El texto anterior de esta serie estuvo centrado en el análisis de la única disposición legal que toca la cuestión de la propiedad de los medios de comunicación en Cuba (artículo 53 de la Constitución), en la cual se norma que estos solo pueden ser estatales y sociales, y prohíbe expresamente la propiedad privada en el sector. Redactado a mediados de los años 70 del pasado siglo, y sin ser modificado en las posteriores reformas constitucionales, el artículo 53 presenta una serie de problemas relacionados con la actualización tecnológica, la definición de las formas de propiedad que reconoce y el desconocimiento de otras posibilidades, lo cual no contribuye a la discusión actual de la cuestión de la propiedad desde los marcos que allí se imponen.
El objetivo del presente trabajo es analizar las formas de propiedad bajo las que operan realmente los medios de comunicación cubanos. Debido a la variedad y formas mediáticas que integran el sistema de comunicación pública del país (prensa impresa, publicaciones científicas, agencias de información, radio, televisión, cine, producción audiovisual, medios digitales), me concentraré en las formas de propiedad de los medios de prensa y, dentro de estos, aquellos que cuentan con reconocimiento legal, ya que la pluralidad de actores mediáticos no oficiales surgidos en el ciberespacio en los últimos años y la insuficiente investigación sobre estos, complica la determinación y clasificación de las formas de propiedad bajo la que operan.
¿Existe consenso sobre la forma de propiedad de los medios de comunicación cubanos?
La verdad es que no. Lo primero que salta a la vista al respecto es que no existen estudios especializados —al menos hasta donde conozco—desde la Economía Política de la Comunicación, la Filosofía, el Derecho u otros saberes afines, que se hayan centrado en el análisis riguroso de las formas de propiedad de los medios de prensa y comunicación del país, de forma tal que la referencia a una u otra nomenclatura de propiedad que hacen distintos autores no viene precedida, generalmente, por un análisis de indicadores, dimensiones o categorías que justifiquen la definición asumida. Al parecer, la homogeneidad del sistema mediático cubano, la identificación en la Constitución de solo dos formas posibles de propiedad y la asunción acrítica o disciplinada de ciertos discursos, han hecho que se tome como algo natural, inmutable y poco discutido lo que en realidad es mucho más complejo.
Al revisar la literatura científica, fundamentalmente la gestada en el campo de la Comunicación, se observa que a los medios de comunicación cubanos oficiales se les reconoce indistintamente como propiedad social, pública (una nomenclatura que no aparece en la Constitución), algunos autores los identifican como propiedad estatal1 o establecen combinaciones o asociaciones entre estas formas de propiedad.
Por ejemplo, Julio García Luis, en su texto cardinal Revolución, Socialismo, Periodismo. La prensa y los periodistas cubanos ante el siglo XXI se refiere a la propiedad social sobre los medios de prensa (García Luis, 2013, p. 132, 158). Sin entrar en contradicción con lo anterior, pero basándose en el planteamiento de López Vigil de que todos los medios son públicos y lo que los diferencia es su modelo de gestión privado, estatal o comunitario; Rosa Miriam Elizalde (2013, p. 81) incluye la distinción de que la Constitución cubana posibilita que puedan “existir medios públicos estales (manejados por las instancias gubernamentales) y medios públicos no estatales (manejados por la comunidad)”, pero reconoce que en la práctica prima la gestión estatal de los medios. En una tesis sobre las representaciones del encargo social de la prensa en directivos de medios (Sosin, 2012), se puede apreciar cómo indistintamente estos hablan de propiedad social y pública. Con otra óptica, algunos cientistas sociales e intelectuales del país no coinciden con denominar a los medios rectorados por el Partido como públicos o estatales, ni creen que funcione en la práctica la igualación de la propiedad estatal con la propiedad de todo el pueblo, que ni la tiene ni la siente como tal (ver en Reinoso, Garcés y Portal, 2017, p. 158; Veiga, 2018).
¿Por qué se complica la definición de las formas de propiedad de los medios de comunicación en Cuba?
Además de las dificultades mencionadas al inicio del acápite anterior, creo que existen dos problemas básicos que complican la clasificación rigurosa de la forma de propiedad bajo la que operan los medios de comunicación en Cuba. Uno es de tipo fundamentalmente teórico y el otro, contextual.
El primero de ellos es la escasez de indicadores, dimensiones y categorías desarrolladas y precisas para el estudio de las formas de propiedad de los medios de comunicación; y mucho más aún la escasez de trabajos que intenten adecuar a la realidad cubana algunas de las propuestas de indicadores existentes. A esto habría que sumarle las dificultades con un concepto tan complicado y político como “propiedad”, así como la falta de claridad acerca de su relación, distinción o igualación con otros conceptos importantes como gestión, responsabilidad mediática y rendición de cuentas. Este problema de tipo teórico intentaré solventarlo de manera muy inicial y arriesgada en las siguientes páginas.
