Desigualdad en Cuba: ¿combatiendo la riqueza o la pobreza?

Foto: Gerry Balding/ (CC BY-NC-ND 2.0)

Reducir la desigualdad en Cuba requiere medidas de diverso tipo, pero no todas tienen la misma prioridad, ni similar urgencia. Contrario a lo que muchas veces parece asumirse en el debate nacional, reducir la desigualdad en Cuba no consiste, fundamentalmente, en comprimir la riqueza de quienes la tienen, sino en resolver la pobreza de quienes la padecen.

Para que no haya equívocos, no me parece éticamente apropiado que existan en el país personas y grupos sociales con niveles de ingreso y de riqueza 30 veces, o más, superiores al de muchos ciudadanos que son personas calificadas, decentes y trabajadoras; pero el imperativo ético que debe ser priorizado y las acciones de política para respaldarlo deben ser colocados en erradicar las causas de la pobreza y no tanto en aminorar la creación de riqueza que se produce dentro de la ley.

Establecer mecanismos de redistribución acreditados –como los impuestos- que permitan hacer transferencias de unos grupos a otros debe ser, sin duda, parte de las políticas nacionales para alcanzar una sociedad más equitativa. Es un componente para evitar altos niveles de concentración de los ingresos y de la riqueza, pero la prioridad debe colocarse en políticas que favorezcan incrementar el ingreso de quienes hoy son pobres.

La desigualdad siempre es un concepto relativo. En lo económico, se refiere a la diferencia en los niveles de vida entre personas y grupos, como resultado de procesos de distribución de ingresos y de riqueza.

En el mediano y largo plazos, la desigualdad económica pudiera expresarse como desigualdad social –por ejemplo, la re-estratificación social- y también como desigualdad política, por ejemplo, el desencanto de sectores sociales con la política y el resultante vacío participativo que no queda “desocupado”, sino que pudiera beneficiar a otros grupos sociales.

En la práctica, desigualdad y pobreza tienden a existir simultáneamente y están relacionadas entre sí, aunque se trata de dos conceptos distintos. No siempre ocurre de esa manera pues hay países donde existen niveles relativamente altos de desigualdad, pero la pobreza extendida no es significativa. Sin embargo, este no parece ser el caso de Cuba.

La existencia de bienes y servicios públicos de acceso universal (como la salud y la educación) han desempeñado un papel importante en evitar niveles masivos de pobreza y un crecimiento aun mayor de la desigualdad, pero mantener e incluso mejorar esos bienes y servicios públicos no va a reducir, por sí solo, la pobreza y la desigualdad en Cuba.

A pesar de la ausencia de datos oficiales actualizados sobre desigualdad y pobreza  -la última valoración del índice de Gini fue de 0,407 hace casi 20 años atrás y el nivel de pobreza estimado por especialistas es de aproximadamente el 25 por ciento de la población-,  Cuba parece encontrase en una situación donde la reducción de la pobreza y de la desigualdad deben ir de la mano.

Expresado en otros términos: existe pobreza porque determinados grupos sociales han sido colocados en una situación permanente de desigualdad que les impide superar la pobreza. Por esa razón, tratar de reducir la pobreza dependería de la modificación de la condición de desigualdad en la que viven esos grupos sociales.

En un país donde la mayoría de quienes reciben un ingreso son trabajadores asalariados, las causas de la pobreza y de la desigualdad deben ser buscadas en el mercado laboral. Es, esencialmente, un problema de bajos salarios. Dado el peso mayoritario que tiene el sector estatal en el empleo asalariado, es plausible asumir que los bajos salarios estatales parecen ser una causa central de los niveles de desigualdad y de pobreza.

Aunque las llamadas “líneas de pobreza” son una medición insuficiente y controvertida del nivel de pobreza de un país, es, de todas maneras, un dato que hay que tener en consideración. No existe un cálculo oficial de la “canasta básica” en Cuba, pero existen economistas cubanos que han realizado estudios de terreno, que aportan evidencia que, aunque obviamente no puede ser asumida como un reflejo estadístico preciso de la media nacional, permiten tener datos concretos para hacerse una representación de la desigualdad y de la pobreza.

