El debate constitucional cubano en LASA 2015

 


En la edición de LASA de este año, celebrada en San Juan, Puerto Rico, tuvo lugar un panel sobre la reforma constitucional en Cuba. El evento impactó de forma muy positiva a todos los presentes: por la solidez de las ideas planteadas y por la calidad del diálogo entre personas con criterios y posiciones diferentes. Los panelistas, y los organizadores del encuentro, le han solicitado a Cuba Posible publicar un extracto de las presentaciones. Una versión ampliada de estas ponencias será publicadas en la próxima edición de la revista Cuban Studies. A continuación aparecen los textos de la jurista Amalia Pérez, el jurista e historiador Julio Antonio Fernández, el historiador Rafael Rojas, y el jurista y politólogo Julio César Guanche.


El papel del Derecho: reflexión sobre el orden político de la reforma económica.

Por Amalia Pérez Martín

Las tensiones existentes entre el ordenamiento constitucional y el desarrollo de la reforma económica en Cuba, muestran un espacio de ilegitimidad, originado en una comprensión que reduce el Derecho a instrumento justificatorio de la política. La solución de problemas que limitan la participación popular y el control de la actuación estatal debe pensarse en el marco de una nueva comprensión sobre la ley y con la elaboración de una nueva Constitución.

1. La República como negación del reino

La libertas republicana contrapone al gobierno de los reyes (monocrático, vitalicio e irresponsable) el gobierno de magistrados que gobiernan de forma colegiada, temporal y responsable. En tanto, la ley se debe considerar como comando general del pueblo: la ley pública, entendida como producto de la voluntad mayoritaria del pueblo y la idea de libertas entendida como sometimiento voluntario a la ley votada en común.

2. Conflicto entre orden socialista y republicano (la construcción del sistema jurídico)

La Constitución socialista cubana instauró en 1976 una forma de Estado opuesta a los principios, estructuras y dogmas fundamentales del Estado liberal, basada en el Poder Popular y con la República como forma de gobierno. En tal sentido, la mera afirmación del socialismo se entendía como afirmación de la democracia, obstruyendo así la reflexión sobre la necesidad del vínculo entre ambos.

Desde los años 80, la necesidad de un proceso de revisión integral de estos problemas en la construcción del nuevo sistema jurídico, fue señalada reiteradamente en el discurso político oficial, a través de Informes Centrales, Resoluciones y otros documentos del Partido Comunista de Cuba (PCC), la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y el primer (y único) Simposio Científico acerca de la Política y la Ideología y sus relaciones con el Derecho, en 1984. Algunos de estos documentos remiten a un programa de trabajo del Buró Político de 1982, cuyo cumplimiento permitiría satisfacer, antes de concluir el quinquenio 1986-1990, la demanda de juristas y contribuir al proceso de eliminación de deficiencias en la labor jurídica.

Sin embargo, para la “implementación jurídica” de los Lineamientos del VI Congreso del PCC, los cambios están guiados por “Políticas” que solo una vez aprobadas en las reuniones ampliadas o compartidas del Consejo de Ministros (CM), el Buró Político del PCC, y el Consejo de Estado (CE), pueden pasar a la fase de transcripción a norma legal, en los estrictos marcos que en el texto de cada una de estas “políticas” se prevea. La redacción de la norma se coordina por la subcomisión jurídica de la Comisión Permanente para la Implementación, subordinada o perteneciente al Gobierno.

El problema no es que se decida en ámbitos políticos y después se transcriba en la ley, sino que se haga de forma discrecional, en instancias para-institucionales (comisiones, subcomisiones, reuniones compartidas o ampliadas), lo que viene a socavar uno de los propios objetivos de la reforma: sentar mejor las bases institucionales del país.
 
3. Conflicto entre orden socialista y republicano ( la representación de la soberanía popular):

La ANPP, en su condición de órgano supremo de poder y centro del mecanismo institucional, es concebida constitucionalmente no solo como única institución legislativa y constituyente, sino también como entidad deliberante-política de la República y vértice del control o fiscalización del resto de las instancias estatales. Sin embargo, del carácter no permanente de las sesiones plenarias de la ANPP deriva que el CE la represente entre uno y otro período de sesiones, para proporcionar carácter ininterrumpido a su actividad. Pero este órgano asume, en tanto jefatura colegiada del Estado, atribuciones más amplias, fijadas de forma independiente en la Constitución. La concurrencia en este órgano de la jefatura del Estado y la representación del órgano parlamentario, conduce al principal problema práctico del principio de la unidad de poder: la concentración de poder y las distorsiones en el funcionamiento del  sistema institucional. La complejidad de la relación entre ambos órganos ha sido interpretada en Cuba según dos líneas fundamentales: como representación y como mandato.