El problema contextual que dificulta la determinación de la forma de propiedad de los medios cubanos (especialmente de los que cuentan con reconocimiento legal) es la dilución y enmarañamiento de los límites y atribuciones entre Estado/Partido/Gobierno/Sociedad Civil/Administración. Los efectos de este maridaje sobre los medios de comunicación fue señalado por Rosa Miriam Elizalde (2013, p. 122):
“La evidencia empírica demuestra que en Cuba la confusión de lo estatal –diluido muchas veces en lo gubernamental- y lo social ha desdibujado también la frontera de ‘lo público’. Aunque suelen estar yuxtapuestas en la práctica social del país, estas tres categorías —lo público, lo estatal y lo gubernamental— son instancias diferenciables y deben ser recuperadas y reorientadas en un contexto donde la propiedad estatal de los principales medios de comunicación no garantiza que los mensajes institucionales lleguen a amplias audiencias”. Esta es una condición estructural del sistema sociopolítico cubano que escapa del rango de acción de los análisis académicos, pero con efectos que inevitablemente inciden sobre la estructura de propiedad de los medios de comunicación y que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar dónde reside el poder real sobre los medios y sus contenidos.
¿Cómo determinar la propiedad de un medio de comunicación?
El Código Civil Cubano reconoce las tres facultades fundamentales que implica la posesión de un bien: el uso (ius tenendi) en función de los intereses del poseedor y de acuerdo con la función social del bien; el disfrute (ius fruendi) de los bienes o beneficios que de este se genere; y la disposición (ius abutendi) o potestad de decidir sobre el bien; todas estas pueden ser ejercidas sin que violen preceptos legales establecidos.
Como puede verse, la cuestión de la propiedad está ligada, indiscutiblemente, a la capacidad de disponer, que implica no solo tener poder sobre algo, sino también tener poder para algo.
Cuando nos referimos a la cuestión de la propiedad de los medios de comunicación, nos preocupa no solamente quiénes los poseen de manera formal, los disfrutan y en función de qué intereses están orientados, sino también quiénes poseen la capacidad real de disponer directamente sobre sus contenidos y orientaciones o sobre las dinámicas y estructuras que afectan y determinan dichos contenidos.
Sin embargo, como le criticó Marx (1980, p. 12) a Proudhon, la propiedad no se puede ver limitada a su aspecto jurídico en tanto relaciones volitivas, sino también como relaciones de producción, que a su vez (re)producen otras formas de relaciones sociales que inciden en los vínculos entre individuos y de estos con la sociedad y con su entorno.
Desde este punto de vista, si se quiere llegar a un entendimiento más abarcador y objetivo sobre el tema de la propiedad de los medios de comunicación, propongo que debe ser estudiado tomando en cuenta cuatro dimensiones: formal, axiológica, económica y de gestión. La dimensión formal de la propiedad es el reconocimiento legal a una persona, grupo o institución del derecho a usar, disfrutar y disponer de un objeto o bien, en concordancia con lo establecido por la ley. La dimensión axiológica implica los valores e intereses que promueve la institución mediática, el acceso que permite, así como la finalidad hacia la que enfoca su trabajo. La dimensión económica abarca las formas de captación de los recursos económicos necesarios para la producción de los contenidos y servicios mediáticos, así como la distribución de los ingresos que de ellos pudieran generarse. Por último, la gestión se refiere al proceso de organización, planeación, dirección y control de los procesos y los recursos humanos y materiales requeridos para alcanzar las metas y objetivos establecidos por el medio.
Desde la dimensión formal se determina el sujeto, grupo o institución reconocido legalmente como titular del medio de comunicación en concordancia con las formas de propiedad aceptadas en el país o territorio en cuestión. Generalmente (excepto en la propiedad personal) ello implica la existencia de un documento legal firmado ante la institución competente para la concesión de licencias y permisos.
La dimensión axiológica de la propiedad puede encontrarse expresada formalmente y de manera ideal en los principios y objetivos de la organización mediática, los cuales están contenidos, por lo general, en sus declaraciones de constitución o editoriales2. No obstante, es en el quehacer práctico de los medios, en la ejecución de sus políticas informativas donde puede apreciarse con mayor franqueza el predominio de los valores e intereses que promueve la institución, lo cual puede identificarse con la realización de análisis de contenido o del discurso en períodos de tiempo determinados. Los grupos sociales o personas a los que da acceso el medio en calidad de enunciadores —activos o pasivos— como de productores de contenido, también puede identificarse a partir de las técnicas anteriores y constituye un indicador de las proyecciones de la institución.
