Derecho, Cultura Jurídica e Identidad Nacional en Cuba





A manera de Introducción

El Derecho, en sus múltiples dimensiones aceptadas −normativa, científica, sistemática, axiológica, social− no ha encontrado un espacio en las nociones modernas y contemporáneas del sentido común sobre cultura. Al ser una creación espiritual −evidentemente cultural−, pero ligada a la dominación política, el Derecho se ha relacionado en el imaginario social, más con el Estado que con la imaginación social, la creatividad popular o el ingenio científico.

La enseñanza universitaria del Derecho nació con el método escolástico de estirpe aristotélica, por lo tanto es tradición en la enseñanza jurídica la práctica del discurso unilateral, acrítico, no dialógico, que poco ha cambiado en los planes de estudio de América Latina y el resto del mundo, aún después de la influencia de escuelas de interpretación, concepción y análisis del Derecho, que sobre todo durante el siglo XX trataron de modificar la ciencia del Derecho para convertirla en algo más que un estudio profundo de la norma jurídica.

Las escuelas críticas sobre el Derecho desmontan las teorías positivistas y utilitaristas de la iusfilosofía y en la mayoría de los casos utilizan un arsenal teórico marxista, pero no han logrado trascender, en la mayoría de los casos, de la especulación de la filosofía del Derecho hacia la realidad social que consideran básica.

La imagen que ha inculcado la Modernidad sobre la política ha tenido un éxito total, también por esta razón la despolitización de las ciencias sociales ha encontrado tantos adeptos entre los defensores de una ciencia del Derecho neutral.

En los países en los que, como Cuba, se ha vivido una Revolución social radicalizada rápidamente hacia la transición socialista, es de gran interés estudiar la manera en que se ha comprendido el papel del Derecho en la cultura, la política, la Revolución, y en la formación de una ciudadanía libre, imprescindible para la aspiración socialista del tipo que sea.

El gran proceso de institucionalización de la Revolución, que cristalizó en Cuba en los años 70, trajo consigo no solo la estabilidad política y la coherencia administrativa, sino también la estatalización de toda la economía y el control político-partidista de toda la creación espiritual-artística, científica.

El Derecho llegó a ser considerado innecesario bajo los presupuestos de los logros de los objetivos de la construcción del socialismo en Cuba. También fue despojado de sus bases iusfilosóficas con la eliminación de la enseñanza de la Filosofía del Derecho, hasta la segunda mitad de la década del 90 del siglo XX.

La enseñanza del Derecho, por lo tanto, se ha construido en Cuba a partir de esta comprensión de lo jurídico, seguidora del reduccionismo marxista de las escuelas soviéticas, que consideraron al Derecho como simple expresión de la voluntad de la clase dominante, o como reflejo de la base económica de la sociedad.

Estas concepciones no fueron lo suficientemente fuertes como para frenar, sin embargo, la gran influencia que durante todo el siglo XX ha tenido en América Latina, como en Europa, la vulgarización y reducción del pensamiento y la obra de Hans Kelsen.

El normativismo kelseniano ha calado en lo profundo de la formación jurídica cubana y de la cultura jurídica en general. El Derecho enseñado desde el ordenamiento, desde la norma, ha reducido el análisis jurídico cubano y lo ha despojado de su carga axiológica.

Aunque los  últimos planes de estudio de la carrera de Derecho en Cuba,  −desde el C, y el C perfeccionado hasta el presente Plan D−, han invocado el principio de enseñar Derecho y no legislación, nuestros maestros siguen prefiriendo la fundamentación jurídica basada en el Derecho Positivo.

En muy raras ocasiones se desarrolla la habilidad crítica, encaminada a analizar el tipo de sociedad y de sujeto social que son los destinatarios del Derecho que se crea por el Estado.

En muy raras ocasiones abrimos debates y evaluaciones sobre el tipo de sociedad y de Derecho que tenemos y sus posibles desembocaduras en sociedades y Derecho socialistas.

El Derecho no se reconoce ni se enseña como elemento de la cultura nacional, como expresión de identidad nacional, como músculo de la independencia como nación.

Este postulado, por lo tanto, no defiende el supuesto Derecho puro, sino un tipo de dominación que los supera, que es parte de un sentido común que él mismo reproduce: la idea de la inutilidad de la política para el logro de la libertad y la felicidad individual, que es el mejor producto de la Modernidad.

La cultura jurídica que resulta de este panorama en Cuba y en cualquier lugar donde se dan estos síntomas sociales bastante generales, es minimizada a simple conocimiento sobre algunas instituciones del Derecho y sobre los derechos individuales, quedando fuera del panorama cultural la propia producción de lo jurídico por el pueblo.

