Cuidando la Casa Cuba: retos y fundamentos para una perspectiva democrática de los cuidados y la protección social

Foto: Kaloian
  1. Preámbulo

La Casa Cuba -o el Árbol Cuba o la Nave Cuba, señalaba monseñor Carlos Manuel de Céspedes hace menos de una década, “está dañada y necesita reparaciones urgentes y capitales, pero no caóticas -´peor sería el remedio que la enfermedad´-, sino en orden, una después de la otra y siempre como fruto de diálogo y concertaciones” (Cuba Posible, 2017:28). Para que “no se derrumbe la Casa; para que no se nos seque el Árbol o para que no se nos hunda la Nave” es preciso reflexionar, a nuestro juicio, sobre una de las dimensiones centrales en las que una sociedad se sostiene: el bienestar social.

En la procura del bienestar social, el trabajo de cuidado, definido como el conjunto de actividades, bienes y servicios necesarios para la reproducción cotidiana de las personas, no está siendo considerado, o al menos con la relevancia que merece, en las actuales discusiones sobre la protección social en Cuba. Debido a su gran incidencia en el desarrollo de los países y en el aporte que implica para la economía y los niveles de bienestar de las sociedades, ha pasado a convertirse en una cuestión política clave dentro de las discusiones sobre la reestructuración de los sistemas de protección social.

El objetivo de la reflexión que sigue es mostrar los “daños” que están ocasionando a la Casa Cuba la actual crisis de los cuidados en conexión con el impacto, tanto de los factores demográficos relacionados con el envejecimiento poblacional, como de los procesos sociales de cambio y de las concepciones acerca del cuidado. En ese marco, el sistema de protección social cubano requiere de urgentes “reparaciones”, so pena de no poder sostener niveles razonables de bienestar para sus ciudadanos/as. Para ello mostraremos, brevemente, los alcances y limitaciones de las políticas públicas que se orientan a la protección social en Cuba y la urgencia de incorporar a los cuidados como un cuarto pilar de la protección social[1].

Para comprender los avances, limitaciones y desafíos de la actuales políticas públicas que se orientan a la protección social en Cuba es preciso contextualizarlas, por un lado, en un modelo de bienestar que en los últimos 60 años ha tenido la equidad y la cobertura universal como principios rectores, pero cuyo diseño y ejecución de la política social han estado marcados por un carácter centralizado, verticalista, unitario y planificado. Este modelo, con un protagonismo absoluto del Estado como coordinador y gestor de la política social, desde su diseño hasta su evaluación, se encuentra en una etapa de crisis y redefinición.

La crisis económica de inicios de los años 90 del siglo XX, puso en evidencia, a la vez que agravó, un conjunto de debilidades y desafíos de sostenibilidad que venía presentando el modelo. A esta crisis, se le suma otra más invisible en la actualidad (la “crisis de los cuidados”), de la cual uno de sus principales causantes es la llamada “silenciosa revolución” ocasionada por los impactos del envejecimiento de la población. En ese escenario, si bien los indicadores de mayor esperanza de vida alcanzados en Cuba pueden señalarse como logros de un mayor bienestar conseguido en el periodo 1959-1989; al mismo tiempo, constituyen un problema, por cuanto generan “nuevas necesidades sociales” de cuidado en el mediano y largo plazo (Revuelta y Acosta, 2017).

En este escenario de crisis poblacional, el aumento sostenido de la emigración ha contribuido a su empeoramiento, especialmente porque los desplazamientos poblacionales de cubanos y cubanas han sido protagonizados por un creciente número de jóvenes y mujeres. Si en determinados periodos del comportamiento del fenómeno migratorio en Cuba su impacto fue circunstancial, a partir de 2006 se convierte en estructural. En consecuencia, las perspectivas económicas de un país envejecido, poco industrializado y sin reposición de su fuerza de trabajo son inciertas, de cara a resolver los problemas crecientes que se derivan de la relación entre los procesos migratorios y de envejecimiento.

  1. Balance y reformas recientes de las políticas sociales en Cuba.

Las reformas iniciadas en 2008 en respuesta a la crisis sistémica que atraviesa la sociedad cubana si bien no han desmantelado algunos de los principios y mecanismos de la política social implementados entre 1959-1989, no han podido detener el deterioro de casi todos los indicadores y servicios sociales que solo lograron una recuperación parcial con las modestas reformas orientadas al mercado entre 1993-1996. En términos de su dinámica, la aparición e incremento de nuevos o renovados problemas sociales relacionados con la pobreza, la desigualdad y el acceso no igualitario no ha transcurrido de manera homogénea. Antes bien, tienen lugar en un contexto de re-estratificación de la sociedad cubana actual (Espina, 2008). La crisis se agrava por la dificultad de la política social para anticipar y planificar la resolución de estos problemas, al gestarse en el escenario de otras crisis (económicas/políticas) aparentemente más urgentes y desconectadas de la anterior. En consecuencia, determinados grupos y territorios han resultado más afectados que otros, entre ellos, las mujeres, las personas mayores, los/as que viven solos, los que no reciben remesas, las comunidades rurales, etc.

Los nuevos problemas sociales de desigualdad y de acceso no igualitario a los servicios sociales se han visto empeorados porque la protección social en Cuba no está adecuadamente garantizada por formas jurídicas, procesales y políticas actualizadas en defensa de los derechos humanos (Fernández, 2017). No es un problema solo del derecho, sino de las condiciones de posibilidad que tienen las personas de acceder y ejercer ese derecho. En la actualidad, la falta de instrumentos jurídicos de defensa de derechos en forma de recursos legales expeditos y sin formalidades, además de la ausencia de garantías políticas institucionales (como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional), son una muestra de la indefensión en la que se encuentran los ciudadanos frente a los crecientes reclamos por déficit en la cobertura de los servicios sociales, empeoramiento de la calidad, deterioro de la infraestructura y la atención. Otro componente importante de esta dimensión son los recursos fiscales y de otras fuentes disponibles para el financiamiento de las políticas sociales.

El balance de poco más de medio de siglo de políticas sociales bajo el modelo socialista, en la valoración de los principales expertos en el tema, recoge un conjunto de aciertos y debilidades, así como desafíos fundamentales para garantizar la sostenibilidad de la política social en la coyuntura actual. Existe consenso en señalar que la política de protección social hasta 1989 logró avances significativos en cuanto acceso equitativo y mayoritario al bienestar, los cuales se destacan en el contexto regional. Sin embargo, según los análisis de Espina (2010) aún se reproducen brechas de equidad que conservan viejas desigualdades y las traspasan de una generación a otra. Otro de los problemas es la sostenibilidad y asignación eficiente de recursos (Uriarte, 2002).