En el caso de la finalidad que persigue la organización, algunos autores han hablado de tipologías ideales que pueden clasificarse como medios orientados al mercado, a intereses públicos, políticos, grupales, privados. Una manera muy práctica de determinar la finalidad predominante es analizar los costos negativos —de diferentes tipos— que una organización está dispuesta a asumir por tal de cumplir con las finalidades que declara. Cuando un medio no se atreve a publicar una crítica que afecte a uno de sus principales anunciantes, es evidente su orientación hacia el mercado; algo similar ocurre con un medio supuestamente orientado hacia intereses públicos, pero que no se atreve a contradecir —pudiendo hacerlo— a un partido político gobernante cuyas acciones afectan los intereses de la ciudadanía. El aspecto axiológico está relacionado al jurídico, pero no se condicionan unívocamente. Así, podemos tener medios privados que promueven valores orientados hacia intereses públicos, o medios públicos cuyas finalidades respondan a intereses políticos específicos.
En el caso de la dimensión económica, esta es de suma importancia, pues como plantea Altschull (citado en McQuail, 2010, p. 162) en su segunda ley del periodismo: “los contenidos de los medios siempre reflejan los intereses de quienes los financian”. De ahí que sea necesario identificar las fuentes de financiamiento para luego, en la dimensión de la gestión, analizar la capacidad real que poseen estas personas o instituciones de incidir directamente sobre los contenidos del medio o las estructuras que los condicionan. En cuanto a la apropiación/distribución de los recursos que pudieran generarse del trabajo de la organización mediática, su importancia radica en que constituyen una expresión no solo de quién se beneficia del trabajo de muchos, sino que también están en consonancia con las relaciones de producción que priman en el medio y los lugares que ocupan los diferentes actores implicados.
Por último, se sugiere el análisis de la dimensión de gestión, ya que en ella se expresan los diferentes elementos de dirección de los medios. El estudio de las formas de gestión incluye, de manera esencial, la capacidad de gestión de los recursos económicos —ya que a partir del control de los mismos puede estimularse o inhibirse determinadas posiciones, posturas y tendencias, tanto en el ámbito periodístico como laboral—, el diseño y ejecución de la proyección estratégica del medio —que incluye el diseño y ejecución de las políticas informativas y editoriales, y el establecimiento de los objetivos del medio a corto, mediano y largo plazo (Franco, 2016)— y la selección de las estructuras de dirección del medio —una expresión de a quién responde la(s) persona(s) encargadas de llevar a cabo la gestión y al igual que en las dos dimensiones anteriores, son expresiones del grado de socialización en las relaciones de producción, lo cual es determinante de acuerdo al tipo de propiedad en cuestión.
A partir de esta propuesta sintética e inacabada de indicadores, intentaré realizar un análisis de la forma de propiedad bajo la que operan los medios de prensa cubanos, de acuerdo con estas cuatro dimensiones y las relaciones de complementariedad o contradicciones que se establecen entre ellas. El objetivo es determinar quién o quiénes poseen realmente la propiedad de los medios de comunicación, entendida como capacidad de disponer sobre estos y sus contenidos en función de objetivos y finalidades que responden a los interese de dichas personas, grupos o instituciones.
¿Estatales, sociales o …? Formas de propiedad de los medios de prensa cubanos
Dimensión formal
El reconocimiento legal es uno de los aspectos más socorridos en el análisis de las formas de propiedad de la prensa en Cuba. Formalmente los medios son estatales o sociales porque así refrenda la Constitución, y sus derechos de uso, disfrute y disposición le están reconocidos jurídicamente a institucionales estatales y organizaciones políticas y de masas que —al menos, en teoría— deben constituir la expresión de los intereses de aquellos que las integran o a los que representan.
De entre los medios de prensa cubanos que cuentan con reconocimiento legal, los canales de televisión y emisoras radiales —tanto nacionales, como provinciales y municipales—, así como sus páginas webs, se subordinan al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), que forma parte de la estructura del Estado cubano. En igual condición de propiedad estatal en su dimensión formal podemos ubicar revistas y publicaciones que se subordinan a instituciones del Estado cubano, como son los diferentes Ministerios o Institutos.
Por su parte, el diario Granma, los periódicos provinciales y territoriales, las agencias de información Agencia Cubana de Noticias y sitios digitales como Cubahora se subordinan directamente a diferentes instancias del Partido Comunista de Cuba (PCC), organización política que por mandato Constitucional constituye “la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado” (Art. 5), por lo que estos medios también clasifican formalmente como propiedad estatal.
