Derecho a la información: dimensión colectiva de la libertad de expresión y la democracia

La revolución tecnológica en curso ocasiona un gran flujo de información que circula en el mundo de forma simultánea a los acontecimientos, lo que genera repercusiones inmediatas en los más diversos sectores de la sociedad (político, económico, social y cultural).

Esta enorme cantidad de información y la agilidad de transferencia son fundamentales para la formación de la opinión pública. La democracia, como sistema de gobierno basado en la participación popular y en el pluralismo político, se sirve de la información, en la medida que los ciudadanos bien informados tienen mejores condiciones de conocer y participar en la toma de decisiones del Estado.

La cuestión es que la información no es sinónimo de conocimiento. El conocimiento depende de análisis, verificación, comparación y juicio de valor. A veces, el receptor de la información no posee las condiciones materiales ni las mismas competencias intelectuales para la evaluación crítica. Además, hay que considerar que no siempre la información puesta a disposición de las personas es imparcial y no siempre el objetivo es contribuir a la formación de una razón pública, sino influenciar en las actitudes de las personas, ya sea con propósitos culturales, políticos, ideológicos o, incluso, financieros.

La información es poder y, por esa razón, el derecho a la información, componente de la libertad de expresión, no puede concebirse desde una perspectiva solo individual. Se ha de considerar también desde una perspectiva colectiva.

El objetivo de este artículo es analizar la faceta colectiva del derecho de información, en una perspectiva democrática, así como demostrar que la libertad de expresión está formada por otros principios, como la igualdad, por lo que no es un derecho absoluto, admitiendo, así, ponderaciones ante otros derechos.

Para ello, se adopta una metodología analítica de abordaje y se organiza la exposición de la siguiente manera: se inicia con una delimitación del contenido del derecho a la información y su conexión con la libertad de expresión; a continuación, se investigan los deberes del agente informador; y finalmente, se analiza la relación entre información y participación política.

  1. Derecho de información y libertad de expresión: distinciones y conexiones

En Brasil, la Constitución Federal (CF) establece el derecho a la información como un derecho fundamental individual.[1] Sin embargo, hay que considerar que se trata también de un derecho colectivo, pues, además de estar ligado a valores libertarios, tiene un carácter democrático.

A pesar de la confusión conceptual relativa a las expresiones “libertad de expresión”, “libertad de información” y “libertad de prensa”, muchas veces tratadas de forma equivocada como sinónimos, la doctrina brasileña las diferencia, estableciendo la libertad de expresión como género, del cual son especies la libertad de expresión en sentido estricto y la libertad de información.

Barroso argumenta que la libertad de información es una especie del género libertad de expresión en sentido amplio. Pero hay utilidad en la diferenciación, pues la libertad de información tiene compromiso con la verdad, aunque subjetiva y la libertad de expresión no. Además de estas dos, hay una tercera locución – la “libertad de prensa”, que se refiere a “la libertad de los […] medios de comunicación en general (no solo impresos, como el término podría sugerir) de comunicar hechos e ideas, implicando, de este modo, tanto la libertad de información como la de la expresión”.[2]

Según Chequer, la libertad de expresión en sentido estricto se refiere a ideas y opiniones y no está necesariamente vinculada a la verdad, mientras que la libertad de información tiene relevancia pública porque interfiere en la formación de la opinión pública, y así tiene compromiso con la verdad. La libertad de prensa es una forma “de exteriorización de las libertades de expresión y de información proporcionada a los medios de comunicación en general, abarcando tanto la libertad de información (hechos) como la libertad de expresión en sentido estricto (ideas, pensamientos, etc.)”.[3]

La confusión entre las expresiones es comprensible en la medida en que las cartas internacionales de derechos humanos engloban en uno solo ambos derechos. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el art. 19 que

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.[4]

El art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también incluye el derecho a la información en la libertad de expresión. En la sección 2 consta:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.[5]

Según Rodríguez Júnior, la Declaración incluyó el derecho de información en la libertad de expresión. Para él, tales derechos comprenden: “[…] a) el derecho de no ser inquietado por sus opiniones; b) el derecho a investigar; c) el derecho de recibir informaciones y opiniones; y e) el derecho de difundir, sin consideración de fronteras, tales informaciones y opiniones (o ideas)”.[6]

La libertad de expresión es fruto de un derecho general de libertad y tiene raíces en las revoluciones del siglo XIX que se impusieron contra la tiranía del Estado absolutista, pero ganó nuevos contornos con el paso del modelo de Estado liberal al social y, actualmente, al Estado Democrático de Derecho.