El costo del gasto social, sumado al desbalance en las asignaciones para diferentes dimensiones ha generado déficits acumulados en áreas relevantes asociadas a la situación familiar (Espina, 2010), cuestión que en la actualidad resulta muy difícil de resolver en el corto plazo (Mesa-Lago, 2012). Al respecto, Díaz-Briquets (2015) considera que, bajo el modelo económico actual en Cuba, en un contexto de reformas donde las edades de jubilación ya han aumentado y se han introducido otras medidas para contener la jubilación y otros costos de la red de seguridad social, el modelo de bienestar no cuenta con un financiamiento que le permita su sostenibilidad.

En respuesta a la crisis, el gobierno comenzó a introducir estrategias de focalización y familiarización de la política social, transfiriendo más responsabilidades sociales a la familia y derivando otras al mercado, en un contexto de caída del ingreso real de las familias, de diferenciación de los ingresos, de desigual acceso al consumo y de imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas para diferentes grupos sociales. Según Mesa-Lago (2015), una razón del deterioro en los indicadores de asistencia social ha sido la implementación de ciertos “Lineamientos de la política económica y social”, en 2011, los cuales estipulan que los beneficiarios que tengan familia con capacidad para ayudarlos dejarán de recibir la asistencia.

En las estrategias de focalización también se han cometido fallas, haciendo poco uso de políticas de acción afirmativa. Esto ha tenido como efecto la reproducción de desventajas de grupos históricamente desfavorecidos que no pueden aprovechar en paridad las condiciones favorables generales creadas, pero cada vez más deficitarias. En estos grupos se encuentran mujeres, personas mayores, negros/as, personas en situación de discapacidad o en situación de calle, así como comunidades en territorios de mayor retraso relativo.

Sin embargo, las debilidades o fallas mencionadas no deben atribuirse a un problema exclusivamente de limitación de recursos. A juicio de Espina (2010), la persistencia de brechas de equidad y la dificultad para remover los mecanismos reproductores de la pobreza se asocian también a fallas en el modelo y la aplicación de la política social. Además de la débil sustentabilidad económica en la que coinciden todos los analistas, se menciona el predominio de estrategias sectoriales, que obstaculizan la concepción integradora del desarrollo social.

Otro de los obstáculos viene dado por la baja participación de los actores locales en la toma de decisiones y la escasa consideración de la diversidad territorial y grupal en cuanto las necesidades y las formas en que pueden atenderse los problemas sociales. Al respecto, Uriarte (2002) reconoce la importancia de incorporar enfoques diferenciados en el trabajo con individuos, familias y comunidades, cuestión que no ha estado presente en el abordaje de la intervención social en Cuba. El modelo tampoco ha acumulado experiencia en la recogida y empleo de los criterios de los usuarios para el mejoramiento de los servicios. Lo anterior se explica por lo que Espina (2010) califica como la “absolutización del estatalismo”, la continuidad de un excesivo centralismo y una formulación de las estrategias de desarrollo caracterizada por un alto nivel de tecno-burocratización. Por último, al evaluar la aplicación del carácter universal de la política social se observa una minimización de la diversidad estructural y cultural de las necesidades sociales al poner en práctica un “homogenismo distributivo” (Espina, 2010).

En resumen, la política social en Cuba está siendo forzada, de facto, a aceptar un modelo que toma mucho del sistema culturalmente conocido como “del sur de Europa”, en el que la familia, ya sea a través de la provisión diaria de la asistencia o el envío de remesas, asume el papel primario en la atención. Como resultado, aparecen situaciones de pobreza y vulnerabilidad social, llegando a un 20 por ciento de la población urbana en situación de pobreza (Espina, 2008; Mesa-Lago, 2005). Datos de otras investigaciones más recientes estiman el nivel de pobreza en Cuba en un 25 por ciento (Monreal, 2017). En relación con la desigualdad social, según la información recopilada por Espina (2014), el indicador ha ido en alza, por cuanto el coeficiente Gini aumentó de un 0,24 en 1986, previo al inicio de la crisis, a un 0,40 en 2013[2].

  1. Convirtiendo a los cuidados en otro pilar de la protección social

Los problemas expuestos plantean la necesidad de una reforma del régimen de bienestar social cubano de tal manera que pueda satisfacer las necesidades económicas, sociales y de salud del avanzado envejecimiento de la población, la sangría poblacional provocada por las migraciones, así como las nuevas demandas y problemas sociales que resultan de estos procesos y de su inadecuada gestión e intervención. Las características de dicho régimen dependerán de la naturaleza y alcance de las reformas económicas y políticas, y al mismo tiempo, de la reorganización democrática de los cuidados, a partir de la redistribución de las responsabilidades de los distintos actores (el Estado, el mercado, las familias y la comunidad o tercer sector), como administradores de los riesgos sociales y la seguridad social.

Para ello es necesario avanzar hacia la construcción de un engranaje de las políticas de protección social con las políticas de cuidado. El cuidado, que ha irrumpido en la agenda de la protección social en la región recientemente, se le ha situado como el cuarto pilar del bienestar social, que considera además la seguridad social, la salud y los servicios sociales (Rico, 2014). El cuidado es una necesidad social básica, presente en todas las etapas del ciclo vital, y por lo tanto constituye un derecho de ciudadanía que el Estado debe garantizar. No se trata solo de promover una mayor oferta de cuidado, sino de universalizar la responsabilidad, el trabajo y los recursos necesarios para su procura.

Para que este engranaje sea posible, en Cuba debe avanzarse en la discusión, diseño e implementación de, al menos, tres de los aspectos fundamentales que todo sistema de protección social debe considerar: a) aspectos jurídicos-normativos, b) dimensión técnica operativa de la política social, y c) dimensión programática y de distribución de la responsabilidad social del cuidado y el bienestar.

En primer lugar, se requiere de la revisión y actualización de los aspectos jurídico-normativos en que se enmarcan las políticas sociales de protección social. Esto implica, por un lado, la necesidad de ir ajustando el marco legal nacional al estándar internacional en materia de derechos humanos, al tiempo que demanda una transformación de la normativa nacional, de manera que pueda responder de forma específica a las necesidades actuales de la población envejecida, sus familias y cuidadores/as.

Como resultado de la brecha cada vez más creciente entre el cambio social y el régimen constitucional cubano, se ha planteado la necesidad de una “reforma total” de la Constitución (Rojas, 2011). A pesar de las reformas parciales realizadas en 1992 y 2002, se considera  que el texto constitucional cubano ha quedado obsoleto, incluso en comparación con los procesos de cambio constitucional liderados por la izquierda latinoamericana que han experimentado una renovación notable.

