Cuidando la Casa Cuba: retos y fundamentos para una perspectiva democrática de los cuidados y la protección social

  1. Preámbulo

La Casa Cuba -o el Árbol Cuba o la Nave Cuba, señalaba monseñor Carlos Manuel de Céspedes hace menos de una década, “está dañada y necesita reparaciones urgentes y capitales, pero no caóticas -´peor sería el remedio que la enfermedad´-, sino en orden, una después de la otra y siempre como fruto de diálogo y concertaciones” (Cuba Posible, 2017:28). Para que “no se derrumbe la Casa; para que no se nos seque el Árbol o para que no se nos hunda la Nave” es preciso reflexionar, a nuestro juicio, sobre una de las dimensiones centrales en las que una sociedad se sostiene: el bienestar social.

En la procura del bienestar social, el trabajo de cuidado, definido como el conjunto de actividades, bienes y servicios necesarios para la reproducción cotidiana de las personas, no está siendo considerado, o al menos con la relevancia que merece, en las actuales discusiones sobre la protección social en Cuba. Debido a su gran incidencia en el desarrollo de los países y en el aporte que implica para la economía y los niveles de bienestar de las sociedades, ha pasado a convertirse en una cuestión política clave dentro de las discusiones sobre la reestructuración de los sistemas de protección social.

El objetivo de la reflexión que sigue es mostrar los “daños” que están ocasionando a la Casa Cuba la actual crisis de los cuidados en conexión con el impacto, tanto de los factores demográficos relacionados con el envejecimiento poblacional, como de los procesos sociales de cambio y de las concepciones acerca del cuidado. En ese marco, el sistema de protección social cubano requiere de urgentes “reparaciones”, so pena de no poder sostener niveles razonables de bienestar para sus ciudadanos/as. Para ello mostraremos, brevemente, los alcances y limitaciones de las políticas públicas que se orientan a la protección social en Cuba y la urgencia de incorporar a los cuidados como un cuarto pilar de la protección social[1].

Para comprender los avances, limitaciones y desafíos de la actuales políticas públicas que se orientan a la protección social en Cuba es preciso contextualizarlas, por un lado, en un modelo de bienestar que en los últimos 60 años ha tenido la equidad y la cobertura universal como principios rectores, pero cuyo diseño y ejecución de la política social han estado marcados por un carácter centralizado, verticalista, unitario y planificado. Este modelo, con un protagonismo absoluto del Estado como coordinador y gestor de la política social, desde su diseño hasta su evaluación, se encuentra en una etapa de crisis y redefinición.

La crisis económica de inicios de los años 90 del siglo XX, puso en evidencia, a la vez que agravó, un conjunto de debilidades y desafíos de sostenibilidad que venía presentando el modelo. A esta crisis, se le suma otra más invisible en la actualidad (la “crisis de los cuidados”), de la cual uno de sus principales causantes es la llamada “silenciosa revolución” ocasionada por los impactos del envejecimiento de la población. En ese escenario, si bien los indicadores de mayor esperanza de vida alcanzados en Cuba pueden señalarse como logros de un mayor bienestar conseguido en el periodo 1959-1989; al mismo tiempo, constituyen un problema, por cuanto generan “nuevas necesidades sociales” de cuidado en el mediano y largo plazo (Revuelta y Acosta, 2017).

En este escenario de crisis poblacional, el aumento sostenido de la emigración ha contribuido a su empeoramiento, especialmente porque los desplazamientos poblacionales de cubanos y cubanas han sido protagonizados por un creciente número de jóvenes y mujeres. Si en determinados periodos del comportamiento del fenómeno migratorio en Cuba su impacto fue circunstancial, a partir de 2006 se convierte en estructural. En consecuencia, las perspectivas económicas de un país envejecido, poco industrializado y sin reposición de su fuerza de trabajo son inciertas, de cara a resolver los problemas crecientes que se derivan de la relación entre los procesos migratorios y de envejecimiento.