Si originalmente surgió como un derecho individual limitador del poder estatal, hoy, debe ser comprendida también como un derecho prestado. De hecho, las insuficiencias del Estado liberal en resolver las molestias venidas de la Revolución Industrial y el trauma experimentado con la Segunda Guerra Mundial desencadenaron un debate sobre la condición humana, culminando en el reconocimiento universal de los derechos humanos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

En esa perspectiva, se percibió que no solo el Estado podría ser un peligro al desarrollo del individuo, sino también la sociedad. Esto llevó a la percepción de que, además de abstenciones, los Estados deberían actuar en la protección y promoción de intereses.

Este fenómeno repercutió en la libertad de expresión. Fiss recuerda la existencia de dos teorías que intentan explicarla: la libertaria y la democrática. La primera sostiene que se trata de una protección de la autoexpresión, es decir, da énfasis al emisor del discurso. La segunda proclama que se trata de una protección a la autodeterminación colectiva en que el énfasis recae sobre el receptor del discurso.[7]

Estas teorías fueron construcciones del derecho norteamericano. Según la libertaria, “[…] el Estado no debe intervenir en la materia, dejando por cuento del mercado el formateo del tema […]. Otra, en sentido completamente antagónico, considera que el Estado debe tener una participación activa en la ordenación de la materia (teoría democrática o activista)”.[8]

Es en este nuevo panorama que se inserta el derecho a la información, que tiene en la colectivización un principio básico, pues “El propio proceso informativo es masivo, es colectivo, busca alcanzar un número considerable de personas”.[9]

Con el propósito de sistematizar el derecho a la información, Carvalho propuso la siguiente definición:

“[…] es la sub-rama del derecho civil, con asiento constitucional, que regula la información pública de hechos, datos o cualidades referentes a la persona, su voz o su imagen, a la cosa, al servicio o al producto, para un número indeterminado y potencialmente grande de personas, para poder influir en el comportamiento humano y contribuir en su capacidad de discernimiento y de elección, tanto para asuntos de interés público, como para asuntos de interés privado pero con expresión colectiva.[10]

Mendel ve importantes beneficios sociales en el derecho de información. “Puede ofrecer valioso fundamento para la democracia, alimentando la capacidad de las personas de participar de forma efectiva y exigir a los gobiernos”.[11]

La información puesta a disposición de las personas puede tener carácter público o privado. Batista define la información pública como:

“[…] un bien público, tangible o intangible, con forma de expresión gráfica, sonora y / o iconográfica, que consiste en un patrimonio cultural de uso común de la sociedad y de propiedad de las entidades /instituciones públicas de la administración centralizada, de las autarquías y de las fundaciones públicas. La información pública puede ser producida por la administración pública o, simplemente, estar en poder de ella, sin el status de secreto para que esté disponible al interés público / colectivo de la sociedad”.[12]

En Brasil, en lo que concierne a la información pública, la propia ley establece una serie de directrices, como el principio de la publicidad de los actos administrativos y del proceso judicial, el principio de rendición de cuentas y, recientemente, la Ley12.527 / 2011, que regula el acceso a la información pública.[13]

Es en la esfera privada, sin embargo, que se establecen los mayores conflictos que involucran la libertad de expresión y el derecho de información, sobre todo cuando se está ante derechos de personalidad, como intimidad y vida privada.

3. Deberes de quien detenta la información y la transmite

Se observa que el derecho a la información se compone de libertades de informar y de informarse, es decir, perspectivas que se distinguen entre el emisor y el receptor del mensaje. En lo que concierne a la libertad de informar, lo que distingue la libertad de expresión en sentido estricto y la libertad de información es la verdad, requisito exigido sólo por la última. Se indaga, sin embargo, a qué verdad debe someterse la libertad de información, vista desde la perspectiva del emisor del mensaje.

