Eugenio Balari: “En Cuba el Estado debe seguir jugando un rol fundamental”

Cuba Posible se ha dirigido a diversos expertos cubanos (de diversas generaciones, experiencias y procedencias profesionales), para indagar sobre las transformaciones necesarias de cara al presente y al futuro del país. A cada uno de los abordados se les hizo la siguiente pregunta: “¿Cuáles han de ser las características de las trasformaciones del modelo social cubano, para asegurar una evolución de sus capacidades a favor de la realización de los actuales y futuros anhelos de la sociedad cubana?”. A continuación publicamos la respuesta del profesor, investigador y luchador de la clandestinidad Eugenio Balari.

No parece que en el corto o mediano plazo se establezca un modelo político/económico que se extienda mucho más de lo que se ha implementado hasta el presente. Aunque quizás sí se amplíen las inversiones extranjeras o se establezcan los necesarios cambios institucionales, jurídicos y políticos, en correspondencia con el alcance de estas ampliaciones. En tal sentido, partiendo de tal percepción realista y no de deseos, es que proyecto las siguientes ideas.

Ante todo y para colocar el tema en contexto y rigor histórico, debo decir que es con el triunfo de la Revolución que se inicia en Cuba una amplia labor de beneficio social; sobre todo en aquellas áreas que resultaban más sensibles o esenciales a las gentes, porque afectaban a los más desprotegidos de la población, especialmente en zonas rurales.

Documentos de la época pre-revolucionaria ofrecen contundentes informaciones sobre la situación social existente. Por ello, al proceso revolucionario, con sus proyecciones de justicia social, le resultaba imprescindible acometer, con urgencia, soluciones sociales, porque mayoritariamente el pueblo las esperaba. Ante tales circunstancias se pusieron en marcha políticas que esbozaron e implementaron programas educacionales, de salud, deporte, cultura, viviendas, empleo o asistencia y seguridad social. Sin embargo, la batalla que se libraba por las transformaciones, el desarrollo y la justicia social, hubo de realizarse en circunstancias muy adversas para Cuba.

No obstante, en el transcurso de varios años, enfrentando obstáculos externos e internos, el país logró construir exitosos sistemas educacionales, salud, deporte y cultura; garantizándolos de manera universal, gratuita, o a bajo costo; amén de otras políticas sociales.

En estos momentos, cuando se introducen cambios económicos, en circunstancias diferentes a las de los años 60, 70 y 80 (una vez resistidos los fuertes impactos del Período Especial), se visualiza la necesidad de proyectar un nuevo modelo de desarrollo social, que en las circunstancias actuales racionalice los elevados gastos presupuestarios y ofrezca mayores espacios al autofinanciamiento, complementándose con sectores privados y cooperativos.

El nuevo modelo económico/social, consecuencia de las reformas económicas establecidas, reformará, a su vez, otros sectores de la sociedad;  porque resulta necesaria la coherencia entre lo que acontece y la labor de ajustes institucionales, jurídicos y políticos que se le corresponda; pues hará falta alcanzar un eficiente y productivo desenvolvimiento entre las actividades.

Todos los sectores, incluyendo el de los servicios sociales priorizados, deberán someterse al análisis de los efectos de la reforma económica; considerando la economía como a la sociedade: sistemas a desarrollarse armónica y coherentemente.

Por lo que se infiere, las reformas no solo deberán ser económicas, sino también sociales, institucionales, jurídicas y/o políticas (si en realidad se quieren conciliar las partes del todo); logrando desarrollar un modelo económico/social coherente; por demás eficiente y  poseedor de consenso nacional y extranjero.

El modelo social deberá ser eficiente y caracterizarse no tanto por sus dimensiones cuantitativas, sino por sus cualidades, eficiencia y racionalidad económica; donde el ciudadano usufructuario (en cualquiera de sus áreas específicas) salga satisfecho de sus aportaciones o servicios. Una mayor racionalidad, eficiencia y calidad en las misiones del modelo social, significaría ahorros financieros y materiales sustanciales; obteniéndose a través de la responsabilidad, el estímulo y la exigencia, un mayor grado de satisfacción en los usuarios.

El sistema educacional, así como los otros priorizados, deberán continuar garantizándose por el Estado. Al igual que el sistema de salud, deberán preservar su carácter universal y gratuito en sus diferentes niveles.

Sin embargo, es conveniente que se faciliten soluciones complementarias, porque el sector privado puede desarrollarse en ciertas especialidades o aspectos puntuales, para personas que lo deseen o puedan pagarlo. En la educación, por ejemplo, pudiera haber educación privada allí donde haya limitaciones de profesores o escuelas, materias difíciles, exigencias de esfuerzos superiores que requieran de auxilios, lugares apartados. Pudiera implementarse esta modalidad para asesoramientos en repasos, desarrollo de cursos de idiomas, o en posgrados (especialidades, maestrías o doctorados). De forma legal, aunque insisto complementaria, esta modalidad podría facilitar la combinación de acciones estatales y privadas, por demás compatibles en el marco de una economía que se desarrolla como mixta.