En tanto, el diario Juventud Rebelde se subordina a la organización política Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), el semanario Trabajadores a la organización sindical Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y otro número amplio de publicaciones periódicas (Mujeres, La Calle, Enfoque, entre otras) responden a las distintas organizaciones de masas, sociales y gremiales del país. Todos estos medios clasifican como propiedad de dichas organizaciones, una forma que aparece reconocida en la Constitución (Art. 22), y que al parecer se interpreta como la forma de propiedad social sobre los medios que reconoce la Carta Magna en su artículo 53.
Para concluir el análisis de esta dimensión, hay dos elementos que no pueden perderse de vista. El primero es que solo pueden inscribirse (y obtener reconocimiento legal) ante el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas (RNPS)3 las publicaciones impresas o electrónicas que pertenezcan a “entidades estatales, empresariales, políticas, de masas, sociales, religiosas, fraternales u otras no gubernamentales o empresas mixtas o a entidades cubanas asociadas con una empresa extranjera” (Art. 11, Res. No. 81 de 1997, MINCULT) y son dichas entidades quienes deben realizar los trámites (Art. 12) con lo cual se subraya el carácter estatal, social o institucional —en su dimensión formal— de los medios de comunicación en Cuba.
Y segundo, que para la confección del Expediente Registral, el RNPS exige la entrega de una Carta de Aval firmada por el Ministro del organismo o institución a la que se adscriba la entidad o institución que edite la publicación; en el caso de las organizaciones políticas y de masas, por el dirigente de mayor jerarquía de estas; y en el caso de las asociaciones u otro tipo de organización social, la carta de aval debe ser emitida por el organismo de relación de dicha entidad. Si a esto sumamos que la Ley de Asociaciones vigente establece que para la constitución de una asociación esta debe contar con el aval del “órgano, organismo o dependencia estatal que tenga relación con los objetivos y las actividades que desarrollará la asociación que se pretende constituir” (Art. 6), entonces se remarca el papel del Estado tanto en la constitución de los medios de comunicación como de las asociaciones u organizaciones que pueden poseerlos.
Dimensión axiológica
Implícitamente esta es la dimensión que sostiene el razonamiento de quienes clasifican a los medios cubanos como públicos o sociales, puesto que por mandato constitucional, su uso debe estar “al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad” (Art. 53). No cabe duda que desde el sistema de medios oficiales en conjunto se promueven un grupo de valores (culturales, patrios, políticos, cívicos, sociales, etc.) arraigados y compartidos en gran parte de la sociedad cubana y coincidentes con los que se enuncian y defienden —con mayor o menor vehemencia— desde el sistema político/estatal del país.
Tanto los análisis de contenido realizados a los medios en diferentes etapas, como los valores organizacionales que estos declaran, reflejan una intención y una práctica de resaltar valores relacionados con la igualdad, la equidad, la justicia social, la solidaridad, la defensa de la identidad nacional, la soberanía, entre otros, que coinciden con concepciones y prácticas consideradas deseables, tanto desde el punto de visto individual como social y cuya promoción no se encuentra obstaculizada por intereses de mercado o de grupos específicos.
Calzando esta orientación axiológica social se encuentra el hecho de que una parte importante de los sectores sociales del país tienen presencia en los medios de comunicación, tanto en calidad de enunciadores activos como pasivos, aunque no puede desconocerse que algunas veces ciertos grupos son representados arrastrando sesgos y prejuicios sociales. En el caso del acceso a la producción de contenidos, aunque es una práctica que está altamente matizada por la profesionalización —también hay presencia de intelectuales procedentes de diferentes disciplinas— ello no constituye un elemento que genere exclusiones sociales, ya que tanto el gremio periodístico como el campo intelectual son sumamente variados en términos raciales, de género, territorial, producto fundamentalmente de las políticas sociales adoptadas por el país luego del triunfo de la Revolución.
Sin embargo, hay un elemento que no debe soslayarse y que, a mi juicio, resulta clave para el análisis de esta dimensión: la necesidad de diferenciar entre los valores e intereses públicos y sociales y los valores e intereses estatales, los cuales pueden coincidir en algunos aspectos —y de hecho coinciden— pero que no necesariamente tienen que ser idénticos ni agotarse los primeros en los segundos. En la siguiente frase pronunciada por Miguel Díaz-Canel en la clausura del IX Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), puede apreciarse tanto el reconocimiento de esos intereses compartidos, como la posibilidad de que unos sean homologados con los otros:
“Tenemos que orientarnos a los problemas de la población y, por supuesto, cuando hablamos de problemas de la población y de intereses de la población para nada estamos separando los intereses del Partido, los intereses del Estado y los intereses del Gobierno, porque ese es el Partido del pueblo cubano, ese es el Estado y el Gobierno del pueblo cubano, y ese es nuestro pueblo.”
