Domingo Amuchástegui: mis tres propuestas para la nueva Constitución de la República de Cuba

PROPUESTA #1: RESTRUCTURACION DEL ESTADO CUBANO, DE SUS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, Y DEL PAPEL DEL PARTIDO COMUNISTA.

ARGUMENTOS A FAVOR: 

La existencia en la actualidad de un Estado e instituciones de gobierno sobredimensionados en componentes; en número de cargos; en atribuciones (que se entrecruzan, duplican o triplican); en la superposición de niveles de decisión que traban, demoran, entorpecen, encarecen y perjudican la agilidad y rápida tramitación que debe distinguir a cualquier proceso eficiente y rápido en la toma de decisiones.

Todo lo anterior produce una hipertrofia del funcionariado/burocracia, cuyo comportamiento sociopolítico tiende a ser un factor de retranca y de multiplicación de gestores o facilitadores de la desbocada corrupción; admitida, incluso, por los más altos dirigentes como el principal problema que enfrenta el país.

El ejercicio del Poder Popular debe distinguirse por su ejercicio real, eficiencia, así como por su honestidad y ejemplaridad. Actualmente esto es continuamente subvertido por el control absoluto del funcionariado/burocracia, convertido hoy en lo que tempranamente advirtieran dirigentes revolucionarios: una suerte de “mandarinato” que todo lo frena y corrompe. Son los delegados y diputados del Poder Popular los que tienen que ejercitar el poder en ellos investido por el pueblo. La sostenida negligencia y “bloqueo” sistemático a los planteamientos de las bases, deben ser enfrentados con las facultades realmente ejercidas por delegados y diputados para la impugnación pública, democión, y encauzamiento judicial donde proceda en contra del “sabotaje” institucional. Todo nivel de circunscripción, municipal o provincial, tendrá el derecho de acudir directamente a las instancias de la nación, a los efectos de ventilar cualquier planteamiento de importancia que afecte a su electorado y contribuir a ventilar su más rápida y efectiva solución. En términos más conocidos, es lo que, a nivel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, conocemos como “conducto reglamentario” hasta llegar al ministro mismo.

Cuba no es una economía de escala, ni dispone de una población numerosa ni de muchos recursos naturales; es un país bien pequeño y a estas magnitudes tan limitadas debe ajustarse su Estado e instituciones de gobierno.

Consecuentemente, es razonable racionalizar el esquema Estado/gobierno a lo que puede considerarse su mínimo indispensable: primero, su Asamblea Nacional, como órgano legislativo soberano, con las comisiones que correspondan y sesiones periódicas que la faculten para el ejercicio de sus poderes, y con un sistema de profesionalización y sesiones prolongadas a lo largo del año y de toda la legislatura, como corresponde al órgano clave del Estado y del gobierno (muy diferente del desempeño de simple ratificador o ámbito ceremonial con un par de sesiones de 48 horas en el año); segundo, el Consejo de Ministros, como la mayor instancia de gestión ejecutiva y administrativa del gobierno debidamente fiscalizado por la Asamblea Nacional, así como por la Presidencia de la República y los órganos independientes de auditoría,  fiscalía y Tribunal Supremo en los que se apoyará; tercero, la Presidencia compuesta por el presidente y dos vice-presidentes. El Consejo de Estado -además de ser una institución copiada de las experiencias de los países del fenecido CAME- se hace innecesario (en caso de funcionar de manera efectiva según la estructuración propuesta). Otro tanto se aplica al Comité Ejecutivo; se hacen inútiles por reproducir poderes y funciones que no hacen sino complicar, enredar y demorar los procesos de toma de decisión.