La cultura jurídica en Democracia y en República debe ser concebida no solo como información, sino como actuación, creación, realización, control popular del Derecho, sobre el Derecho.

La dimensión social del Derecho no debe ser vista solamente como la esencia del Derecho, dada la razón de ser histórica de lo jurídico. Lo social debe mantenerse como dimensión activa del Derecho, protagonista de su reconstrucción y remodelación para una sociedad libre.

La participación social que nos convoca no puede ser concebida sin un Derecho hecho por el pueblo y controlado por este.
Debemos plantearnos una enseñanza del Derecho diferente para aspirar después a un Derecho diferente y también a una ciudadanía diferente.

Derecho Romano e identidad nacional

Pocas veces escuchamos la consideración del Derecho como un atributo de la identidad nacional cubana. Sin embargo, hace poco más de una década el otrora Centro de Investigaciones Jurídicas del Ministerio de Justicia impulsaba la tesis liderada por el jurista Dimitri Prieto, de que existían elementos jurídicos probables en la conformación de la identidad cubana y hasta de la nacionalidad patria.

Antes y durante de la defensa de estas ideas hemos conocido de trabajos importantes y enjundiosos de profesores, sobre todo de la Universidad de Oriente y de la Universidad de la Habana, que desde puntos de vista políticos y de la historia y la filosofía del Derecho, han encontrado patrones de lo jurídico en la base de la idea de nación en Cuba.

Se han divulgado más ideas en los últimos diez años que respaldan estas tesis, sobre todo provenientes de académicos como Julio Fernández Bulté o de figuras políticas como Armando Hart, pero en el ámbito de las ciencias sociales cubanas no es usual un consenso sobre una identidad nacional, también marcada por el ingrediente jurídico.

Si viajamos a principios del siglo XIX en Cuba, encontramos en los círculos intelectuales de la Isla un debate sobre la preponderancia, debida y querida, de un Derecho llamado patrio, que se debía contraponer al Derecho extranjero.

Pero el Derecho extranjero no era el español, como muchos pensarían, sino el romano, que había llegado a Cuba como valor y forma jurídicos, preponderantes, desde el siglo XV, pero por la vía de la conquista y del uso de este Derecho por la dominación española.

El Derecho que se defendía como patrio era el español, pero los célebres códigos peninsulares desde el Fuero Juzgo o Libro de los Jueces, hasta las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, no eran más que Derecho Romano reconstruido.

El Derecho Romano llegó a Cuba contenido en el tuétano de las Siete Partidas, hechas extensivas a las colonias de las Indias por interpretación del Ordenamiento de Alcalá, que mandaba que se aplicara el Código de Alfonso el Sabio de forma subsidiaria, en los territorios ganados por los cristianos al final de la Guerra de Reconquista, que no tuvieran fueros propios.

A partir de 1492 las tierras de América fueron nuevos territorios cristianos sin fueros anteriores, por lo que el Derecho Romano que latía en el centro del Derecho feudal español llegó a Cuba de la mano de los conquistadores.
Lo interesante es constatar que, siglos después, los criollos cubanos, ansiosos de lo propio, llamen extranjero al Derecho Romano e identifiquen al español como el deseado.

Pero el Derecho Romano no fue desechado ni por las necesidades de reforma, ni por los programas autonómicos, ni por las luces de la legislación mambisa, ni por la impronta del Derecho anglosajón, ni por la intensidad política de la Revolución del 59, ni por el nihilismo jurídico de los 70, ni por el dogmatismo de los manuales soviéticos.

Una polémica menos viva dentro de la Revolución discutió si nuestro Derecho era Romano o Socialista, pero estas discusiones no trascendieron el mundillo de las aulas universitarias, y en todo caso, triunfó la idea de que la Ley debía parecerse al pueblo y acercarse a él, vocación no despreciable, defendida, por ejemplo, por hombres como Blas Roca Calderío, pero convertida en vulgarización del Derecho y en sustitución de instituciones y conceptos del Derecho Romano milenario por formas jurídicas, supuestamente populares, que la vida demostró como improcedentes y anticientíficas.

Lo antes dicho es notable en Códigos como el Civil cubano, que subrogó al español hecho extensivo a Cuba a fines del siglo XIX y que perduró dentro del orden socialista hasta 1988.

La defensa de un Derecho socialista cubano necesitaría de argumentos más sólidos o de evidencias más claras, como la existencia de un universo de valores jurídicos socialistas, distintos a los del orden mundial de dominación capitalista.

Hoy es más fácil detectar en Cuba un Derecho, sobre todo el de contenido patrimonial, de base romana, pero marcado por la presencia de la “administrativización” , no solo por la preponderancia del Estado en las relaciones jurídicas, como las de propiedad, sino por la burocratización de la realización del Derecho Civil, que ha dejado a la Ley llamada Código Civil como supletoria y prefiere regirse por normas especiales, o por decisiones que no superan la forma de resoluciones o indicaciones metodológicas del Ministerio de Justicia u otras instancias estatales.