Una relación de mandato puede argumentarse a través de los mecanismos de control con que cuenta la ANPP constitucionalmente: carácter colegiado del CE; facultad de la ANPP de elegir y revocar miembros de este; control político de su labor mediante la rendición de cuentas; revocación de los actos normativos por este promulgados; interpolación de los diputados de la ANPP a los miembros del CE.  Pero esos mecanismos –independientemente de su ejecución en la práctica- presentan limitaciones desde su diseño y por ello el CE resulta una instancia tridimensional: órgano supremo del poder, institución legislativa y agencia ejecutiva. Es el centro del andamiaje estatal, apoyado por el rol que tiene su presidente quien encabeza a su vez el CM.

4. ¿Una nueva Constitución para la reforma?

La actual Ministra de Justicia, María Esther Reus, decía en 2014 que en la implementación de los Lineamientos “las decisiones que se están adoptando llevan un reflejo en la norma…Podemos decir que el país está institucionalizado porque tenemos más de 700 normas jurídicas vigentes. (…) ese proceso lleva dos momentos: el cambio económico, estructural y funcional, y su reflejo en la norma jurídica, que es lo que las personas ven.” (Juventud Rebelde, mayo de 2014.)

En escenarios académicos se ha señalado como eje fundamental de la reforma que la ley adquiere un “peso instrumental inédito en la política”. Esto demuestra la incomprensión sobre la importancia del Derecho, que no está dada porque institucionalice el rumbo de la Revolución al reflejar decisiones políticas tomadas, sino y sobre todo, por la necesidad de abrir el espacio de su creación, concebirlo en sentido republicano como aquel a través del cual el pueblo puede decidir directamente su destino.

Una nueva Constitución no es por sí misma garantía de la corrección de los problemas señalados. Las posibilidades de una nueva Constitución para solucionarlos, radican en concebir el cambio mediado por la ley, y no justificado a través de la ley. Esto implica regular las condiciones del cambio de forma más democrática, de manera que en su propia decisión se redistribuya el poder y se socialice la posibilidad de determinar las soluciones posibles desde (y no por fuera) del Derecho.


Una Constitución para Cuba (la necesidad de un nuevo enfoque técnico y político).

Por Julio Antonio Fernández Estrada.

I

La Constitución cubana está vigente desde febrero de 1976, y con ella nació institucionalmente el Poder Popular y la proclamación de que vivíamos jurídicamente en un Estado socialista. En el 2015 muchos nos preguntamos cómo rescatar una mística socialista que permita la resistencia de un núcleo no capitalista en la política y la economía cubanas, para aspirar -desde ese centro- a plantear un modelo de socialismo democrático, participativo, de soberanía popular, de resignificación de los valores de la República, con el Estado y más allá de él.

A la misma vez, 15 años después de comenzado el siglo XXI, el Poder Popular en Cuba no logra afianzarse como la forma idónea de nuestro Estado, aunque esta organización tenga ventajas claras ante el panorama de alejamiento de la política y el poder que viven la mayoría de los pueblos del mundo (1).

II

El único órgano constituyente en Cuba es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Además, esta Asamblea es el único órgano legislativo y el que conserva la poderosísima facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos leyes, decretos y otras disposiciones normativas; facultad esta que jamás ha ejercido en 39 años de existencia como órgano supremo del Estado.

III

Cualquier modificación de importancia a la Constitución actual en Cuba, conllevaría una transformación del sistema político y económico, lo que a mi entender afectaría la cláusula de intangibilidad vigente desde 2002.

Antes de plantearnos los problemas propios de una supuesta reforma total de la Constitución, habría que preguntarse si no es posible cumplir el deber que tenemos como pueblo, y que tiene el Estado, desde la misma fecha, de respetar los postulados constitucionales como guía cívica, como medida de lo logrado en la Revolución de 1959 y como método de dirección administrativa.

La Constitución que aprobemos deberá modernizar sus definiciones jurídicas, esto en el sentido ideológico que se decida en democracia; prefiero lo más inclusivo, horizontal y ecuménico que se pueda lograr, dado el nivel de concertación real que exista en esa coyuntura.