El papel del Partido Comunista de Cuba (PCC) debe, de una vez por todas, delimitar de manera no menos efectiva, su función a lo que siempre se planteó y nunca se cumplió: dirige pero no administra; propone políticas y proyectos a canalizar por intermedio de las instituciones de Estado y gobierno que correspondan, pero no los ejecuta. La práctica habitual desde su fundación ha sido, y continúa siendo, de aplicar el funesto paradigma estalinista de los países del CAME y repetido a escala del Tercer Mundo, en la que el esquema Partido-Estado es una misma cosa. Cualquier dirigente del Partido levanta el teléfono y dicta órdenes, decisiones y resoluciones con sabor a úkases (justificados o explicables en condiciones excepcionales de guerra y/ asedio, pero no tras iniciarse una etapa de institucionalización) a espaldas de los mecanismos de gobierno instituidos para tales funciones. La definición  del Partido como “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado” es exagerada en extremo, absolutista, con injustificadas connotaciones sacrosantas; debe concebirse y expresarse no como fuerza superior de la sociedad y del Estado, pues a ambos se subordina y sirve (en la medida en que la gran mayoría de la sociedad y las instituciones del Estado acrediten y validen su actuación y función de vanguardia). La condición de vanguardia no se decreta, ni se impone; se gana y ratifica en la calle mediante consenso y aprobación popular, no para la eternidad. Necesariamente deberá establecerse -para mayor claridad- la separación física de sus instalaciones, de sus fondos, mecanismos presupuestarios y medios de divulgación propios sujetos, por igual, a la jurisdicción de los órganos auditores, del Tribunal Supremo y de fiscalía independientes del Estado.

PROPUESTA #2: FIN DEL VIEJO SISTEMA ELECTORAL, SU RESTRUCTURACION MÁS DEMOCRATICA, ASÍ COMO DE LA COMPOSICION DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR (ANPP) Y DE LOS TRIBUNALES (PODER JUDICIAL).

ARGUMENTOS A FAVOR:

La totalidad del sistema electoral debe restructurarse debido a que -luego de varias décadas- el sistema prevaleciente (de elección indirecta) muestra crecientes debilidades e inconsecuencias puesto que si bien su primer paso (la elección a nivel de circunscripción o bases) puede considerarse válido por la concurrencia de más de un candidato, discusión abierta y ejercicio directo, los pasos siguientes (municipio, provincia y nación) quedan subordinados a la delegación indirecta del ejercicio democrático y a la presencia de candidatos únicos (y no quiero recordar el rechazo expreso de Fidel Castro a la práctica de candidatos únicos). Los últimos resultados numéricos de la elección para la IX Legislatura muestran, inequívocamente, un elevado porcentaje de votos que, a diferencia de décadas anteriores, se disocian cada vez más de los patrones propuestos por las autoridades y los medios oficiales. Seguir llamando al “voto unido” o “candidatura completa”, encuentra cada vez menos eco o apoyo, en tanto que la selectividad y el abstencionismo continúan creciendo.

Para toda candidatura (a cualquier nivel, culminando en la ANPP) deben concurrir NO MENOS DE TRES CANDIDATOS Y MAXIMO DE SEIS. Todos los candidatos -como se consideró en algún momento a inicios de los años 90- deben concurrir ante sus electores y dialogar y debatir con ellos sus planteamientos y criterios, el cómo procederán para agilizar la solución de los problemas. Esto no debe confundirse con hacer “campaña electoral” o politiquería. No basta una brevísima biografía en un papel pegado en un mural o pizarra. Una interacción humana intensa y esclarecedora con sus electores previa al acto electoral debe caracterizar a los candidatos concurrentes.

De la ANPP, una vez constituida, surgirán los candidatos a presidente y vicepresidentes (de tres a seis en cada caso, como se propone), los que concurrirán e interactuarán entre el electorado a nivel nacional -personalmente y a través de los medios- por el período que se defina.

La composición numérica y cualitativa de la ANPP -conservando su carácter unicameral- deberá reducirse en número de manera considerable, asegurando una representación idéntica de 10 diputados por provincias, y uno por el Municipio Especial de Isla de la Juventud, siguiendo un patrón de profesionalización y sesiones permanentes a lo largo del año, como se apunta en la primera propuesta.

