La falsa conexión entre crecimiento económico y ajuste: el ruido, las nueces y el error

La noción de que la austeridad económica —a veces llamada “ajuste”— no solamente no produce crecimiento, sino que puede incidir negativamente en este, ha sido una concepción habitual de una parte del pensamiento económico y es un concepto que actualmente es ampliamente compartido a nivel mundial. En el caso de Cuba, esa es —por muy amplio margen— la idea predominante entre los economistas.

Durante mucho tiempo, marxistas y keynesianos —entre otros— han sostenido esa idea, incluso durante la “época dorada” del neoliberalismo, cuando la “austeridad” cobró fuerza como ideología y práctica de la lucha de clases contemporánea.

La tesis de que un ajuste, en su variante de “austeridad expansiva” (cuando se asume que no tener déficits presupuestarios -o tenerlos a un nivel muy bajo- mediante la limitación del gasto estatal), es una condición para el crecimiento económico, ha perdido rápidamente credibilidad en los últimos años. El rechazo a la llamada “falacia de la disciplina fiscal” ha sido notable. El último gran reducto oficial de esa idea —Europa Occidental— parece estarse rindiendo ante la evidencia, si bien todavía quedan algunos bolsones intelectuales y políticos recalcitrantes. Pocas veces en la historia del pensamiento económico, un debate de alcance global ha sido resuelto tan rápidamente y de manera tan decisiva. La tesis de la “austeridad expansiva” que hacia 2010 se consideraba como muy influyente, colapsó totalmente entre 2015 y 2016.

La llamada “crisis griega” de 2015 —en realidad una crisis de las políticas de la Unión Europea— ha marcado un antes y un después en este tema, al punto de que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), institución considerada como la catedral del neoliberalismo, inició progresivamente una especie de mea culpa (en realidad a medias y opino que con una alta dosis de hipocresía), cuando Oliver Blanchard, ex-Economista Jefe del FMI, tuvo que admitir que esa institución se había equivocado sistemáticamente en sus valoraciones sobre el impacto de la austeridad en el crecimiento. La situación evolucionó rápidamente y hacia mayo de 2016 el FMI protagonizó uno de los ejercicios de auto-flagelación intelectual más curiosos de los últimos tiempos cuando publicó en el sitio web de la institución un artículo titulado “Neoliberalismo: ¿Sobrevendido?” en el que tres conocidos economistas del FMI (Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani, y Davide Furceri) reconocieron que las políticas neoliberales no crearon crecimiento económico y, sin embargo, fomentaron la desigualdad.

A nivel académico, la presumida influencia internacional que sobre las políticas económicas llegaron a tener proponentes de la “austeridad expansiva”, como Alberto Alesina, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, ha sido reemplazada recientemente por las voces de economistas muy críticos de la “austeridad” como Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Yanis Varoufakis, este último, marxista.

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Cuba? Para empezar, con el hecho de que no logro identificar un solo economista cubano que, desde que se hizo firme la evidencia —hacia el verano de 2016— de una rápida desaceleración económica del país, haya expresado que se necesitan medidas de “austeridad” para hacer crecer la economía nacional; incluso ni entre aquellos que en momentos anteriores pudieron haberse referido a la posibilidad de que el país pudiera experimentar algún tipo de ajuste económico. Pero quizás me equivoco y todavía anda suelto entre nosotros algún discípulo de Rogoff.

Curiosamente, la aceptación en Cuba del postulado de que sería más cómodo crecer a altos ritmos aplicando políticas de ajuste no se origina en los economistas. No se trata de que quienes no son economistas y piensan así en Cuba estén de acuerdo con tales políticas, en realidad las rechazan, pero lo interesante es que parecen estar anclados en el pasado, al aceptar hoy —de hecho— un presupuesto teórico, como el de la “austeridad expansiva”, que es ampliamente rechazado por los economistas.

Habiendo aclarado ese punto, conviene entonces precisar dos cuestiones. En primer lugar, que todo ajuste económico no se inspira en nociones de “austeridad”. Pueden existir ajustes diferentes por razones distintas, como pudiera ser la necesidad de mantener equilibrios de oferta y de demanda a nivel general de la economía, que nada tienen que ver con el error de pensar que la “disciplina fiscal” causa crecimiento. En segundo lugar, que la manera en que en el marco de una política económica se decide la asignación de recursos para el llamado “gasto social” —que prefiero denominar “inversión social”— no es un asunto respecto al cual los economistas (en tanto académicos) tengan competencia alguna.