 


Lo anterior significa, por dar algunos ejemplos, considerar como principios el Estado de Derecho, el pluralismo político, o identificar y reconocer a la sociedad civil o a la administración pública, los derechos humanos, así como elevar al plano que merece la protección jurídica al medio ambiente o a sectores desfavorecidos de la sociedad.

Es una urgencia considerar el carácter progresivo de los derechos fundamentales, sumar todos los derechos que las luchas de nuestro pueblo, aun después de 1959, han seguido adicionando a nuestra historia de reivindicaciones sociales, como por ejemplo, todos los derechos relacionados con la libre orientación sexual de las personas (2).

Es imprescindible la consagración más amplia posible de un régimen de garantías jurídicas, políticas y materiales de los derechos humanos, que le dé relevancia constitucional a una especie de Amparo, como se reconoce en las últimas cartas magnas de América; que se reconozcan acciones individuales y colectivas de fácil ejercitación para proteger derechos específicos; que se le dé el lugar que  merece al Habeas Corpus o al Habeas Data, por mencionar dos garantías célebres que no existen en la Constitución cubana.

Nuestra Constitución necesita -lo necesita nuestro pueblo- una Defensoría del Pueblo, que no esté atada a ningún órgano estatal reconocido, para que pueda desarrollar sus funciones de auxilio a las víctimas de violaciones de derechos. Es momento ya de tener un procedimiento y una institución independiente, que realice la sagrada tarea de proteger la Constitución y de declarar la inconstitucionalidad de actos y normas violatorios.


 


IV


 


Lo que nos quita el sueño a las personas que pensamos en estas cosas es cómo hacer esta reforma, ¿con el pueblo presente y activo o con el pueblo movilizado, que opina pero que no decide?

Una Asamblea Constituyente está fuera de las posibilidades que el texto constitucional considera, porque este solo toma en cuenta la facultad constituyente de la Asamblea Nacional, que tendría que realizar su último acto soberano creando una nueva constitución, pero este poder constituyente no sería entonces nuevo, resultado de una especial elección para el proceso de creación del nuevo texto, sino la continuación del máximo órgano del Estado.

Esta alternativa, sin embargo, todavía podría tener modalidades, porque la Asamblea Nacional del Poder Popular es capaz de liderar un proceso de reforma parcial o total de la Constitución, mediante la convocatoria de consultas populares o puede esperar a recibir una propuesta de una comisión especial, creada fuera del ámbito institucional, que contenga la modificación, casi seguro parcial, de la Constitución.

Se pierden de vista, sin embargo, otras opciones posibles, como la de modificar solamente la cláusula de reforma de la Constitución e introducir la posibilidad de la convocatoria a elecciones de una Asamblea Constituyente, para que redacte y apruebe una nueva Constitución que debe ser puesta, en todo caso, a disposición de la confirmación popular, en referendo.

Esta misma forma se puede manifestar de dos maneras, mediante la presentación de un proyecto de reforma constitucional por las vías tradicionales de los últimos cuarenta años, por los cuales se propone una ley a la Asamblea Nacional, o mediante un proyecto de ley impulsado por iniciativa legislativa popular, que solo contenga la forma en que quedaría redactada la nueva cláusula de reforma constitucional.

En este caso la propuesta de ley sería una vía popular indirecta de apertura a un proceso constituyente.

Notas al pie:

1. Guanche lo ha visto de esta manera: El sistema institucional se ha sostenido por la calidad de la ciudadanía que interviene en él, pese a las contradicciones y desestímulos que presenta. Las bases de ese sostenimiento experimentan grandes desgastes, pues el sistema institucional no ejerce todas sus prerrogativas, limita el contenido de las atribuciones de los delegados y opera en un contexto que reduce la posibilidad de desempeñar las funciones que establece. Julio César Guanche, “La participación ciudadana en el Estado cubano” en La verdad no se ensaya. Cuba: el socialismo y la democracia, ed. Elizabet Rodríguez Hernández (La Habana: Editorial Caminos, 2012), 149.

2. La progresividad de los derechos humanos se ha considerado hasta ahora mayormente como un principio que al interior de una constitución impide un retroceso en la regulación y consideración de derechos humanos y su protección legal, pero me atrevo a una propuesta más radical: como mismo defendemos una especie de iusnaturalismo civilizatorio, que nos permitiría reivindicar derechos por encima de la regulación jurídica, por el hecho histórico de su acumulación cultural en miles de años de lucha popular, también podríamos defender la tesis de que la regulación y consagración de un derecho humano en una constitución lograda por cualquier pueblo es razón suficiente para que estos derechos se consideren progresivamente alcanzados por cualquier otro pueblo, dado el carácter universal de los derechos humanos.

