Desarrollo progresivo de los derechos humanos y renovación constitucional en Cuba





Los derechos humanos, en el caso cubano, merecen cuando menos una lectura diferenciada. Por un lado, son incuestionables los avances en 55 años de Revolución, en materia de derechos sociales y culturales (basta ver el lugar que ha venido ocupando nuestro país en el Índice de Desarrollo Humano, los reconocimientos de la UNICEF y la UNESCO, por el nivel alcanzado en los derechos de la niñez y  la educación en Cuba), al mismo tiempo, hemos sido objeto de “ataques” en diferentes foros internacionales que han puesto sus miras en las limitaciones que tienen algunos derechos, en particular los civiles y políticos, y las llamadas libertades individuales. También, los derechos humanos por sí mismos están sujetos a valoraciones encontradas, que pueden, incluso, llegar a tener “doble rasero” (por ejemplo, México no sufrió condena alguna de la Corte Interamericana, a pesar de llegar a conmover al mundo con el asesinato y desaparición de los normalistas en Ayotzinapa, lo que podría ser valorado como expresión de un narco-terrorismo de Estado, que no ha tenido su única expresión en este lamentable evento). A partir de estas premisas, una opción sería evitar valoraciones comparativas, y en su lugar, entablar como nación un fuerte compromiso con el desarrollo progresivo de los derechos humanos, sin temor a llamarle por su nombre, y que parta de las ideas más nobles que inspiran nuestra existencia política y cívica, dentro de las que juega un papel importante el pensamiento martiano.

El carácter interdependiente de los derechos humanos obliga a concebirlos y valorarlos como un sistema. La relación que se establece entre los diferentes tipos de derechos exige del Estado un desarrollo progresivo e integral de todos, sin importar “generaciones de derechos” −aun cuando los derechos de primera generación han sido excluidos de una valoración de progresividad por su discutible carácter absoluto−, costo económico que implique garantizarlos, ni tan siquiera “dividendos políticos”. Este último aspecto en Cuba ha hecho inclinar la balanza a favor de los derechos socio-culturales, si se sopesan con los derechos civiles y políticos. El principio de progresividad se constituye en referente para la realización del Estado constitucional, social y democrático –aquí «realización» es entendida como la constante búsqueda para alcanzar la aspiración que se tiene de algo. Por lo tanto, el principio se convierte en un mandato de progresividad al Estado, dirigido especialmente al legislador y a los jueces, y supone la necesidad de un crecimiento cuantitativo y cualitativo de los derechos humanos (Guanche-Fdez. Estrada), o sea, su optimización verificable. Lo primero acarrearía la regulación de nuevos derechos, lo segundo, la mejoría de los regulados (mayor taxatividad, en lo que respecta a su alcance y contenido, basta comparar las formulaciones normativas de algunos derechos, a partir del neo-constitucionalismo europeo de postguerra, respecto a la que se hacía del mismo derecho anteriormente), el reforzamiento de los mecanismos de defensa y la previsión de garantías jurídicas, en especial las procesales, o sea, aquellas que impliquen la judicialización del Derecho y la posibilidad de su defensa por parte del ciudadano ante un órgano imparcial.    

En virtud del principio de progresividad, cualquier examen crítico de los derechos humanos en Cuba es tan necesario como justificado. En diversos trabajos se ha hecho una valoración crítica de la regulación de los derechos humanos, vale destacar los aportes que a esta cuestión han realizado, desde Cuba, Prieto Valdés, Cutié Mustelier, Méndez López, Villabella Armengol; más reciente, Julio César Guanche, Fernández Estrada, Michel Fernández, Maximiliano Trujillo, Rafael Morales y Rodrigo Espina, entre otros. Pero si bien partiré de sistematizar algunas de estas limitaciones, mi objetivo es invitar a la reflexión sobre lo que a mi entender constituyen los principales nudos gordianos a desatar, de los cuales se derivan algunas de estas limitaciones que hoy se ponen en evidencia en la regulación de los derechos humanos en Cuba y sus garantías.

