Desarrollo, justicia y cambios sociales en Cuba: perspectivas y urgencias

Desarrollo. El término captura la atención de varias decenas de personas, reunidas en la víspera de iniciarse en Nueva York uno de los eventos académicos más suculentos del continente, el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). ¿Puede la Isla aspirar a ser un país desarrollado en 2030? El concepto de desarrollo, que no aparece expuesto como tal en los Lineamientos, tampoco satura las intervenciones de los panelistas: como la propia política en Cuba, deberá ser leído entre líneas, interpelado, desmembrado y vuelto a componer según la caja de herramientas de cada quien.

El pasado 26 de mayo, en la sede de la Open Society Fundation, las voces convocadas por el laboratorio de ideas Cuba Posible (CP) y Washington Office on Latin America (WOLA) resultaron muy diversas, como diversas pueden ser las patrias imaginadas y sus urgencias. Pero dos puntos tenían en común: primero, la prevención por un concepto que, para algunos, incluso sentados en los paneles, no ha tenido dentro de la Isla la atención ni la textura que mereciera; y por otro, la sensación de que algunos ejes, numerables, sí atraviesan y median cualquier discusión sobre el desarrollo en Cuba. Ejes que no se entienden sino en cadena, como en un gran dominó. Llamémosles fichas.



La economía

“Para saber si en 2030 Cuba podrá ser un país desarrollado, hay que saber qué tenemos en 2016”, abre Omar Everleny, economista, investigador y profesor cubano. Ese es, entonces, un punto de partida hacia cualquier análisis serio sobre las prospectivas del país.
 
Pero las concepciones sobre lo que, en términos económicos, el país es y debe ser, resulta espacio de discrepancia: “No conozco una sola decisión del gobierno cubano en la cual un grupo de economistas hayan dicho cómo hacer las cosas y que el gobierno las haya implementado directamente”, dice Arturo López-Levy, politólogo cubano, con lo que pone en la palestra la existencia de lógicas políticas en las reformas en Cuba diferentes a las consideradas como “economicistas”.

Lista la mesa. Durante todo el día, las intervenciones vendrían a mirar el desarrollo, o las “aspiraciones” de desarrollo, desde los ángulos de la economía y la política. Mirando a una y otra, emergió riqueza en los análisis.

Everleny apuntaba a una realidad que para él es “innegable”: Cuba está cambiando; la pregunta es si al ritmo y la necesidad necesarios. “Y el resultado es que en los últimos años la economía crece, pero a tasas muy bajas: apenas un 2,4 por ciento desde 2008. Es un crecimiento muy bajo para un país que quiere transformarse”. La idea la completó el también economista cubano Pavel Vidal, quien llamó la atención sobre que una simple mirada a las potencialidades de desarrollo en el país muestra que “Cuba no tiene recursos naturales, ni crecimiento de población… Sus mayores posibilidades estarían en la calidad de fuerza de trabajo, educación”; sin embargo, agregó Vidal, en la reforma, lo que va más rápido es la agricultura y la pequeña empresa de bajo valor agregado”. Entonces, se presenta una disonancia entre las potencialidades del país y, al menos, una parte de la lógica de las reformas.

Para el empresario cubanoamericano Carlos Saladrigas, esa “primera ventaja”, la “capacidad emprendedora y el talento” de las cubanas y los cubanos, es un potencial económico amarrado: “liberar ese talento”, dice, es la primera “respuesta obvia” al problema del crecimiento de la economía; la segunda, “repatriar” la “experiencia, el conocimiento y el gran amor por Cuba” del empresariado en la diáspora. Todo ello, como una manera de “echarle agua al fuego, porque la casa arde”. Saladrigas defendió que “el primer debate no es el de la desigualdad, sino cómo creamos riqueza, cómo reactivamos la economía cubana en un ambiente extremadamente competitivo”. “Tenemos que resolver el problema de mañana, no de 2030”, cuestionó.

Esa “dosis de realismo” -como la llamó Saladrigas- sería discutida por otros panelistas y por el público. Carmelo Mesa-Lago, académico cubano, se pronunció en desacuerdo con que primero haya que resolver el tema económico y luego discutir el tema social. El especialista no cree que la “teoría del goteo” vaya a funcionar en Cuba ni que las cuestiones sociales encuentren solución confiando solo en el crecimiento, pues “tiene que haber un programa paralelo de distribución”. Rafael Hernández, politólogo y director de la revista cubana Temas, señaló que “el discurso de ´soy el bombero que viene a apagar el fuego’ o el discurso de ´soy el salvador nacional´, no me ayuda a luchar contra el recelo que existe respecto a la diáspora cubana”. Sobre la segunda solución propuesta por Saladrigas, el analista político Domingo Amuchástegui acota que, en el diálogo con la emigración, el potencial de ese empresariado cubano en los Estados Unidos tiende a estar “exagerado y sobredimensionado”: “La influencia política de esta comunidad se agota en la medida en que las cosas vayan normalizándose”.