Los cuidados aún no han sido incorporados como una dimensión explícita prioritaria en la agenda de la política social en Cuba en el contexto de la llamada “actualización del modelo”. Se ha reconocido, sin embargo, la relevancia del envejecimiento poblacional y las necesidades de implementar estrategias en todos los sectores de la sociedad que permitan hacerse cargo del fenómeno, pero ni en forma jurídica ni en contenido son suficientes los pasos dados para abordar los desafíos que supone. A modo de ilustración, en los “Lineamientos Económicos y Sociales del Partido y la Revolución”, de 2011, específicamente el No. 144, se explicita la necesidad de “enfrentar” el envejecimiento poblacional. Las reformas migratorias que entran en vigor en 2013 pueden interpretarse, también, como otra línea encaminada a abordar las transformaciones demográficas que impactan en el envejecimiento poblacional. En paralelo, el gobierno cubano ha comenzado a implementar un conjunto de acciones dirigidas al estímulo a la fecundidad y a la atención, cuidado e inserción social efectiva de la población adulta mayor.

Sin embargo, la inexistencia de una legislación específica que promueva y proteja los derechos de las personas mayores (Acosta, 2017), personas en situación de discapacidad (Revuelta, 2017), o en situación de calle; la obsolescencia e insuficiencia de los marcos normativos como el Código Civil y el Código Penal, entre otros; la falta de articulaciones entre la norma y las prácticas de implementación; las deficiencias en la implementación de las normas, así como el carácter inconsistente de algunas de ellas provocan que en algunas áreas exista desprotección, tanto en el cuidado institucional pero también en el cuidado domiciliario, un ámbito donde se han incrementado los servicios, fundamentalmente de carácter privado. En síntesis, se trata de un marco normativo limitado, de corte salubrista y asistencialista, insuficiente frente a las acciones de protección que demandan las actuales vulneraciones de derechos relacionadas con las situaciones de maltrato y de garantía de derecho al cuidado que experimentan los grupos en situación de vulnerabilidad y mayor dependencia.

Por su parte, la dimensión técnico-operativa de la política social presenta varios obstáculos. En primer lugar, la dificultad para incorporar las distintas iniciativas y actores (públicos y privados) en una agenda común sobre el impacto de los cambios sociodemográficos y los cuidados. Los mecanismos de programación e implementación de políticas sociales y los sistemas de información no están suficientemente claros en términos de plazos, instancias de monitoreo y evaluación y responsables. En cuanto a la información, si bien se ha producido un avance en la actualización de datos sociodemográficos a través de los anuarios estadísticos de la ONEI y el Ministerio de Salud, así como de la “encuesta nacional de envejecimiento poblacional”, no hay disponibilidad de datos actualizados sobre cada uno de los sub-programas, por ejemplo, el programa de atención a personas mayores, entre otros. Se carece de información desagregada en función de las variables de género, raza o condición socioeconómica. Es urgente de cara al diseño, seguimiento y evaluación de la política, mejorar los sistemas de información, disponibilidad de datos y desarrollo de la investigación social sobre estos temas.

Otro componente importante de esta dimensión son los recursos fiscales y de otras fuentes disponibles para el financiamiento de las políticas sociales, considerando la mencionada falta de sostenibilidad económica del gasto social, así como su ineficiencia, frente a los problemas acumulados irresueltos de gestión, monitoreo y fiscalización del gasto social. Las reformas estructurales ejecutadas dejan interrogantes sobre el gasto en la asistencia social que requieren ser estudiadas en mayor profundidad. En términos de recursos, también hay que considerar los recursos humanos y de infraestructura que se requieren para sostener el sistema de protección social.

Al respecto, cabe poner en duda la viabilidad y coherencia programática de la importancia asignada en los “Lineamientos económicos y sociales del Partido y la Revolución” al tema del envejecimiento (lineamiento 144). Por un lado, asigna suma importancia al tema, mientras que en otros “lineamientos” se plantea la disminución de la participación relativa del presupuesto del Estado en el financiamiento de la seguridad social, además de la eliminación de gratuidades y subsidios considerados excesivos. Bajo esta aparente contradicción se aprueba, en 2014, la nueva política para abordar el envejecimiento de la población cubana, sin aclarar el tema de la viabilidad financiera ni reconocer la importancia de la multiplicidad de actores que han aparecido como proveedores de cuidado de las personas mayores (sector cuentapropista, ONG´s, instituciones religiosas, etc.) en respuesta al grave déficit de la oferta de servicios.

La sistematización que realiza Mesa-Lago (2012) para el informe sobre protección social en Cuba publicado por CEPAL muestra que los indicadores asistenciales alcanzaron sus cimas en 2005-2008, pero se deterioraron en 2009-2010. Entre la cima y 2010: el número de beneficiarios se redujo un 61 por ciento y como porcentaje de la población total cayó del 5,3 al 2,1 por ciento; los adultos mayores con asistencia menguaron un 51 por ciento, los discapacitados un 57 por ciento, las madres con hijos discapacitados un 19 por ciento y el servicio a domicilio un 67 por ciento; y los egresos presupuestarios asignados a la asistencia social declinaron un 47 por ciento, como porcentaje del presupuesto un 60 por ciento y como porcentaje del PIB un 52 por ciento.

En relación con el recurso humano, solo con mencionar la atención hospitalaria e institucional, se aprecia en un nivel insuficiente la cantidad de médicos geriatras, agravada aún más por las proyecciones demográficas de crecimiento de esta población (Louro, Bayarre, & Alvarez, 2015). Este déficit se produce, además, en un contexto de merma general en el personal técnico y profesional de la salud y de deterioro de las instalaciones y los servicios (Mesa-Lago, 2017). El personal total de salud experimentó una caída del 22 por ciento y aunque el de los médicos aumentó, un porcentaje significativo de ellos labora en el extranjero a través de las llamadas “misiones”, por lo que el indicador del número de médicos por habitante para el 2015 era similar al del año 1993, señalado como el peor de la crisis. Según datos de la ONEI (2017), el número de hospitales se ha reducido significativamente a partir del 2010, pasando de 215 a 150 en 2016. Más crítica aún es la situación en las zonas rurales, donde en 2011 fueron cerrados todos los centros hospitalarios y puestos rurales[3]. Por su parte, el promedio de camas de hospital por 1,000 habitantes también experimentó una caída, pasando de 4 en 2007 a 3,6 en 2015.

Por último, la dimensión programática y de distribución de la responsabilidad social del cuidado y el bienestar, permite evaluar la existencia, disponibilidad y accesibilidad de programas y servicios en que se proporcionan cuidados, así como la forma en que el Estado, las familias, el mercado, la comunidad y el tercer sector se distribuyen esta responsabilidad. Al respecto, hemos encontrado una distribución desigual de la responsabilidad social del cuidado en Cuba, particularmente hacia las personas mayores, con una carga muy alta para la familia y, en particular, para la mujer. La familia, ya sea a través de la provisión diaria de la asistencia o el envío de remesas, asume el papel primario en la atención de los distintos grupos en situación de dependencia.