Una cuestión clave: se pondrá fin definitivamente al principio de que el 51 por ciento de los diputados queda institucionalmente reservado para dirigentes del Gobierno y del Partido, organizaciones de masas y otros funcionarios o personalidades, sin representar realmente el lugar de residencia que se les adjudica sin validación electoral real alguna. Como órgano soberano de la nación, a ella rinden cuentas todas las instancias dirigentes antes apuntadas. Los dirigentes antes mencionados están sujetos a la rendición de cuentas, examen y juicio de parte de los legisladores (diputados). Pueden asistir en calidad de invitados/observadores a determinadas sesiones plenarias o de comisiones, así como cuando son convocados en relación a temas de su esfera de responsabilidad. No pueden ser ellos juez y parte de su propia gestión, o de sus iguales en la gestión administrativa del Estado, el Gobierno y las organizaciones de masas. Cualquiera de ellos podrá ser elegido como diputado o delegado, siempre y cuando no ostente un cargo oficial y resida probadamente en el territorio y población que deberá representar y a la cual rendirá cuentas de su gestión.

De los tribunales populares (Poder Judicial). Sus integrantes a todos los niveles -titulados y legos- se originarán en candidaturas múltiples propuestas por las asociaciones de profesionales correspondientes, facultades de Derecho de las diferentes universidades y de los Bufetes Colectivos. Dichos candidatos seguirán los mismos pasos del proceso electoral, tal cual se recomienda en esta propuesta hasta el nivel de Tribunal Supremo Popular. Los candidatos a integrar la Fiscalía de la República serán propuestos por el Ministerio de Justicia y la Presidencia ante la ANPP y, de manera similar, los integrantes de los órganos de la Fiscalía a los niveles provinciales y municipales. En el período pre-electoral (como se ha descrito más arriba) titulados y legos no sólo presentarán sus biografías, sino que interactuarán con los electores de la manera anteriormente indicada -como candidatos a delegados y diputados- a fin de producir los debates y esclarecimientos pertinentes.

Algunas definiciones y precisiones claves que deben quedar bien explícitas en nuestra Constitución, y que estarán rigurosamente establecidas en las esferas de competencia de órganos como la Auditoría, la Fiscalía, el Tribunal Supremo y la ANPP, deben ser: a. La remuneración y privilegios correspondientes a los cargos de dirección en las diferentes esferas y niveles serán de conocimiento público, incluida su inspección periódica por la Auditoría; b. El delito de nepotismo debe quedar claramente definido y sujeto a sanciones rigurosas, dada la extensión de este fenómeno a diferentes niveles de la dirigencia actual; c. El delito del agiotismo debe recibir idéntica atención y reglamentación, tanto para el sector estatal como el privado, fenómeno ya definido desde los tiempos de la Constitución de 1940, siempre violado y nunca observado. Cualquier aumento de precios de manera inconsulta estará sujeto a proceso legal y sanción correspondiente; d. El derecho a discrepar, objetar, impugnar y acusar en los términos establecidos, cualquier política o medida, quedará plasmado en nuestra Carta Magna, seguido del precepto de que los medios oficiales de comunicación dispondrán de los espacios correspondientes para que los mismos sean conocidos y ventilados también en términos de opinión pública con sus correspondientes procesos de difamación y esclarecimiento cuando sea pertinente.

Otro aspecto, de suma importancia, es el de los derechos de la emigración cubana (que ya bordea el millón y medio de cubanos). Como es el caso en otros muchos países, esta emigración tendrá sus derechos y deberes, entre otros, el de ajustarse a las leyes cubanas cuando se hallen en territorio nacional; tendrá derecho a expresar criterios y propuestas relativos a la emigración y a los grandes temas que afectan a la nación (con el acceso debido a instituciones y medios de comunicación para expresar dichos criterios y propuestas); tendrá el derecho a votar en los procesos electorales o de referéndum (en caso de ser cubanos emigrados que ostentan un pasaporte cubano y visitan regularmente su país de origen). De la emigración podrán elegirse un número fijo de diputados que podrá oscilar entre diez o quince, distribuidos entre los países con mayor concentración de cubanos emigrados (Estados Unidos, México y España), así como disfrutar del derecho a invertir en asociación con cubanos del territorio nacional y/o con compañías de Inversión Extrajera (IE) debidamente acreditadas y operando en territorio nacional.

