Cuba: relevo generacional y opciones solidarias de futuro

Situación actual, complejidad y enfoque

El cambio de mandato presidencial en el país plantea nuevos escenarios, aún bajo la misma institucionalidad existente; dicha institucionalidad requeriría ser renovada con una visión más actualizada (incluida la necesaria profundidad del proceso de reforma constitucional a la vista). Las expectativas esperanzadoras o de incertidumbre (según las miradas e intereses que las generan) deberían activar soluciones viables a los numerosos problemas que enfrenta el país o, por el contrario, mantener el ritmo pausado y, en parte, limitado y contradictorio, de las proyecciones ya asumidas.

Muchos consideran que, aunque pasado el llamado “Período Especial”, aun continuamos en una situación de crisis socio-económica, dada por la multitud de cuestiones pendientes de resolver y que no encuentran aún un cauce rápido de solución; a pesar de avances parciales, más allá de los esfuerzos realizados por las entidades correspondientes.

Esto podría dar lugar a una percepción catastrófica. Sin embargo, algunas filosofías asiáticas consideran a las crisis no sólo como momentos de desastre, sino también como oportunidades para salir adelante. Parecería que mucho depende de la sagacidad, o de la dirección del “cambio de mentalidad”, que se necesita en el momento. En este sentido, el relevo gradual de la “Generación Histórica”–que cumplió con su  papel en momentos y circunstancias difíciles y muy diferentes a las actuales, tanto por el “arrastre” de la carga histórica de los “modelos” socialistas a la sazón, como por todo tipo de acciones hegemónicas internacionales, más el ejercicio del ensayo-error en las políticas nacionales (con aciertos y desaciertos)-, plantea nuevos escenarios posibles.

En tiempos recientes se ha hecho referencia, de manera oficial, a lo complicado y complejo¹ que ha resultado el proceso de aplicación de las medidas socioeconómicas diseñadas. Ello ha prolongado el plazo de su implementación mucho más de lo previsto inicialmente. Sin embargo, estas realidades se siguen tratando, esencialmente, como problemas más o menos independientes o “sectoriales”; por ejemplo:

-unificación monetaria

-inversión extranjera

-regulaciones al cuentapropismo y a las cooperativas no agropecuarias

-alcance del mercado y las formas de planificación

-políticas salariales diversas

-equidad social, tratamiento del enriquecimiento y de la protección a sectores vulnerables, etc.

-ilegalidades, privilegios y corrupción a todos los niveles de la sociedad

-marco jurídico institucional y constitucional, etc.

Al enfocar estas cuestiones –generalmente tratadas por funcionarios o especialistas en los diversos temas- pocas veces se hace explícita una conciencia clara de la interdependencia socio-económica-política-jurídica de los fenómenos y, en otro plano, su intervinculación con el estado de las prácticas cotidianas y subjetividades de los más diversos actores sociales, como estados adaptativos-disruptivos que se “acomodan” a la situación actual o las “subvierten” de múltiples maneras.

Sobre ello quisiera compartir algunos comentarios, porque lo considero importante como reenfoque de oportunidades actuales. La sociedad es un sistema interconectado que, desde esta perspectiva compleja tiene que tener presente, al menos, varios procesos emergentes:

-que se manejan en contextos de incertidumbre relativa y, por tanto, requieren rupturas de esquemas y previsión de escenarios probables y otros menos previsibles, pero actuantes, que implican gran capacidad de anticipación e innovación. Por ejemplo: elección del presidente Trump y sus consecuencias de todo tipo para el país y el mundo, desarrollo de pymes privadas en Cuba, etc.

-que los subsistemas sociales tienen una conexión con el sistema total y no operan aisladamente en el contexto total; pero también imponen en éste sus marcas o prácticas. Por ejemplo: prácticas autoritarias en el sistema familiar y en las instituciones de la sociedad, la informalidad como forma de “resolver” o “luchar” por la sobrevivencia o el lucro, etc.

