El diputado y el poder ciudadano: notas sobre un tema crucial


Introducción


En la búsqueda del entramado de normas, espacios e instrumentos que garanticen la soberanía popular, o sea, la cuota de poder de cada ciudadano, llamado a realizarse como sujeto activo y decisor del Estado, la figura del “diputado” constituye uno de los elementos importantes sobre los cuales debaten juristas, politólogos y teóricos, así como actores sociales y políticos. A continuación presentaré algunos criterios sobre ciertas materias relacionadas con el tema.

Diputado

Los diputados son los miembros, generalmente electos, que integran el parlamento, la cámara legislativa, o la asamblea nacional –como prefiera denominarse. En esencia, dicha corporación constituye una de las entidades del poder público, con la responsabilidad  de cumplimentar un universo importante de propósitos. Entre ellos se encuentran: I. Representar, en armonía con los intereses generales compartidos por la sociedad, los intereses de los electores de cada uno de los diputados. II. Legislar, de acuerdo a los preceptos constitucionales elaborados y aprobados con participación de la ciudadanía, y teniendo en cuenta, a su vez, los objetivos de los electores de cada diputado y del plan de gobierno electo y apoyado por el pueblo. III. Aprobar las cuestiones jurídicas, sociales, culturales, económicas y políticas, entre otras, que la constitución coloca sobre los hombros de los diputados, o sea, de la corporación conocida como (poder, rama o función) legislativa. IV. Controlar, según facultades otorgadas en la carta magna, todos los asuntos del gobierno, de la justicia y la sociedad en general, indicados en dicho texto.

Intereses a representar

Como es posible advertir en el pequeño esbozo anterior, el parlamento, o más bien cada uno de los diputados que integran dicha corporación, tienen la responsabilidad de armonizar cotidianamente los intereses generales y los intereses particulares e inmediatos. Los estudiosos enfatizan en que los intereses generales sean diseñados y rediseñados sistemáticamente por medio de procesos bien establecidos que aseguren una participación efectiva de la pluralidad ciudadana. Del mismo modo, indican que las instituciones y las autoridades de gobierno, de justicia, y los diputados mismos, deben defender y gestionar la realización de esos altos intereses compartidos por la sociedad.

Por otro lado, señalan la necesidad de comprender que todas las autoridades tienen igualmente la obligación de procurar de manera continua el equilibrio entre estos anhelos y las demandas que vayan emergiendo de ciudadanos, grupos, sectores y localidades. Sin embargo, ratifican que hacer esto último resulta una tarea, por excelencia, de cada diputado y como consecuencia del parlamento. Igualmente, la generalidad reconoce que esto siempre resultará un desafío difícil de satisfacer de manera suficiente, que ha de procurarse de forma continua y a través de metodologías especiales que garanticen una relación intrínseca entre los diputados y los electores.

Lo anterior indica que las relaciones entre los diputados y sus electores deben disfrutar de mecanismos capaces de garantizar un vínculo continuo y estrecho entre ambos, así como cierta subordinación del representante a la ciudadanía. Esto nos conduce a uno de los temas más debatidos. Algunos sostienen que el diputado no debe estar sujeto a la multiplicidad de intereses de sus electores, porque eso lo privaría de la debida libertad para actuar, ante cada caso, según la responsabilidad que le dicte su conciencia. Estos aseguran, además, que el diputado, una vez electo, debe responder únicamente a favor de los intereses generales. Igualmente aseguran que dichos postulados no constituyen límites al poder de los ciudadanos, pues estos tienen la libertad de no renovar el mandato del diputado en el siguiente proceso electoral. Según quienes opinan de esta manera, la ciudadanía ejerce control directo sobre las autoridades sólo en el momento de elegirlas.  

Otros sustentan que la responsabilidad del diputado, sobre todo con los intereses generales, en detrimento del compromiso directo con los electores, resulta un espejismo que le desata las manos a favor de la promoción de los intereses con los cuales tenga mayor compromiso, incluso personales. La postura más radical que defiende esta crítica, asume que el diputado debe ser un mandatario en sentido estricto, que debe desempeñar sus funciones solamente de acuerdo a la voluntad de los electores, quienes en todo momento deben mantener la facultad de revocarlo.