  1. Balance y reformas recientes de las políticas sociales en Cuba.

Las reformas iniciadas en 2008 en respuesta a la crisis sistémica que atraviesa la sociedad cubana si bien no han desmantelado algunos de los principios y mecanismos de la política social implementados entre 1959-1989, no han podido detener el deterioro de casi todos los indicadores y servicios sociales que solo lograron una recuperación parcial con las modestas reformas orientadas al mercado entre 1993-1996. En términos de su dinámica, la aparición e incremento de nuevos o renovados problemas sociales relacionados con la pobreza, la desigualdad y el acceso no igualitario no ha transcurrido de manera homogénea. Antes bien, tienen lugar en un contexto de re-estratificación de la sociedad cubana actual (Espina, 2008). La crisis se agrava por la dificultad de la política social para anticipar y planificar la resolución de estos problemas, al gestarse en el escenario de otras crisis (económicas/políticas) aparentemente más urgentes y desconectadas de la anterior. En consecuencia, determinados grupos y territorios han resultado más afectados que otros, entre ellos, las mujeres, las personas mayores, los/as que viven solos, los que no reciben remesas, las comunidades rurales, etc.

Los nuevos problemas sociales de desigualdad y de acceso no igualitario a los servicios sociales se han visto empeorados porque la protección social en Cuba no está adecuadamente garantizada por formas jurídicas, procesales y políticas actualizadas en defensa de los derechos humanos (Fernández, 2017). No es un problema solo del derecho, sino de las condiciones de posibilidad que tienen las personas de acceder y ejercer ese derecho. En la actualidad, la falta de instrumentos jurídicos de defensa de derechos en forma de recursos legales expeditos y sin formalidades, además de la ausencia de garantías políticas institucionales (como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional), son una muestra de la indefensión en la que se encuentran los ciudadanos frente a los crecientes reclamos por déficit en la cobertura de los servicios sociales, empeoramiento de la calidad, deterioro de la infraestructura y la atención. Otro componente importante de esta dimensión son los recursos fiscales y de otras fuentes disponibles para el financiamiento de las políticas sociales.

El balance de poco más de medio de siglo de políticas sociales bajo el modelo socialista, en la valoración de los principales expertos en el tema, recoge un conjunto de aciertos y debilidades, así como desafíos fundamentales para garantizar la sostenibilidad de la política social en la coyuntura actual. Existe consenso en señalar que la política de protección social hasta 1989 logró avances significativos en cuanto acceso equitativo y mayoritario al bienestar, los cuales se destacan en el contexto regional. Sin embargo, según los análisis de Espina (2010) aún se reproducen brechas de equidad que conservan viejas desigualdades y las traspasan de una generación a otra. Otro de los problemas es la sostenibilidad y asignación eficiente de recursos (Uriarte, 2002).

El costo del gasto social, sumado al desbalance en las asignaciones para diferentes dimensiones ha generado déficits acumulados en áreas relevantes asociadas a la situación familiar (Espina, 2010), cuestión que en la actualidad resulta muy difícil de resolver en el corto plazo (Mesa-Lago, 2012). Al respecto, Díaz-Briquets (2015) considera que, bajo el modelo económico actual en Cuba, en un contexto de reformas donde las edades de jubilación ya han aumentado y se han introducido otras medidas para contener la jubilación y otros costos de la red de seguridad social, el modelo de bienestar no cuenta con un financiamiento que le permita su sostenibilidad.

En respuesta a la crisis, el gobierno comenzó a introducir estrategias de focalización y familiarización de la política social, transfiriendo más responsabilidades sociales a la familia y derivando otras al mercado, en un contexto de caída del ingreso real de las familias, de diferenciación de los ingresos, de desigual acceso al consumo y de imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas para diferentes grupos sociales. Según Mesa-Lago (2015), una razón del deterioro en los indicadores de asistencia social ha sido la implementación de ciertos “Lineamientos de la política económica y social”, en 2011, los cuales estipulan que los beneficiarios que tengan familia con capacidad para ayudarlos dejarán de recibir la asistencia.