La verdad exigida en la libertad de información no es aquella irrefutable, sino la oriunda de la diligencia del informador, “[…] una información concebida con base en datos concretos, no sirviendo para ello meras insinuaciones o rumores. […] De esta forma se habla que la verdad exigida aquí es la verdad subjetiva y no la verdad objetiva”.[14]

Este es el entendimiento de Barroso, para quien “[…] el requisito de la verdad debe ser comprendido desde el punto de vista subjetivo, equiparándose a la diligencia del informador, a quien incumbe determinar de forma seria los hechos que pretende hacer públicos”.[15]

Para Carvalho, el criterio de la verdad para diferenciación entre libertad de expresión y libertad de información es imprescindible porque “[…] el receptor de la información necesita el hecho objetivamente ocurrido para establecer su cognición personal y para que pueda elaborar su percepción sobre el mismo hecho, para formar su convicción sin ninguna interferencia”.[16]

De ahí la conclusión de que la verdad subjetiva es un límite al derecho de información, pero no es el único. El art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que trata de la libertad de expresión, establece en la sección 3 que:

“El ejercicio del derecho previsto en el § 2 del presente artículo implicará deberes y responsabilidades especiales. En consecuencia, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deben, sin embargo, estar expresamente previstas en la ley y que se hagan necesarias para:

a) asegurar el respeto de los derechos y la reputación de las demás personas;

b) proteger la seguridad nacional, el orden, la salud o la moral públicas”.[17]

La libertad de expresión y el derecho de información pueden ceder lugar, entonces, a otros derechos, como derechos de personalidad (honor, reputación, imagen). En estos casos, normalmente hay un conflicto entre derechos fundamentales.

En complemento, como argumenta Ferraz, “La libertad de expresión se asocia en el binomio libertad-responsabilidad, a exigir de aquel que manifiesta su pensamiento y / o sentimiento el respeto (responsabilidad) a los derechos fundamentales que coexisten en el ordenamiento normativo”.[18]

Aunque el art. 220 de la CF establezca que “La manifestación del pensamiento, la creación, la expresión y la información, en cualquier forma, proceso o vehículo no sufrir ninguna restricción, observando lo dispuesto en esta Constitución”[19], se debe concebir la libertad de expresión como un derecho restringible, con fundamento en la propia Constitución.

En lo que se refiere al derecho de la información, el sistema de reprensión de eventual el abuso puede ser previo o posterior. Según Toller, tradicionalmente, la doctrina distingue las restricciones previas y posteriores, “[…] englobando las primeras todas las medidas sustancialmente oficialmente impuestas a la expresión antes de su emisión, publicación o difusión, mientras que se agrupan en las segundas las respuestas jurídicas a expresiones ya realizadas […]”. [20]

En el sentido de Rodrigues Junior, “[…] en nombre del interés público y siempre que se observe el deber de diligencia del informador, la censura sobre la información verdadera es inadmisible, incluso si dicha información puede sacudir el honor del ofendido”.[21]

La reprensión previa se caracteriza por el impedimento de la divulgación de la información, mientras que la reprensión posterior, por el derecho de respuesta y por la compensación.

En Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF), en el juicio de la Acción Declaratoria de Inconstitucionalidad nº 4.815 (caso de las biografías no autorizadas)[22], y en el juicio de la Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental nº 130, en el que se declaró que la Ley 5.250 / 1967 (Ley de Prensa)[23] infringía la Constitución, dio preferencia al sistema de represión posterior, en virtud de la conexión de la libertad de expresión con el pluralismo y la democracia.

Para el STF, la libertad de expresión no debe ser objeto de censura anterior. Sin embargo, los eventuales abusos deben ser condenados, a posteriori, mediante indemnizaciones o derecho de república. El tribunal, utilizando el principio de la proporcionalidad, considera prevalecer, en la mayoría de los casos, la libertad de expresión. Tanto en la ADPF 130 como en la ADI 4.815, dos decisiones paradigmáticas teniendo por objeto la libertad de expresión, el STF, por medio de los votos individuales de sus ministros, se refiere varias veces al principio de proporcionalidad como criterio y fundamento de decisión para la prevalencia del derecho fundamental a la libertad de expresión ante otros derechos.[24] De estas decisiones, también es posible inferir que, para el tribunal, la libertad de expresión tiene una posición preferencial prima facie, pero no definitiva en relación a otros derechos.