Evidentemente, ambas interpretaciones deben abrirse a los argumentos mutuos y buscar una posición media que propicie la integración de los elementos esenciales de cada una. En este sentido, se hace necesario reconocer que el diputado debe comprometerse con los interese generales, pero a su vez debe, asimismo, representar los intereses directos e inmediatos de los electores. Para esto hace falta comprender que, en todos los casos, el diputado representará un cumulo de intereses: los generales de la sociedad, los de sus electores, los de las instituciones sociales a las cuales pertenece, los de sus compromisos particulares y los que emanen de su conciencia. La cuestión será discernir cómo armonizar, en los deberes y las facultades del diputado, la representación de este universo de intereses, dando prioridad al compromiso con los anhelos generales y, sobre todo, con el mandato cotidiano de los electores, sin violentar la conciencia personal del representante. Esto demanda, también, desentrañar los mecanismos que deben cincelarse para asegurar todo lo anterior.   

De estos criterios se desprende que entre los talentos del diputado deben resaltar dos características fundamentales. A continuación las señalo de manera explícita. No debe ser diputado alguien que posea la adecuada comprensión de la realidad social pero este incapacitado, por los motivos que sean, para conseguir una relación directa e intensa con los electores. Igualmente no deberá ser diputado quien pueda poseer un vínculo directo y agudo con los electores, pero carezca de la capacidad necesaria para comprender la cuestión social en su generalidad. El diputado debe ser una persona capaz de integrar, con cierta armonía, los intereses generales y las preferencias inmediatas de los electores y las localidades.       

Elección del diputado

Todo lo considerado hasta aquí nos indica la obligación de discernir sobre una temática muy importante: la manera de elegir a los diputados. Muchos analistas advierten que la metodología para escoger a dichos representantes debe garantizar que quienes resulten propuestos y electos posean las dos características señaladas en el párrafo anterior. En este sentido, los estudiosos se inclinan a sostener que la mejor forma de escogerlos podría ser a través de elecciones (convencionalmente refrendadas como) universales, libres, secretas y directas. Igualmente indican que dichas elecciones deberían ser competitivas, para que los electores puedan escoger un diputado entre varias propuestas que representen, a su vez, diferentes segmentos sociales y enfoques sociales y/o políticos complementarios. Algunos, con agudeza, agregan que sería justo garantizar además la participación de la sociedad en la postulación de los candidatos.

Puede resultar sencillo comprender en qué consiste elegir de manera universal (sin que ningún segmento social carezca de este derecho), libre (sin estar sometido a ningún tipo de coacción), secreta (sin que nadie pueda conocer la preferencia de cada cual) y directa (que sea personal, sin la mediación de otra persona o institución).

Sin embargo, existe cierta discrepancia en cuanto a la financiación del proceso electoral, acerca de la realización de elecciones por medio de una metodología realmente competitiva, y sobre la participación de la sociedad en la postulación de los candidatos. En tal sentido, me aproximo a determinadas opiniones que disfrutan de explícita validez.
 

Algunos investigadores y actores sociales dudan en torno a cómo se financia actualmente la generalidad de los procesos electorales. Aseguran que la metodología establecida favorece el rejuego de intereses entre los aspirantes y los poderes económicos, lo cual mercantiliza la política y a los políticos. Demuestran además como, en la práctica, la elección de los representantes por parte de la ciudadanía suele constituir una mera figuración, porque la sociedad sólo certifica a candidatos ya “comprados” por quienes financian su campaña electoral. Por tanto, muchos sugieren la necesidad de establecer que el proceso electoral sea financiado, equitativamente, con fondos públicos, a través de procedimientos legalmente establecidos y bajo la rectoría de autoridades electorales.  

Sobre la participación social en la postulación de candidatos, varios conocedores recomiendan tres exigencias. Primera, que cada asociación civil pueda nominar un aspirante en cada demarcación electoral. Segunda, que este sea previamente ratificado por el voto universal, libre, secreto y directo de la mayoría de los miembros de la organización que lo propone. Tercero, que resulte triunfador en cada demarcación electoral quien alcance el respaldo de la mayoría absoluta de los votos emitidos por la ciudadanía. Sin embargo, en la actualidad se abre una brecha en torno al consenso sobre qué organizaciones deberían proponer candidatos a diputado.