Los valores e intereses estatales son legítimos y deben representar valores públicos y sociales en tanto el Estado y sus políticas representen la voluntad consensuada y democráticamente expresada de una parte mayoritaria de la ciudadanía; sin embargo, ello no quiere decir que sean ilegítimos otros valores sociales que por diferentes causas no se encuentren presentes o priorizados dentro de las políticas y el discurso oficial.
Una de las características de la relación entre sistema mediático y sistema político cubano es que se han equiparado de forma absoluta los valores e intereses de la ciudadanía (entendida muchas veces como un todo homogéneo) y los valores e intereses del Estado representados por los del Partido, lo cual se presenta desde el discurso oficial como una cuestión de sentido común y no sujeta a discusiones o interpretaciones alternativas, las cuales generalmente son vistas con sospecha y desconfianza.
Y aquí encuentran asidero los argumentos de intelectuales y ciudadanos que cuestionan —desde esta dimensión axiológica— el carácter público de los medios cubanos. Si a manera de estudio revisamos algunos de los debates recientes de la esfera pública cubana —“centrismo”, el filme Yo Quiero Hacer una Película— que han tenido eco en los medios de prensa oficiales, veremos que solo ha tenido cabida una línea discursiva: aquella alineada con o representativa del pensamiento oficial; mientras que otras visiones, defendidas incluso por intelectuales reconocidos y de amplia trayectoria, se han visto relegadas a correos electrónicos, blogs, redes sociales, medios no oficiales digitales o publicaciones de corte académico y de mucho menor alcance entre la población, envueltas en la mayoría de los casos en nubes de sospechas y acusaciones.
Esta ha sido una práctica recurrente dentro de los medios de prensa, que se caracterizan por un discurso homogéneo en casi todos los aspectos de la vida social del país, excluyente de la diversidad de pensamiento y donde las polémicas, de manera general, brillan por su ausencia salvo en contados escenarios como los deportes, la cultura y contadas excepciones en otros ámbitos y en torno a cuestiones puntuales. La visión de la “plaza sitiada” y el miedo a “darle armas al enemigo” han llevado a que los criterios de importantes sectores de la sociedad cubana —muchos de ellos identificados, incluso, con el proyecto sociopolítico vigente— no encuentren cabida en los medios de prensa. Lo mismo ha sucedido con algunas de las temáticas consideradas tabús en determinados momentos, cuya representación ha sido asumida generalmente desde el arte.
Lo cual nos lleva a enlazar directamente con la cuestión de la finalidad que persigue la organización y los costos que está dispuesta asumir con tal de llevarlos a cabo. En este sentido, los medios de comunicación en tanto subsistema del sistema político cubano (García Luis, 2013), no han asumido en mucho tiempo de manera general ni sistemática —por una mezcla indefinida y recursiva de no poder y no querer— los riesgos que entrañaría la publicidad de intereses públicos, legítimos, de sectores sociales que en determinados aspectos, e incluso de manera no antagónica, no están en consonancia con los intereses o visiones que se proclaman del Estado y el Partido en momentos determinados. En tal sentido, axiológicamente, los medios de prensa están orientados hacia los intereses políticos del Partido y el Estado, entre los cuales se incluyen, indiscutiblemente, muchos —pero no todos los— intereses públicos y sociales compartidos por individuos y sectores y segmentos de la población cubana.
Esta orientación axiológica que subsume “lo público” en “lo político/estatal” se hace evidente en la siguiente declaración contenida en la sección Quiénes Somos del diario Granma en su versión digital: “Granma tiene como objetivo principal promover mediante sus artículos y comentarios la obra de la Revolución y sus principios, las conquistas alcanzadas por nuestro pueblo y la integridad y cohesión de todo nuestro pueblo junto al Partido y a Fidel. En este sentido es fiel a la política del Partido, a sus principios éticos, tanto en el enfoque de los procesos que se desarrollan dentro de la sociedad cubana, así como al abordar las relaciones internacionales.”
Dimensión económica
En el aspecto económico, aun cuando en la actualidad se están dando pasos y poniendo a prueba experimentos de modelos de gestión que combinen diversas formas de financiamiento, los medios de prensa cubanos siguen siendo financiados por el Partido, el Estado o las organizaciones a las que pertenecen (cuyo financiamiento principal proviene del Estado). De dicho presupuesto sale el dinero para el salario de periodistas y trabajadores, la compra de los insumos y el pago de los servicios que necesitan los distintos medios para su trabajo.