Las sesiones de la ANPP y de sus comisiones -a excepción de casos/situaciones especiales plenamente justificadas y anunciadas- estarán abiertas al público y a la totalidad de los medios, incluyendo la prensa extranjera acreditada en Cuba.

PROPUESTA #3: POR UNA ECONOMIA NACIONAL MULTIESTRUCTURAL (SU DEFINICION, ESTRUCTURA, MECANISMOS Y FUNCIONAMIENTO).

 ARGUMENTOS A FAVOR:

La actual definición de “economía socialista próspera y sostenible” es sumamente vaga e improcedente (navega en la esfera de los deseos loables, pero bien distantes de la realidad). No aborda los fundamentos teóricos y estructurales de un sistema. La definición más próxima a nuestra realidad de hoy y de mañana, es que “Avanzamos hacia un ideal socialista mediante una economía socialista de mercado y un sistema multi-estructural compuesto por un complejo de estructuras e interacciones que integran el sector estatal, el sector cooperativo, el sector privado, el sector de la inversión extranjera y el sector mixto de asociación entre todas estas formas”.

El “agujero negro” de las definiciones económicas en el proyecto constitucional sigue siendo -como ha sido durante décadas- la definición de “medios fundamentales de producción”. Desde el granizadero -fenecido para siempre-, o el pirulero, hasta los restoranes; desde “boteros” hasta transportistas campo-ciudad; desde chinchales para hacer zapatos y sandalias, hasta dulcerías, diversos servicios, construcción, carpintería o plomería; TODO, hasta la misma cúpula financiera del país, son “medios fundamentales de producción”. El interminable rechazo sistemático a la creación y funcionamiento eficaz de los indispensables mercados mayoristas en la capital y en provincias, así como el monopolio estatal sobre los insumos más elementales (desde simples herramientas, herrajes, cabilla, combustible, y otros), hasta el alquiler de equipos de construcción y otros a los sectores “no estatales”, continúan frenando el “desarrollo de las fuerzas productivas” y de “la reproducción ampliada”, y son fuente probada y permanente  de “bisneos” y múltiples esquemas de corrupción que, lejos de controlarse con medidas administrativas o policíacas, continúan en ascenso impetuoso. Esta aberración económica no es más que uno de los tantos sub-productos de un estatismo absolutista e irracional. Imaginar una recuperación económica efectiva y sostenida, con un PIB que oscile entre un 5 y 7 por ciento -como tantas veces se ha dicho-, capaz de generar niveles aceptables de desarrollo, es inconcebible sin un sector interno multi-estructural, productivo, y que supere todos los fenómenos aberrantes apuntados y bien conocidos. Cualquier licencia para TCP u otras actividades privadas y/o cooperativas que no vayan acompañadas y apoyadas en un sistema mayorista nacional eficiente y módico de insumos, es no sólo un chiste de mal gusto, sino una invitación al robo, a la maraña, a la corrupción, a la frase piadosa de “desvío de recursos”.