Intríngulis de este debate

Por lo general, son únicamente los partidos políticos quienes postulan candidatos para ese cargo público. Sin embargo, para algunos, la práctica muestra que esta exclusividad propicia que el parlamento sea utilizado por estas organizaciones para facilitar burdamente cualquier iniciativa del gobierno de turno, o impedirla a toda cosa, en muchos casos sin importar de forma suficiente la auténtica legitimidad de tal iniciativa. Aseguran que estos suelen convertir el parlamento en un campo de duelo donde las élites y las oligarquías procuran “legitimar” sus respectivas supremacías.

Por otro lado, estos también señalan que la historia demuestra que los imaginarios sociales se empeñan en mantener la idea de que dicha institución represente al pueblo; y algunos sostienen que los intereses, las opiniones y las sugerencias de la sociedad sobrepasan la representación y el quehacer de los programas netamente políticos. Por tal motivo, muchos demandan la búsqueda de nuevas formas para que los diputados sean propuestos desde plataformas que, en su conjunto, integren una multiplicidad amplia de intereses, cosmovisiones y perspectivas, donde se incluya lo clásicamente político.  

Para algunos, entre dichas asociaciones, desde hace siglos, se encuentran las instituciones religiosas, que pueden presentar una visión del ser humano y del Cosmos sostenidas por la fe en Dios, y que pueden hacer análisis y sugerencias sobre la realidad, en cada momento y lugar, a partir de esos presupuestos. También, desde antes de la modernidad, concurren asociaciones de profesionales, como por ejemplo: de arquitectos, de ingenieros y de médicos. Estas se ocupan de conseguir un quehacer colegiado encaminado a mejorar los ámbitos de la salud, la economía, la infraestructura social. Igualmente, desde décadas se han institucionalizado organizaciones profesionales para trabajar a favor del desarrollo humanista, por ejemplo: de sociólogos, de politólogos, de juristas, de economistas, de escritores y artistas, de maestros y pedagogos, de historiadores.

Por otro lado, con la modernidad comenzaron a desarrollarse asociaciones que deben representar a sectores sociales y defender sus demandas. Estas agrupaciones desean congregar a las personas de acuerdo al lugar que ocupa cada una en la división social-laboral-oficio-profesión-economía. Entre estas se encuentran: los sindicatos, así como las agrupaciones de campesinos, de estudiantes, de empresarios. Desde una lógica similar, hace décadas se ha intensificado el desarrollo de asociaciones barriales, que pretenden gestionar demandas de la comunidad de vecinos. Del mismo modo, en los últimos tiempos han aumentado las organizaciones que procuran mejorar la realidad en cuanto a la naturaleza, el medio ambiente, la raza y el género, etcétera.        

En la actualidad, un segmento intelectual y socio-político resalta que el conjunto de estas agrupaciones, junto a otras, ha de expresar, representar, defender y promover la multiplicidad de intereses de la sociedad. Asimismo, indica que los proyectos políticos se inclinan a representar y promover propuestas específicas encaminadas a re-diseñar el orden social con el propósito de garantizar el desarrollo de la mencionada variedad de intereses humanos, siempre impulsando una manera particular de concebir dicha evolución.

Por tanto, sus defensores aceptan el necesario, y hasta prioritario, influjo de los programas políticos en la gestión ejecutiva-administrativa de cualquier gobierno. No obstante, anhelan que todo parlamento funcione sobre una dinámica amplia e intensa entre representantes vinculados directamente con la ciudadanía y que expresen, además, toda la gama múltiple de intereses, cosmovisiones y perspectivas presentes en la sociedad.