En las propuestas de modelos de gestión que se manejan en la actualidad, se busca una complementación entre presupuesto estatal y la captación de fondos por concepto de publicidad y prestación de servicios, fundamentalmente; de manera que los medios de comunicación que pasen a operar bajo estas fórmulas constituirían unidades presupuestadas con tratamiento especial.
De cualquier forma, los medios de prensa del país operan con presupuestos provenientes del Partido o del Estado de manera directa o indirecta, y como se verá en el próximo acápite, la capacidad real de estas estructuras financiadoras (sobre todo del Partido) de incidir directamente sobre los contenidos del medio o las estructuras que los condicionan es alta. O sea, que incluso para aquellos que defienden la posibilidad de analizar por separado propiedad y gestión, estamos ante un caso en que la entidad que financia (Partido/Estado) no se desentiende ni delega del todo la administración de la propiedad.
En cuanto a la apropiación y distribución de los recursos que pudieran generarse del trabajo de las organizaciones mediáticas, debe señalarse que en la mayoría de los casos, los medios de prensa cubanos no generan —y no están diseñados para generar— utilidades; y algunos de los que sí lo hacen, captan montos que no llegan a cubrir las sumas que obtienen del presupuesto. Sin embargo, en los medios que generan ingresos —Prensa Latina, Agencia Cubana de Noticias, Cubadebate, Opciones, Radio Taíno— estos van directamente al Partido o a la institución estatal a la que se subordina el medio en cuestión (véase Franco, 2016, Anexo 5.11 Grupo de Discusión con directivos de medios nacionales), sin que dichos ingresos pueden distribuirse entre la plantilla de trabajadores que contribuyeron a su obtención o invertirse directamente en el medio de prensa.
Desde el punto de vista económico, los medios de prensa cubanos son financiados por el Partido o instituciones estatales y la apropiación de los ingresos generados —que como ya dije no llegan a cubrir sus gastos en la mayoría de los casos— también corresponde a las entidades financiadoras.
Dimensión de gestión
Esta dependencia estatal/partidista en lo económico, no solo se manifiesta en la asignación del financiamiento y la apropiación de las utilidades generadas, sino también en la gestión de los recursos económicos asignados.
En un grupo de discusión realizado con directivos de medios nacionales para una tesis de licenciatura sobre la dirección de la prensa en Cuba (Franco, 2016), esta limitación salió como uno de los principales obstáculos que enfrentan quienes tienen la tarea de dirigir la prensa cubana. Producto de una serie de deformaciones y constricciones de la política económica del país y de la visión tutelar con que se han concebido los medios cubanos, sus directivos no tienen prácticamente ninguna facultad de decisión en términos económicos. Esto incide sobre cualquier proyecto o idea que se quiera poner en práctica para mejorar la calidad de los servicios que brindan. Desde la más compleja hasta la más simple de las decisiones en este sentido, tiene que ser aprobada por el Partido o la institución rectora, lo cual muchas veces implica entrar en el vía crucis burocrático característico de casi todos los sectores de nuestro país.
En lo relacionado con el diseño y ejecución de la proyección estratégica del medio, mucho se ha escrito y hablado sobre la falta de autonomía de la prensa cubana, al punto de que ya casi resulta redundante. Julio García Luis, en las investigaciones que realizó para su tesis doctoral, encontró la presencia de fuertes corrientes de regulación externa sobre los contenidos de los medios, detectando entre las principales incidencias a los organismos de la administración y, en menor medida, al Partido, según criterio de los directivos de los medios (García Luis, 2013). En una investigación de licenciatura más reciente, los periodistas y directivos entrevistados señalaron como el principal ente regulador externo al Departamento Ideológico del Comité Central del Partido (Franco, 2016, pp. 135-136), en muchos casos con mayor grado de incidencia sobre las políticas informativas y los contenidos que los propios directivos y periodistas de las instituciones mediáticas.