Un rápido inventario de las limitaciones de los derechos humanos en Cuba arrojaría, sin ánimo de agotarlas, la siguiente relación: 1- débiles mecanismos de defensa que se ponen de manifiesto en la falta de procesos que coadyuven a garantizarlos, como el extendido recurso de amparo, o la acción de inconstitucionalidad, por mencionar dos ejemplos; así como poca efectividad de la Fiscalía General de la República, en el restablecimiento de la legalidad en los casos de vulneración de derechos, en particular cuando es a causa de un conflicto entre un particular y la administración pública; 2- falta de ley de desarrollo de cuestiones tan importantes relacionadas con los derechos humanos como lo son las leyes que regularán las libertades de palabra y prensa (artículo 53), la relación del Estado con las instituciones religiosas (art. 55) o los límites que tendrán los derechos durante las situaciones excepcionales (art. 67); 3- deficiente formulación normativa de algunos derechos humanos, porque fueron concebidos no por su extensión y contenido –lo que desde hace un tiempo constituye una tendencia− sino en forma de garantía (véanse, el “controvertido” derecho a la propiedad personal, art. 21 o el mismo derecho a la educación, art. 39), también porque técnicamente suponen limitaciones (ejemplos, el derecho a la defensa circunscrito al ámbito penal y con exclusión de la fase preparatoria); 4- no constitucionalización de algunos derechos que encuentran protección en leyes de menor jerarquía, como son los derechos a la vida y al honor, protegidos en el Código penal, a la libre circulación y a emigrar, regulados en el Código Penal y en la Ley de Migración de 1976, recién reformada; 5- no constitucionalización de algunos derechos y garantías que no encuentran protección en el ordenamiento jurídico, de los cuales existe consenso internacional sobre la necesidad de su regulación, protección y defensa, me refiero al derecho a la información y a otras garantías procesales, además de las mencionadas al inicio de esta parte; 6- falta de complementos procesales para algunas garantías como la que establece el artículo 63 de nuestra Constitución, por el cual los ciudadanos pueden dirigir quejas y peticiones a las autoridades competentes; 7- ausencia de una actividad interpretativa por parte del Consejo de Estado, que permita lecturas actualizadas del contenido de los derechos, como podría ser para el derecho a la defensa del artículo 59, donde se establece que “Todo acusado tiene derecho a la defensa”, lo cual ha servido como uno de los fundamentos para que en las reformas de la ley procesal penal no se extienda la defensa a la fase preliminar o investigativa, al margen que se imponga o no medida cautelar.

Si bien superar esas limitaciones constituyen una exigencia, también lo es desatar los siguientes nudos gordianos que a mi entender guardan relación con la concepción general de los derechos humanos y/o repercuten en su efectividad. El primero es que todavía la regulación de los derechos humanos en Cuba parte de la concepción socialista de “Estado de todo el pueblo”, la que es incapaz por su propia esencia totalizadora de la subjetividad social, de prever soluciones a los conflictos antagónicos que se generen entre el individuo y el Estado. Cuando el socialismo no cumple con su acometido fundamental de emancipación del hombre, significa que en la sociedad perviven, se regeneran y surgen determinados conflictos que antepone al Estado o a sus representaciones orgánicas frente al individuo-ciudadano o al grupo-minoría. Ni la Constitución cubana de 1976, ni sus reformas de 1992 y del 2002, han regulado los derechos ante el poder. El artículo 68 constitucional al establecer que: «Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible», no se erige solo como una garantía genérica en sí (Guanche-Fernández Estrada, 2013), sino también como un límite difuso de carácter teleológico, que sirve de colofón normativo a la concepción del “Estado de todo el pueblo”.

El segundo nudo gordiano es la insuficiente normatividad de nuestra Constitución. La Constitución no es referencia normativa, ni norma de acompañamiento (Prieto Valdés); como norma jurídica al fin es autoaplicable, sobre todo si faltan leyes que la desarrollen. El tercero de estos nudos es el abandono de la reserva legal como garantía en sí. Los derechos humanos, por su significado y trascendencia para el individuo, tienen que ser desarrollados en una ley, y no a través de normas de menor jerarquía, que resulten de órganos con una legitimidad indirecta o de segundo grado, como lo ha sido el Consejo de Estado. El cuarto nudo guarda relación con el normativismo, que se profesa  −incluso pretendiendo no serlo−, desde nuestras facultades de Derecho, que en muchas ocasiones se internaliza en el ejercicio de nuestra profesión y que termina repercutiendo en la realización de los derechos humanos, en especial en sede judicial. En materia de derechos humanos en Cuba se hace necesario “principalizar” las normas, o sea, explotar más el sentido axiológico de nuestro ordenamiento, donde la dignidad juega un papel matricial, y donde el pensamiento martiano, reconocido en nuestra Constitución, ante vacíos, puede brindar luces en la búsqueda de soluciones desde la integración. Por último, y para terminar, se hace necesario desatar el último de los nudos gordianos: que significará desarrollar una capacidad de diálogo −que no significa sometimiento− a nivel internacional, a partir de traer a nuestro ordenamiento jurídico los instrumentos internacionales, en especial, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y sus protocolos facultativos; se hace necesario en un futuro, una fórmula normativa que conecte nuestro ordenamiento jurídico con los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos que sean firmados y ratificados.

 


Sobre los autores
(Teodoro) Yan Guzmán Hernández 1 Artículo escrito
(La Habana, 1978). Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana. Profesor de Derecho Constitucional y Teoría del Derecho. Es autor de “El procedimiento de reforma, la participación popular y las reformas de la Constitución en Cuba (1959...
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