A pesar de la derivación al incipiente –pero creciente- mercado y la sobrecarga de la familia, el Estado cubano sigue contando con una alta participación, protagonismo y control en la oferta de servicios sociales, pero resulta cada vez más excedido y debilitado en su gestión. En la gestión de la oferta de cuidados, se observa una falta de imbricación entre servicios que se diseñan y ofrecen, por lo general con un enfoque salubrista, donde prima la mirada hacia la persona mayor o en situación de discapacidad como un problema de salud.

Frente a este escenario, Cuba debe avanzar hacia el diseño y puesta en marcha de un Sistema Integrado de Cuidado, entendido como el conjunto de acciones públicas y privadas intersectoriales que se desarrollan de forma articulada para brindar atención directa a las personas que lo requieren, y apoyar a las familias en el cuidado y el bienestar de los miembros del hogar. Para ello es importante articular agendas, actores y sectores, contribuyendo con ello a un nuevo pacto social, de género y generacional. De otra forma, es improbable que podamos, como nos advertía monseñor Carlos Manuel de Céspedes, “restaurar o reconstruir la Casa Cuba y cuidar del Árbol Cuba para que el gallo nacional tenga el hábitat que le es propio y continúe desarrollándose por mejores caminos, sanado ya de los virus que tanto daño le hicieron” (Cuba Posible, 2017).

 

 

Bibliografía

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Cuba Posible (2017). Monseñor tiene la palabra: cuatro ensayos políticos, Cuaderno 53, Disponible en file:///F:/Publicaciones/2017/Cuba%20Posible/Cuaderno-53.pdf

Díaz-Briquets, S. (2015). “Major problems, few solutions: Cuba’s demographic Outlook”, Cuban Studies, No. 43, University of Pittsburgh.

Espina, M. (2008). “Viejas y nuevas desigualdades en Cuba. Ambivalencias y perspectivas de la reestratificación social”, Nueva Sociedad, No 216, pp. 134-149.

Espina, M. (2010). “La política social cubana para el manejo de la desigualdad”, Cuban Studies, Volume 41, pp. 20-38.

Espina, M. (2014). “Desigualdad social y retos para una nueva institucionalidad democrática en la Cuba actual”, Espacio Laical, 2, pp. 101-104.

Fernández Estrada, J. A. y Cuba Posible (2017). “Contexto y perspectivas constitucionales sobre el bienestar social en Cuba”, Cuba Posible, 02 de julio,  https://cubaposible.com/bienestar-social-cuba/

Louro, I. Bayarre, H. & Alvarez, M. E. (2015). “Implicaciones familiares y sanitarias del envejecimiento poblacional en la cobertura universal”, Revista Cubana de Salud Pública, Volumen 41.

Mesa-Lago, C. (2010). Estructura demográfica y envejecimiento poblacional: implicaciones sociales y económicas para el sistema de seguridad social en Cuba, Décima Semana Social Católica, La Habana,  Disponible en http://arquidiocesisdelahabana.org/contens/descargas/semana_social/0016_demografia_segur-social.pdf

Mesa-Lago, C. (2012). Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Cuba, CEPAL, Santiago de Chile.

Mesa-Lago, C. (2015). “La desigualdad del ingreso y la experiencia en América Latina”, Temas, No. 84,  pp. 35-43.

Mesa-Lago, C. (2017). “El estado actual del bienestar social en Cuba I y II”, en Cuba Posible, disponible en https://cubaposible.com/bienestar-social-en-cuba-i/ , publicado el 15 de marzo.

Monreal, P. (2017). Desigualdad en Cuba. ¿Combatiendo la riqueza o la pobreza?, Cuba Posible, 25 de abril, https://cubaposible.com/desigualdad-cuba-combatiendo-la-riqueza-la-pobreza/

ONEI (2016). El envejecimiento de la población cubana 2015. Centro de Estudios de Población y Desarrollo, La Habana.

ONEI (2017). Anuario Estadístico de Cuba 2016. Edición 2017, capítulo 9 Salud y Asistencia Social, Oficina Nacional de Estadísticas, La Habana.

 

ONEI (2017). El envejecimiento de la población cubana 2016. Centro de Estudios de Población y Desarrollo, La Habana.

Revuelta, B. y Acosta, E. (2017).  Envejecimiento y cuidados en Cuba: el panorama y los desafíos de una “silenciosa revolución” en  https://cubaposible.com/envejecimiento-cuidados-cuba/

Revuelta, B. y Cuba Posible (2017). “La definición política de la ´discapacidad´ en Cuba y la necesidad de una ley”, Cuba Posible, 19 de diciembre, https://cubaposible.com/ley-discapacidad-cuba/

Rico, N. (2014)

Rojas, R. (2011). La soledad constitucional del socialismo cubano, ponencia presentada en Cuban Research Institute at the Latin American and Caribbean Center, Florida International University,  10 de agosto de 2011. Disponible en: https://lacc.fiu.edu/research/publications/constitutional_isolation_of_cuban_socialism.pdf

Uriarte, 2002 Uriarte, Mirem (2002). Cuba. La Política Social en la Encrucijada: Manteniendo las Prioridades, Transformando la Práctica, Oxfam América.

Documentos

Lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución para el período 2016-2021, disponible en http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Lineamientos%202016-2021%20Versi%C3%B3n%20Final.pdf

 

[1] Algunas de las reflexiones y datos utilizados en este artículo son parte de un estudio en curso más extenso titulado: Políticas Sociales Comparadas sobre los Cuidados en la Vejez y el Envejecimiento en América Latina. Aproximación comparada a los casos de Chile, Cuba y Uruguay, desarrollado en co-autoría con Florencia Picasso Risso y Valentina Perrotta González y con la colaboración de Ailynn Torres Santana en la realización de las entrevistas en Cuba. La ejecución del estudio contó con el apoyo del Programa de Políticas Sociales en Latinoamérica (SOPLA) de la Fundación Konrad Adenauer. La autora agradece particularmente los aportes de los entrevistados expertos para el estudio: Dr. Carmelo Mesa-Lago y Dr. Sergio Díaz-Briquets.