-que lo que ocurre en una esfera -como la económica-, es causa y, a la vez, consecuencia, de lo que se plantea en otras esferas: jurídica, ideológica, prácticas cotidianas, subjetividad social, etc. Por ejemplo: la diferencia de ingresos entre los sectores privados y estatales y sus posibles consecuencias para la formación de una conciencia social individualista ó capitalista.

-que los procesos generados tienen sus propias formas de “auto-organización”, que muchas veces escapan a las ideas originales o a las normas implantadas, buscan su acomodo a las nuevas realidades con formas propias. Por ejemplo: las modalidades, distorsiones, mecanismos, etc., empleados en algunas nuevas cooperativas, pymes privadas e incluso, la vieja tradición de funcionamiento restrictivo-directivo de las empresas estatales y sus mecanismos de filtración de recursos (eufemísticamente denominados “faltantes”).

-que hay una “dialogicidad o complementariedad posible” entre procesos opuestos, que permiten ciertas formas de convivencia adaptativa al modelo deseable. Por ejemplo: el sector público y el sector privado en la economía, con sus posibles alianzas para el desarrollo socio-económico del país, con apertura de sus potencialidades, dentro de un marco de solidaridad social.

En resumen, las anteriores serían algunas “pautas-guía” –desde una perspectiva de paradigmas dialécticos de la complejidad- para el reenfoque de las diversas posiciones existentes respecto a las alternativas actuales de la situación socio-económica-política del país, cuyas claves estarían en considerar los problemas como “totalidades interconectadas”, complementarias, con potencialidad autoorganizativa y que requieren capacidad de deliberación, entendimiento, acuerdos y consensos entre diferentes modos de ver la realidad actual y el futuro del país, a la luz del muy complicado panorama regional e internacional.

Muchos autores y especialistas han enumerado el abanico de situaciones a resolver, las limitaciones, las posibles consecuencias y retos de todo tipo que plantea el estado actual de cosas, en todos los órdenes de la vida del país: socio-económico, político, jurídico, etc. No obstante, no son dimensiones de los problemas, sino aspectos constitutivos de cada situación, que necesita enfocarse en esa composición múltiple.

Modelos socioeconómicos y subjetividad social

Luego de haber alcanzado avances sociales incuestionables (salud, educación, empleo, seguridad social, etc.), logrados en los primeros decenios de la Revolución cubana (aún con sus déficits actuales, producto de errores propios y de la presión externa estadounidense), el mundo se ha reconfigurado y, en los últimos tiempos, el panorama de América Latina marcha en una dirección neoliberal y extrema, los movimientos progresistas han tenido sus tropiezos y, quizás aún, una posible reversión en algunos países donde surgen –o resurgen- fuerzas sociales constructivas.

Es así que, a pesar de la elaboración de los Lineamientos Económicos y Sociales y de la Conceptualización del Modelo de Sociedad y, aún con el intenso y problemático trabajo de su aplicación, parecería que estamos entrampados en un conjunto de limitaciones internas-externas que, a veces, se superan lentamente o parecen insalvables. Algunas vías de solución han sido expuestas –desde todas las ópticas posibles- para cada una de las situaciones emergentes.

El desafío principal sigue siendo, en mi opinión, como mantener “en foco” lo que los politólogos chinos denominan “la contradicción principal” (o, en realidad, el panorama contradictorio general). Y es que resulta difícil tomar medidas económicas y políticas que comprometan una vía no capitalista –y logros socialistas-, sin afectar más el nivel de calidad de vida de la población total y no generando más desigualdades sociales extremas, en un contexto tan complicado como el presente. Esto requeriría grandes cuotas de inversión extranjera –con el grado de confianza y regulación que necesitaría-, y otros enfoques novedosos de manejo de las soluciones posibles.

Las alternativas que parecen manejarse van desde la instauración de un tipo de “socialismo de mercado a la cubana”, hasta una restauración progresiva de modelos socioeconómicos capitalistas y “democracias representativas” subordinadas a grandes intereses extranjeros, ambas opciones extremas en la cuerda de diversos matices intermedios.

