Dengue en Cuba: buenas intenciones en un laberinto

Foto: La Demajagua

Hay dolencias que por los síntomas, los riesgos o por los fármacos que deben aplicarse, ameritan la hospitalización. En otros casos, un tratamiento claro y una observación responsable permiten el seguimiento ambulatorio. Pero nada es tan sencillo cuando suena la alarma del dengue. Ahí cambia todo. En sus picos altos de contagio, hasta el sentido común puede fallar.

Por estos días de fin y comienzo de año, la orientación es que todo niño o niña con fiebre debe ser hospitalizado, tenga o no un diagnóstico. El argumento para esta medida es detener la cadena de infestación y evitar que el dengue se solape en otros diagnósticos. Debe reconocerse que la misma tiene como base buenas intenciones.

Sin embargo, las buenas intenciones del sistema de salud cubano, destacables y defendibles, pierden rigor en algunos laberintos de su propio diseño. ¿En qué por ciento de los casos febriles con diagnóstico definido se comprobó, además, la presencia del dengue? ¿Qué otros criterios sostienen que todo caso febril con diagnóstico debe quedar hospitalizado? Lo cierto es que esta medida tensiona a las instituciones de salud, sus infraestructuras, la multiplicidad de servicios que brindan, así como a su personal médico, técnico y de servicio.

Si bien Cuba demuestra que la atención de salud es una cuestión política en primer orden, una apuesta por la vida humana, también se reconoce que su gratuidad cuesta. Las buenas intenciones no son suficientes. Hay que mirar ahí donde las decisiones generan tensión.

¿Cuántos recursos y medios pueden ser preservados con una administración más racional en los momentos pico del dengue? Reactivos para análisis clínicos, alimentación y otros avituallamientos hospitalarios, transportación de una institución a otra, esfuerzos del personal de salud.

¿Quiénes y cómo toman esas decisiones? ¿Participan las doctoras y doctores de las áreas de salud en el diseño de las estrategias, o solo ejecutan lo decidido, aun si consideran más atinado atender cada caso en su especificidad, incluyendo la realidad local que lo circunda?

Lo cierto, también, es que la población tiene preocupaciones. Tener fiebre, máxime cuando son los/as infantes, multiplica el estrés en la situación actual. ¿Cuántos días será el ingreso, en qué institución, en qué condiciones, a qué distancia de la casa, qué gastos acarreará, habrá riesgos de contagio con otras enfermedades?

Algunas personas buscan opciones para no entrar en la “canalita” que lleva a un ingreso seguro, aun cuando tengan un diagnóstico específico que no ameritaría hospitalización en condiciones “normales”.

La tensión se concreta cuando el doctor o doctora informa que la persona con un cuadro febril, aun con diagnóstico, tiene que ingresar. Ante la negativa del paciente aparecen dos informaciones: la orientación es notificar a la policía y además, si no permanece en la institución, no se les determina un tratamiento, ni se dará acceso al resultado de los exámenes realizados. El primer dato es discutible por sus límites legales. El segundo es inadmisible éticamente.

Ninguna medida administrativa puede condicionar el derecho a la salud en todo su alcance. Si bien la Ley de Salud Pública consagra que “el Ministerio de Salud Pública determina las enfermedades que representan peligro para la comunidad (…) y establece los métodos y procedimientos para su tratamiento obligatorio en forma ambulatorio u hospitalaria”, esta función no puede estancar la “garantía del derecho de toda la población a que se atienda y proteja adecuadamente su salud”, como también la propia Ley prevé.

Al mirar el mismo dilema desde otra perspectiva, vemos que la relación profesional del médico tiene dos dimensiones: entre él y el paciente; y entre él y el Estado. La primera se estructura desde los deberes y normas éticas; la segunda desde cuestiones administrativas, disciplinarias y laborales. ¿Son antagónicas estas relaciones? Por supuesto que no. Pero es igual de cierto que frente a ciertas medidas estas se tensan. Es ahí donde las buenas intenciones entran a un laberinto.

No creo que existan claves únicas para salir de este laberinto, pero una pista importante está en el código internacional de ética médica, donde se afirma que “el médico procurará prestar su servicio profesional (…) con plena independencia técnica y moral, y con compasión y respeto por la dignidad” y “debe a su paciente una total lealtad y todos los recursos de su ciencia”.

Una enfermedad que afecta a la comunidad es asunto de muchas partes. Otras pistas serían, entonces, analizar todas las variables, potenciar la confianza y autonomía en el sistema de salud, sobre todo en el nivel primario, escuchar donde solo se orienta y en ningún caso, condicionar los derechos. Además de comprender que las buenas intenciones se alejan del laberinto con la participación y la razón colectivas.

Sobre los autores
Ariel Dacal Díaz 28 Artículos escritos
(Camagüey, 1974). Educador Popular. Doctor en Ciencias Históricas, Universidad de la Habana (2007). Miembro del equipo de formación en Educación Popular del Centro Martín Luther King. Principales publicaciones: Rusia: del socialismo real al capi...
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