[2] En cuanto a las estadísticas es importante mencionar que, en el caso cubano, según lo confirmado por expertos/as investigadores/as de la política social, tanto que investiguen dentro como fuera de Cuba, la disponibilidad absoluta y relativa de estadísticas económicas es deficitaria, aunque en el caso de las estadísticas sociales es mayor, especialmente en educación, salud y gasto social (Mesa-Lago, 2012 y Espina, 2010). Por ejemplo, en el informe social anual de la CEPAL (2010) Cuba no aparece en las secciones de pobreza, Gini, ingreso, PEA por actividad económica y ocupación por sectores, ni en el capítulo sobre protección social (CEPAL, 2011). No hay estadísticas sobre cobertura/acceso de los servicios sociales salvo en educación. El desempleo abierto estaba subestimado por el enorme excedente de mano obra estatal, que comenzó a recortarse en 2010. No existe información sobre la canasta familiar, el poder adquisitivo, el salario por género y la deserción escolar; hay pocas cifras sobre ingreso en los sectores estatal y no estatal, y el estimado oficial del déficit habitacional es debatible.

[3] El informe de la ONEI (2017) coloca en una nota al pie explicando que esta desaparición se debe a que los hospitales y puestos médicos rurales pasaron a clasificar como policlínicos a partir del 2011.

Sobre los autores
Elaine Acosta 3 Artículos escritos
Doctora en Estudios Internacionales e interculturales por la Universidad de Deusto, Bilbao. Magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos (ILADES, Chile) y Socióloga por la Universidad de La Habana. Ha sido Directora del Magister en So...
4 COMENTARIOS
  1. Cuba Posible, que siempre los leo y de gente querida. Peroooo si usan la foto pongan el cr{edito. Muchas gracias, el autor de la foto.

  2. Lo mismo mirado desde CUBA

    La entrada de elementos de eficiencia en la gestión de la política social ha llevado a formulaciones aparentemente neutras, que transfieren costos de la economía remunerada a los hogares y que se asientan en una mayor presión sobre la capacidad de los actores locales para mantener logros sociales. Es preciso que las políticas que se asuman permitan caracterizar las necesidades de los grupos vulnerables y el diseño de acciones que conecten con las necesidades básicas y otras esferas, como salud, educación y cultura.
    La población cubana vive un proceso de envejecimiento acelerado. Un trascendente logro es el nivel de esperanza de vida alcanzado. Si entre 1955 y 1959 la esperanza de vida al nacer era de 62 años, actualmente supera los 77 años: 79 años para las mujeres y 75 años para los hombres. Resulta comprensible que, entre las medidas indispensables a adoptar ante el envejecimiento poblacional, se encuentre la relacionada con la seguridad social, por la indisoluble relación con los recursos humanos y el desarrollo a corto, mediano y largo plazos de Cuba.
    De acuerdo con las proyecciones de la Población Económicamente Activa (PEA) publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI): “A nivel nacional la PEA crece entre el 2015 y el 2021 en casi 68.000 efectivos. A partir de ese momento comienza a decrecer y para el año 2030 se verá reducida en casi 133.000 personas. De 5 097 439 personas en el 2021 disminuye a 4 964 537 personas. La PEA al final del período de proyección es menor que al inicio de la misma.” Se espera que la tasa de actividad, para la población mayor de 65 años, se incremente entre 2015 y 2025 en más de cinco puntos porcentuales, presumiblemente ante la escasez relativa de fuerza de trabajo motivada por la disminución de la PEA. Esa misma situación será responsable de que la fuerza de trabajo tendrá que permanecer activa por más años para garantizar las mismas tasas de ocupación.
    El proceso de envejecimiento poblacional tiene lugar en todas las provincias y de forma relativamente homogénea. Las más envejecidas, en ambos censos, son Villa Clara, La Habana y Sancti Spíritus. Estas alcanzan en el censo de 2012 el 21,9 por ciento, 19,9 por ciento y 19,7 por ciento de población de 60 años y más, respectivamente. Sin embargo, las provincias donde hubo un mayor incremento de la proporción de personas adultas fueron Pinar del Río y Las Tunas; también el municipio especial Isla de la Juventud mostró un incremento en este sentido.
    La Ley nº 105/08 introduce importantes modificaciones en el contenido de la seguridad social; sin duda, las más significativas por su impacto en el comportamiento futuro de la seguridad social en el país son estas:
    Se elevan las edades de jubilación en cinco años de edad y los años de servicios para ambos sexos, de forma tal que las mujeres se jubilen a los 60 años y los hombres a los 65 años, con 30 años de servicios en ambos casos. Con este aumento de la edad nos acercamos a la edad de jubilación establecida actualmente en un número considerable de países.
    Se modifica el cálculo de la cuantía de las pensiones, lo que propicia que la cuantía de la pensión tenga mayor correspondencia con el aporte, el salario y la permanencia laboral de aquellas trabajadoras que se jubilen después de cumplir con la edad de 60 años o más y los trabajadores con 65 años o más y 30 años de servicios, a quienes se les aplica 60 por ciento a los mejores cinco salarios promedio de los últimos 15 años y dos por ciento adicional por cada año en exceso.
    La nueva Ley de Seguridad Social regula también el régimen de trabajo de los jubilados por edad, dando la posibilidad de que, al reincorporarse al trabajo remunerado, puedan devengar, de forma simultánea, la pensión y el salario que les corresponda por el cargo que ocuparen, siempre que este sea diferente al que desempeñaban al momento de la jubilación; pudiendo ser, no obstante, de su mismo perfil ocupacional.
    Así mismo, establece los casos excepcionales en los que el Consejo de Ministros o los Consejos de la Administración Municipal pueden autorizar la reincorporación de los jubilados al trabajo remunerado al mismo cargo que venían desempeñando anteriormente, sin afectar el régimen salarial.
    A partir de esta nueva Ley, todos los trabajadores realizarán la contribución especial a la seguridad social, por lo que su financiamiento estará compuesto por el aporte fundamental que recae en el Estado, la contribución de las entidades laborales y de los trabajadores.
    Puede percibirse más de una pensión de seguridad social a la que se tenga derecho, lo cual beneficia a los menores huérfanos de ambos padres y a las viudas pensionadas, lo que fortalece el reconocimiento a la mujer trabajadora. En el caso del viudo, se otorga el nuevo derecho de simultanear las dos pensiones. El derecho a la pensión por invalidez total o parcial se otorga con solo acreditar el vínculo laboral, eliminándose el requisito actual de tiempo de servicio prestado.
    La Ley dispone que los cinco años naturales en los que el trabajador haya devengado sus mayores salarios serán seleccionados dentro de los últimos 15años y no 10, como estipulaba la ley anterior.
    Las prestaciones en servicios y en especie del régimen de seguridad social que se otorgan gratuitamente por el Sistema Nacional de Salud a toda la población, así como todas las prestaciones del régimen de asistencia social, son financiadas directamente por las aportaciones de los empleadores y del Presupuesto Nacional con ingresos provenientes de rentas generales.
    Se incorpora un régimen especial integrador de la seguridad social para los trabajadores por cuenta propia, con lo cual la cobertura abarcará a todos los trabajadores del país.
    Las pensiones de la asistencia social están estrechamente vinculadas con el empleo, porque es mediante el trabajo que las personas deben garantizar sus necesidades y realización. De ahí que esta protección no es vitalicia, sino que tiene un carácter temporal y se modifica o extingue cuando cesen las causas que la generaron.
    La evolución del sistema de seguridad social se puede medir mediante diferentes indicadores que evidencian su comportamiento a través del tiempo; durante el periodo2007-2016 se muestra en el siguiente gráfico. En la actualidad, el país cuenta con un millón 676.988 beneficiarios de la seguridad social por jubilación, invalidez y sobrevivencia, con una pensión media de 276.94pesos (ver gráfico 1).