Consideremos, entonces, varias posiciones existentes respecto a las vías de desarrollo a partir de la complementación económica de la propiedad privada y cooperativa:

• Libre movimiento a la iniciativa privada (nacional e internacional) con algunas pautas de regulación estatal, para conformar una base económica sólida y eliminar ciertos bolsones de pobreza, aún generando más inequidades sociales.
• Predominio de propiedad estatal, a través de ciertos medios principales de producción y estrecha reglamentación de límites (sectorial, tamaño, representación jurídica, etc.) al cuentapropismo y cooperativismo –en todas sus variantes existentes- y con ciertas empresas mixtas estatal-extranjeras.
• Coexistencia de propiedad estatal en medios claves (y arrendamiento de propiedad estatal en determinados sectores), con legitimación de micro-pymes privadas y cooperativas, sólo con restricciones para actividades puntuales y con empresas mixtas estatal-extranjeras.
• Coexistencia de propiedad estatal con micro-pymes y cooperativas, empresas mixtas estatal-extranjeras, todos esto bajo principios de auto y co-gestión de los trabajadores, posibilidades asociativas (alianzas público-privadas, cooperativas de segundo orden, asociaciones micro-pymes –sectoriales o territoriales-) y control ciudadano.

En todos los casos, el tema de la cuantía y de las normas regulatorias posibles de la inversión extranjera directa (IED) queda como una opción complementaria e importante para el desarrollo, abierta a interrogantes que abordaremos más abajo.

Más allá de la primera alternativa vista desde una intención liberal-capitalista, diversos autores, de inspiración marxista, consideran que algunos de esos tres primeros enfoques corresponderían a distintas formas de interpretación del “período de tránsito al socialismo”, bajo determinadas condiciones de conducción política, ya sea porque se necesitara una base capitalista de desarrollo económico para después transitar al socialismo (1), o porque habría que mantener restricciones para su funcionamiento, siguiendo un modelo referente al del “socialismo real” –lo cual parece predominar aún en la política oficial- (2), o porque la existencia de modelos de “socialismo con mercado” asiáticos (recientemente declarados en fase inicial de transición al socialismo) parecerían propiciar esa complementación entre la existencia de propiedad estatal y privada –nacional y transnacional- con niveles de desarrollo económico y gradual limitación de la pobreza extrema, etc. (3).

En esos casos, desde mi punto de vista, resulta paradigmática la consideración propiamente económica del desarrollo, aún con consecuencias sociales, y la aceptación de modelos políticos específicos. No obstante, la consideración desde las subjetividades y prácticas sociales, en cada caso, queda más o menos excluida de los análisis. De manera que en cualquiera de las tres variantes, me parece que es obvio que se va conformando una conciencia social colectiva no necesariamente solidaria, sino más bien  basada en formas individualistas o capitalistas, consumistas, como predominantes ante las posibilidades que ofrece el carácter privado de la propiedad; o bien, basadas en formas “sumergidas” de supervivencia en el caso de la segunda opción, con el deterioro de valores sociales, en todos los casos mencionados.

Opciones socioeconómicas y políticas (desde la complejidad)

Entonces, me voy a referir, de manera muy sintética, a algunas pautas de afrontamiento de algunas alternativas posibles que, en mi opinión, pudieran mantenernos en una vía de desarrollo no capitalista, con tendencias hacia un socialismo que se proclame “de progreso, democrático, sustentable y de justicia social”. Lo haré desde un enfoque del paradigma científico actual de la complejidad, que considera la permanencia y fortalecimiento de altos estándares de valores sociales. Todo ello, considerando que la iniciativa privada, colectiva, estatal (autogestionaria y co-gestionaria), o la inversión extranjera directa bajo normas especiales (de beneficio social con inevitables concesiones, de manera flexible), plantean amplios grados de autonomía, posibilidades de innovación y creatividad, así como posibilidades de satisfacción de necesidades sociales.