En las estrategias de focalización también se han cometido fallas, haciendo poco uso de políticas de acción afirmativa. Esto ha tenido como efecto la reproducción de desventajas de grupos históricamente desfavorecidos que no pueden aprovechar en paridad las condiciones favorables generales creadas, pero cada vez más deficitarias. En estos grupos se encuentran mujeres, personas mayores, negros/as, personas en situación de discapacidad o en situación de calle, así como comunidades en territorios de mayor retraso relativo.

Sin embargo, las debilidades o fallas mencionadas no deben atribuirse a un problema exclusivamente de limitación de recursos. A juicio de Espina (2010), la persistencia de brechas de equidad y la dificultad para remover los mecanismos reproductores de la pobreza se asocian también a fallas en el modelo y la aplicación de la política social. Además de la débil sustentabilidad económica en la que coinciden todos los analistas, se menciona el predominio de estrategias sectoriales, que obstaculizan la concepción integradora del desarrollo social.

Otro de los obstáculos viene dado por la baja participación de los actores locales en la toma de decisiones y la escasa consideración de la diversidad territorial y grupal en cuanto las necesidades y las formas en que pueden atenderse los problemas sociales. Al respecto, Uriarte (2002) reconoce la importancia de incorporar enfoques diferenciados en el trabajo con individuos, familias y comunidades, cuestión que no ha estado presente en el abordaje de la intervención social en Cuba. El modelo tampoco ha acumulado experiencia en la recogida y empleo de los criterios de los usuarios para el mejoramiento de los servicios. Lo anterior se explica por lo que Espina (2010) califica como la “absolutización del estatalismo”, la continuidad de un excesivo centralismo y una formulación de las estrategias de desarrollo caracterizada por un alto nivel de tecno-burocratización. Por último, al evaluar la aplicación del carácter universal de la política social se observa una minimización de la diversidad estructural y cultural de las necesidades sociales al poner en práctica un “homogenismo distributivo” (Espina, 2010).

En resumen, la política social en Cuba está siendo forzada, de facto, a aceptar un modelo que toma mucho del sistema culturalmente conocido como “del sur de Europa”, en el que la familia, ya sea a través de la provisión diaria de la asistencia o el envío de remesas, asume el papel primario en la atención. Como resultado, aparecen situaciones de pobreza y vulnerabilidad social, llegando a un 20 por ciento de la población urbana en situación de pobreza (Espina, 2008; Mesa-Lago, 2005). Datos de otras investigaciones más recientes estiman el nivel de pobreza en Cuba en un 25 por ciento (Monreal, 2017). En relación con la desigualdad social, según la información recopilada por Espina (2014), el indicador ha ido en alza, por cuanto el coeficiente Gini aumentó de un 0,24 en 1986, previo al inicio de la crisis, a un 0,40 en 2013[2].

  1. Convirtiendo a los cuidados en otro pilar de la protección social

Los problemas expuestos plantean la necesidad de una reforma del régimen de bienestar social cubano de tal manera que pueda satisfacer las necesidades económicas, sociales y de salud del avanzado envejecimiento de la población, la sangría poblacional provocada por las migraciones, así como las nuevas demandas y problemas sociales que resultan de estos procesos y de su inadecuada gestión e intervención. Las características de dicho régimen dependerán de la naturaleza y alcance de las reformas económicas y políticas, y al mismo tiempo, de la reorganización democrática de los cuidados, a partir de la redistribución de las responsabilidades de los distintos actores (el Estado, el mercado, las familias y la comunidad o tercer sector), como administradores de los riesgos sociales y la seguridad social.

Para ello es necesario avanzar hacia la construcción de un engranaje de las políticas de protección social con las políticas de cuidado. El cuidado, que ha irrumpido en la agenda de la protección social en la región recientemente, se le ha situado como el cuarto pilar del bienestar social, que considera además la seguridad social, la salud y los servicios sociales (Rico, 2014). El cuidado es una necesidad social básica, presente en todas las etapas del ciclo vital, y por lo tanto constituye un derecho de ciudadanía que el Estado debe garantizar. No se trata solo de promover una mayor oferta de cuidado, sino de universalizar la responsabilidad, el trabajo y los recursos necesarios para su procura.