Esta percepción del predominio excesivo de la regulación externa es prácticamente una constante en las investigaciones de relaciones entre agendas, representaciones sociales y sociología de la producción de noticias que toman como objeto de estudio a los medios cubanos, y son sintomáticas de que la tan mencionada autonomía y autorregulación del sector es —de manera general— una cuestión más de discurso que de práctica. Como señaló Antonio Moltó, presidente de la UPEC, en una entrevista: “El grave problema en Cuba es que el director de la publicación no la dirige. Cuando eso ocurre todo lo demás se desploma” (Franco, 2016, p. 260)
Por último, la selección de las estructuras de dirección, principalmente del máximo responsable del órgano de prensa, es una labor que –más allá de los visos de participación y consulta con que algunos pocos intentan adornarla- se realiza por completo fuera de los medios de prensa, lo cual es causa de múltiples insatisfacciones entre los periodistas y trabajadores de los medios (Franco, 2016; García Luis, 2013). Son las direcciones del Partido (entendido como estructura a nivel nacional o provincial, ni siquiera como el grupo de militantes que forma parte del medio) quienes llevan a cabo este proceso de selección y nombramiento de una manera bastante vertical, en la que predomina como criterio de selección la “confiabilidad”, lo cual ha dado como resultado una política de cuadros “errática y rectificadora por momentos” (Moltó, en Franco, 2016, p. 262), marcada por la importación de cuadros externos que muchas veces no cuentan con formación periodística y caracterizados más por la prudencia y la “inhibición responsable” (García Luis, 2013, p. 187), que por la audacia y la originalidad. Así interpreta la situación uno de los directivos de prensa entrevistados: “El gran problema está en el modelo, no en los directores. Los directores son así porque el modelo los quiere así, de otro modo no los pusieran. Los otros le generan conflictos” (Franco, 2016, p. 249).
Ante propuestas que plantean que los directivos de los medios de prensa que se consideren de propiedad social o pública deben ser seleccionados por sus propios trabajadores y consejos ciudadanos, Enrique Villuendas, uno de los funcionarios del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC ha planteado: “Eso se hizo en los tiempos de la perestroika en la Unión Soviética y el resultado fue desastroso. Muchas veces el que podría ser más popular no es exactamente el que tiene más cualidades para dirigir el lugar y puede desbaratarlo. En nuestro país, no creo que se vaya a ensayar esa alternativa” (Franco, 2016, p. 276).
Esto es un indicador que, junto a los dos anteriores, demuestra el bajísimo grado de socialización de las decisiones de importancia que existe al interior de los medios de prensa y del lugar que ocupan sus trabajadores y directivos en las relaciones de producción respecto a quienes financian, controlan y poseen en realidad la propiedad efectiva sobre los medios de prensa.
Son estos aspectos los que han llevado a que incluso autores que defienden el carácter público o social de la propiedad de los medios de comunicación cubanos, hayan señalado que su gestión es estatal. En su tesis doctoral, Rosa Miriam Elizalde (2013, p. 81) concluye que: “En realidad se ratifica la gestión estatal de los medios como servicio público, una práctica legítima pero que parece refrendar fundamentalmente la obligación de utilizar el espacio público para dar a conocer la gestión gubernamental y de los decisores políticos, limitando el carácter social de la comunicación, que supone multiplicidad de voces, considerar la información como un bien colectivo y tener en cuenta la participación de todos los ciudadanos.”
Conclusiones
Como se ha visto, la cuestión de la propiedad es un tema complejo en el que se conjugan muchos elementos que van más allá del simple reconocimiento legal. Cuando se analizan por separado y de manera conjunta las cuatro dimensiones que aquí se han propuesto, pueden surgir casos en los que diferentes maneras de poseer, usar y administrar la propiedad se conjugan. Puede ocurrir —y de hecho ocurre— que la dimensión formal de la propiedad no coincida con su orientación axiológica, ni con la económica, ni con la forma de gestión. Pensemos, por ejemplo, en un medio cuya propiedad en la dimensión formal sea de tipo estatal, financiado estatalmente, pero orientado hacia intereses públicos, y gestionado públicamente por sus trabajadores y usuarios. O por un medio formalmente reconocido como público, financiado por combinaciones de presupuesto estatal y privado, pero que esté orientado más hacia intereses políticos específicos y sea gestionado estatalmente. Las combinaciones pueden ser muchas, y es allí donde entra la pericia y la agudeza del análisis para determinar cuál de estas formas es la predominante.
En el caso de la propiedad de los medios de prensa cubanos, a mi juicio, la situación es bastante clara: los medios de prensa reconocidos legalmente son estatales, y cuando se dice estatales ello lleva implícito reconocer que en Cuba, por mandato constitucional, el Partido funciona como fuerza dirigente superior del Estado y la sociedad, diluyendo los límites que existen y deben existir entre esta tríada.