    GRÁFICO 1: PENSIONADOS EN CUBA (2007-2016)

    Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MTTSS
    La evolución de los pensionados por la seguridad social en el país entre 2007 y 2016 se muestra en la tabla 1, donde los beneficiarios se han incrementado en más de 965.064 personas.
    La tasa de crecimiento anual de los afiliados en el período estudiado muestra que los crecimientos son muy discretos, con una tasa negativa en 2015, año en el cual no se incorporaron nuevos pensionados e incluso hubo bajas del sistema.
    Tabla 1: Beneficiarios de la seguridad social .Crecimiento anual (%)

    Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Cuba de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI, 2015).
    Por territorio, el mayor número de beneficiarios de la seguridad social se encuentra en La Habana, Villa Clara y Holguín, lo que corresponde –en los dos primeros casos– con las provincias de mayor número de personas mayores de 60 años.
    Otro de los indicadores a tener en cuenta es la cobertura de la población en edad de retiro. Un cálculo preliminar de la proporción de jubilados con respecto a los hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años devuelve, para 2012, una cobertura cercana a 95 por ciento, pero que se va deteriorando hasta 88 por ciento en 2015.
    Si se añade a quienes reciben una pensión no contributiva –entiéndase a los adultos mayores beneficiarios de la asistencia social–, la cobertura en 2012 alcanza 97,7 por ciento e igualmente se deteriora hasta cerca de 91,3 por ciento en 2015. Una de las posibles explicaciones para este comportamiento puede ser la decisión de extender la edad de jubilación que toman los trabajadores, o sea, mantenerse activos por más tiempo, por lo que se incluyen entre los ocupados y no ingresan a los pensionados.
    Otra disposición que puede afectar este indicador es la opción de recontratación para jubilados, que forma parte de los acápites de la Ley 105/08. Esto último implica que el número de ocupados a nivel global en la economía no disminuye, como lo haría de jubilarse completamente el trabajador. En el caso del pilar no contributivo, también ha decrecido el número de adultos mayores beneficiarios del régimen de asistencia social: en 2015 significaba 48 por ciento de la cantidad que se suscribía al régimen en 2004.
    Al observar el comportamiento de los gastos del Régimen de Seguridad Social para el período 2010-2015, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, resulta que en 2010 alcanzó los 4.522 millones de pesos, mientras en 2015 alcanzó los 5.177,7 millones de pesos, esta cifra no suple lo que se gasta, lo que hace que el Estado contribuya con 21 por ciento del total del presupuesto asignado.

    TABLA ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO POR SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL (AÑOS SELECCIONADOS 2010, 2014, 2015)

    Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Cuba de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI, 2015).
    Los gastos del Estado en seguridad social se incrementan, mayoritariamente, por el crecimiento de las pensiones por edad (ver gráfico 2).El comportamiento de este indicador por tipo de pensión puede observarse en el gráfico 2, en el cual se aprecia que el grueso de los pensionados, durante todos los años, corresponde a las pensiones por edad.
    En cuanto a la estructura de los gastos, se corresponde a las pensiones por edad. Sin embargo, se mantiene estable el número de pensionados por muerte y por invalidez total, sin un incremento considerable de nuevas chequeras. En este caso, ha influido la política cubana consolidada por el sistema de salud pública, que ha proporcionado el logro de un mejor nivel de vida para la población más envejecida.

    GRÁFICO ESTRUCTURA DE LAS PENSIONES (%) EDAD, INVALIDEZ, OTRAS (AÑOS SELECCIONADOS)

    Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Cuba de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI, 2016).

    Los pensionados de otras prestaciones (incluye Res. 675, Res.1813, y Res. Artistas) representan un porcentaje casi despreciable con respecto a la cantidad de beneficiarios totales. Sin embargo, en 2015 se incrementó apreciablemente este indicador, sobre todo por el aumento de la población envejecida, entre la cual destacan los artistas.
    En los estudios sobre las edades con que se estaban jubilando los cubanos antes de la nueva ley, se observó que alrededor de 74 por ciento de los hombres se jubilaban entre los 60 y 61años, en tanto 60 por ciento de las mujeres se jubilaban entre los 55 y 56 años de edad, bajo el incentivo de continuar trabajando por contrata y recibir la pensión, más el salario de la plaza que pasan a ocupar. Ejemplo de ello son los 39.000 jubilados contratados que existían al cierre de 2008.Los hombres, como promedio, acumulan 37 años de servicio y las mujeres, 31.
    Desde la crisis económica de la pasada década del noventa y hasta la actualidad, el poder adquisitivo del peso cubano ha disminuido y los precios de productos y servicios se mantienen elevados para los ingresos percibidos. Para 2011 esta situación empeoraba, como consecuencia de la combinación de la contracción de los productos racionados —que ahora deben ser adquiridos en los mercados de “oferta y demanda”— y un incremento en los salarios y pensiones medios, que no llega a compensar el incremento en el costo de la vida en Cuba. Los incrementos nominales de salarios y pensiones se ven frenados por la dualidad monetaria y cambiaria existente.
    En adición, la tasa de cambio se mantiene alta (25 pesos cubanos por un CUC, este último equivalente a un dólar estadounidense) y la población se ve obligada a satisfacer algunas de sus necesidades básicas en diferentes mercados, tanto en moneda nacional como en divisa.
    Por esto, para muchos trabajadores arribar a la edad de retiro constituye un momento de decisión acerca de la situación de sus futuros ingresos, pues tienen que decidirse entre su salario y la nueva fuente monetaria, dada por las pensiones. Esto muchas veces es un elemento clave para continuar en el puesto laboral, a veces esperando mejoras salariales que tributen una pensión de mayor cuantía.

