Financiamiento externo: ¿razón para descalificar políticamente?

Exposición de cubano. Foto: blog Lagarto Rojo

El activismo político y social cubano, en la actualidad, está caracterizado por la pluralidad. Las polarizaciones ya no son posiciones exclusivas en Cuba. Sin embargo, las ideas de quienes permanecen polarizados siguen siendo excluyentes.

Un amplio segmento del sector tradicionalmente opuesto al gobierno cubano desconoce la legitimidad de este y también la validez de cualquier otra postura que intente establecer un diálogo crítico. Por su parte, el sector oficialista desconoce y cataloga como “mercenarios” y “anticubanos” a todos aquellos diametralmente opuestos1 y como “camuflados”, “centristas” y “socialdemócratas” al resto de ese nutrido grupo compuesto por “acompañantes críticos”, “organizaciones posicionales representantes de grupos específicos” e “iniciativas comunicativas independientes”, a las que recientemente se les ha denominado, con animo de descalificación, como “privadas”.2

Dentro del oficialismo destaca tambien un ala “reformista” que sostiene la relevancia de la adopción de cambios, pero que mantiene criterios excluyentes con relación a la participación de actores políticos y sociales diferentes a los gubernamentalmente legitimados.3 La exclusión se concentra especialmente en la “oposición tradicional” (aquellos grupos que desde la década del 90 se han organizado para desconocer al gobierno y oponerse frontalmente). A sus miembros les consideran apátridas y anexionistas. No obstante, ninguno de los argumentos demeritorios esgrimidos por el oficialismo más radical, e incluso el reformista, ha sido contrastado pública y abiertamente.4 Las versiones hard y light del oficialismo, no solo se han ocupado de descalificar a sus contendientes o meros críticos, sino también de negarles la posibilidad de interlocución.5

Como base de la descalificación se utilizan, fundamentalmente, las cuestionables posiciones de algunos actores políticos cubanos favorables al bloqueo/embargo y el financiamiento extranjero que reciben.6 Este último argumento es empleado para sostener la idea de “servicio a gobiernos foráneos”, tanto de los “gusanos” habituales, como de los “zorros” que mantienen posturas divergentes desde una actitud conciliadora.

El oficialismo incondicional ha apelado a la “financiación extranjera” para negar la autonomía y autenticidad de los actores que surgen, se desarrollan o sustentan con la cooperación internacional o con capitales privados foráneos.7

Mientras, la vertiente reformista ratifica por omisión la descalificación. Sin embargo, disfruta de los beneficios de la cooperación internacional y omite pronunciarse cuando se discrimina a quien la usa para un fin diferente al tolerado por el gobierno. La institucionalidad en la que se amparan, les permite usar fondos públicos y extranjeros de los que no pueden disfrutar la mayoría de los actores colocados en cualquier otro lugar del espectro político cubano.

La imposibilidad radica, fundamentalmente, en las dificultades asociativas que por el diseño legal vigente presentan los “independientes”. El ordenamiento jurídico obstaculiza y condiciona la constitución de organizaciones legitimas no afines al gobierno.

Derecho de asociación vs igualdad en el financiamiento.

Quienes asumen posturas ajenas a la oficialidad enfrentan importantes obstaculos para crear organizaciones que les permitan usar sistemas contables auditables y transparentes. Consecuentemente no pueden aspirar al uso de mecanismos financieros corporativos y, mucho menos, a la utilización de las más comunes fuentes de fundraising.

El espacio institucional de la Isla está controlado por el Estado/Gobierno. Las organizaciones no gubernamentales que subsisten requieren la venia y autorización del gobierno no solo para su creación, sino también para su mantenimiento y supervivencia. Sin poder generar sus propias estructuras ni usar las existentes, los activistas políticos y sociales independientes se encuentran en una situación desventajosa.

El marco que regula la creación de cualquier asociación en Cuba tiene como premisa la imposibilidad de coexistencia de más de una organización con idénticos fines. El gobierno se ha preocupado por constiuir un sinnúmero de organizaciones afines que cubren casi todos los ambitos de la sociedad. La multiplicidad de organizaciones controladas permite al gobierno apelar a la legislación vigente para negar la posibilidad de constitucion de cualquier iniciativa asociativa diferente y reprimirla penalmente en caso de ser necesario.8 Las normas jurídicas cubanas condicionan, por ende, las características especiales de las ONGs en la Isla.

Características especiales del entramado ONG cubano

Las ONGs, por regla general, contribuyen al desarrollo de los espacios en donde no existe presencia activa del Estado. Históricamente han asumido el rol de denunciar el mal funcionamiento de los Estados/Gobiernos, la corrupción, la impunidad y los abusos de poder. El sector ONG ha sido siempre uno comprometido con las transformaciones sociales de los pueblos y posee, en la mayoría de los casos, un trasfondo político no lucrativo en su naturaleza y lógica de funcionamiento.