Para que este engranaje sea posible, en Cuba debe avanzarse en la discusión, diseño e implementación de, al menos, tres de los aspectos fundamentales que todo sistema de protección social debe considerar: a) aspectos jurídicos-normativos, b) dimensión técnica operativa de la política social, y c) dimensión programática y de distribución de la responsabilidad social del cuidado y el bienestar.

En primer lugar, se requiere de la revisión y actualización de los aspectos jurídico-normativos en que se enmarcan las políticas sociales de protección social. Esto implica, por un lado, la necesidad de ir ajustando el marco legal nacional al estándar internacional en materia de derechos humanos, al tiempo que demanda una transformación de la normativa nacional, de manera que pueda responder de forma específica a las necesidades actuales de la población envejecida, sus familias y cuidadores/as.

Como resultado de la brecha cada vez más creciente entre el cambio social y el régimen constitucional cubano, se ha planteado la necesidad de una “reforma total” de la Constitución (Rojas, 2011). A pesar de las reformas parciales realizadas en 1992 y 2002, se considera  que el texto constitucional cubano ha quedado obsoleto, incluso en comparación con los procesos de cambio constitucional liderados por la izquierda latinoamericana que han experimentado una renovación notable.

Los cuidados aún no han sido incorporados como una dimensión explícita prioritaria en la agenda de la política social en Cuba en el contexto de la llamada “actualización del modelo”. Se ha reconocido, sin embargo, la relevancia del envejecimiento poblacional y las necesidades de implementar estrategias en todos los sectores de la sociedad que permitan hacerse cargo del fenómeno, pero ni en forma jurídica ni en contenido son suficientes los pasos dados para abordar los desafíos que supone. A modo de ilustración, en los “Lineamientos Económicos y Sociales del Partido y la Revolución”, de 2011, específicamente el No. 144, se explicita la necesidad de “enfrentar” el envejecimiento poblacional. Las reformas migratorias que entran en vigor en 2013 pueden interpretarse, también, como otra línea encaminada a abordar las transformaciones demográficas que impactan en el envejecimiento poblacional. En paralelo, el gobierno cubano ha comenzado a implementar un conjunto de acciones dirigidas al estímulo a la fecundidad y a la atención, cuidado e inserción social efectiva de la población adulta mayor.

Sin embargo, la inexistencia de una legislación específica que promueva y proteja los derechos de las personas mayores (Acosta, 2017), personas en situación de discapacidad (Revuelta, 2017), o en situación de calle; la obsolescencia e insuficiencia de los marcos normativos como el Código Civil y el Código Penal, entre otros; la falta de articulaciones entre la norma y las prácticas de implementación; las deficiencias en la implementación de las normas, así como el carácter inconsistente de algunas de ellas provocan que en algunas áreas exista desprotección, tanto en el cuidado institucional pero también en el cuidado domiciliario, un ámbito donde se han incrementado los servicios, fundamentalmente de carácter privado. En síntesis, se trata de un marco normativo limitado, de corte salubrista y asistencialista, insuficiente frente a las acciones de protección que demandan las actuales vulneraciones de derechos relacionadas con las situaciones de maltrato y de garantía de derecho al cuidado que experimentan los grupos en situación de vulnerabilidad y mayor dependencia.

Por su parte, la dimensión técnico-operativa de la política social presenta varios obstáculos. En primer lugar, la dificultad para incorporar las distintas iniciativas y actores (públicos y privados) en una agenda común sobre el impacto de los cambios sociodemográficos y los cuidados. Los mecanismos de programación e implementación de políticas sociales y los sistemas de información no están suficientemente claros en términos de plazos, instancias de monitoreo y evaluación y responsables. En cuanto a la información, si bien se ha producido un avance en la actualización de datos sociodemográficos a través de los anuarios estadísticos de la ONEI y el Ministerio de Salud, así como de la “encuesta nacional de envejecimiento poblacional”, no hay disponibilidad de datos actualizados sobre cada uno de los sub-programas, por ejemplo, el programa de atención a personas mayores, entre otros. Se carece de información desagregada en función de las variables de género, raza o condición socioeconómica. Es urgente de cara al diseño, seguimiento y evaluación de la política, mejorar los sistemas de información, disponibilidad de datos y desarrollo de la investigación social sobre estos temas.