    El proceso de envejecimiento poblacional tiene lugar en todas las provincias y de forma relativamente homogénea.
    Investigaciones realizadas apuntan que poco más de 10 por ciento de los hogares son unipersonales, conformados por personas de la tercera edad que viven solas. Esto indica que, si no tienen ayuda monetaria o en especie de la familia de interacción, carecen de otros ingresos adicionales, ya sea por nuevas contrataciones, o remesas recibidas, y pueden constituir personas vulnerables ante el relativamente elevado costo de la vida.
    El censo de 2012 constató que en el país existen más hogares con adultos mayores que hogares con niños y las proyecciones indican que así será en el futuro. Por otra parte, del total de los hogares reportados, 58,6 por ciento son unipersonales y en 12,6residen adultos mayores solos; estos últimos representan el 39,6 por ciento del total de los hogares unipersonales.
    Los pensionados por edad constituyen 63,4 por ciento de las personas de 60 años y más que se encuentran en la población no económicamente activa (PNEA).De ellos, los hombres alcanzan 56 por ciento, mientras que las mujeres son 44 por ciento. Esa diferencia es el resultado de las desigualdades en las trayectorias laborales de las mujeres y los hombres, pues las entradas y salidas por los roles de género provocan que ellas acumulen menos años de trabajo y suspensiones sean menores.
    Los hogares unipersonales pasaron de 490.542 en 2002 a 708.749 en 2012, incrementando proporcionalmente su participación desde 13,9 por ciento a 18,7 por ciento del total de hogares. El crecimiento de la población de 60 años y más en Cuba hace esperar un incremento proporcional de los hogares en los que ellos residen y así ha ocurrido según lo registrado en los dos últimos censos.

    TABLA EVOLUCIÓN DE LA PENSIÓN MEDIA
    Cantidad de jubilados y pensionados de la seguridad social vigentes, pensión media y altas concedidas (2011-2016)

    Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Cuba de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI, 2015).
    En primer lugar, destaca la brecha existente entre salarios y pensiones en cuanto a su magnitud. Es decir, las personas, al jubilarse, pasan de un mes en el que cobraban un salario a otro en que cobrarán jubilaciones, por lo que verán reducida la cantidad de dinero disponible para afrontar el total de gastos diarios, con cambios en su nivel de vida.
    Como segundo elemento hay que destacar el comportamiento del índice de correlación pensión media/salario medio; el cual hasta 2013 se movía de forma estable, en algo menor al 70 por ciento; pero a partir de este año y hasta 2015 el coeficiente decrece, acercándose más al 50por ciento, lo que significa que las pensiones han perdido terreno respecto al salario, en cuanto a poder adquisitivo se refiere.
    El siguiente gráfico muestra la relación de los salarios medios y las prestaciones medias a partir del coeficiente que los relaciona.

    Gráfico 3: RELACIÓN ENTRE SALARIO Y PENSIÓN MEDIA (2007-2015) COEFICIENTE DE CORRELACIÓN NACIONAL

    Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de Cuba de la Oficina Nacional de Estadística e Información, varios años.
    Durante este período, la dinámica del crecimiento salarial ha sido superior a la de las pensiones. A nivel territorial se pueden observar provincias donde, respecto a la correlación pensión media /salario medio durante el periodo 2011-2015, el coeficiente decrece y se acerca a 50 por ciento. Tales son los casos de Pinar del Río, Villa Clara y las provincias orientales (ver gráfico).
    Entre las limitaciones territoriales se puede identificar, en primera instancia, que los salarios medios mensuales en el oriente del país son inferiores en relación con el resto de las provincias, lo cual tiene un impacto directo en el cálculo de las pensiones por vejez. Además, las proyecciones de tasas de actividad para las provincias cubanas señalan que Las Tunas, Holguín y Granma serán las de menores registros en ese apartado, con proyección de tasas inferiores a 49 por ciento hasta 2030.

    GRÁFICO 4: RELACIÓN ENTRE SALARIO Y PENSIÓN MEDIA (2011-2015) POR PROVINCIAS COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

    Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de Cuba de la Oficina Nacional de Estadística e Información, varios años.
    Esta tendencia en la estructura de la población, además de incrementar los grupos que reciben prestaciones de la seguridad social, compromete el necesario reemplazo del grupo de personas en edad laboral y, por lo tanto, las aportaciones al presupuesto para sufragar estos gastos. Así, se requiere de un crecimiento acelerado de la productividad del trabajo para generar un producto que permita sostener a la población en activo y a la cada vez mayor población inactiva.
    A primera vista, el sistema cubano puede parecer homogéneo, pero una vez que se profundiza en sus características contributivas se introduce un componente diferenciador importante: la tasa de contribución depende del sector donde se esté empleado y de los ingresos que se reciba en dichos sectores.
    La cotización de los trabajadores está entre las más bajas de América Latina y no se aplica a la totalidad de los empleados en el sector estatal, que es mayoritario entre las fuentes de empleo, porque las prestaciones salariales se consideran aún insuficientes para sostener la contribución individual. Debe añadirse que, dada la insuficiencia de la recaudación por la vía contributiva, el presupuesto estatal se encarga de suplir la diferencia, para garantizar el equilibrio entre contribuciones y gastos. No se trata de una conducta temporal, sino sistemática/estructural, que se ha sostenido en el tiempo desde la introducción de la universalidad para las pensiones de la seguridad social en el país. Ver Esquema 1