  1. Derecho de información, democracia y poderes privados

Partiendo del supuesto de que la democracia es un sistema de gobierno en que todos participan en la toma de las decisiones del Estado, sea directamente o por medio de representantes legítimos, se percibe que el derecho a la información, como componente de la libertad de expresión, tiene un papel fundamental en la toma de decisiones y la participación política de los ciudadanos en la esfera pública.

Es que el desarrollo de la personalidad humana reclama medios de conocimiento de la realidad, disponibles cuanto mayor sea el grado de libertad de manifestación de las ideas. En consecuencia, la libertad de expresión está vinculada tanto a la noción de dignidad humana, como a la de democracia, pues la pluralidad de las manifestaciones del pensamiento es vital para las sociedades plurales.

Si se toma la lección de Rawls, que define la razón pública como la forma por la que una sociedad democrática organiza y realiza sus finalidades y cuyos objetos son los bienes públicos, se percibe que la formación de la opinión pública depende de la información puesta a disposición de los ciudadanos.[25]

Es por esa razón que Chequer afirma que la libertad de expresión es gestionada por diversos principios, entre ellos la igualdad, en el sentido de garantizar la “[…] existencia, entereza y condición de acceso a una esfera pluralista de discusión pública, exigiéndose el alejamiento de eventuales discriminaciones ya consolidadas en el pasado”.[26]

En opinión de Mendel, el libre flujo de información es esencial para incentivar la participación de los individuos, tanto que la organización no gubernamental “Artículo 19” denominó la información como “oxígeno de la democracia”.[27]

Pero no todo lo que despierta el interés de las personas está protegido por el derecho de información. Hay una significativa diferencia entre interés público y el interés del público. Para Chequer, “La libertad de información no protege la satisfacción de mera curiosidad de los que componen el público, de forma que no todo lo que despierta la curiosidad ajena, aunque sea de un número relevante de personas, puede ser calificado como de interés público”.[28]

El interés jurídico de la información consiste en el subsidio que otorga al poder de decisión del individuo, “[…] saber para decidir mejor, para mejor elegir los rumbos que dar a su vida, a la vida de su familia, a su país, a su empresa, a su función, a su sociedad, a su partido político, a su religión, etc.”[29]

Para que la información llegue a este nivel, es esencial que abarque una serie de requisitos, entre ellos el pluralismo. Sin embargo, considerando que normalmente la concentración de los medios de producción de la información es privada, no siempre se cumplen estas directrices, por lo que se aboga de la reglamentación de los medios de comunicación.

La idea de la regulación de los medios de comunicación proviene de la concepción de que la noción de poder no es solo política, sino también social. De hecho, como argumenta Steinmetz, actualmente se entiende que el Estado no detiene exclusividad o monopolio de la influencia de poder, en la medida en que “En el mundo contemporáneo, personas y grupos privados no solo tienen poder político, económico e ideológico, también desarrollan luchas de y por el poder […]”.[30]

En ese sentido también se posiciona Bauman[31], según el cual existen presiones externas que interfieren en el libre albedrío y son responsables de la no casualidad de la conducta humana, en la medida en que alteran la dirección de las acciones individuales.

De acuerdo con Fiss, la regulación estatal del discurso implica la resolución del conflicto entre libertad e igualdad, pues la libertad de expresión puede generar un efecto silenciador del discurso, que es la dominación de la libertad de expresión por determinadas personas o grupos, que ejercen poder sobre los demás y es por ello que, a veces sea necesaria la intervención estatal, no para limitar la libertad de expresión, sino para garantizarla. Según el autor, la regulación no significa que el Estado arbitre los intereses de personas o grupos, pero que todos los lados sean presentados.[32]

Dijk, estudioso del análisis crítico del discurso, reconoció que, tradicionalmente, el poder social de los grupos siempre fue definido por el acceso preferente a determinados bienes materiales, como capital y conocimiento. Actualmente, sin embargo, él apunta al control de la opinión pública como una forma más eficaz de influencia y dominación. En sus palabras, “Control del discurso público es control de la mente del público y, por lo tanto, indirectamente, control de lo que el público quiere y hace. No hay necesidad de coerción si se puede persuadir, seducir, adoctrinar o manipular personas”.[33]

En este punto está la paradoja del derecho a la información. Si, por un lado, reclama libertad y ausencia de interferencia estatal, por otro, su efectividad demanda un rol activo del Estado, en la promoción del pluralismo esencial a la democracia, so pena de crear la tiranía de un pensamiento único dominante.