Esa es la que considero como la mayor oportunidad del momento actual de la sociedad cubana –si bien con un cierto grado de utopía posible- pero que permitiría, de forma gradual, considerar las pautas-guías de las “perspectivas de la complejidad” con un sentido ético-emancipatorio.

Así, al vincular dos situaciones cruciales que pudieran ejemplificar los modos de comprensión y las posibles soluciones a problemas actuales en el país, en las áreas socioeconómica y jurídico-política, se intentaría esbozar las relaciones de interconectividad y autoorganización mencionadas, como situaciones en posibles trayectorias constructivas de un modelo renovado de sociedad de vía no capitalista de tendencia socialista².

Me resulta conveniente y pertinente partir del concepto de Formación Económico-Social (FES), de Marx, para entender qué tipos de relaciones sociales-económicas (que implican prácticas de poder económico, institucionalidades y conciencia social) se estarían formando a partir de normas jurídicas de propiedad y modelos de gestión social; hago énfasis en que el tema no es sólo económico, sino que tiene fuertes connotaciones inmanentes sociales y políticas, jurídicas, culturales, etc.

En sentido general, el ciclo económico que parte de diferentes modos de planificación o de iniciativas públicas o privadas implica la secuencia (que puede tener momentos recursivos): Inversión-Producción (Servicios)-Circulación-Distribución-Consumo, para un nuevo ciclo. Por supuesto, el resultado del proceso económico tiene que ser superior (ganancia) a la inversión inicial. Es el ABC del ciclo de la economía.

¿Qué implicaciones tiene todo ello en las diversas formas de propiedad y gestión y en las normas jurídicas aprobadas en los Lineamientos cubanos y a qué tensiones económicas, sociales y políticas están sometidos? ¿Cuáles pueden ser las alternativas viables de complementación (dialogicidad) para el desarrollo de una Economía Social?

Se presenta la problemática de que los recursos del Estado (por medio de la generación de ingresos de la empresa estatal, la recaudación de impuestos, etc., o por vías de colaboración internacional), resultan insuficientes para generar una potente inversión para el desarrollo. Aquí pudiera ser necesario revisar los gastos vía presupuesto estatal, sobre todo para el aparato organizacional del Estado, incluso, todo ello, bajo las circunstancias de presiones internacionales y de necesidad de la unificación monetaria.

Sin embargo, la generación de acumulación de recursos (o capital) privado o cooperativo, imprescindibles para inversiones de desarrollo, parte de diferentes fuentes (acumulación histórica o patrimonial estatal o de diversos sectores de población, remesas, inversión de capital extranjero en cualquiera de sus modalidades, etc.), que podría aportar a la prosperidad del país.

Actualmente, el Estado oficializa al capital extranjero en sus modalidades de inversión mixta con el Estado y, en algunos casos, la inversión directa bajo determinadas normas. Sin embargo, quedaría pendiente la pregunta sobre qué uso –más allá de la recaudación impositiva- se podrían dar a las ganancias del sector privado y cooperativo para inversiones en desarrollo de nuevos emprendimientos, o de proyectos conjuntos entre ellos o con el Estado, interestatales, etc., que podrían generar un ciclo superior de inversión basada en la confianza y la fortaleza económica del país.

Se discute al respecto el tema del enriquecimiento de las empresas privadas y cooperativas (en algunos casos debido a una flotación mercantil de precios de sus productos y servicios tendientes al alza, que posibilita altos salarios y ganancias), sus implicaciones sociales en términos de generación grandes brechas de desigualdades, etc.

En cualquiera de las modalidades, hay varias consideraciones a realizar:

-¿Se deben implementar normas de redistribución de las ganancias del capital privado (no sólo impositivas), sin perjuicio del titular del capital, y sobre el ejercicio de responsabilidad social empresarial?

-¿Se podría ampliar el capital privado nacional a nuevos sectores de la economía, a la reinversión de fondos de capital –bajo principios no monopólicos- y tributar al desarrollo territorial y nacional?

-¿Cómo manejar el carácter de las relaciones económicas-sociales (privadas, cooperativas, estatales) para minimizar el efecto de la enajenación del trabajo y su efecto en la conciencia social?