Sin embargo, la dependencia de las organizaciones no gubernamentales cubanas del gobierno de la Isla, les impide reproducir, en igual medida, las características generales del resto de sus homólogas. Su lógica de funcionamiento no deja de tener un trasfondo político, pero completamente acorde con las estructuras estatales/gubernamentales. Sus esfuerzos se dirigen especialmente a contribuir, desde un activismo restringido, a la imagen construida por el gobierno sobre la existencia de una plural y colorida “sociedad civil”. Sin embargo, esa contribución solamente se cirncunscribe a los límites del concepto de “sociedad civil” manejado por los oficialistas más radicales y que no se corresponde con el construido por algunos de los más importantes reformistas reconocedores de la legitimidad del sistema.9

Esas organizaciones que se utilizan para ofrecer la imagen de pluralidad e independencia, son las mismas que participan, sustentadas con fondos presumiblemente públicos, como representantes de la “sociedad civil legitimada” en foros internacionales. La postura que asumen en los espacios foráneos no se distingue en lo absoluto de la que mantienen en Cuba para poder subsistir. Intolerancia total a cualquier manifestación en contra de la “Revolución”, y utilización de métodos ajenos al debate o la denuncia pacífica. Como mejor ejemplo de lo anterior perdurará la actuación de las delegaciones “oficiales” cubanas a la Cumbre de los Pueblos de Panamá (en el año 2015), y más recientemente en Lima.

Las características especiales asumidas por las ONGs cubanas, no les han impedido desembarazarse de la necesidad de financiamiento. Como el resto de sus homólogas, mantienen una dependencia directa del financiamiento de terceros, especialmente del que llega en calidad de cooperación internacional. En cifras conservadoras se habla que el porcentaje de dependencia financiera del sector ONG a nivel mundial llega a un 90 por ciento.10 Los niveles de autogestión o sostenibilidad financiera de las ONGs, tanto en Cuba como en el resto del planeta, son limitados o, en la mayoría de los casos, inexistentes.

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y el holandés Instituto Humanista para la Cooperación en su Totalidad (HIVOS), son algunas de las organizaciones a través de las cuales se canaliza la cooperación internacional con Cuba. Dicha cooperación es gestionada en el terreno, fundamentalmente, por instituciones oficiales o por las ONGs reconocidas por el gobierno cubano.11

Solo entre el 2008 y 2013 la Union Europea financio más de 80 proyectos, cuya suma ascendió a más de 85 millones de euros. Todos los socios cubanos gestores de esos dineros son instituciones, organizaciones o proyectos, reconocidos por el gobierno cubano.12 Según ha declarado la delegación de la Union Europea en Cuba, hasta el año 2020 el país recibirá, a través de esas instituciones, cerca de 57 millones de euros adicionales.13

Si las instituciones y las organizaciones reconocidas por el gobierno cubano actúan con fondos extranjeros, entonces utilizar la “financiación externa” como un mecanismo de descalificación política o social implica, cuando menos, una incoherencia. Incoherencia maximizada cuando las mismas organizaciones y personas que utilizan dinero holandés o suizo, callan ante los cuestionamientos con relación a la autonomía y valía de quienes reciben dinero proveniente del mismo origen, pero para fines diferentes.

Para quienes cuestionan y callan parece ser válido solo aquel financiamiento que se emplee a través de las instituciones u organizaciones legitimadas y reconocidas por el gobierno cubano. Lo importante no parece ser el origen del financiamiento, sino el uso para el que se destine, y los cuestionamientos o denuncias que los ejecutores puedan hacer del Estado/Gobierno.

El debate con relación a la financiación extranjera no puede divorciarse de la real posibilidad de actores políticos y sociales con posturas ajenas al gobierno, de participar legalmente en la vida política de la Isla y de autogestionar o financiar su labor. Solo los actores políticos y sociales reconocidos por el gobierno pueden disfrutar, en igual medida, de las estructuras y fondos nacionales y extranjeros. Las opciones de los ajenos al gobierno son mucho más limitadas, y las soluciones alternativas, en algunos casos, se criminalizan.

Si el financiamiento extranjero es un factor común al accionar de oficialistas e independientes, el debate debe centrarse entonces en la eliminación de las variables que hacen diferente la ecuación para unos y para otros.

Limitaciones desde lo externo.

Las limitaciones de los independientes no se circunscriben solamente al interior de Cuba. Muchos fondos de cooperación internacional que destinan miles de dólares a temas de ciudadanía y derechos humanos, son canalizados exclusivamente a través de la institucionalidad cubana y las ONGs legitimadas. Ese tipo de actitudes funcionan como una bocanada de aire para quienes ponderan las estructuras y ven en ese accionar un reconocimiento al entramado reduccionista del Estado. Pero, también, constituyen un obstáculo fundamental para aquellos que pretenden actuar política y socialmente de forma independiente en Cuba.