De ahí que Sarmento defienda que “aunque la dimensión preponderante de la libertad de expresión sea realmente la negativa, la garantía de este derecho, sobre todo en el marco de una sociedad profundamente desigual, también reclama acciones positivas del Estado”. [34]

Los propietarios de las empresas de comunicación de masas, dado su poder financiero y tecnológico, tienen gran capacidad de determinación e influencia en la producción del discurso. Grandes empresas y grupos económicos financian la comunicación de masa a través del patrocinio (de la propaganda), pudiendo dictarlas formas y el contenido del discurso, de lo que debe ser noticia y de lo que debe ser importante para la discusión pública. “El modo de producción de la articulación es controlado por lo que se puede llamar ‘elites simbólicas’, tales como periodistas, escritores, artistas, directores, académicos y otros grupos que ejercen el poder con base en el ‘capital simbólico’”.[35] Así, a partir de minorías económicas es posible formar el discurso de la mayoría, que puede ser un discurso a favor de las libertades y de la democracia, pero, en realidad, perjudicial para ambas.

En el siglo XVIII, Mill ya alertaba sobre el peligro de la “tiranía de la mayoría”:

“[…] la protección contra la tiranía del magistrado no es suficiente; también existe la necesidad de protección contra la tiranía de las opiniones, contra la tendencia de la sociedad a imponer, por medios diversos que las penas civiles, sus propias ideas y prácticas como reglas de conducta para aquellos que no están de acuerdo; hay necesidad de impedir el desarrollo y, si es posible, la formación de cualquier individualidad que no esté en armonía con los modos de la sociedad, y obligar a todos a amoldarse en el modelo que esta quiera”.[36]

Por estas razones, no debe apartarse de plano la regulación y autorregulación económica de los medios de comunicación, sea en la perspectiva pública o privada, a fin de garantizar que la formación de la opinión pública pueda ocurrir con base en un pluralismo de ideas y no en la “dictadura” de un pensamiento único o dominante. En particular, el Estado debe crear y promover las condiciones y mecanismos, legales y administrativos, para que el proceso de formación y difusión de ideas sea lo más libre y democrático posible.

En efecto, aunque se promuevan medidas estatales de democratización de la información, solamente la concientización, sea del ciudadano, sea del informador, pueden llevar a la plena realización de este proceso.

  1. Conclusiones

La masificación de la información y la facilidad de acceso son características de los tiempos actuales. Este fenómeno es positivo en muchos aspectos, pues da la oportunidad para que la ciudadanía sea ejercida de forma más consciente. En general, cuanto mayor y más diversificado el universo de circulación de la información, mayores son las posibilidades de que los individuos reflexiones sobre los rumbos a ser tomados en su vida particular y en la sociedad. De ahí que la información tenga una relación simbiótica con la democracia. La participación popular presupone racionalidad.

El derecho o la libertad de información es un componente de la libertad de expresión, cuyo origen se remonta a las revoluciones del siglo XIX que se alzaron contra la tiranía del Estado absolutista. No se trata, sin embargo, de sinónimos. Libertad de expresión en sentido estricto es un derecho de exteriorizar opiniones, mientras que libertad de información está compuesta por el derecho de informar, de informarse y de ser informado. Solo de la última se exige la verdad como requisito.

La libertad de informar debe ser ejercida con responsabilidad, pues, como derecho fundamental, no es absoluto, sino limitado por el propio sistema legal. La orientación que prepondera en la jurisprudencia del STF es conferir una preferencia a la libertad de expresión y al derecho de información en la mayoría de los casos en que esos derechos entren en conflicto con otros, como intimidad y vida privada, por ejemplo. El tribunal prefiere un sistema de represión posterior, con la utilización de instrumentos como el derecho a réplica y la indemnización, en lugar de una represión previa, que podría considerarse una censura.

La constatación de que el poder no es un fenómeno solo político-estatal, sino también social -en el sentido de que es ejercido también por grupos privados poderosos- conduce a la conclusión de que el Estado no es el único enemigo de las libertades individual. De ello resultó el entendimiento y la práctica de que los derechos fundamentales no solo deben ser respetados por el Estado, sino también protegidos y promovidos por el Estado, resguardándolos de las interferencias indebidas de los poderes privados.