 
Justicia social

Estos últimos temas irían tomando cuerpo en los paneles como un debate central en la articulación de un nuevo consenso social en la Isla: ese que habrá de sostener cualquier diseño de futuro, sobre bases democráticas. El envejecimiento poblacional, las estructuras y cultura patriarcales, las relaciones interraciales, las brechas de equidad territoriales y generacionales, los diferentes niveles de acceso a bienes y servicios, estuvieron también sobre la mesa.
 
“El sector productivo se va encogiendo”, apunta Mesa-Lago, y explica que por cada 2 cubanos en activo hay 1 jubilado. Pero “pero pronto será 1 a 1”. Hasta hoy, el Estado es el principal contribuyente a ese sector del sistema de pensiones. Eugenio Balari, profesor cubano en la Universidad de Mérida, asegura que “si algo ha caracterizado el proceso de la Revolución cubana ha sido la amplia y profunda política social, que ha logrado mantener a pesar de pasar por épocas muy críticas, como en las últimas dos décadas”. “Es un mérito indiscutible”, asegura. La pregunta, ahora, es quién define, y cómo, los niveles de bienestar que debe tener la sociedad cubana; cómo se configura un programa paralelo a las reformas, en el que la riqueza sea distribuida según el nuevo modelo de gestión de la economía; cómo esos conflictos, que se expresan y reproducen en todos los espacios de lo político, pueden encontrar también una gestión coherente en los marcos de la propia política.

Desde una perspectiva similar a la de Balari, de “obtener crecimientos económicos con favorables efectos sociales”, el profesor universitario Narciso Cobo abundó en las condiciones necesarias para sostener el “trabajo decente”, al tiempo que recordó la ausencia en la Isla de “trabajo inadmisible” (como trabajo de menores y forzoso). El jurista insistió en la importancia de otorgarle mayor visibilidad a cuestiones como el entorno ambiental del trabajo, el trabajo y la vida familiar, la protección del trabajo y la protección social. El académico precisó que, en su función de empleador, el Estado cubano ha reducido hoy su peso al 71% del empleo, pero argumentó que la función estatal de regulación debe ser central para crear y sostener un tipo de empleo a la vez productivo y respetuoso de los derechos de los trabajadores, como la seguridad del empleo, la participación en la esfera laboral y la democracia dentro de la empresa.

Katrin Hansing, académica de la Universidad de la Ciudad de Nueva York atrajo la mirada sobre las desigualdades raciales y los impactos de la reforma económica en Cuba. La profesora recordó primero palabras de Vidal: la reforma ha impulsado la pequeña empresa de bajo valor agregado. Las licencias para “paladares”, cafeterías, peluquerías, casas de renta, son las más numerosas. Pero “la alta concentración de población negra en zonas y viviendas sobrepobladas”, explica Hansing, limita, entre otros elementos, que estas personas puedan abrir un negocio como esos. Ella hace notar que, también, la mayoría de esos emprendimientos se inician con capital proveniente de la diáspora, y que la gran mayoría de los cubanos que se han ido del país son fenotípicamente blancos: “por tanto, la mayoría de las remesas van a la población blanca en la Isla”.
 
“Es necesario atender las vulnerabilidades para formular políticas públicas; pero primero, reconocer el problema”, cierra, y recomienda la exigencia a todos los involucrados en las dinámicas económicas emergentes de seguir criterios de contratación de la fuerza laboral para que “una mayor diversidad de cubanos tenga acceso a oportunidades laborales”.

Mostrando su acuerdo en que “crear nuevos empleos, que sirvan, debe ser una responsabilidad no solo del Estado”, Pedro Monreal, economista cubano, advierte en los últimos meses un giro positivo en la manera en que el gobierno cubano asume públicamente el tema. Para él, se ha ido colocando en el discurso un mayor énfasis en “la siguiente lógica: el crecimiento solo no basta, hay que introducir elementos que tienen que ver con inclusión y equidad”. Y considera que ese giro pudiera estar respondiendo “a una presión política desde abajo”. “La razón por la cual no se plantea el crecimiento en sí mismo como una supermeta económica tiene una base política interna sólida”; agrega.

Espesor democrático

El propio Monreal lanza al debate el tema del empoderamiento ciudadano como dimensión esencial para el desarrollo. Esto, “si se entiende el empoderamiento como proceso mediante el cual un grupo de personas o comunidades que no tienen poder, acceden a una capacidad de imaginar un futuro distinto del que tienen y a una capacidad para actuar y modificar su presente”.

Una sociedad civil activa y que dispute la concentración del poder económico, conectado a la política, es para Monreal, “un fin y un medio para el desarrollo”, aunque no la crea “suficiente” para viabilizar un diseño pues el Estado debe desempeñar una función crucial en el proceso de desarrollo.