Para eso, sugieren que puedan postular directamente candidatos a diputados todas las asociaciones civiles y sociales que no sean meramente políticas. Estos no pretenden modificar la naturaleza y la función del parlamento, sino acercarlo a su identidad de asamblea del pueblo y dotarlo de una mayor y mejor dinámica. De esta manera, pretenden convertir al parlamento en un laboratorio donde cada ley, política de gobierno u otra gestión que deba aprobar, resulte la mejor síntesis entre todos los intereses y saberes, desde consideraciones que sobrepasen lo clásicamente político (aunque si excluirlo, por supuesto). No obstante, debo destacar que quienes sostienen estos postulados no pretenden hacer un dogma de estas proposiciones, pues tienen conciencia de que las futuras dinámicas sociales podrían cambiar sucesivamente la realidad y exigir progresivamente formulas nuevas y distintas.

Estos renovadores anhelan que las proyecciones propiamente políticas participen del quehacer parlamentario únicamente en la medida que consigan influjo sobre el tejido social y civil. Con ello intentan evitar que la política profesional secuestre al gobierno, al Estado y a los mecanismos democráticos; forzar para que las proyecciones puramente políticas incorporen las demandas reales y concretas de la pluralidad ciudadana; y promover así una integralidad mayor de la política, una democratización más efectiva de la misma y un bienestar social más categórico.

Igualmente sustentan que lo anterior presupone el desarrollo de organizaciones civiles independientes orgánicamente de los gobiernos y de los programas políticos. De esta manera pretenden evitar que se conviertan en apéndices de estos y entonces desnaturalicen su institucionalidad; pues en este caso les resultaría difícil acometer su auténtico desempeño social. Sin embargo, esto no desconoce el derecho a simpatizar, a establecer alianzas y a cooperar mutuamente.

Siguiendo la lógica de subordinar la política a la sociedad y a las bases ciudadanas, varios académicos y políticos señalan también la posibilidad de aprovechar el mecanismo de elección del diputado para contribuir al fortalecimiento del municipio, considerado como la instancia más inmediata y concreta de la persona. Para hacerlo, algunos sugieren que las asociaciones con derecho a nominar candidatos a diputado puedan hacerlo sólo cuando hayan obtenido previamente determinado por ciento de representación en las asambleas de los municipios. De esta manera dicha organizaciones tendrían el privilegio de poseer representantes en el parlamento únicamente si logran desempeñar un trabajo amplio, profundo, activo, serio, sereno y efectivo en las bases sociales, y consiguen aportar de manera directa e intensa al desarrollo de las comunidades municipales.     

Organización del parlamento    

Acerca de la constitución y organización del parlamento existe mayor consenso. La generalidad acepta que una vez electos todos los diputados, cada uno de ellos forme un grupo de trabajo con los representantes que provienen de su misma organización, y cada grupo escoja de entre sus miembros un coordinador.

Del mismo modo, la mayoría defiende la institucionalización de comisiones parlamentarias de trabajo, permanentes o temporales, integradas por diputados, que poseen el objetivo de analizar y controlar diferentes quehaceres sociales y hacer sugerencias en cuanto a sus respectivos ámbitos. Sin embargo, algunos demandan un trabajo más sistemático y activo de estas comisiones, y reclaman que al efectuar su gestión (de análisis, propuesta, aprobación y control) estén obligados a hacerlo en interacción con personas, grupos, sectores y entidades especializadas que conozcan la materia de su competencia.

Algunos estudiosos proponen discernir acerca de la mejor forma para elegir la presidencia del parlamento. Por lo general la organización que posee mayoría en el conclave disfruta del derecho de proponer el candidato. Sin embargo, expertos en el tema señalan la conveniencia de explorar maneras que puedan ofrecer mayor garantía al carácter de moderador y de árbitro de esta responsabilidad. Para esto, algún que otro teórico sugiere que cualquier diputado electo pueda presentar, por derecho propio, su candidatura para ocupar dicho cargo, siempre que esté avalada por el respaldo de un número de ciudadanos determinado legalmente. En tal sentido, proponen que una vez concluido este proceso de candidatura, los diputados deberían elegir, entre los auto-nominados, la presidencia de la institución.