Otro componente importante de esta dimensión son los recursos fiscales y de otras fuentes disponibles para el financiamiento de las políticas sociales, considerando la mencionada falta de sostenibilidad económica del gasto social, así como su ineficiencia, frente a los problemas acumulados irresueltos de gestión, monitoreo y fiscalización del gasto social. Las reformas estructurales ejecutadas dejan interrogantes sobre el gasto en la asistencia social que requieren ser estudiadas en mayor profundidad. En términos de recursos, también hay que considerar los recursos humanos y de infraestructura que se requieren para sostener el sistema de protección social.

Al respecto, cabe poner en duda la viabilidad y coherencia programática de la importancia asignada en los “Lineamientos económicos y sociales del Partido y la Revolución” al tema del envejecimiento (lineamiento 144). Por un lado, asigna suma importancia al tema, mientras que en otros “lineamientos” se plantea la disminución de la participación relativa del presupuesto del Estado en el financiamiento de la seguridad social, además de la eliminación de gratuidades y subsidios considerados excesivos. Bajo esta aparente contradicción se aprueba, en 2014, la nueva política para abordar el envejecimiento de la población cubana, sin aclarar el tema de la viabilidad financiera ni reconocer la importancia de la multiplicidad de actores que han aparecido como proveedores de cuidado de las personas mayores (sector cuentapropista, ONG´s, instituciones religiosas, etc.) en respuesta al grave déficit de la oferta de servicios.

La sistematización que realiza Mesa-Lago (2012) para el informe sobre protección social en Cuba publicado por CEPAL muestra que los indicadores asistenciales alcanzaron sus cimas en 2005-2008, pero se deterioraron en 2009-2010. Entre la cima y 2010: el número de beneficiarios se redujo un 61 por ciento y como porcentaje de la población total cayó del 5,3 al 2,1 por ciento; los adultos mayores con asistencia menguaron un 51 por ciento, los discapacitados un 57 por ciento, las madres con hijos discapacitados un 19 por ciento y el servicio a domicilio un 67 por ciento; y los egresos presupuestarios asignados a la asistencia social declinaron un 47 por ciento, como porcentaje del presupuesto un 60 por ciento y como porcentaje del PIB un 52 por ciento.

En relación con el recurso humano, solo con mencionar la atención hospitalaria e institucional, se aprecia en un nivel insuficiente la cantidad de médicos geriatras, agravada aún más por las proyecciones demográficas de crecimiento de esta población (Louro, Bayarre, & Alvarez, 2015). Este déficit se produce, además, en un contexto de merma general en el personal técnico y profesional de la salud y de deterioro de las instalaciones y los servicios (Mesa-Lago, 2017). El personal total de salud experimentó una caída del 22 por ciento y aunque el de los médicos aumentó, un porcentaje significativo de ellos labora en el extranjero a través de las llamadas “misiones”, por lo que el indicador del número de médicos por habitante para el 2015 era similar al del año 1993, señalado como el peor de la crisis. Según datos de la ONEI (2017), el número de hospitales se ha reducido significativamente a partir del 2010, pasando de 215 a 150 en 2016. Más crítica aún es la situación en las zonas rurales, donde en 2011 fueron cerrados todos los centros hospitalarios y puestos rurales[3]. Por su parte, el promedio de camas de hospital por 1,000 habitantes también experimentó una caída, pasando de 4 en 2007 a 3,6 en 2015.

Por último, la dimensión programática y de distribución de la responsabilidad social del cuidado y el bienestar, permite evaluar la existencia, disponibilidad y accesibilidad de programas y servicios en que se proporcionan cuidados, así como la forma en que el Estado, las familias, el mercado, la comunidad y el tercer sector se distribuyen esta responsabilidad. Al respecto, hemos encontrado una distribución desigual de la responsabilidad social del cuidado en Cuba, particularmente hacia las personas mayores, con una carga muy alta para la familia y, en particular, para la mujer. La familia, ya sea a través de la provisión diaria de la asistencia o el envío de remesas, asume el papel primario en la atención de los distintos grupos en situación de dependencia.