Ese es el caso del estudio realizado en 2015 por la Dra. Blanca Munster basado en una muestra de hogares del Consejo Popular Santa Fe.  En ese estudio, el 96 por ciento de los hogares registraron ingresos per cápita iguales o menores de 420 pesos, en tanto el gasto mensual declarado por cada familia era de 1,955 pesos, de los cuales 1,710 pesos fueron gastos de alimentación.

El dato que debe ser retenido es que se necesitaban cuatro fuentes de ingreso promedio per cápita por cada núcleo familiar, simplemente para comer. Expresado de otra manera: el ingreso per cápita apenas cubría la cuarta parte de los gastos en alimentación de una familia.

Nótese que este tipo de estudios concretos ilustra una realidad que es mucho más compleja que la ilusión que pudieran ofrecer cifras como el salario estatal medio mensual que ha crecido en los últimos años, alcanzando un nivel de 687 pesos en 2015.

Hay un punto importante que debería ser entendido: reducir la pobreza y la desigualdad en Cuba no pasa, esencialmente, por medidas de redistribución social sino por transformar la esfera productiva, especialmente en lo relativo a la distribución primaria del ingreso. Resolver el problema en el sector estatal debería ser una prioridad y una urgencia.

Seguramente pudiera argumentarse que el sector estatal no puede pagar salarios más altos porque debe evitarse una potencial situación inflacionaria que acarrearía más pobreza y más desigualdad. Este es un argumento válido, pero no estoy abordando ahora las disfuncionalidades de una empresa estatal que ni siquiera es capaz de retribuirles a sus empleados el valor del “producto necesario” (valor producido por el trabajador para cubrir sus necesidades).

Estoy discutiendo ahora las causas de la pobreza y de la desigualdad, y la función que desempeña en ambos procesos la existencia de salarios muy bajos. Son discusiones que deben hacerse de manera integrada, pero lo que afirmo es que la pregunta “¿por qué hay pobreza en Cuba?”, tiene una respuesta directa en los bajos salarios y en ingresos asociados, como las jubilaciones.

Es importante entender cómo funciona la pobreza y la desigualdad. Claire Melamed, especialista de OXFAM, ha anotado una cuestión que me parece conveniente adoptar como marco general para abordar temas de desigualdad y de pobreza en Cuba: “Existen dos maneras muy diferentes de pensar en la desigualdad. La primera se enfoca en el rico. La segunda se enfoca en el pobre. La primera es sobre la que más escuchamos hablar. La segunda es la que verdaderamente importa”.

¿Por qué debería importarle –exactamente- a un obrero cubano que unos pocos “ricos” tuviesen más ingresos que muchos trabajadores “pobres”? (una respuesta como esa no es obvia, hay que explicarla);

¿Es que si esos “ricos” fueran despojados de su riqueza, mejoraría realmente ello la situación del trabajador “pobre”? (la redistribución pudiera ser parte de la solución, pero el problema es mucho más complejo)

De nuevo, expreso mi rechazo ético a la concentración de ingresos y riqueza en manos de unos pocos. Simplemente trato de llamar la atención sobre preguntas que me parecen de sentido común.

Resumiendo:

– La reducción de la desigualdad y la pobreza demandan la existencia de empresas –de cualquier tipo de propiedad- que sean capaces de sostener un mercado laboral con un salario medio que tenga, al menos, un nivel de entre tres y cuatro veces el actual, es decir, en el rango de 2,100 a 2,800 pesos mensuales. Crecer económicamente con equidad exige, en Cuba, contar con entidades productivas vigorosas y unidades presupuestadas eficientes que paguen buenos salarios.

– Un objetivo de política económica de esa magnitud probablemente exigiría una transformación más radical y más acelerada que la que parece haberse sugerido oficialmente hasta ahora. La reforma de la empresa estatal y la creación de un marco adecuado para la empresa privada nacional deberían ser dos áreas cruciales, y simultáneamente priorizadas, de la reforma económica. Creo que esta es una percepción compartida; lo interesante es la parsimonia con la que sigue discutiéndose sobre la posibilidad de una nueva ley de empresas y la inacción que se observa respecto a algo que ya ha sido políticamente admitido como política de Estado: la legalización y regulación adecuada de la empresa privada nacional.