Por otro lado, muchos juristas, politólogos y actores sociales coinciden en que los coordinadores de diputados por organizaciones de procedencia, los directivos de las comisiones de trabajo (en especial las permanentes), y la presidencia del parlamento deben constituir una entidad. Sostienen que esta debería gestionar las funciones parlamentarias, representar al pleno de diputados en los periodos que no sesiona el mismo, y decidir (en caso necesario) cualquier asunto relacionado con la naturaleza de la institución; lo cual tendría que ser confirmado o no por el pleno, con prontitud y después de un análisis exhaustivo.

De igual forma, muchísimos especialistas sustentan que en la generalidad de las sociedades actuales no haría falta una institución legislativa que implique la existencia de dos cámaras: una de diputados y otra de senadores. El contrapeso, afirman, que deben realizarse mutuamente ambas cámaras queda asegurado con un jefe de Estado con derecho a vetar los acuerdos del parlamento. Por otro lado, son pocos los países (como Estados Unidos) compuestos realmente por zonas que pueden representar una diversidad sustancial de culturas y fortísimos intereses locales, que justifiquen una cámara de diputados para representar los requerimientos de la ciudadanía y otra cámara de senadores que deba defender los reclamos generales de las diferentes culturas y de las distintas localidades. Asimismo, resulta inaceptable justificar el mantenimiento de dos cámaras argumentando (como en el Reino Unidos) que una, la de diputados, debe trabajar en nombre de los comunes: la ciudadanía; y otra, la de los lores, debe representar a la nobleza. Esto, reitero, resulta inadmisible porque supone la existencia de personas con dimensiones antropológicas diferentes.            

Por otra parte, la mayoría de estos reformadores de la eficacia parlamentaria consiente que los mismos principios y mecanismos deberían definir la manera de elegir y constituir las asambleas que cumplen desempeños similares, aunque con facultades algo diferentes, en las jurisdicciones locales subordinadas a las máximas instancias del Estado.
Final.

En estos momentos Cuba atraviesa por un proceso de ajuste del modelo social que definirá la institucionalidad del futuro próximo y, con ello, decidirá las facilidades para el desarrollo del ciudadano y de la sociedad toda, así como la posibilidad de hacerlo en consecuencia con los ideales más profundos de la cubanía. Ese reclamo teleológico de justicia que ha identificado nuestra historia exige que lo hagamos comprometidos con la soberanía nacional; con un desarrollo antropológico y sociológico fundamentado en la cultura, la educación, la espiritualidad y la información; con la esperanza y la solidaridad; con una responsabilidad auténtica e intensa para con los débiles; con una economía orientada al desarrollo y al bien común; con el diseño progresivo de una República que tenga como objetivo la justicia “toda”, por medio de una democracia robusta, que asegure la centralidad de una ciudadanía, en condiciones suficientes de libertad e igualdad; y con unas relaciones internacionales basadas en la cooperación y la paz.

Para lograrlo será necesario proseguir en el empeño de cincelar la actual Carta Magna, con el propósito de que resalte aún más estos elementos de la conciencia colectiva cubana, y refrende mejores maneras para facilitar su progreso. Igualmente hará falta un quehacer legislativo, amplio e intenso, capaz de promover y asegurar que la institucionalidad del país y, sobre todo, el alma de la generalidad de los cubanos, se enrumben con patriotismo hacia el desarrollo creciente de esa Cuba siempre soñada.

Por supuesto que esto ha de ser tarea de todos, pero los diputados cubanos tendrán una responsabilidad enorme en esa empresa. Ello, a su vez, demandará el rediseño del parlamento cubano, para ajustar sus dinámicas a una era que le reclamará una labor intensa, sabia y comprometida. Por eso he presentado las anteriores observaciones, con el propósito de interpelarnos con perspectivas honestas que pudieran brindar alguna contribución. Sin embargo, deseo resaltar que debemos asumir esta búsqueda desde la formula martiana que advierte: “Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas.”

Sobre los autores
Cuba Posible 188 Artículos escritos
Cuba Posible es un “Laboratorio de Ideas” que gestiona una relación dinámica entre personas e instituciones, cubanas y extranjeras, con experiencias y cosmovisiones diversas; en algunos casos muy identificadas con las aspiraciones martianas. Si...
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