A pesar de la derivación al incipiente –pero creciente- mercado y la sobrecarga de la familia, el Estado cubano sigue contando con una alta participación, protagonismo y control en la oferta de servicios sociales, pero resulta cada vez más excedido y debilitado en su gestión. En la gestión de la oferta de cuidados, se observa una falta de imbricación entre servicios que se diseñan y ofrecen, por lo general con un enfoque salubrista, donde prima la mirada hacia la persona mayor o en situación de discapacidad como un problema de salud.

Frente a este escenario, Cuba debe avanzar hacia el diseño y puesta en marcha de un Sistema Integrado de Cuidado, entendido como el conjunto de acciones públicas y privadas intersectoriales que se desarrollan de forma articulada para brindar atención directa a las personas que lo requieren, y apoyar a las familias en el cuidado y el bienestar de los miembros del hogar. Para ello es importante articular agendas, actores y sectores, contribuyendo con ello a un nuevo pacto social, de género y generacional. De otra forma, es improbable que podamos, como nos advertía monseñor Carlos Manuel de Céspedes, “restaurar o reconstruir la Casa Cuba y cuidar del Árbol Cuba para que el gallo nacional tenga el hábitat que le es propio y continúe desarrollándose por mejores caminos, sanado ya de los virus que tanto daño le hicieron” (Cuba Posible, 2017).

 

 

Bibliografía

Acosta, E. (2017). Más viejos y desprotegidos: déficits y desigualdades en el cuidado hacia personas mayores en Cuba, Cuba Posible, 08 de junio, https://cubaposible.com/cuidados-personas-mayores-cuba/

Cuba Posible (2017). Monseñor tiene la palabra: cuatro ensayos políticos, Cuaderno 53, Disponible en file:///F:/Publicaciones/2017/Cuba%20Posible/Cuaderno-53.pdf

Díaz-Briquets, S. (2015). “Major problems, few solutions: Cuba’s demographic Outlook”, Cuban Studies, No. 43, University of Pittsburgh.

Espina, M. (2008). “Viejas y nuevas desigualdades en Cuba. Ambivalencias y perspectivas de la reestratificación social”, Nueva Sociedad, No 216, pp. 134-149.

Espina, M. (2010). “La política social cubana para el manejo de la desigualdad”, Cuban Studies, Volume 41, pp. 20-38.

Espina, M. (2014). “Desigualdad social y retos para una nueva institucionalidad democrática en la Cuba actual”, Espacio Laical, 2, pp. 101-104.

Fernández Estrada, J. A. y Cuba Posible (2017). “Contexto y perspectivas constitucionales sobre el bienestar social en Cuba”, Cuba Posible, 02 de julio,  https://cubaposible.com/bienestar-social-cuba/

Louro, I. Bayarre, H. & Alvarez, M. E. (2015). “Implicaciones familiares y sanitarias del envejecimiento poblacional en la cobertura universal”, Revista Cubana de Salud Pública, Volumen 41.

Mesa-Lago, C. (2010). Estructura demográfica y envejecimiento poblacional: implicaciones sociales y económicas para el sistema de seguridad social en Cuba, Décima Semana Social Católica, La Habana,  Disponible en http://arquidiocesisdelahabana.org/contens/descargas/semana_social/0016_demografia_segur-social.pdf

Mesa-Lago, C. (2012). Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Cuba, CEPAL, Santiago de Chile.

Mesa-Lago, C. (2015). “La desigualdad del ingreso y la experiencia en América Latina”, Temas, No. 84,  pp. 35-43.

Mesa-Lago, C. (2017). “El estado actual del bienestar social en Cuba I y II”, en Cuba Posible, disponible en https://cubaposible.com/bienestar-social-en-cuba-i/ , publicado el 15 de marzo.

Monreal, P. (2017). Desigualdad en Cuba. ¿Combatiendo la riqueza o la pobreza?, Cuba Posible, 25 de abril, https://cubaposible.com/desigualdad-cuba-combatiendo-la-riqueza-la-pobreza/

ONEI (2016). El envejecimiento de la población cubana 2015. Centro de Estudios de Población y Desarrollo, La Habana.