No obstante, la problemática más discutible (y utilizada por muchos para demeritar a quienes reciben financiamiento extranjero), es la existencia de un fondo de millones de dólares destinado cada año por el gobierno norteamericano para financiar actividades de “cambio de régimen” en Cuba. La conducta del gobierno de Estados Unidos, evidentemente injerencista y contraria a los principios del Derecho Internacional, condiciona, como ninguna otra, la estereotipizacion del financiamiento extranjero para los actores políticos y sociales independientes.

Los millones de dólares destinados por el gobierno de Estados Unidos para la subversión interna son utilizados como base de la manipulación mediática impulsada por el gobierno cubano, para descalificar cualquier iniciativa independiente. Sobre esa base se ha construido la matriz de opinión de que cualquier fondo para apoyar en Cuba la labor de actores que intentan desmarcarse de las estructuras o iniciativas gubernamentales, incluso aquellos gestionados por organizaciones privadas o filantrópicas norteamericanas, es injerencista.14

Como parte de esa misma matriz, emplean el sistema de alianzas internacionales en las que participa Estados Unidos (como la OTAN), para descalificar proyectos sociales e iniciativas cubanas independientes financiadas con fondos europeos.15 Los mismos fondos que son validos para el uso de organizaciones legitimadas, no parecen serlo tanto cuando se dedican a proyectos e iniciativas independientes.

En la práctica el bloqueo/embargo norteamericano y los fondos destinados a la subversión, han permitido la creación de una imagen “mercenaria” de todos los actores ajenos a las estructuras estatales/gubernamentales. Condicionan, además, que los actores independientes, especialmente aquellos representantes de sectores específicos sin un declarado objetivo político y sin intenciones de utilizar los fondos norteamericanos destinados al cambio de régimen, encuentren muchos más obstáculos al intentar sustentar sus actividades.

Un ambiente internacional en el que la cooperacion y la filantropía ha disminuido considerablemente, o se ha movido hacia áreas socialmente más precarias, como África y Medio Oriente,16 no beneficia a quienes pretenden impulsar desde Cuba sus propios proyectos. Mucho menos lo hace, la práctica de un gobierno “históricamente enemigo” de destinar millones de dólares a proyectos dirigidos a cambiar el sistema politico establecido.

La existencia de esas prácticas, ha llevado al oficialismo, y a su sector reformista, a apelar a la soberanía para justificar, ante una permanente situación de emergencia, la exclusión y derogacion de derechos elementales. Sin embargo, quienes sostienen esas ideas obvian que las limitaciones no solo alcanzan a aquellos que disfrutan de los millones destinados a la subversión y apoyan el bloqueo norteamericano, sino a todos lo que necesitan apelar al financiamiento internacional para participar de forma independiente en la vida política y social de la Isla.

La justificación no solo se ha concentrado en la descalificacion política desde lo subjetivo. La Ley 88 pende como espada de Domocles sobre todos los actores políticos y sociales independientes que realizan acciones ajenas a los intereses gubernamentales. Esta Ley, justificada con la necesidad de afianzar la soberanía e independencia nacional, establece como delitos varias conductas dirigidas a “hacer cumplir los objetivos del bloqueo y la Ley Helms Burton”.

Para valorar las responsabilidades emanadas de sus postulados hay que remitirse al contenido de las leyes norteamericanas. En ese sentido, los jueces para formar convicción, deberán analizar las conductas de los implicados y su coherencia con los objetivos establecidos por los legisladores norteamericanos al momento de promulgar sus disposiciones. Posiciones como abogar por la inclusión de Cuba en los organismos de integración regional, o estimular la celebración de elecciones democráticas libres y justas en la Isla, pueden ser constitutivas de delito.17

Se genera, de esta forma, no un ordenamiento que refrenda la soberanía nacional, sino un mecanismo para punir a quienes se opongan o confronten en cualquier medida, la perpetuidad del sistema politico que se ha denominado “Revolución”. Basta analizar que el mentado cuerpo normativo introduce reiteradamente el “quebrantamiento del orden interno”, “la desestabilización del país” y la “liquidacion de un “Estado exclusivamente Socialista”, como elementos de tipicidad añadidos.

Reconozco lo injustificado de la injerencia norteamericana. Sin embargo, entiendo también que la derogacion de derechos y la generación de un estado de exclusión han encontrado en esa situación la justificación perfecta para reproducir y materializar la esencia excluyente del sistema político constitucionalmente reconocido. Un sistema que, por norma, obstaculiza y reprime la posibilidad de actuar legítimamente de todos los actores sociales y políticos independientes. Un sistema que apela a los instrumentos del derecho internacional que no ha ratificado, y a los organismos que no reconoce, para justificar limitaciones; pero no para revertir la invalidez de muchas otras violaciones.