La decisión de reducir el presupuesto para determinadas partidas de bienes y servicios sociales —como la educación o la salud— es un resultado de la política concreta, no del mundo académico. Las ideas de los economistas que trabajan en la academia pudieran influir técnicamente hasta cierto grado el diseño de políticas, pero muchas veces —en cualquier parte del mundo— esas ideas son utilizadas más bien para darle elegancia al discurso político o, en ocasiones, se adoptan como “hojas de parra” científicas para encubrir decisiones tomadas de antemano. Esa es, por ejemplo, la manera en que ha funcionado el neoliberalismo.

Respecto al primer punto, habría que tomar nota de que los datos oficiales de las cuentas nacionales de Cuba indican que durante los últimos años se ha producido un ajuste en los recursos que dedica el país a bienes y servicios sociales. Obviamente, no se trata de un ajuste inspirado en nociones de “austeridad”, pero tal ajuste, entendido como una medida para evitar desequilibrios económicos, ha sido un hecho. Si en 2010 se le dedicaba a la educación el 8,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en 2015 esa cifra se había reducido al 6,1 por ciento. En el caso combinado de la salud pública y la asistencia social, la reducción fue algo menor, de un 17,8 al 16,9 por ciento. No son reducciones grandes, pero indican un ajuste, lo cual refuerza la idea de que se debe ser preciso cuando se utiliza el término de ajuste en el marco de debates de política económica.

De hecho, la información divulgada recientemente sobre el presupuesto indica que, al menos en el caso de la educación, se prevé una recuperación de su peso en el PIB, lo cual revela una voluntad política de priorizar la inversión social. Para despejar cualquier duda, debe tenerse en cuenta que Cuba es uno de los países que, a pesar de esas reducciones, registra las cifras más altas de esos indicadores a nivel mundial. Más importante aún, los ajustes ocurridos no han revertido, en lo esencial, los altos niveles de los indicadores de desarrollo social del país en educación y salud.

Llamo la atención sobre este hecho para resaltar que ese tipo de ajuste se explica esencialmente por un desbalance surgido entre el alto nivel de prestaciones sociales que se ha alcanzado como resultado de políticas de justicia social, y el menguado nivel de recursos que el bajo crecimiento económico del país desde 2008 ha sido capaz de generar. De ahí, la crucial importancia que tiene colocar al país en una senda de crecimiento superior al 5 por ciento, cuando menos, para poder asegurar los recursos materiales que necesita el mantenimiento y el perfeccionamiento de un modelo basado en la inclusión y en la justicia social.

El segundo aspecto antes mencionado permite entender que las nociones de “austeridad” no han tenido cabida en las decisiones de los ajustes llevados a cabo en la distribución de los recursos del país, porque la política nacional impide que eso suceda. Son las correlaciones de poder y no las nociones de los economistas, ni de ningún otro grupo intelectual, lo que decide cómo se distribuye la riqueza de la nación.

Cualquier posible hipótesis de que entre los economistas cubanos pudiera tener alguna pujanza la idea de la “austeridad expansiva” requeriría aportar un tipo de evidencia que, hasta donde puede apreciarse, no existe. Pero es que incluso si algo así existiese, no tendría mucha importancia si no hay un grupo político con el poder suficiente como para imponer esas ideas en el marco del proceso político en el que se deciden las políticas económicas del país.

Quienes en Cuba llaman hoy la atención sobre la importancia del crecimiento económico —que se entiende bien que solamente es una de las tantas condiciones para acceder al desarrollo— no consideran que el ajuste, en su variante de “austeridad expansiva”, sea necesario para impulsar el desarrollo. En realidad, existen datos suficientes para opinar todo lo contrario. Como se diría popularmente, la falsa conexión entre crecimiento y ajuste no tiene “fijador” entre los defensores de la necesidad de políticas de alto crecimiento de la economía nacional. La justicia social no es barata. Se necesita dedicarle muchos recursos a ese noble ideal y eso exige el incremento de la riqueza material de la nación, algo que vendrá esencialmente del crecimiento económico.

En Cuba, la creencia en la posibilidad de la “austeridad expansiva” (una supuesta facilidad para crecer económicamente si se aplica un ajuste) no es aceptada entre los economistas. Ese error viene de otros.