A nivel macro-económico (del Estado, del Gobierno y del Partido), el mayor desafío para sustentar eso de un socialismo “sostenible y próspero” es la incongruencia total entre semejante enunciado y la realidad de un sistema de salarios que, en la gran mayoría de los casos y desde hace casi 30 años, resulta notablemente insuficiente para llevar una vida mínimamente decorosa, capaz de enfrentar las escalas de precios en los mercados estatales y privados. Se podrá argumentar que una posible solución de esto está indisolublemente ligada a la unificación monetaria y cambiaria (que una década después de anunciarse su solución sigue flotando en un limbo de lo imposible de resolver). Aunque el propio Raúl Castro asegure su pronta ejecución, lo cierto es que unificación monetaria y cambiaria sigue sin ponerse en práctica. La indispensable armonización de esta última con el salario real (y no nominal), así como con la estructura de precios, deviene, repetimos, en el mayor desafío de la actual coyuntura y de trascendencia crucial para el futuro del país. Esta anomalía interminable está en la base de la recurrente migración de gente joven y profesionalmente calificada que la considera inaceptable. Será un acto de magia lograr semejante armonización sin arriesgar desatar una explosión inflacionaria; por lo que tendrá que evitarse una “terapia de choque” y, en su lugar, deberá practicarse una aplicación gradualista que fortalezca la moneda nacional, muestre su creciente poder de compra, reduzca las escalas actuales de precios, restablezca la confianza y aplaque las presiones y temores del fantasma de un “Caracazo” (que flota en las mentes y en las discusiones de la dirigencia actual). Una prolongación indefinida de todo lo anterior puede desembocar también, debido a similares detonantes, en un mayor desencanto, descontento y en el temido “Caracazo”. Con más “estatismo absolutista”, desde una u otra dirección, nos precipitamos hacia una crisis mayor. Mientras que todo esto no es sino otro gran acelerador hacia todas las formas posibles de corrupción; sin olvidar por un instante que si nuestra población envejece cada vez más, como se comenta con creciente alarma en los medios oficiales, el sistema de pensiones se torna, cada vez más, inoperante e insignificante en términos de poder adquisitivo. Esto da lugar a crecientes niveles de pobreza en amplísimos sectores de nuestra sociedad, sin olvidar agregar, obligadamente, que fueron estos sectores los que todo lo dieron por la Revolución en sus primeras décadas. Los recientes reglamentos y regulaciones (veinte en total, que comprenden muchas más páginas que la propia Constitución que se propone ahora), son un ejemplo irrefutable de la existencia de una voluntad absolutamente aferrada a continuar con los modelos y prácticas del “estatismo absolutista”, y que -repito e insisto- representa un fenomenal freno al “desarrollo de las fuerzas productivas”.

La definición de “medios fundamentales de producción” tiene que concretarse con todo rigor, delimitándose la misma, en el caso de la economía cubana actual y futura, a las áreas siguientes:

-Sistema Energético Nacional, que además puede y debe incorporar proyectos de IE a los efectos de los sistemáticos procesos de modernización tecnológica.

-Sistema Bancario Nacional, con mayores espacios a firmas bancarias extranjeras, incluyendo aquellas que sirvan al fomento industrial, de los servicios y al sector agropecuario, tanto estatal como cooperativo y privado en sus diferentes niveles de MPYMES.

-Minería, con todos los niveles posibles de IE en prospección, extracción y procesamiento.

-Industrias básicas, incluidas la industria (no la agricultura) azucarera, con espacios correspondientes a la IE.

-Sector estatal del turismo, con similares proyectos de asociación y participación con la IE.

-Sector estatal del transporte urbano e interprovincial (ferrocarriles y aviación), además de la marina mercante.

-Sector estatal de la pesca del alto y del procesamiento industrial de la pesca originada en las cooperativas pesqueras.

-Biotecnología y farmacéutica, con espacios asociados a la IE.

-Sistema de Salud Pública, incluyendo proyectos cooperativos con personal profesional y asistente luego de haber cumplido 20 años de servicio y/o haber pasado a retiro (Nota: No es ocioso recordar la presencia de cooperativas médicas antes de 1959 y de cómo las consultas privadas se mantuvieron después de 1959 durante largos años prestando un importante servicio).

-Sistema Nacional de Educación.

