Miles de cubanos aguardan en Costa Rica la posibilidad de poder seguir camino hacia Estados Unidos, en la que constituye la más “visible” crisis migratoria cubana de la última década. Y digo “visible” porque, en la práctica, el cierre de la frontera nicaragüense lo que ha hecho es mostrarnos, sin tapujos y en un punto concreto de la geografía global, el éxodo continuo de decenas de miles de cubanos hacia Estados Unidos. Este drenaje de compatriotas hacia el país norteño, vía Centroamérica y México, ha sido una ruta de salida muy activa desde hace, al menos, una década.
La salida de la crisis que vive el país, elemento crucial para desarticular este y otros potenciales trances migratorios, pasa, por saldar algunos desafíos ya ineludibles: 1) acometer con éxito el tránsito de una economía centralizada (de comando) hacia una economía mixta (con control estatal sobre los sectores estratégicos), pero interconectada con las redes internacionales de creación de valor; 2) lograr la inserción internacional del país en el sistema mundo, con énfasis en la arquitectura institucional hemisférica; 3) continuar reconstruyendo la relación bilateral con Estados Unidos; 4) facilitar la rearticulación del consenso político interno en torno a las metas históricas de la nación (justicia social, independencia nacional, economía mixta y democratización política), intentando sumar a la mayor cantidad de cubanos posibles; y a tono con esto se impone 5) una reconstrucción de la arquitectura institucional del país.
Para poder llevar a vías de hecho estos desafíos (que en no poca medida son políticos), el país necesita acceder a créditos internacionales y, además, favorecer una política inteligente que atraiga inversión extranjera directa (IED). Según estimaciones de Pedro Monreal, uno de los más importantes economistas cubanos, la Isla necesita entre 1,500 y 2,000 millones de dólares anuales en concepto de IED, para comenzar a crecer a tasas sostenidas de 6 por ciento y 7 por ciento cada año. Monreal ofrece un dato adicional: de lograr este objetivo (que actualmente resulta un escenario casi ideal), el país podría duplicar la canasta básica de las familias cubanas en una generación (es decir: 11 años). Estas cifras condensan, con una claridad meridiana, el drama profundo de escenario cubano, y se convierten en un llamado a la acción inmediata para todos los actores sociopolíticos comprometidos con la estabilidad nacional, sobre todo el gobierno cubano.
Existen dos reticencias fundamentales por parte de los actores económicos internacionales interesados en invertir en el mercado cubano. Las he leído en la prensa, las he escuchado a empresarios europeos y también a miembros del sector empresarial cubanoamericano: 1) ellos aspiran a poder contratar libremente la mano de obra que estimen pertinente y, además, 2) anhelan fijar libremente los salarios de esa mano de obra. En concreto, no están pidiendo nada extraordinario, sino solo apegarse a los estándares internacionales. Cuba ha mantenido contenidas, desde las reformas de los años 90, ambas posibilidades. El gobierno alega que la recepción de los salarios por parte del Estado cubano es un elemento importante para redistribuir riqueza dentro del país, sobre todo en aquellos amplios sectores que no tienen acceso a las facilidades que brindan las empresas de capital mixto, el empresariado privado nacional, las remesas familiares u otras posibilidades, como por ejemplo, los servicios profesionales en el extranjero.
Creo que si el país decidiese “liberar” ambas prohibiciones, la medida tendría un impacto muy favorable, en el corto plazo, para la situación nacional: 1. Estructuraría dentro del país un mercado laboral atractivo, que generaría interés en amplios sectores de trabajadores, lo cual, a la larga, desarrollaría una cultura del trabajo superior, pues los trabajadores tendrían que cualificarse para poder competir, acceder a dichos puestos y conservarlos. 2. Se convertiría en un sólido incentivo para que el gran capital humano del país (sobre todo jóvenes), decidieran quedarse en Cuba. 3. En la medida que los inversores queden satisfechos con la dinámica de trabajo; y los trabajadores reciban una remuneración “dura”; se crearía un ciclo virtuoso que podría integrar tres elementos fundamentales: la expansión de la IED en la Isla, la circulación de moneda “dura” en el mercado interno, y la posibilidad de que muchos trabajadores puedan convertirse en empresarios no estatales que aportarían mayor capacidad de empleo y bienestar común. 4. Por otro lado, nada de ello estaría atentando contra la capacidad estatal de redistribuir riqueza para las mayorías nacionales, pues siempre será posible implementar una multiplicidad de mecanismos intermedios (entre los que se encuentra el impuesto sobre los ingresos).
Del mismo modo, resulta imprescindible comprender que solo generando inversión (extranjera, estatal, y de emprendedores cubanos), con las mejores condiciones de retribución posibles, sería viable desarrollar la gestión económica, generar empleo, crear riqueza y bienestar, y finalmente alcanzar un escenario económico capaz de garantizar la retribución más digna posible para cada cubano. Como es evidente, alcanzar el desarrollo y conseguir una distribución y redistribución justa de la riqueza, exige romper el círculo en el que nos encontramos. Y una de las maneras más efectivas para lograrlo, que demanda este momento, es la posibilidad de que todas las categorías de inversionistas empleen y retribuyan, de manera directa, a los trabajadores.
