate se colocó en la parte dogmática o de derechos fundamentales de la Constitución. El matrimonio igualitario, la eliminación y luego reincorporación del término “comunismo”, el principio de los derechos humanos y la alusión, luego suprimida, a los pactos de Naciones Unidas, la diversidad de formas de propiedad, o la nueva redacción de los artículos dedicados a los derechos de expresión, prensa, reunión y manifestación, ocuparon el centro de las discusiones.
Esto ha producido un descuido en el análisis de la parte orgánica de la Constitución, donde vemos cambios de alto impacto en el mediano plazo: gobiernos provinciales, cargo de primer ministro, fusión de la presidencia del Consejo de Estado con la de la Asamblea Nacional, nueva formulación de la figura del presidente de la república, periodo presidencial de uno o dos quinquenios, límite de edad de 60 años para ser electo jefe de Estado… En la reorganización del poder central del país se han introducido elementos que complicarán el proceso sucesorio, y que no están siendo analizados con detenimiento.
-¿Cuál es la relación entre “la noción de nueva Carta Magna” que pueda inferirse de los análisis, las opiniones, los debates y, sobre todo, los consensos en Cuba Posible, y el texto constitucional definitivamente diseñado, aprobado por el Parlamento y refrendado por el pueblo? ¿Cuál es, o debe ser, el posicionamiento de Cuba Posible ante la ya “Constitución de la República de 2019”?
La Constitución de 2019, a mi juicio, es muy diferente a las tres grandes constituciones cubanas previas: las de 1901, 1940 y 1976. Es una Constitución más bien inacabada o abierta, por sus múltiples deficiencias y contradicciones internas. Creo que la relación con el texto constitucional, no sólo de Cuba Posible sino de buena parte del campo intelectual y académico y de la sociedad civil de la Isla y la diáspora, estará marcada por el disenso y la crítica.
-¿Qué trabajos debería realizar Cuba Posible ante la necesidad de institucionalizar y desarrollar los contenidos de la nueva Ley de leyes, prever futuras modificaciones, e “inculturar” la primacía del Derecho y el imperio de la Ley? ¿Qué potencialidades posee para hacerlo? ¿Qué obstáculos ya enfrenta y cuáles podría enfrentar en el futuro más próximo, capaces de hacerle imposible estos propósitos y de arruinar esas potencialidades?
El saldo del trabajo de Cuba Posible en los últimos años es, en mi opinión, positivo; aunque buena parte de las demandas movilizadas en su foro no hayan logrado proyección en el documento final. Toda intervención en un proceso constituyente, desde la opinión pública o la esfera académica, es limitada. Una forma de ganar eficacia o mayor incidencia en la toma de decisiones es ampliar el arco de interlocución con la multiplicidad de voces de la nueva sociedad civil cubana, especialmente dentro de la Isla, y con lo más actual y sofisticado de la teoría constitucional, sobre todo, en América Latina.
