¿Existe en Cuba un “reformismo anti-democrático”? Introducción a un debate

Las corrientes reformistas, en tanto parten del reconocimiento de la legitimidad del orden que pretenden reformar, se ajustan a la materialidad institucional. En el caso cubano actual, el reformismo no tiene otra opción que intentar emplear los procesos institucionales verticales y centralistas que pautan el sistema político cubano. Una característica particular de algunos reformistas cubanos es su apelación al poder solicitando ser escuchado, evitando tonos de exigencia. De este modo, y sin explicitarlo, se alejan de los presupuestos democráticos que establecen que los funcionarios del gobierno central, las provincias y los municipios son servidores públicos que tienen que atender las demandas populares. Escuchar y atender a la gente no debe ser una “opción” para el gobierno, sino un deber. El reformismo más servil, entonces, suele invocar a la buena voluntad de aquellos (yo diría “de una minoría”) que tienen suficiente poder para transformar la realidad.

Históricamente, el reformismo suele ser funcional al poder porque transmite sensación de movilidad, de existencia de espacios para el debate y de cambio paulatino. En el caso cubano, el autoritarismo y el desprecio a los principios democráticos están tan arraigados en las instituciones y en la sociedad, que incluso casi todo el espectro de la corriente reformista suele ser tachada como “funcional a la agenda del enemigo” en tanto llega a tocar temas sensibles para el orden establecido.

No sería acertado categorizar las corrientes históricas de reformismo político cubano como inservibles o ilegítimas; tampoco todo el espectro reformista dentro de la Cuba actual puede ser etiquetado como “servil” al poder, o contrario a promover dinámicas democráticas dentro del modelo socialista. Es un sector de este entorno político el que mantiene un discurso excluyente y anti-democrático contra cualquier actor que disienta de sus presupuestos políticos. El sector del que hablamos es aquel que defiende algunos cambios legislativos en temas como la prensa, la producción cinematográfica o, incluso, la necesidad de una nueva Ley electoral. También suele enarbolar el discurso raulista de “el cambio de mentalidad” refiriéndose a sobreponerse a algunos prejuicios establecidos en parte de la sociedad cubana, sobre todo con respecto al trabajo por cuenta propia (una especie de idealismo que niega que esa “mentalidad” y prejuicios existen porque hay unas condiciones materiales que los propician, y que sin transformar esas condiciones materiales no se transformará sustancialmente esa “mentalidad”).

Sin embargo, esta corriente política es contraria a cambios políticos y legislativos de fondo, ignorando que para que muchas de sus demandas sean posibles y (sobre todo) sostenibles, deben estar precedidas por cambios estructurales en el propio sistema político. No tocan el núcleo de poder del actual orden: el partido único, la no separación de poderes y, con ello, la hegemonía del Consejo de Estado como brazo legislativo y judicial del PCC; y la impunidad, por tanto, del Ministerio del Interior para maniobrar cuando sea necesario como policía política de cualquier disidencia (organizada o no).

Esta corriente dice defender una “democracia genuina”; sin embargo, no sabemos de dónde provienen esos presupuestos democráticos. Tampoco son capaces de explicar qué sería la democracia desde el pensamiento marxista. En algunos casos, se observa una suerte de orfandad teórica mal disimulada con discursos repletos de clichés, eslóganes propagandísticos e imputaciones personales.

Partiendo de aquí, no es difícil imaginar que quienes comulgan con estas premisas suelen enmarcar los márgenes del debate con una estrechez pasmosa. Lo “revolucionario” o “socialista” es lo único legítimo para Cuba, declararían. Pero “revolucionario” no como una significación relativa que varía dependiendo al contexto (de modo que lo que hoy es “revolucionario” mañana podría no serlo; de modo que lo “revolucionario” en términos relativos vendría a ser aquello que es novedoso, justo y efectivo), sino como un dogma ideológico que solo sirve para reproducir una distribución de poder que empodera a unos y excluye a otros, sin dinámicas de redistribución que aborten la concentración y perpetuación del poder. Y “lo socialista”, no como vehículo de distribución, justicia, y derechos en toda su amplitud, sino como un modelo desigual, con algunos derechos sociales que cada vez se ven más erosionados por la insostenibilidad del modelo económico.

El uso de la soberanía como piedra arrojadiza contra cualquier disenso es una de las herramientas más empleadas por estos “reformistas”. También suelen señalar a cualquier grupo que se organice y emplee fondos de diferentes organizaciones internacionales para llevar a cabo sus proyectos. Para este “reformismo” los recursos legítimos son aquellos que provienen del Estado cubano, o los que se empleen únicamente en favor de su gobierno. Desconocen, así, burdamente, las dinámicas globales actuales de flujo de recursos desde diferentes fuentes y que no buscan condicionar a quienes los reciben.

Sobre estas cuestiones debatimos un grupo de académicos. Lo importante no es, sin embargo, la etiqueta que se use para enmarcar esta corriente dentro de la “izquierda” cubana (puesto que no nos pondríamos de acuerdo en cuál denominación es la más precisa), sino sus posiciones políticas, sus presupuestos teóricos, y su accionar (que muchas veces está condicionado por la agenda gubernamental). Son varias las razones por las que creo importante abrir un debate sobre este sector de la izquierda cubana, que es, a mi entender, anti-democrático en su esencia (más allá de que defienda más espacios de participación, por ejemplo).

En primer lugar, es usual encontrar en estos “reformistas”, “neo-leninistas”, o como se prefiera llamarles, una tendencia que cree poder representar toda la diversidad de la sociedad cubana. (muy común en las visiones leninistas de la sociedad, y propias del Partido Comunista de Cuba, y las organizaciones de masas subordinadas y condicionadas por las instituciones del Estado). La diversidad cubana es mucho más amplia que cualquier visión particular, que cualquier ideología, que cualquier grupo. Reconocer, respetar, y promover la diversidad es, de hecho, contrario a la idea misma de querer forzar representarla y abarcarla en toda su magnitud.

Esta corriente habla de diversidad, pero solo está dispuesta, en el fondo, a integrar en la sociedad esas identidades que no lleguen a desbordar el ideario sociopolítico que representan. Esas subjetividades colectivas que la desbordan terminan siendo vistas por ellos como “ajenas” a la cubanidad (identidades plattistas, en el peor de los casos). Por otro lado, creo importante este debate en tanto sería totalmente insuficiente transformar el país “a medias”, como quisieran estos reformistas; para quienes la democracia y el Estado de Derecho no son elementos centrales en la Cuba futura.

Así, invitamos a una reflexión que creemos es relevante en la coyuntura actual y que deberíamos tener en los medios de comunicación nacionales. Pero sabemos, de antemano, que no se dará (al menos por ahora).