Bibliografía

• Constitución de la República de Cuba. 2013. La Habana: Editorial My. Gral. Ignacio Agramonte y Loynaz.

• Cruz Martínez, Yuliet, García Luna Fabián, García Dávila, Celia y Fernández Estrada, Juliette, comp. 2011. Cuadernos del CIPS 2010. Experiencias de investigación social en Cuba. La Habana: Publicaciones Acuario.

• Domínguez, Jorge Ignacio, Prieto, Dimitri, Veiga, Roberto y Fernández Estrada, Julio Antonio. 2009. Dossier Desafíos Constitucionales de la República de Cuba.  Espacio Laical 4(año 5): 19-37.

• Guanche, Julio César. 2012. La verdad no se ensaya. Cuba: el socialismo y la democracia.  La Habana: Editorial Caminos.

• Monreal, Pedro. 2014. Poniendo nuevas preguntas sobre la mesa. Apuntes para una introducción a un volumen de Cuba Posible. En  Desafíos Económicos de Cuba. Apuntes para un debate, 5-13. La Habana: Proyecto Cuba Posible.


 


¿Es posible ampliar los derechos civiles y políticos en Cuba sin revocar el socialismo?

Por Rafael Rojas

Antes de responder la pregunta reparamos, a partir de la obra de constitucionalistas latinoamericanos como Roberto Gargarella y Gabriel Negretto, que Cuba es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe donde no se han producido, en las dos últimas décadas, reformas que abran el sistema político a la nueva filosofía de los derechos humanos y donde el propio debate sobre las distintas maneras de propiciar un proceso constituyente es bastante limitado.

Dicho esto, respondemos a la pregunta afirmativamente. Los artículos que limitan los derechos de asociación y expresión en la actual Constitución cubana, la de 1992 ratificada en 2002 por las reformas que introdujeron la cláusula pétrea del “socialismo irrevocable”, son fundamentalmente el 53º y el 54º. En ambos casos se establece la limitación de que las vías autorizadas para el ejercicio de la libertad de reunión, manifestación, asociación y expresión son las “organizaciones sociales y de masas” y los medios masivos de comunicación gubernamentales. El carácter punible de la asociación y expresión al margen del Estado se encuentra tipificado, a su vez, en el Código Penal, como parte de la legislación “antídoto” de la Ley Helms-Burton.

Una reforma de esos dos artículos de la Constitución de 1992 que elimine el establecimiento de un único marco de sociabilidad autorizado y legítimo o que, por lo menos, reconozca el derecho de la ciudadanía a asociarse y a expresarse desde medios autónomos o independientes de la sociedad civil, implicaría un paso importante para la ampliación de derechos públicos. Esos artículos reformados podrían ser el punto de partida, a su vez, para una ley complementaria de asociaciones y para una erradicación, en el Código Penal, de todos los elementos de criminalización de las libertades que subsisten en la Isla.

Las reformas podrían proceder, agregando a la segunda oración de ambos artículos, otra frase. En el caso del artículo 53º, antes del última sentencia, “La Ley regula el ejercicio de estas libertades”, podría insertarse otra oración que admita dentro de las “condiciones materiales para el ejercicio de la libertad de palabra y prensa”, la existencia de medios de comunicación de la sociedad civil, independientes del Estado. En el caso del artículo 54º habría que adicionar una tercera oración, que reconozca que los “derechos de reunión, manifestación y asociación” también son ejercidos por las organizaciones no gubernamentales y demás entidades autónomas de la sociedad civil.   

Cualquiera de las dos reformas a los artículos 53º y 54º puede aprobarse sin que necesariamente sean derogados la cláusula pétrea del “socialismo irrevocable”, el artículo 5º que consagra el partido único u otros momentos de la Constitución del 92 que acogen el sentido de la definición ideológica socialista del régimen político. Sin embargo, esas reformas y la legislación complementaria que suponen facilitarían un proceso de redefinición explícita de la identidad “socialista” del sistema, que actualice el concepto de “socialismo” desde la nueva coyuntura que se abre con las reformas del gobierno de Raúl Castro y la normalización diplomática con Estados Unidos.

