El periodista e intelectual cubano José Raúl Gallego Ramos nos ha brindado una serie sincrónica de trabajos que buscan perfilar el mejor futuro para la prensa en Cuba. En este caso, ha puesto énfasis en el tema de las posibles formas de propiedad de estos medios en la Isla. En su último trabajo, titulado “Algunas ideas incompletas sobre posibles formas de propiedad de los medios de comunicación en Cuba”, ha presentado un conjunto de propuestas muy concretas. Considero que ha realizado una labor encomiable y que resulta enaltecedor su empeño por buscar maneras para que pueda expresarse toda la pluralidad nacional; entendida esta pluralidad en su forma más diversa.
En aras de continuar el análisis mancomunado sobre tan importante asunto, me dispongo a esbozar unas pocas notas a partir de las propuestas de Gallego Ramos, y de los fundamentos que emplea para sustentarlas. Él propone, y explica enjundiosamente qué entiende por cada una de ellas, la propiedad estatal, la propiedad pública, la propiedad cooperativa, la propiedad comunitaria y la propiedad individual, y descarta la pertinencia de la llamada propiedad privada.
Cuando se refiere a la propiedad estatal, deja claro que ella debe asumir los temas netamente estatales, gubernamentales, etcétera, y reconoce al diario Granma como un medio de esta índole y, además, propone otorgarle ese carácter a la plataforma Cubadebate. En este caso, refiriéndose de esta manera a dichos medios del Partido Comunista de Cuba (PCC), el autor asume que el Estado pertenece a esta agrupación político-ideológica; lo cual está en consonancia con los preceptos constitucionales y con las políticas oficiales. Sin embargo, no precisa, dado el caso, si estos medios deben renunciar a tratar asuntos ideológicos, no esencialmente estatales; o cómo estos medios deben tratar ambas naturalezas temáticas sin confundir una con la otra, por mucha relación que pueda haber entre ambas; o si para él ambas dimensiones poseen una misma y única identidad.
Al tratar la cuestión de la propiedad de los medios de comunicación de las organizaciones políticas, sociales, de masas, gremiales y fraternales, Gallego apunta, a modo de solución, que los titulares legales de estos medios sean las diferentes organizaciones que los patrocinan. No obstante, esto ya es así. La Central de Trabajadores de Cuba es la titular del periódico Trabajadores; la Federación de Mujeres Cubanas es la titular de la revista Mujeres, etcétera. El asunto aquí sería dilucidar cómo estas organizaciones ejercen dicha titularidad sin asumir la naturaleza de un medio cuasi partidista o estatal, pues ellas son formalmente organismos anexos al PCC que, a su vez, posee bajo su jurisdicción al Estado.
Considero razonable su propuesta de incluir la forma de propiedad cooperativa como opción para institucionalizar determinados medios de comunicación. La cooperativa, como forma de propiedad, en su significado más clásico, se basa en la puesta en común de bienes patrimoniales tangibles, para aunar medios y así conseguir mayor fuerza, eficacia y rentabilidad en la gestión laboral y económica. No obstante, en muchísimas ocasiones las dinámicas reales no se dan en su estado puro, o en su evolución incorporan otros elementos, pero conservan ciertas esencias que no desnaturalizan la manera de definirlas; y este es el caso de algunas asociaciones económicas empresariales que se sostienen por la puesta en común de otros valores y pueden seguir denominándose cooperativas. En este sentido, resulta factible considerar una cooperativa, al desempeño de un conjunto de personas que ejercen la comunicación, el periodismo, aportando cada una de ellas un capital financiero diferente, pero compartiendo, de manera igualitaria, el poder de toma de decisiones, con independencia de la diferencia del capital provisto por cada cual. En este caso, para apreciar el peso específico del potencial éxito de la propuesta, quisiera conocer cuánta experiencia probada ha tenido, en otras sociedades, un acontecer de este tipo.
En cuanto a la denominada propiedad individual sí poseo grandes dudas e incompatibilidad de criterios. Bajo esta forma de propiedad, Gallego Ramos incorporaría a centenares de blogs, páginas web, canales de YouTube y otras plataformas desde las cuales se comparten y difunden contenidos en múltiples formatos y a escala masiva.
En un artículo, publicado en Cuba Posible, ofrecí mi opinión sobre estos instrumentos; aunque, ratifico, son criterios muy personales. En aquel trabajo sostuve que la proliferación de ágoras ciberespaciales, que suelen ser consideradas publicaciones, medios de prensas, u otros calificativos semejantes, son instrumentos ciudadanos individuales de nuevo tipo, llamados a no convertirse en algo semejante una empresa comunicativa, capaces de lograr una mayor eficacia de la participación ciudadana y contribuir a una mejor relación entre el individuo y la sociedad. En aquel entonces, agregaba que son instrumentos de la sociedad para ejercer -con suma singularidad, autenticidad e integralidad-, la soberanía popular y la responsabilidad ciudadana, en un sentido muy amplio, porque incluye periodismo, activismo social, fomento cultural y desempeño político, etcétera. En tal sentido, un blog pudiera ser hoy, tal como fue un día, y continúa siendo, el lápiz, la máquina de escribir o el micrófono.