La realidad adversa que enfrentan quienes pretenden participar de forma independiente en la política y la sociedad cubana, implica un reto que no puede verse empañado, exclusivamente, por el simple patrocinio foráneo del que puedan disfrutar. Los oficialistas de cualquier variante que hoy demeritan la labor de quienes pretenden caber en una nación cada vez más diversa, lo hacen solo desde la seguridad que el monopolio detentado por las estructuras y el control estatal les confieren.

Respetar y defender posiciones desde la intelectualidad y el activismo político implica poner bajo la misma lupa el financiamiento de los actores independientes y el de los legitimados. Implica discutir la vulneración de los más elementales derechos a la intimidad para la obtención de datos personales y financieros. Implica discutir cómo puede ser publicable la información personal obtenida de forma dudosa y no puede ser publicitada la información relacionada con los financiamientos de organizaciones e instituciones que utilizan fondos públicos. Implica reconocer que el problema va mas allá del dinero. Implica reconocer que el problema es estructural y que el derecho internacional no puede ser usado solo para respaldar conductas, tiene que servir al mismo tiempo para reivindicar.

Notas al pie:

  1. http://www.cubainformacion.tv/index.php/contrarrevolucion/60304-cuba-los-gusanos-una-lacra-a-erradicar
  2. http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/65302-centrismo-en-cuba-una-vieja-estafa-al-descubierto
  3. http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/07/06/es-posible-unir-lo-mejor-del-capitalismo-y-el-socialismo-responde-enrique-ubieta-video/#.Ws4p54jwbIU
  4. http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article17984651.html
  5. http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article17984651.html
  6. https://jovencuba.com/2013/06/10/bloqueo-disidencia-y-crisis-financiera/comment-page-1/
  7. https://lapupilainsomne.wordpress.com/2017/08/04/cuba-toma-nota-soros-la-open-society-y-la-guerra-mediatica-contra-venezuela-por-carlos-luque-zayas-bazan/
  8. Lo sucedido con la iniciativa asociativa Cubalex es muestra de ello. http://esproxy.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9jZW50cm9jdWJhbGV4LmNvbS8yMDE2LzA5LzI5LzQwMy8%3D&hl=3cc
  9. La discusión producida en el seno de la Revista Temas, con relación al concepto de sociedad civil es ilustrativa: http://www.temas.cult.cu/sites/default/files/articulos_academicos_en_pdf/Descargar%20art%C3%ADculo%20en_108.pdf
  10. http://mesadearticulacion.org/wp-content/uploads/2014/07/Estudio-Mecanismos-de-Financiamiento-Subregi%C3%B3n-Centro-Am%C3%A9rica-y-M%C3%A9xico.pdf
  11. https://hivos.org/country/cu/projects
  12. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mapa_cooperacion_ue-cuba_optimizada.pdf
  13. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip_alr_vf_07_08_14_es_0.pdf
  14. https://lapupilainsomne.wordpress.com/2017/07/13/open-society-entre-cuba-posible-y-wikileaks-por-javier-gomez-sanchez/
  15. https://lapupilainsomne.wordpress.com/2015/09/24/cuba-los-vikingos-contraatacan-es-decir-contratan-por-iroel-sanchez/
  16. http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Executive%20Board/2018/First-regular-session/dp2018-1s.pdf
  17. cuba-economia.org/content/download/123/455/version/1/…/LHB%2520_Es.pdf
Sobre los autores
Eloy Viera Cañive 1 Artículo escrito
(Cienfuegos 1987). Licenciado en Derecho, graduado en el año 2011 por la Universidad de Cienfuegos. Abogado de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos desde septiembre del 2011 hasta enero del 2017. Asistente legal de la Fundación Colectivo...
2 COMENTARIOS
  1. irreverente dice:

    Una ojeada tibia y sin caer en el problema central de la problemática asociativa en cuba y la especial financiación de algunos de sus actores. Complacencia?

  2. jose dario sanchez dice:

    estimado joven autor : ante todo, agradezco el esfuerzo en aproximarse a la verdad. Pero ,entrando en materia : por que cuesta tato trabajo llegar a la conclusion obvia que mientras exista un Estado totalitario en Cuba, toda accion para cambiarlo es legal y necesaria por parte de la ciudadania ? O no es el Estado Cubano totalitario ? Por que disculparse y pedir permiso al estado que asume todo el poder mediante un Partido que dice ser de los “mejores ciudadanos” asignando papeles secundarios a los que no militan en el ? Gracias….

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