La reforma de los artículos 53º y 54º aceleraría en la práctica el proceso de autonomización de la sociedad civil que se está viviendo en la Isla desde los años 90. Como otras reformas aplicadas por el gobierno en los últimos años, esta también contribuiría a hacer las leyes más coherentes con la nueva realidad insular. Su impacto en la reconfiguración de la sociedad civil y de la oposición política sería directo e inmediato, ya que cuestiones que forman parte del entramado de la penalización de las libertades en Cuba, como el financiamiento de grupos políticos, el derecho a huelga o a protesta pública, deberían ser reformuladas en el Código Penal y, eventualmente, en una nueva ley de asociaciones.

Reformar los artículos 53º y 54º sin revocar el socialismo puede parecer una vía mínima de reconstitución del sistema político cubano. Se trataría, en efecto, de una reforma parcial y puntual de fragmentos de la Constitución, no de una reforma total del texto constitucional o, tan siquiera, de un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, esa reforma, por su facilidad y poco costo para el gobierno, podría impulsarse de inmediato y generaría condiciones para que la sociedad civil y la oposición política comiencen a practicar sus derechos en condiciones legítimas, respetando nuevas reglas del juego.

El aprendizaje en el ejercicio de libertades públicas por parte de la ciudadanía se intensificaría a partir de entonces y, probablemente, los actores actuales reorienten sus programas y estrategias o surjan nuevos, lo mismo en la esfera pública que en la sociedad política, que diversificarán las opciones del pluralismo cubano.  Institucionalizar la diversidad política real de la sociedad cubana es el gran reto del presente de la Isla y de la diáspora. Pero casi todos los proyectos de cambio que circulan parten de una premisa maximalista, que en la mayoría de los casos coloca el desenlace que se espera como condición de un proceso de negociación necesariamente gradual.

Si en medios oficiales predomina un continuismo retórico que oculta las posibilidades de cambio político que se abren con la nueva coyuntura, en medios opositores y exiliados predomina una suerte de “negacionismo”, incapaz de reconocer la importancia de la reforma económica en curso o del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. Una reforma constitucional como la que aquí se esboza permitiría consensuar en la apertura de las actuales vías institucionales del socialismo cubano a buena parte de los actores civiles y políticos interesados en una democratización del sistema político.

El dilema que se plantea al gobierno cubano y, en especial, a sus sectores reformistas, es preservar lo que de manera diversa entienden por “socialismo” y, a la vez, acercar el sistema político de la Isla a los estándares internacionales en materia de democracia y derechos humanos. Nuevas versiones de los artículos 53º y 54º, que propendan a ampliar los márgenes de acción de la sociedad civil y de la oposición política en Cuba, podrían funcionar como plataforma jurídica para un proceso de construcción de la legitimidad del disenso y de despenalización inmediata de la libertad de asociación y expresión en Cuba.  


 


La Constitución de 1940. Una reinterpretación

Por Julio César Guanche

La interpretación de la Constitución cubana de 1940 ha estado dominada por dos claves estándar de lectura: representó el mayor proceso de consenso en la Cuba republicana y resultó burlada por la carencia de legislación accesoria, que le otorgó escaso alcance normativo. En el presente texto, releo la segunda de estas claves. Para ello, repaso los debates sobre la liquidación de la moratoria hipotecaria y la discriminación racial. Mi texto no se pronuncia sobre aquello que en la Constitución de 1940 fue burlado -que sería materia de otro estudio-, pero sí matiza la narrativa sobre su ineficacia general.

La liquidación de la moratoria hipotecaria

La aspiración de conceder una moratoria al pago de las deudas hipotecarias tenía este punto de partida: los efectos de la Gran Depresión, la crisis azucarera, la subida de los precios,  la carencia de instituciones públicas de crédito y la propiedad extranjera de parte de la banca, provocó la incapacidad de pago de los deudores hipotecarios. Miles de propiedades fueron rematadas a precios de fábula, fuesen centrales, ingenios, vegas de tabaco, edificios o casas, que pasaron a manos de especuladores extranjeros y nacionales, creando una situación de una gravedad tal que hizo considerar a este tema, por varios años, como “el primer problema del país”.

El debate sobre la moratoria -en aras de dar un tiempo de recuperación a la economía en general y a los deudores en particular y evitar así las pérdidas de sus bienes- disputaba sentidos políticos cruciales hacia 1940: asegurar la posibilidad de la Constituyente, cuestionar el liberalismo económico, legitimar el intervencionismo estatal en la economía, adjudicar quién debía cargar con el costo de los derechos sociales, considerar a la acción colectiva como creadora de derechos, definir qué era el “pueblo” y disputar el contenido de la democracia.