-¿Cómo propiciar, en las condiciones de relativa libertad de iniciativa privada (o de predominio de absolutismo estatista), una conciencia social solidaria, opuesta al individualismo y la fetichización de la ganancia, al consumismo, frente a una cultura de la frugalidad y la solidaridad?

-¿Cuál es el balance entre las posiciones filosóficas del Ser y el Tener en un modelo de sociedad con absolutismo de propiedad estatal o con progresión del poder económico del capital privado o transnacional?

Son interrogantes que requerirían de amplias argumentaciones y fundamentos claros sobre el tipo de sociedad a que se aspiraría, de manera que nos referiremos tangencialmente a algunas de sus implicaciones.

Las normas existentes para el funcionamiento del llamado cuentapropismo y para las nuevas cooperativas, al sólo permitir el capital de los titulares o socios, según el caso, obvia las diversas fuentes –algunas ya mencionadas- que lo nutren y que funcionan en sus prácticas económicas de manera descontrolada. De igual manera que el desconocimiento de sus potencialidades de importación-exportación genera muchas limitaciones, o los más diversos caminos alternos, para realizarlas.

Todo emprendimiento (ya sea estatal o privado) tiene que partir de un principio de reproducción ampliada, como hemos dicho. Cuando esto se encuentra limitado porque la ley impide su crecimiento, lo que ocurre es la violación indirecta (establecimientos a nombre de familiares, por ejemplo), o empleo de las ganancias en gastos suntuarios u otras formas no contribuyentes directamente al desarrollo socioeconómico.

Está claro que el tema del enriquecimiento –lícito o ilícito- puede ser un problema que conlleve a escalas impositivas diversas o penales (los que, de hecho, se emplean en países capitalistas), como vía de cierta contención o de redistribución social, aunque no son las únicas vías de regulación y “derrama” al desarrollo.

De hecho, las consecuencias de las limitaciones de su personería jurídica, de formas diversas de inversión, de ampliación de los emprendimientos y su escaso alcance productivo más allá del sector de servicios, de participación en importación-exportación, etc., genera fórmulas ocultas de violación, tan costosas o más que las de un enriquecimiento transparente. Por ejemplo, ocurre la transferencia de ganancias al exterior, entre otras; que bien podrían ser objeto de redistribución social, o de aportaciones al desarrollo local y del país. De esa forma, el país y su desarrollo socioeconómico, pierden recursos importantes, que actualmente sólo descansan en la colaboración interestatal y la inversión extranjera limitada.

Por otra parte, no es de poca consideración lo que podría generar, en términos de relaciones sociales capitalistas –y una conciencia social consecuente y de manera creciente- un proceso desregulado de esta naturaleza que, además, supondría la necesaria capacidad de asociación de los diversos actores sociales para lograr formas de interlocución, negociación y control, etc., y de participación en las decisiones nacionales. El proceso de reproducción ampliada deja de ubicarse solamente en el ámbito económico y tiene posibles articulaciones inmanentes: sociales, políticas, institucionales, jurídicas, etc.

De otro lado, en el terreno del campo empresarial estatal –una gran parte del cual sufre de envejecimiento tecnológico- se mantienen limitaciones a nuevas formas de gestión más autónomas y participativas, mientras surgen algunas áreas de desarrollo más modernas y con diversas formas de remuneración salarial, aunque no competitivas con las del sector privado y cooperativo.

En estas condiciones, parecería necesario elaborar concepciones que complementen las economías públicas, privadas, colectivas, de manera que emergiera una Economía Social más fuerte de conjunto y permitiera nivelar los esfuerzos hacia el desarrollo, mayor equidad social, la disponibilidad financiera para la realización gradual de la unificación monetaria, etc., de manera que no implicara una “coexistencia” de relaciones económicas estatales y privadas, con riesgo de generar unas prácticas y conciencia social capitalistas. Se trataría de fomentar una complementariedad real (dialogicidad) basada en principios de gestión participativa democrática, redistribución de ganancias hacia los trabajadores y hacia el desarrollo local-nacional, el ejercicio de responsabilidad social hacia sectores vulnerables de los entornos locales de los emprendimientos, entre otras medidas de carácter social.