Desde estos años es demostrable, en hechos y doctrinas, un desmontaje del Derecho Romano dentro del Derecho, sobre todo civil, cubano, con varias modalidades; una de ellas la sustitución de las soluciones jurídicas que todo el Derecho latinoamericano mantiene, por otras que aseguran una presencia del Estado más firme y desatada; y la otra por la filtración de formas del Derecho anglosajón, estas sí extrañas a la nación cubana.

Todo esto no sería importante si asumiéramos al Derecho Romano como histórico, pero sí lo es cuando lo asumimos como vivo y parte fundamental de la cultura política −por el Derecho Público−  y jurídica, de América Latina.

Lo anterior ha permitido que grandes juristas de América Latina, −que han sobrepasado con su vida y obra el marco de lo jurídico− hayan defendido la importancia del Derecho Romano como uno de los contenidos culturales de nuestro continente. Entre estas personalidades resaltan Andrés Bello, Vélez Sarsfield, Teixeira de Freitas o el mismo Simón Bolívar.

Constitucionalismo y Nación.

Como el Derecho Romano nos acompaña con su carga ética, científica y práctica, desde hace más de quinientos años, y su enseñanza, interpretación y aplicación, ha convivido con la creación de valores nacionales, instituciones políticas y culturales, reformas económicas, guerras por la independencia, y costumbres de la vida cotidiana, también es posible encontrar un hilo conductor entre la formación de la nación cubana y la imaginación y la práctica de nuestro constitucionalismo.

Armando Hart ha dicho que todas las revoluciones se han hecho en Cuba para defender una Constitución, así la Revolución comenzada en 1868 se contuvo en el marco legal de la Constitución de Guáimaro; el hecho político simbólico de la Protesta de Baraguá no fue solo un grito de guerra sino una Constitución; la Revolución de la Guerra Necesaria de 1895 trató de salvar los errores jurídicos y tácticos de la Guerra Grande, y defendió desde el inicio a la Constitución de Jimaguayú, y después, la de la Yaya.

Uno de los motivos populares más evidentes en la Revolución de los años 30, fue el intento de prórroga de poderes de Gerardo Machado contra los presupuestos de la Constitución de la República, la de 1901.

Finalmente, la Revolución que comenzó con el asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en 1953, se hacía por el detonante que significó la ruptura de la institucionalidad política y jurídica de la Constitución de 1940 y por los Estatutos Constitucionales de Batista de 1952, amparados en el golpe militar del 10 de marzo del mismo año.

Pero el constitucionalismo está presente en la cultura nacional desde que las primeras mareas de la Revolución de las Trece Colonias llegan a nuestra Isla, así como las de la Revolución de Haití, las de las Constituciones francesas de 1791 y 1793,  las de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y las de la propia Constitución norteamericana de 1787.

Las constituciones modernas llegan a Cuba con su carga de ilustración y con su intrínseca lucha entre la democracia de padres antiguos, y las nuevas tendencias de la división de poderes y representación política, de padres medievales y esencialmente anglosajones.

Los proyectos constitucionales cubanos que se empezaron a pensar y proponer en la Isla, para dialogar con la metrópoli española o para enfrentarse diáfanamente a ella, tanto los autonómicos, como los reformistas, y hasta los separatistas, son muestra del tipo de contradicciones que el constitucionalismo moderno traía de nacimiento, entre una opción democrática y popular, y una opción aristocrática y antipopular.

Son llamativos los proyectos constitucionales de José Agustín Caballero, Arango y Parreño, Infante y Félix Varela, por solo mencionar algunos.

El hecho de que en la manigua cubana del siglo XIX, hombres formados como juristas, como Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte, se hayan trabado en una polémica, de total vigencia, sobre las formas de organizar la República, demuestra la presencia del resorte jurídico en el origen de nuestro republicanismo y de nuestra institucionalidad política independiente.

En el futuro más inmediato del constitucionalismo cubano será otra vez crucial la decisión de qué República construiremos, si una abanderada del Estado de Derecho, democrática e inspirada en la economía política popular, u otra más parecida a los intentos fallidos de las Constituciones soportadas en pilares jurídicos liberales, mayoritarias en el mundo.

 


Sobre los autores
Julio Antonio Fernández Estrada 31 Artículos escritos
Julio Antonio Fernández Estrada. Licenciado en Derecho y en Historia. Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor Titular. Docente desde 1999 en la Universidad de la Habana, con experiencias en cursos presenciales, y semipresenciales. Profesor de la Fac...
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