-Sistema de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, abriendo toda una rama o viceministerio para canalizar y ventilar todas las necesidades y posibilidades de las cooperativas y MPYMES, procedimiento éste que debe establecerse en todos aquellos ministerios e instituciones llamados a interactuar con el sector de las MPYMES.

-Sistema de Industrias Militares y GAESA.

De los sectores “no estatales”:

-Incluye en su definición todas las formas de organización, producción y comercialización de todas las formas cooperativas existentes (CCS; CPA; UBPC) y nuevas que puedan surgir como cooperativas de servicios (en la rama agropecuaria, transporte, construcción, de la TIC, de la industria ligera y el comercio, médicos y otros); incluyendo aquellas asociadas de cualquier forma, a empresas y servicios del Estado; incluye todas las formas de MPYMES, TCP personal y usufructuario o “finqueros”, artesanos, artistas y profesionales que puedan alternar o no su empleo estatal con actividades de TCP.

-Ninguna forma de organización cooperativa, TCP o usufructuario debe ser objeto de intervención administrativa o reglamentaciones arbitraria de parte de órganos de gobierno, provincia o municipio que lesionen, interfieran o perjudiquen los derechos soberanos que la ley define para sus respectivos ámbitos de actividad y la vida interna de sus asociados, incluido el manejo de sus finanzas; no nos referimos a ninguna forma delito. Sus actividades quedan sujetas a la supervisión normal de la Auditoría y de las normas fiscales válidas para todos.

-Estarán abiertas a las actividades y emprendimientos de las MPYMES, las siguientes ramas y esferas: Industria Ligera, Comercio y Producción de Alimentos; Transporte (carga comercial, transporte de pasajeros, “boteros” y piqueras); la agricultura y la pequeña minería; el sector privado del turismo. El Estado podrá conservar algunos espacios en estas ramas o esferas, pero sin entorpecer ni frenar la presencia de las MPYMES en todas ellas y otras de similar naturaleza y envergadura que aparezcan en el futuro cercano. Las MPYMES y TCP podrán asociarse en diversas formas con la IE o para prestar servicios a ésta.

-La existencia de ACOPIO debe darse por terminada definitivamente. Las instituciones y empresas del Estado y del Gobierno realizarán sus operaciones de compra-venta directamente de los productores, ya sea en su lugar de origen o en sus mercados, evitando repetidas manipulaciones y demoras de la carga que lesionan el producto y sus precios. Dichas instituciones y empresas que estén necesitadas de almacenar producciones podrán volver a la vieja idea de los mercados agro-concentradores si así lo prefieren. Cooperativas, privados y usufructuarios podrán acceder directamente a los mercados que sean de su mayor interés, incluidos los centros turísticos y las empresas extranjeras o mixtas de cualquier tipo, estando dictaminados los precios por las normas elementales de demanda y oferta en el marco de las escalas de precio establecidas y sus variaciones por temporada. Lo que ACOPIO ha venido suministrando en materia de insumos (de manera defectuosa, tardía, incompleta y con escalas de precios arbitrarios sin compensaciones por recogidas no garantizadas), debe llegar a su fin.

-Cuestión de primerísima importancia. El Estado, a la mayor brevedad posible, deberá establecer una red nacional de empresas mayoristas proveedoras de todos los insumos necesarios a los sectores “no estatales” (desde combustibles hasta madera, aceros, tuberías, herramientas, hasta alquiler de equipos debidamente asegurados, tanto a nivel de las capitales provinciales, los municipios y no sólo la capital). Los precios deben moderarse a las posibilidades reales y no mantenerse a los niveles astronómicos vigentes. Han existido repetidas ofertas en el pasado de empresas extranjeras, todas rechazadas, siguiendo una racionalidad imposible de asimilar. Puede contratarse con cualquiera de esas empresas extranjeras semejante proyecto de red nacional de insumos, buscando la mejor oferta, con suministros estables, precios razonables, con ofertas diversificadas y de mejor calidad. De esta manera, se le propinará un golpe bien efectivo al “bisneo”, a los “desvíos”, a los robos, y demás esquemas de corrupción en pequeña o gran escala dentro y fuera del sector estatal. La “excusa” por excelencia de que el Estado no suministra lo necesario para ganarse la vida honestamente se desploma y permite un rigor mayor en la aplicación de auditorías y sanciones.