Estas formas de complementariedad (dialogicidad compleja) podrían tener diversas formulaciones de acuerdo a los sectores, nivel de recuperación de los capitales (o recursos iniciales), nivel de ganancia aceptable, etc., bajo esquemas sociopolíticos participativos y de supervisión y control popular.

Múltiples formas de asociación de productores, de consumidores, de población en general, podrían contribuir a la socialización compartida de este modelo de ciclo económico-social, lo que podría posibilitar formas de autoorganización contextual, de alianzas público-privadas basadas en esquemas de solidaridad social participativa.

Todo ello se encaminaría a la reconstrucción novedosa de una sociedad democrática y popular de nuevo tipo, de emancipación ciudadana, que determine el curso de sus procesos de gobierno hacia una justicia distributiva, con valores de equidad y fraternidad real en todos los ámbitos económicos y sociales.

Comporta modificaciones radicales en el nuevo modelo constitucional de poder autogestivo y participativo, de una Economía social de complementación entre diversos actores públicos, privados, mixtos, cooperados, etc., a nivel de escalas locales, comunitarias, provinciales y nacionales.

De aquí que no se trate, como hemos dicho, sólo de transformaciones económicas con consecuencias sociales, sino de generar entramados socio-económicos-políticos-jurídicos, etc., para un  nuevo modelo de sociedad de desarrollo y mayor solidaridad, en la que quepan intereses e iniciativas individuales y colectivas de todo tipo.

Es por ello que, desde mi punto de vista, la reforma constitucional a que nos abocamos tendría que partir del nuevo espacio multiactoral creado y su perfeccionamiento en todas las esferas de la vida nacional, desde el proceso social participativo y democrático encaminado hacia una vía de desarrollo no capitalista (en el sentido expresado) como expresión de construcción de un nuevo socialismo.

Debemos transitar de un sistema basado en la centralización de la planificación, los recursos y las decisiones, hacia un sistema más abierto a una participación democrática plena, aún bajo la formación de consensos a través de un solo partido político (el Partido Comunista de Cuba ha sido proclamado Partido de la Nación Cubana). Ello requeriría la realización de fórmulas consultivas y deliberativas nuevas, quizás la ampliación de acceso a su membresía con estatutos más flexibles, la confluencia a través de mecanismos de articulación con diversas organizaciones y asociaciones sociales que abarquen todo el espectro de la vida social cotidiana del país, con mayor espacio auto-organizativo inter-conectivo.

Las relaciones entre Estado y Partido, el carácter del proceso electoral, el funcionamiento de las comisiones de candidatura, entre otros, podrían ser objeto de revisión y búsqueda de mayor consistencia con el enunciado del artículo 3 de la constitución actual, en el que se denomina al pueblo como el real soberano.

De manera que en el ámbito de las transformaciones sociopolíticas –en el contexto de nuevas vías de desarrollo económico y social- la reforma de la Ley Fundamental –bajo una visión profundamente deliberativa de todos los sectores nacionales progresistas-, podría tener en cuenta novedosas iniciativas que transformen (gradualmente y de conjunto) el modelo de sociedad socialista, haciéndolo más contemporáneo y pertinente al grado actual de educación y valores sociales de la población cubana. Debemos transitar de un modelo centralizador a un modelo más participativo, de mayor autogestión articulada en sus contextos, de mayores posibilidades de asociatividad y generación de consensos de desarrollo socio-económicos y ético-liberadores.

Notas al pie: 

1. Marino Murillo en la Sesión de la Asamblea nacional de mediados de 2017 y documentos del Pleno del CC del PCC en 2018.
2. Como se verá, esto implica un enfoque de interconectividad entre formas de propiedad con un sentido social, formas de participación popular democráticas y normas jurídicas indispensables a ese modelo de renovación socialista.