Sobre los autores
Cuba Posible 188 Artículos escritos
Cuba Posible es un “Laboratorio de Ideas” que gestiona una relación dinámica entre personas e instituciones, cubanas y extranjeras, con experiencias y cosmovisiones diversas; en algunos casos muy identificadas con las aspiraciones martianas. Si...
Pedro Monreal González 55 Artículos escritos
(Guantánamo, 1958). Especialista del Programa de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana (1999). Estudios de posgrado en la Universidad del Sur de California (USC), La Jolla, Estados U...
2 COMENTARIOS
  1. Marlene Azor Hernández dice:

    Pedro excelente tu artículo.Sin embargo como has señalado hay disminución de inversión social a partir del 2008.Los datos pueden ser consultados en el trabajo de Mesa Lago, su libro del 2012 y las posteriores intervenciones de este investigador en entrevistas más cercanas a 2016. Sobre todo en el ámbito del sistema de seguridad social cubano, muy diferente para las Fuerzas Armadas y el MININT(muy generoso) al que se aplica al resto de la población.La política de no dar subsidio a los más vulnerables “porque alguien en la familia trabaja” unido a los bajísimos salarios, ha resultado en una reducción injusta de una franja importante de la población más vulnerable, que ha quedado fuera de toda protección.
    Saludos.

  2. Pedro Monreal dice:

    Hola Marlene,

    Tomo nota de lo que planteas acerca de la existencia de esquemas de seguridad social diferentes para civiles y militares, así como respecto a la posibilidad de que pudieran existir determinados criterios que afectarían la protección social de personas pertenecientes a lo que se considera como la población más vulnerable, o sea, los ciudadanos pobres.

    Respecto a lo primero, se trata de un tema conocido no solamente en Cuba pues los militares reciben en muchos países beneficios en materia de salarios, vacaciones pagadas, servicios médicos, acceso a créditos, menores precios de consumo y mejores planes de retiro, en condiciones más ventajosas que el resto de los funcionarios públicos. Por ejemplo, en Estados Unidos ese trato diferenciado se establece a partir del criterio de “los riesgos y sacrificios adicionales que experimentan los militares. Investigaciones han mostrado que trabajan largas jornadas, y usualmente laboran un mayor número de días al año que los civiles. Adicionalmente, son estacionados lejos de sus hogares en entornos peligrosos y poco agradables” (James Feefer, “Military and Civilian Compensation: How do they Compare?”, 2011) Ese mismo argumento parece ser válido para los militares cubanos y de muchos países.

    Hay un punto importante en cualquier discusión cuando se aborda ese tema: la razón por la cual han existido ajustes en la inversión social en Cuba desde 2008 (que aclaré en mi texto que no eran ajustes muy grandes) no se explica porque existan esquemas diferenciados de seguridad social para civiles y militares. Por lo menos no conozco ningún estudio que pudiera avalar una causalidad de ese tipo.

    La razón principal, a mi juicio, es que ha existido una divergencia entre el nivel de esa inversión social –probablemente la más alta del mundo en términos relativo como por ciento del PIB- y la base de recursos con la que esa inversión social debe sostenerse. Por tanto, lo que debe resolver el asunto –para evitar ajustes de equilibrio en el corto plazo- es que se produzcan tasas de crecimiento más elevadas.

    El segundo aspecto que señalas es más complicado de abordar. Por una parte, la existencia de la pobreza en Cuba –que oficialmente no se asume conceptualmente como pobreza- ni siquiera cuenta con estadísticas confiables. El sistema estadístico cubano es muy probable que este midiendo tanto la pobreza (en forma de población “vulnerable”) como la desigualdad, pero esos datos no se publican, de manera que –fuera de unos pocos- no se conoce con precisión la dimensión del problema.

    Por otra parte, atajar ambos problemas (pobreza y desigualdad) en su raíz no es solamente una función de las políticas sociales sino del mercado laboral (prevalencia de “trabajo decente”). Es decir, que hasta que en Cuba el salario no tenga los niveles adecuados a una gran escala, las políticas sociales deberán encargarse de “resolver” necesidades que debería resolver el salario. Separo de esa consideración los bienes públicos que como la educación y la salud deben ser de acceso universal y gratuito (tienen un costo, pero no lo paga el “beneficiario” del servicio).

    Mencionas la existencia de criterios administrativos que pudieran estar complicando aún más el asunto, un tema respecto al que existe información dispersa, lo cual dificulta el análisis. Pero ese es un tipo de problema que, siendo pernicioso, comparativamente no sería tan complicado de solucionar.

    Al final, volvemos siempre a un punto crucial: el incremento de la riqueza social –por la vía de tasas de crecimiento mayores que las actuales- es el cimiento que permitiría tanto sostener niveles de inversión social adecuados y que también facilitaría (aunque no garantizaría automaticamente) la mejoría de las condiciones de trabajo y de remuneración salarial del país.

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