Así también es con la libertad de expresión y el derecho de información. Aunque ellos demanden cierto comportamiento negativo del ente estatal, hoy se admite que la efectividad de ellos depende también de un actuar de los gobiernos en el sentido de proteger esos derechos, sobre todo debido a la íntima relación de ellos con la democracia y la ciudadanía.

Por último, es importante destacar que solo la interferencia estatal no garantizará la realización de los objetivos del derecho de información. Es fundamental que todos los actores del proceso -ciudadano, informador y Estado- sean conscientes de su rol en la concreción de los valores democráticos agregados a la libertad de información. El Estado debe actuar por medio de las leyes y los actos administrativos, cuando sea necesario, y especialmente por medio de la garantía judicial del derecho de información. El informador debe guiarse por los valores de la veracidad, pluralidad y responsabilidad. El ciudadano debe ejercer la vigilancia crítica permanente en relación con la información recibida y exigir, individualmente y por medio de grupos organizados, política y jurídicamente, el acceso a la información veraz, diversificada y de calidad.

Nota: el presente texto fue traducido por Alexei Padilla. La versión original de este artículo fue publicado con el título “Direito de informação: dimensão coletiva da liberdade de expressão e democracia”, en la Revista Jurídica Cesumar, set./dez. 2016, v. 16, n. 3, p. 639-655. Doi: http://dx.doi.org/10.17765/2176-9184.2016v16n3p639-655.

 

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Notas al Pie:

[1] Según el art. 5º, XIV, “se garantiza a todos el acceso a la información y se resguarda la confidencialidad de la fuente, cuando sea necesario al ejercicio profesional”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acceso en: 31

jul. 2016.

[2] BARROSO, Luís Roberto. Colisão ente liberdade de expressão e direitos da personalidade. Critérios de ponderação. Interpretação constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei da Imprensa. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 235, jan./mar. 2004, p. 19.

[3] CHEQUER, Cláudio. A liberdade de expressão como direito fundamental preferencial prima facie: (análise crítica e proposta de revisão do padrão jurisprudencial brasileiro). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 12-17.

[4] ONU. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en: < http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>. Acceso en: 26/02/2018.

 

[5] OHCHR. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Disponible en: < http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>. Acceso en: 26/02/2018.

[6] RODRIGUES JUNIOR, Álvaro. Liberdade de expressão e liberdade de informação: limites e formas de controle. Curitiba: Juruá, 2009, p. 59

[7] FISS, Owen M. A ironia da liberdade de expressão: Estado, regulação e diversidade na esfera pública. Tradução e prefácio de Gustavo Binenbojm e Caio Mário da Silva Pereira Neto. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 29-30.

[8] CHEQUER, Cláudio. A liberdade de expressão como direito fundamental preferencial prima facie: (análise crítica e proposta de revisão do padrão jurisprudencial brasileiro). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 26.

[9] CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Direito de informação e liberdade de expressão. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 157.

[10] CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Direito de informação e liberdade de expressão. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 144.

[11] MENDEL, Toby. Liberdade de informação: um estudo de direito comparado. 2ª ed. Brasília: UNESCO, 2009, p. 162

[12] BATISTA, Carmem Lúcia. Informação pública: entre o acesso e a apropriação social. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 40.

[13] BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 31 jul. 2016.

[14] CHEQUER, Cláudio. A liberdade de expressão como direito fundamental preferencial prima facie: (análise crítica e proposta de revisão do padrão jurisprudencial brasileiro). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 52.

[15] BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Critérios de ponderação. Interpretação constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei da Imprensa. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 235, jan./mar. 2004, p. 23.

[16] CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Direito de informação e liberdade de expressão. Rio de
Janeiro: Renovar, 1999, p. 25.

[17] BRASIL. Decreto n. 592, de 06 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos. Promulgação. Disponible e: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.
htm>. Acceso e: 31 jul. 2016.

[18] FERRAZ, Sérgio Valladão. Restrições às restrições à liberdade de expressão. In: VITORELLI, Edilson (Org.). Temas atuais do Ministério Público Federal. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodvm, 2015, p. 125.

[19] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 31 jul. 2016.

[20] TOLLER, Fernando M. O formalismo na liberdade de expressão. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 23.

[21]RODRIGUES JUNIOR, Álvaro. Liberdade de expressão e liberdade de informação: limites e formas de controle. Curitiba: Juruá, 2009, p. 122.