El Estado no debe dejar de exigir un cierto nivel básico de educación, pero debe tener conciencia de que no toda persona desea o posee las condiciones para continuar estudios; por lo que deberá priorizar la labor de orientación vocacional, aportando racionalidad y ubicaciones de mayores beneficios económicos y sociales.

Algo similar puede hacerse en los servicios de salud, pues aunque se encuentren extendidos, se comprende la necesidad de alcanzar en ellos mayor eficiencia administrativa y económica.

Los costos operacionales, de mantenimiento y reparaciones de los centros de salud, como los de la educación, son elevados. Por ello, su racionalidad y eficiencia deberán ofrecer ahorros presupuestarios significativos. Las autoridades de salud, de educación y del resto de los servicios sociales, deberán encontrar vías (que existen) de mayor eficiencia y racionalidad.

Reducir gastos presupuestarios en los servicios priorizados es posible y resulta imprescindible hacerlo. Sin embargo, para ello es necesaria una consciente y sistemática política orientada en esa dirección.

En cuanto al personal de la salud y otros que laboran en el extranjero, por la dimensión de los ingresos que aportan, parte de ellos deberán utilizarse en el propio sostenimiento del sistema; pero no deben estar a expensas de las fluctuaciones políticas que se producen; por lo que habría que idear, para los contratos, formulas desestatizadas más apropiadas y seguras.

Las autoridades, además, debieran orientarse a que las áreas económicas (en una economía que aspira a crecer y hacerse eficiente) se dinamicen de manera fundamental. Mientras que la labor de exportación de conocimientos y servicios (salud, educación u otros) debería utilizarse más hacia las aportaciones a sus sectores específicos.

Aprovechando el aumento del turismo internacional, se hace evidente la conveniencia de potenciar más el turismo de salud como fuente de ingresos que le tribute al sector. Como podrá comprenderse estas son ideas que se orientan a ampliar las posibilidades del autofinanciamiento y a darle un espacio complementario a los sectores emergentes en el modelo que se esboza; sin dejar de considerar el papel trascendente y fundamental del Estado en la sostenibilidad de estos.

Otra cuestión contradictoria, sensible y pendiente a resolver son las pensiones a los jubilados. Resulta imprescindible revisar y corregir este asunto, y colocarlas en correspondencia a los costos de vida actuales, y junto a ello, continuar auxiliando a las personas de bajos ingresos y recursos (monetariamente, en especies, o servicios).

El hecho de contar con una numerosa población jubilada, hace pensar la conveniencia de poner en marcha programas productivos o de servicios en las comunidades; convocando a personas jubiladas que lo deseen y puedan laboralmente ser útiles a participar de ellos; aprovechando sus energías, conocimientos o experiencias y haciéndolos sentir humanamente más útiles.

La asistencia y seguridad sociales, dado el envejecimiento poblacional y los cambios económicos introducidos u otros previsibles, junto a la necesidad de reducir subsidios y perspectivas “alcistas” en los precios del mercado doméstico, convierte esas ayudas en imprescindibles.

Con respecto al deporte y la cultura, aunque con magnitudes presupuestarias inferiores a la salud y educación, las ideas serían similares. Debemos continuar desarrollando soluciones mixtas, actividades autofinanciadas, acorde a sus especificidades sectoriales, reduciendo costos y estimulando a su personal.

Dadas las circunstancias actuales o previsibles en el corto o mediano plazo, una reforma al modelo social no debería orientarse hacia una ruptura mayor (limitando su alcance o descomprometiéndose el Estado de esta). Esto no ha ocurrido. Él continúa teniendo el peso fundamental y mayoritario en la economía. No obstante, el crecimiento económico sigue siendo limitado y se mantienen situaciones domésticas de elevada complejidad (bajo poder adquisitivo de la población, formas comerciales diferenciadas, escasez de productos de consumo, irracionalidades en los precios al consumidor, existencia de doble moneda, así como los procesos inflacionarios internacionales). Por ende, sería necesario darle continuidad, en lo fundamental, a las medidas sociales existentes y mantener en general sus procedimientos establecidos.

El Estado, por tanto, deberá continuar ocupando su papel fundamental y rector. No debe dejar de garantizar esos servicios y prestaciones, aunque sí debe ajustarse, como hemos señalado, al nuevo modelo social. Para esto, debe asegurar áreas autofinanciadas que le aporten recursos y la presencia de los llamados sectores emergentes (privado y cooperativo), en labores auxiliares y complementarias.