No obstante, coloco a un lado mis consideraciones al respecto y presento algunas inquietudes en torno al modo en que lo concibe Gallego. Bajo esta forma de propiedad (propiedad individual) el autor colocaría, por ejemplo, a los blogs La Pupila insomne, Segunda Cita y Cine Cubano. Sobre ello, Gallego Ramos estima que, dado su carácter de instrumento individual y la carencia de un objeto social institucional, no habría que exigirles el requisito de inscripción o reconocimiento legal ante autoridad competente, que sí requieren las otras formas de propiedad.
Sin embargo, defiende que su labor pueda sobrepasar el quehacer del blog y desarrollar trabajos en formatos audiovisuales que puedan ofrecerse a los medios radiales y televisivos, así como a formato de textos que puedan circular y hasta ser vendidos. Del mismo modo, solicita que puedan acceder a disímiles formas de financiamiento legales y generar ingresos a partir de la venta de contenidos u otros servicios. Para ello, aboga a favor de que los hacedores de los blogs puedan realizar sus cobros al amparo de la ley, aportar al presupuesto y contar con los beneficios del régimen de Seguridad Social. Asimismo, propone que debido a la preponderancia que pueden alcanzar estos actores mediáticos ante determinados públicos y temas, sería pertinente estudiar formas que les permitan su acreditación para la cobertura de ciertos eventos y sucesos que resulten de su interés.
Es decir, José Raúl Gallego propone la factibilidad de convertir los blogs en entidades institucionales, sin objeto social definido legalmente y por ello no exigible de acuerdo a métodos apegados a la administración de justicia, y además con la posibilidad de asumir un marcado acento mercantil. En tanto, para Gallego, esta institución, que además puede mercantilizar, no es una clásica propiedad privada por dos razones. La primera, porque no ha de poseer un objeto social legalmente inscrito. La segunda, porque, según él destaca, no debe retribuirse monetariamente a quienes escriban trabajos para publicar en dichos blogs, pues ello constituye una “explotación del trabajo ajeno”, mediado por relaciones económicas. Me resulta incongruente que una entidad que reciba financiamiento y que hasta puede generar ganancias lucrativas, considere ilegítimo que quienes contribuyen a su éxito institucional y a sus beneficios monetarios, no sean retribuidos por su trabajo. Además, si obtener una retribución por un trabajo entregado a alguien, a una entidad, constituye ser “explotado” por la misma; entonces tan explotados seríamos al ser retribuidos por un medio de comunicación de propiedad individual, o de propiedad privada, o de propiedad comunitaria, o de propiedad pública o de propiedad estatal.
En contra de la propiedad privada de medios de comunicación, Gallego Ramos alega varias razones, pero sobresalen tres argumentos. El primero, que instituye relaciones asimétricas. El segundo, que atiende intereses particulares. El tercero, que suelen ser fortalecidos a través del financiamiento y apoyo de proyectos conservadores anti-populares. Estos y todos los otros argumentos que presenta en contra de la propiedad privada de medios de comunicación, resultan reales y peligrosos. Sin embargo, no es posible protegerse de estos riesgos porque se trata, sobre todo, de medios comunicativos implementados en el ciberespacio y, por ello, pueden estar constituidos y gestionados desde otros países. En tanto, mejor sería permitirle su inscripción e institucionalización, y emplear los canales legales y procedimentales aceptados al solicitar y recibir la inscripción legal, para lograr un vínculo positivo, para negociar, para canalizar las diferencias, para atenuar los peligros… Además, quiero destacar que estos males que Gallego adjudica únicamente a los medios de comunicación de propiedad privada han abundado también en el desempeño de los medios de comunicación estatales, públicos, cooperativos y comunitarios.
Al leer su texto, logré mayor entusiasmo con su propuesta acerca de la posible existencia de medios de comunicación de propiedad pública. Sin embargo, considero que constituye la opción más alejada de nuestras actuales posibilidades reales. Muchos argumentos pudiera emplear para sostener este criterio, pero sólo me remitiré a tres razones. La primera, no tenemos una cultura de encuentro y de diálogo, de convivencia y de negociación; sino más bien de voluntarismo, de verticalismo, de autoritarismo, de deslegitimación y de exclusión. La segunda, no existe una ciudadanía institucionalizada civilmente por medio de un amplio y vital tejido asociativo, no oficial, que pueda sostener, utilizar y dar sentido auténtico a medios de comunicación de propiedad pública. Y la tercera, que valora las dos razones anteriores como agravantes que podrían contribuir a ensanchar las debilidades de los medios de comunicación de propiedad pública en muchas sociedades; pues estos, en unos casos en mayor medida que en otros, en unos casos con sutileza y en otros de manera casi grotesca, tienden a ser manipulados por los poderes que, en cada momento, ostentan el mayor control del país.
Reitero mi gratitud y felicitación a José Raúl Gallego Ramos por su compromiso y empeño en torno a este importantísimo y delicadísimo tema. Le ofrezco, nuevamente, mi apoyo y cooperación en cuánto pueda servirle. A la vez, confieso que en estos esfuerzos casi siempre tengo que vencer la tentación de escoger entre “reformar al pueblo o a la realidad para adecuarlos al sistema (en este caso, tal o más cual modelo de comunicación), o reformar el sistema para adecuarlo al pueblo y a la realidad”.