Son estatales porque tanto el Partido como otras instituciones estatales poseen la propiedad formal de la mayoría de estos, y los que pertenecen a otras organizaciones sociales, políticas y de masas, también se encuentran subordinados directa e indirectamente al Partido y al Estado. Son estatales porque axiológicamente se encuentran orientados hacia los intereses del Estado y las aspiraciones sociales que se identifican con estos, pero se desconocen otros intereses sociales y valores públicos, igual de legítimos, que no coinciden totalmente con los primeros. Son estatales porque son las instituciones estatales y el Partido quienes financian, gestionan y disponen de los recursos necesarios para su funcionamiento y las utilidades que se desprenden de su trabajo. Son estatales porque son el Partido y algunas instituciones estatales quienes tienen, en la práctica, el peso mayor en la gestión y administración de los recursos, procesos, estructuras y decisiones que dan forma al trabajo de los medios de prensa y a sus contenidos.
Reconocer esta realidad, o al menos analizarla rigurosamente despojados de prejuicios, es un primer paso para empezar a dialogar sobre ese nuevo entorno comunicativo al que casi todos aspiramos: más plural, público, social, comprometido y dinámico, que no va a resolverse con discursos, resoluciones o congresos, ni parcheando a medias y de forma asistémica las estructuras objetivas y subjetivas que ya existen y cuyas señales de agotamiento son evidentes.
Se necesita pensar en un nuevo modelo de comunicación pública en el que la cuestión de las formas y relaciones de propiedad estén en el centro, pero tomando en cuenta las diferentes dimensiones que las componen y los mecanismos a implementar que garanticen los patrones acordados, porque nos movemos en un terreno bien complicado y cenagoso, donde lo mismo nos pueden “pasar gato por liebre”, que vender “el mismo perro con diferente collar”. En el próximo y último trabajo de esta serie ofreceré mi visión sobre cuáles deberían, o podrían ser, las formas de propiedad a implementarse en dicho modelo de comunicación pública y los mecanismos que deben funcionar paralelamente para garantizar que cumplan con los objetos sociales que les corresponden.
Notas al pie:
- A pesar de que la Constitución reconoce que los medios de comunicación en Cuba pueden ser de propiedad estatal, ha existido cierta reticencia desde sectores del poder y el gremio periodístico a identificarlos como tales. Un ejemplo de ello se observa en el libro Revolución, Socialismo, Periodismo. La prensa y los periodistas cubanos ante el siglo XXI cuando su autor, a partir de grupos de criterios de directivos de medios, plantea: “Los criterios recogidos destacan, por otro lado, que la propiedad social no debe ser identificada —como lo hace el discurso adverso a Cuba— con una estatalización de la prensa, sino, principalmente, como el derecho de toda sociedad organizada a tener medios…” (García Luis, 2013, p. 158).
- Muchos medios digitales los ubican en la pestaña “Quiénes Somos” o similares.
- nstitución de carácter administrativo, adscrita a la Dirección de Publicaciones Periódicas del Instituto Cubano del Libro, que tiene por objeto “garantizar un control centralizado y efectivo sobre todas las publicaciones [seriadas] sean autorizadas para su edición, impresión o circulación en el país.” (Resolución No. 81 de 1997, Ministerio de Cultura).
Referencias:
Elizalde, Rosa Miriam (2013). El consenso de lo posible. Principios para una política de comunicación social cubana socialmente consistente y tecnológicamente sustentable en los escenarios perspectivos de regulaciones externas e internas. (Tesis Doctoral), Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.
Franco, Armando (2016). Entre la espada y la pared. ¿Cómo se dirige la prensa en Cuba? (Tesis de Licenciatura), Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.
García Luis, Julio (2013). Revolución, Socialismo, Periodismo. La prensa y los periodistas cubanos ante el siglo XXI. La Habana: Editorial Pablo de la Torriente.
Marx, Karl (1980). Sobre Proudhon. In K. Marx & F. Engels (Eds.), Obras Escogidas Vol. II, pp. 11-15. Moscú: Editorial Progreso.
McQuail, Denis (2010). McQuail’s Mass Communication Theory (6th ed.). London/California/New Delhi/Singapore: SAGE.
Reinoso, Darianna; Garcés, Raúl y Portal, Rayza (2017). El socialismo en el horizonte y el deber ser de la prensa cubana: Los intelectuales opinan. Ponencia presentada en el III Encuentro Nacional de Socialización de Investigaciones en Periodismo, La Habana, Cuba.
Sosin, Eileen (2012). De puertos, capitanes y marineros. Representaciones del encargo social de la prensa en Cuba en directivos de medios. (Tesis de Licenciatura), Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.
Veiga, Roberto (2018). LICOM no es ambiguo, oscuro ni impreciso: a propósito de un debate entre Elaine Díaz y José Raúl Gallego. Recuperado el 4 de marzo de 2018, de https://cubaposible.com/licom-no-ambiguo-oscuro-impreciso-proposito-debate-elaine-diaz-jose-raul-gallego/