La salida de la crisis que vive el país, elemento crucial para desarticular este y otros potenciales trances migratorios, pasa, por saldar algunos desafíos ya ineludibles: 1) acometer con éxito el tránsito de una economía centralizada (de comando) hacia una economía mixta (con control estatal sobre los sectores estratégicos), pero interconectada con las redes internacionales de creación de valor; 2) lograr la inserción internacional del país en el sistema mundo, con énfasis en la arquitectura institucional hemisférica; 3) continuar reconstruyendo la relación bilateral con Estados Unidos; 4) facilitar la rearticulación del consenso político interno en torno a las metas históricas de la nación (justicia social, independencia nacional, economía mixta y democratización política), intentando sumar a la mayor cantidad de cubanos posibles; y a tono con esto se impone 5) una reconstrucción de la arquitectura institucional del país.
Para poder llevar a vías de hecho estos desafíos (que en no poca medida son políticos), el país necesita acceder a créditos internacionales y, además, favorecer una política inteligente que atraiga inversión extranjera directa (IED). Según estimaciones de Pedro Monreal, uno de los más importantes economistas cubanos, la Isla necesita entre 1,500 y 2,000 millones de dólares anuales en concepto de IED, para comenzar a crecer a tasas sostenidas de 6 por ciento y 7 por ciento cada año. Monreal ofrece un dato adicional: de lograr este objetivo (que actualmente resulta un escenario casi ideal), el país podría duplicar la canasta básica de las familias cubanas en una generación (es decir: 11 años). Estas cifras condensan, con una claridad meridiana, el drama profundo de escenario cubano, y se convierten en un llamado a la acción inmediata para todos los actores sociopolíticos comprometidos con la estabilidad nacional, sobre todo el gobierno cubano.
Existen dos reticencias fundamentales por parte de los actores económicos internacionales interesados en invertir en el mercado cubano. Las he leído en la prensa, las he escuchado a empresarios europeos y también a miembros del sector empresarial cubanoamericano: 1) ellos aspiran a poder contratar libremente la mano de obra que estimen pertinente y, además, 2) anhelan fijar libremente los salarios de esa mano de obra. En concreto, no están pidiendo nada extraordinario, sino solo apegarse a los estándares internacionales. Cuba ha mantenido contenidas, desde las reformas de los años 90, ambas posibilidades. El gobierno alega que la recepción de los salarios por parte del Estado cubano es un elemento importante para redistribuir riqueza dentro del país, sobre todo en aquellos amplios sectores que no tienen acceso a las facilidades que brindan las empresas de capital mixto, el empresariado privado nacional, las remesas familiares u otras posibilidades, como por ejemplo, los servicios profesionales en el extranjero.
Creo que si el país decidiese “liberar” ambas prohibiciones, la medida tendría un impacto muy favorable, en el corto plazo, para la situación nacional: 1. Estructuraría dentro del país un mercado laboral atractivo, que generaría interés en amplios sectores de trabajadores, lo cual, a la larga, desarrollaría una cultura del trabajo superior, pues los trabajadores tendrían que cualificarse para poder competir, acceder a dichos puestos y conservarlos. 2. Se convertiría en un sólido incentivo para que el gran capital humano del país (sobre todo jóvenes), decidieran quedarse en Cuba. 3. En la medida que los inversores queden satisfechos con la dinámica de trabajo; y los trabajadores reciban una remuneración “dura”; se crearía un ciclo virtuoso que podría integrar tres elementos fundamentales: la expansión de la IED en la Isla, la circulación de moneda “dura” en el mercado interno, y la posibilidad de que muchos trabajadores puedan convertirse en empresarios no estatales que aportarían mayor capacidad de empleo y bienestar común. 4. Por otro lado, nada de ello estaría atentando contra la capacidad estatal de redistribuir riqueza para las mayorías nacionales, pues siempre será posible implementar una multiplicidad de mecanismos intermedios (entre los que se encuentra el impuesto sobre los ingresos).
Del mismo modo, resulta imprescindible comprender que solo generando inversión (extranjera, estatal, y de emprendedores cubanos), con las mejores condiciones de retribución posibles, sería viable desarrollar la gestión económica, generar empleo, crear riqueza y bienestar, y finalmente alcanzar un escenario económico capaz de garantizar la retribución más digna posible para cada cubano. Como es evidente, alcanzar el desarrollo y conseguir una distribución y redistribución justa de la riqueza, exige romper el círculo en el que nos encontramos. Y una de las maneras más efectivas para lograrlo, que demanda este momento, es la posibilidad de que todas las categorías de inversionistas empleen y retribuyan, de manera directa, a los trabajadores.