Para los defensores de la moratoria, era imprescindible evitar la “paz de los sepulcros”. Sin ella, Cuba sería un “cementerio de deudores”. Los defensores de los acreedores argumentaban que liquidar las deudas, y aceptar la retroactividad de los actos nacidos de la contratación privada, equivalía al hundimiento del crédito, al fin de la propiedad privada y del sistema capitalista y a la bancarrota de la economía cubana.

Durante el proceso, diversos sectores vivenciaron la experiencia de “pueblo”, más allá de las interpelaciones discursivas paternalistas ante este. Un vasto espectro policlasista se presentaba a sí mismo como un mismo sujeto moral y político: los “deudores” y los “trabajadores”. Era una experiencia clave para la constitución política del pueblo. El conflicto, que los acreedores quisieron presentar como una pugna “entre capitalistas”, fue reinterpretado por los deudores como “el problema del pueblo cubano”. “Somos el 99%”, se dijo desde entonces.

Después de largos debates, la Constitución de 1940 prorrogó la moratoria hasta 1960-1970. En las discusiones se sostuvieron los argumentos de los “deudores”, o, según estos, del “pueblo cubano”. Este triunfo no es adjudicable a un solo actor sino al despliegue de esa sociedad civil a favor de la acepción sustancialista de la democracia.

El delito de discriminación racial

Para 1940, producto de la presión de un fuerte activismo antirracista, tanto científico como político, apoyado por el descrédito en que cayó el racismo a manos del fascismo, era perentorio cuestionar fronteras históricas de acceso del negro, como sujeto, a la sociedad cubana, contrarias a su vez a la legitimidad de su complejo cultural, y resolver “en cubano” el “problema negro”. La discusión sobre la “raza” estaba en el centro de la definición sobre aspectos claves: afectaba a la definición sobre la nacionalidad y a la noción de democracia.

En la década del 30, pueden identificarse, al menos, cuatro proyectos de nación, atravesados todos por la “cuestión racial”: 1) la “raza” cubana como parte de “la raza americana”; 2) la “raza” negra como “nacionalidad oprimida”, 3) la nación cubana como “conglomerado étnico”, al cual no había que “incorporar” al negro, pues este se encontraba en el origen mismo de “lo cubano” y 4) la “cubanidad” como resultado de la fusión “afrocubana”.

Junto a este debate sobre la cultura nacional se verificaba también la disputa sobre el lugar político del negro como ciudadano en Cuba. En ese proceso, la Constitución de 1940 aprobó considerar como delito la “discriminación racial”. La discusión comenzó por si “discriminación” era la palabra más “adecuada”, puesto que no aparecía en los diccionarios. La palabra que contendió con “discriminación” fue “molestia”. Al mismo tiempo, Salvador García Agüero propuso agregar la palabra “color” en el precepto sobre discriminación, lo que buscaba consagrar la inexistencia de las razas y cuestionar la realidad del racismo.

Con la disputa sobre la palabra “discriminación” se ventilaba otra cuestión: la oposición al paternalismo racial como a la despolitización del problema “del color”. Ante el paternalismo y la despolitización, a resultas del debate, la Convención aprobó por unanimidad el término “discriminación” dentro de un marco de sentido que politizaba la diferencia: el racismo no debía entenderse solo como un “prejuicio moral”. Dicho “prejuicio” tenía fundamentos materiales reconocibles en la pretensión de monopolizar recursos sociales, económicos, culturales. Esta postura coincidía con las maneras en que sectores antirracistas defendían el tema desde la sociedad civil. Así, el debate sobre la “discriminación” de 1940 recogía parte de las expectativas de esta con buenas razones.

El análisis global del texto arriba a tres conclusiones:

a) La Constitución de 1940 regulaba normativamente la convivencia social según un estándar consensuado de justicia, y servía también para relanzar hacia el futuro nuevas expectativas de justicia.
 
b) La acción colectiva, el debate público y la ampliación de la sociedad civil, resultó clave para la consagración legal de expectativas sociales largamente incubadas.

c) El populismo histórico latinoamericano, del cual hace parte el proceso cubano que llevó a 1940, pretendía emular las nociones de democracia social de la época, rivalizar con el fascismo y el comunismo y constituirse en una alternativa propia de democracia de masas, lo que coloca al proceso cubano como un contemporáneo a la altura, política e intelectual, de las búsquedas globales sobre la democracia en la fecha.

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