Algunos de estos términos, en Cuba, son “conflictivos por su historia política”, apunta Julio César Guanche, jurista e historiador cubano. Empoderamiento, derechos humanos, sociedad civil, plantean tensiones de sentido que se agudizan cuando se maneja la apertura de espacios a actores no estatales. Para Guanche, “las esferas de actuación de la sociedad, desde sí misma, deben ser protegidas y promovidas, pues el Estado no puede hablar por todo lo social, ni la economía puede programar desde su propia lógica los espacios sociales”, de modo que también en el acceso a esa sociedad civil habría que visibilizar las desigualdades y recuperar las mismas preguntas que han sido lanzadas en este debate en relación con las reformas: ¿quién se beneficia?, ¿quién queda por fuera?, ¿cómo se redistribuye poder?

Algunos “planos teóricos no muy discutidos en Cuba”, dice el jurista, son “útiles” porque colocan la discusión de la sociedad civil por fuera de su interpretación solo como “oposición” y muestran cómo “sinergias” de relaciones entre estado, economía y sociedad, “que confíen también en la participación social como un valor en sí mismo”, resultan claves para el éxito de políticas económicas con justicia social. “Es importante el despliegue de dinámicas entre sociedad civil y Estado en Cuba con mayores planos de institucionalización de la participación y la cooperación entre actores sociales entre sí, y entre estos y el Estado, lo que no suprime la presencia del conflicto en tales relaciones, pues el conflicto es una noción siempre consustancial a la política”, asegura Guanche.

 Desde el público, no obstante, una pregunta hace pensar en las bases de esa construcción: ¿Tenemos una cultura democrática?
 
¿Que supondría tener una cultura democrática?, responde Ailynn Torres, académica cubana. Supondría, dice, contar con espacios para procesar diferencias; que la agenda social construida “desde abajo” se formule como demandas políticas y que ellas tengan capacidad de incidencia; que todos los actores estén en igualdad de condiciones para participar del espacio público y, sobre todo, que se considere la desigualdad real a la hora de diseñar y actuar en los espacios públicos. Según la profesora, esto “requiere que los diferentes actores reconozcan la existencia de esa desigualdad para procesarla políticamente”. Los elementos que conforman esos “requisitos” para pensar en una cultura democrática -no solo en Cuba, sino en cualquier contexto- se evidencian en la sociedad cubana contemporánea, pues “existe una sociedad dinámica, que ha revelado contenidos que años atrás eran aparentemente invisibles y que ahora son de interés político”. Pero para pensar Cuba en términos de una cultura política democrática -sus realidades, sus desafíos, y sus obstáculos- “debemos poner el asunto en términos de corresponsabilidad: el empeño requiere imaginarse y pensarse desde las organizaciones sociales, desde el Estado, desde la ciudadanía en general, desde las organizaciones políticas, desde la familia, desde la sociedad civil, etc.”, insiste.

Socialización

Iniciativas de reconstrucción de política; contenidos emergentes; responsabilidad social sobre la construcción de una cultura democrática. La discusión sobre si podríamos o no aspirar a ser un país desarrollado para 2030 va conduciendo a una ficha aparentemente tangencial, pero que debería ser el sustrato de cualquier opinión que ha estado ya sobre la mesa: “el recurso información”.

“La certeza de la incertidumbre ha sido”, dice Milena Recio, “el marco común de todas las intervenciones”. Para ella, la lectura entre líneas, la ausencia de datos y de una prensa vigilante de las relaciones de poder, son recursos que escasean tanto para el ejercicio de las ciencias sociales como para los operadores políticos. La “información es básica para los contornos de un desarrollo posible a mediano plazo”, apunta la periodista e investigadora cubana.

No es casual, entonces, que tres iniciativas o esferas hayan tenido un notable impacto en los últimos años: la blogosfera, el llamado “paquete semanal” y el acceso a una conectividad fragmentada. Según Recio, “esa blogosfera pequeña, politizada, polarizada, relacionada con la diáspora, es un producto sustituto de una situación anómala, que es la desconexión y una conectividad que aún no despega y que sigue siendo definida por una política sin claros presupuestos”. Pero, sobre todo, se trata de una zona con capacidad para poner en la mesa asuntos de debate público, hacer que fructifiquen y sean suficientemente vigorosos.

Como quien cierra la cadena del dominó, abierta con la ficha de la economía, Recio destaca que el fenómeno del paquete deja ver una “capacidad bastante nueva para gestionar per se un valor: esto tiene una dimensión económica interesante, que se encadena con otros procesos del mercado informal en Cuba y que es fundamental para expresar la autonomía de la sociedad para gestionar problemas muy suyos”.

Hay que entender que “los cambios en Cuba son un paquete, un cambio de modelo social”, había dicho Monreal, lo que “para un economista es una posición bastante sociológica”, bromeaba. Al cierre de la tarde, había quedado en común, entre tantas posturas, que el proceso de reforma en Cuba es un caldo de cultivo para diversidades, disonancias, asimetrías; pero, y quizás justamente por eso, también un marco que podría habilitar nuevas transformaciones y construcciones democráticas. Ninguna ficha había sido suficiente por sí sola. Ninguna voz. Para entender el futuro de Cuba, al dominó de temas, perspectivas y urgencias, hubo que darle tonos y agua.

(Nota: Otros detalles sobre este evento seguirán llegando en los próximos días desde CP)

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