-De la Inversión Extranjera (IE). Ningún acto de magia o buena voluntad atraerá a Cuba los flujos de capital, tecnologías y mercados que la IE puede y debe aportar a una economía altamente descapitalizada, con muy escasas reservas, estancada, muy bajo crecimiento o recesión y con muy poca credibilidad en los mercados financieros, ausente además de los principales mecanismos que gobiernan -gústenos o no- el grueso del mundo financiero internacional (FMI-Banco Mundial), además de una inveterada práctica, y fama, de “mala paga”. Nadie está proponiendo que el FMI rija los destinos de Cuba; es un paso de institucionalidad y credibilidad que resulta indispensable en el mundo financiero internacional y que pondría fin a la condición de “paria” en este importante sector. Se añade a esto el bloqueo de Estados Unidos en todas sus manifestaciones y su extendida práctica de extraterritorialidad de su legislación anti-cubana; lo que supone un grave obstáculo. Pero también se agrega la suma de prácticas y legislaciones de parte de las autoridades cubanas en “auto-bloquear” una gestión eficaz y expeditiva, con una carga interminable de restricciones, burocratismo, demoras, con acciones que contradicen normas internacionalmente vigentes y aceptadas por casi todo el mundo en cuanto a la libre contratación. La libre contratación no genera los peligros y amenazas que se argumentan; la libre contratación tiene, en las políticas fiscales y cargas impositivas reglamentadas, la mejor respuesta o balance frente a los prejuicios de la libre contratación. De la misma manera que años atrás se flexibilizaron los términos de arrendamiento de terrenos hasta 99 años para inversionistas foráneos, una mayor flexibilidad se impone en superar las limitaciones domésticas que espantan a la IE y que hemos apuntado.

Quisiera terminar con algunas experiencias y frases de nuestra propia historia a fin de despejar cualquier reserva o mal entendido:

-En 1967, nadie ponía en duda el carácter así definido como “socialista” de Cuba por constituir al sector estatal como el factor dominante de la economía nacional. No obstante, el modelo crecientemente absolutista del poder económico del Estado coexistía con más de 58 mil micro y pequeñas empresas que aportaban no pocas producciones y servicios (tanto a empresas del Estado como a la población, en un abanico de necesidades básicas). La mal llamada “Ofensiva Revolucionaria” de comienzos de 1968, puso fin a todo esto y a los pocos días se comenzaron a sufrir sus nefastas consecuencias.

-Al respecto, me permito parafrasear al brillante intelectual, economista y dirigente Carlos Rafael Rodríguez cuando insistía repetidamente: “El socialismo no puede avanzar sobre ninguna posición o actividad del capitalismo si no es portador de una solución idéntica o superior a lo que se expropia o suprime”.

-Fidel Castro, pocos después años de empezar a fallarle su estado de salud, puntualizó en varias ocasiones, en particular en un discurso en el 2005, el grave error de haber “importado”, calcado a “pie juntillas”, por completo, el modelo económico soviético.  Cinco años más tarde reconoció, en conversación con el famoso periodista norteamericano de The Atlantic, Jeffrey Goldberg y su colega, la investigadora Julia Zweig, del Council on Foreign Relations, de manera bien explícita, que “el modelo cubano ya no funciona más para nosotros”, entiéndase no la Revolución como tal, sino el modelo económico soviético calcado.

-Y para calzar estas propuestas y comentarios, de manera irrebatible, recordemos algo que de positivo nos dejó el legado verdadero del pensamiento de Marx: el criterio valorativo de la verdad es la praxis, la práctica.