[22] BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.815. Relatora Ministra
Cármem Lúcia, julgamento em 10/06/2015. Disponible en: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=TP&docID=10162709>. Acceso em: 31 jul. 2016. El STF juzgó procedente la acción para permitir la divulgación de biografías no autorizadas, dando una interpretación de los artículos 20 y 21 del Código Civil, conforme a la Constitución y en consonancia con la libertad de expresión de la actividad intelectual.

[23] BRASIL. Lei n. 5.250, de 09 de fevereiro de 1967. Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L5250compilado.htm>. Acceso en: 31 jul. 2016.

[24] Aquí, no se discute sobre la corrección del uso del principio de proporcionalidad por el STF en la ADPF 130 y en la ADI 4.815. Se entiende que sería un desvío del objetivo enunciado en la introducción. Un análisis de la corrección del uso implicaría una discusión sobre la naturaleza estructural y normativa del principio de proporcionalidad y un examen minucioso de la forma de aplicar el principio de proporcionalidad en cada voto en el que este ha sido invocado e incluso en aquellos votos que, aunque sin referencia expresa a él, se argumentó según la idea o noción de proporcionalidad. La realización de esta tarea abriría un nuevo objeto de análisis y discusión dentro del artículo.

[25] RAWLS, John. Conferência VI: A ideia de razão pública. In: RAWLS, John. Liberalismo Político. São Paulo: Atlas, 1993, p. 261-262.

[26] CHEQUER, Cláudio. A liberdade de expressão como direito fundamental preferencial prima facie: (análise
crítica e proposta de revisão do padrão jurisprudencial brasileiro). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 39.

[27] MENDEL, Toby. Liberdade de informação: um estudo de direito comparado. 2. ed. Brasília: UNESCO, 2009,
p. 99. Como se informa en su propio sitio, Artículo 19 “[…] es una organización no gubernamental de derechos humanos nacida en 1987, en Londres con la misión de defender y promover el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información en todo el mundo. Su nombre tiene su origen en el 19º artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU”. Artículo 19 está en Brasil desde 2007. Ver: <http://artigo19.org/a-
-organizacao/>. Acceso e: 20 abr. 2016.

[28] CHEQUER, Cláudio. A liberdade de expressão como direito fundamental preferencial prima facie: (análise
crítica e proposta de revisão do padrão jurisprudencial brasileiro). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 58.

[29] CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Direito de informação e liberdade de expressão. Rio de
Janeiro: Renovar, 1999, p. 18-19.

[30] STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2004, p.
84-85.

[31] BAUMAN, Zygmunt. Liberdade. Santo André: Academia Cristã, 2014.

[32] FISS, Owen M. A ironia da liberdade de expressão: Estado, regulação e diversidade na esfera pública. Tradução
e prefácio de Gustavo Binenbojm e Caio Mário da Silva Pereira Neto. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 46-49.

[33] DIJK, Teun A. van. Discurso e poder. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2015, p. 23.

[34] SARMENTO, Daniel. Liberdade de expressão, pluralismo e o papel promocional do Estado. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, n. 16, maio/ago. 2007, p. 2. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br/pdf_seguro/
LIBERDADE_DE_EXPRESS_O__PLURALISMO_E_O_PAPEL_PROMOCIONAL_DO_ESTADO.pdf >. Acesso
em: 07 set. 2015.

[35] DIJK, op cit., 2015, p. 17.

[36] MILL, John Stuart. Sobre a liberdade. Tradução de Ari R. Tank Brito. São Paulo: Hedra, 2011, p. 42.

Sobre los autores
Sabrina Favero 1 Artículo escrito
Es Máster en Derecho por la Universidad del Oeste de Santa Catarina (UNOESC); Servidora Pública del Tribunal de Justicia del Estado de Santa Catarina, Docente de la Fundación Universidad del Contestado, Campus de Concordia (SC), Brasil.
Wilson Antônio Steinmetz 1 Artículo escrito
Es Doctor en Derecho por la Universidad Federal de Paraná (UFPR); Docente del Programa de Postgrado en Derecho de la Universidad de Caxias do Sul y del Programa de Postgrado en Derecho de la Universidad del Oeste de Santa Catarina (UNOESC), Brasil. ...
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