    Esquema 1. El financiamiento tripartito de la Seguridad Social en Cuba

    Fuente: Colina H.y OrdiozolaS.En El sistema de pensiones de la Seguridad Social en Cuba: retos actuales (inédito)
    Las fuentes de las presiones económico-financieras sobre el régimen son tres, fundamentalmente. Primero, el aumento de la cuantía media de las prestaciones, ocasionado por los cambios realizados en cada una de las normativas vigentes, las revalorizaciones y el incremento del salario nominal. En segundo lugar, el aumento del número de pensionados y el estancamiento relativo de la población ocupada que se encarga de sostener dicho incremento, bajo un esquema de reparto como el cubano. Por último, la dilatación del tiempo medio de permanencia en el sistema, a partir del aumento de la esperanza de vida, geriátrica y al nacer. La combinación de estos factores genera un estado de déficit en el sistema, ocasionado por las insuficientes contribuciones de los empleados y empleadores.
    Según la última Encuesta Nacional de Envejecimiento[1], realizada en 2010, las pensiones son las fuentes principales de ingresos para la población envejecida en el país. Cerca de 75,5 por ciento de los entrevistados reconoció que la principal fuente de su sustento futuro son las pensiones y jubilaciones.
    Además, 71, 2 por ciento reconoció que su ingreso actual fundamental también proviene de la jubilación o pensión. Aun así, más de 80 por ciento de los miembros de la muestra subrayó el carácter insuficiente de las prestaciones monetarias que recibe. La mayoría recibe algún tipo de apoyo financiero familiar (desde el extranjero o en el país) y pocos participaban en las opciones de empleo posteriores a la jubilación. Con la reapertura al emprendimiento privado y el cuentapropismo en el país, los jubilados se han acogido también a esta forma de empleo.
    En la provincia de La Habana, por ejemplo, de acuerdo al MTSS (2014), 11,71 por ciento de los trabajadores acogidos al trabajo por cuenta propia son jubilados[2]. Es por ello que se hace necesario actualizar la encuesta mencionada para refinar la información sobre los ingresos y la participación laboral de los jubilados y pensionados en Cuba.
    La asistencia social, modificaciones más recientes
    La asistencia social se presta a través de tres formas fundamentales:
    Prestaciones monetarias: se entrega a familias y personas con ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades básicas
    Prestaciones en especie: representa la entrega de recursos a familias en situaciones sociales críticas, tales como colchones, camas, calzado, etc.
    Prestaciones de servicios: a través de las casas de abuelos, asistentes sociales a domicilios, pagos a servicios de alimentación, consumo de electricidad, entrega de subsidios
    Desde hace algunos años, se desarrolla un grupo de programas sociales como:
    _ Programa nacional de servicios sociales comunitarios para el adulto mayor, el cual comprende: alimentación, reparación de viviendas, limpieza del hogar y el lavado de la ropa, y se brinda mediante el servicio de asistentes sociales. Este es el programa que más población comprende, dado el envejecimiento poblacional del país.
    _ Madres solas con hijos menores a su cargo, las que reciben prestaciones por un período de tiempo, en el que se trabaja en su capacitación para incorporarlas al empleo, a fin de eliminar su dependencia de las prestaciones sociales.
    _ Programa de atención a personas discapacitadas, que incluye la prestación de servicios de alimentación, reparación de viviendas, incorporación al empleo. A partir de 1995 se crea el programa de empleo a discapacitados PROEMDIS, que incluye además la rehabilitación de las personas que lo necesitan, la asistencia en el domicilio, a la familia y el apoyo de la comunidad.
    _ Programa de atención a niños en desventaja social, cuyas acciones se encaminan, fundamentalmente, a otorgar suplementos alimentarios a niños con problemas de desnutrición, y a reincorporar al estudio a los menores desvinculados del sistema.
    Con la implementación de todas estas iniciativas y gracias a la labor desarrollada por los trabajadores sociales, se ha facilitado la detección de nuevos casos que requieren atención.
    Sin embargo, desde 2011, teniendo en cuenta los cambios que se han producido en la política social con la concentración de los servicios, eliminación de gratuidades indebidas, la descarga del Estado de la prestación de algunos servicios ha incidido de manera desfavorable en el comportamiento de los gastos de la asistencia social.
    En adición, en 2015 se incrementaron las pensiones de todos los beneficiarios de la asistencia social y el país asumió un costo anual por este concepto cercano a los 349,9 millones de pesos. La asistencia mínima se incrementó a 147 pesos.
    Sin embargo, cuando se analiza la evolución de los gastos de la asistencia social entre 2007 y 2015 se observa una reducción considerable de 60 por ciento, los gastos corrientes destinados a los programas sociales bajaron de 590,7 millones de pesos a 349,9 millones de pesos.
    En particular, se redujeron los gastos de la asistencia social de 402 millones de pesos en 2010 a 349,9 millones en 2015(ver tabla). La cantidad de núcleos protegidos por la asistencia social se mantenía en 2015 en un total de 111.801 núcleos, cifra inferior a 2010.
    TABLA GASTOS POR EL RÉGIMEN DE ASISTENCIA SOCIAL (años seleccionados)

    Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de Cuba de la Oficina Nacional de Estadística e Información, varios años.
    Las direcciones municipales y provinciales de trabajo desempeñan un papel importante en la identificación y evaluación de los grupos y hogares vulnerables en cada uno de los territorios, así como en la rápida respuesta por parte de las instituciones locales a las carencias monetarias y materiales de las personas y familias necesitadas de apoyo.
    Los problemas relacionados con la insuficiencia de recursos, disponibilidad de personal e instalaciones adecuadas para la atención de personas ancianas o con discapacidades severas, juntoa la demora en los trámites para la aprobación de las prestaciones, ponen en tensión la capacidad de respuesta y de solución –por parte de los territorios– a la situación de los grupos más vulnerables.
    Las políticas para enfrentar el proceso de envejecimiento del país requieren que mejore el estado constructivo de las casas de abuelos y hogares de ancianos, así como la creación de nuevas capacidades para estas instituciones.
    El país dispone actualmente de 280 casas de abuelos,45 más a partir de la implementación de las políticas sobre el envejecimiento aprobadas en 2013; sin embargo, se mantienen cuatro municipios sin esta modalidad de atención: Mariel, Caimito, Alquízar y Madruga.

    Reflexiones finales
    El escenario de recientes cambios ha colocado bajo presión los supuestos de equidad territorial que caracterizaron, en décadas anteriores, el desarrollo del país. En la actualidad, los territorios cubanos enfrentan problemáticas sociales, algunas de ellas acumuladas y otras que emergen con mucha fuerza, como resultado de las dinámicas económicas emergentes; todo esto modifica las cartografías locales de la pobreza y la desigualdad.
    Las transformaciones en las políticas económicas y sociales parecen transitar por senderos paralelos. La introducción de elementos de eficiencia en la gestión de la política social ha llevado a formulaciones de políticas aparentemente neutras, como “reducción de costos“, ”eficiencia”, “concentración de servicios”, que implican transferencias de costos de la economía remunerada a los hogares y que se asientan en una mayor presión sobre la capacidad de los actores locales para mantener logros sociales.
    La sostenibilidad de las acciones de política social en los ámbitos locales requiere, necesariamente, la articulación de dichas acciones con la articulación e intervinculación de la política social con la política económica, su integralidad. Es preciso que las políticas que se asuman en el país permitan la caracterización de las necesidades de los grupos vulnerables y el diseño de acciones que se conecten con las necesidades básicas y con otras esferas, como salud, educación y cultura.
    En palabras del premio Nobel Amartya Sen, “el enfoque del desarrollo humano debe preocuparse no solo por lo que hacen las personas, sino por la capacidad que realmente tienen para alcanzar aquello que desean lograr”. (2017).
    [1]La encuesta en principio se diseñó para una muestra de 12.000 viviendas en todo el país, concretamente se encuestaron 10.073 viviendas y en cada una se entrevistó a un adulto mayor. La categoría adulto mayor comprende a toda persona de 60 años y más.
    [2] Esta situación puede no ser igual en el resto de los territorios. Por un lado, la provincia de mayor número de trabajadores por cuenta propia registrados es La Habana, sobrepasando ampliamente al resto. Por otro, también es una de las provincias más envejecidas de la nación.

    Gisela Arandia Covarrubias, investigadora y escritora cubana

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