ONEI (2017). Anuario Estadístico de Cuba 2016. Edición 2017, capítulo 9 Salud y Asistencia Social, Oficina Nacional de Estadísticas, La Habana.

 

ONEI (2017). El envejecimiento de la población cubana 2016. Centro de Estudios de Población y Desarrollo, La Habana.

Revuelta, B. y Acosta, E. (2017).  Envejecimiento y cuidados en Cuba: el panorama y los desafíos de una “silenciosa revolución” en  https://cubaposible.com/envejecimiento-cuidados-cuba/

Revuelta, B. y Cuba Posible (2017). “La definición política de la ´discapacidad´ en Cuba y la necesidad de una ley”, Cuba Posible, 19 de diciembre, https://cubaposible.com/ley-discapacidad-cuba/

Rico, N. (2014)

Rojas, R. (2011). La soledad constitucional del socialismo cubano, ponencia presentada en Cuban Research Institute at the Latin American and Caribbean Center, Florida International University,  10 de agosto de 2011. Disponible en: https://lacc.fiu.edu/research/publications/constitutional_isolation_of_cuban_socialism.pdf

Uriarte, 2002 Uriarte, Mirem (2002). Cuba. La Política Social en la Encrucijada: Manteniendo las Prioridades, Transformando la Práctica, Oxfam América.

Documentos

Lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución para el período 2016-2021, disponible en http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Lineamientos%202016-2021%20Versi%C3%B3n%20Final.pdf

 

[1] Algunas de las reflexiones y datos utilizados en este artículo son parte de un estudio en curso más extenso titulado: Políticas Sociales Comparadas sobre los Cuidados en la Vejez y el Envejecimiento en América Latina. Aproximación comparada a los casos de Chile, Cuba y Uruguay, desarrollado en co-autoría con Florencia Picasso Risso y Valentina Perrotta González y con la colaboración de Ailynn Torres Santana en la realización de las entrevistas en Cuba. La ejecución del estudio contó con el apoyo del Programa de Políticas Sociales en Latinoamérica (SOPLA) de la Fundación Konrad Adenauer. La autora agradece particularmente los aportes de los entrevistados expertos para el estudio: Dr. Carmelo Mesa-Lago y Dr. Sergio Díaz-Briquets.

[2] En cuanto a las estadísticas es importante mencionar que, en el caso cubano, según lo confirmado por expertos/as investigadores/as de la política social, tanto que investiguen dentro como fuera de Cuba, la disponibilidad absoluta y relativa de estadísticas económicas es deficitaria, aunque en el caso de las estadísticas sociales es mayor, especialmente en educación, salud y gasto social (Mesa-Lago, 2012 y Espina, 2010). Por ejemplo, en el informe social anual de la CEPAL (2010) Cuba no aparece en las secciones de pobreza, Gini, ingreso, PEA por actividad económica y ocupación por sectores, ni en el capítulo sobre protección social (CEPAL, 2011). No hay estadísticas sobre cobertura/acceso de los servicios sociales salvo en educación. El desempleo abierto estaba subestimado por el enorme excedente de mano obra estatal, que comenzó a recortarse en 2010. No existe información sobre la canasta familiar, el poder adquisitivo, el salario por género y la deserción escolar; hay pocas cifras sobre ingreso en los sectores estatal y no estatal, y el estimado oficial del déficit habitacional es debatible.

[3] El informe de la ONEI (2017) coloca en una nota al pie explicando que esta desaparición se debe a que los hospitales y puestos médicos rurales pasaron a clasificar como policlínicos a partir del 2011.

Sobre los autores
Elaine Acosta 3 Artículos escritos
Doctora en Estudios Internacionales e interculturales por la Universidad de Deusto, Bilbao. Magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos (ILADES, Chile) y Socióloga por la Universidad de La Habana. Ha sido Directora del Magister en So...
0 COMENTARIO

Dejar una Respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Puede utilizar estos atributos y etiquetas HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

EditorialMedios en Cuba