“Un fantasma recorre el mundo…”: (el fantasma del capitalismo salvaje y del estatismo burocrático). (Parodiando a Marx)
Partimos de que todo ideal socialista renovado tendría que asumir ejes centrales tales como la elevación de la dignidad ciudadana a partir de la consideración de la persona como centro y el respeto a la diversidad, el desarrollo de una ética social solidaria-emancipatoria que enfatice la cooperación y concertación colectiva, una justicia distributiva que elimine las relaciones de trabajo enajenado y permita condiciones de vida favorables a toda la población, y una soberanía ciudadana en todos los asuntos del Estado y la localidad, entre otros.
Sobre estas premisas analizamos algunas potencialidades y deficiencias de las actuales formas emergentes de gestión y propiedad en el país, teniendo en cuenta el carácter sistémico de los procesos sociales. Aunque presentes en el análisis, sin embargo, los planos económico y jurídico, tan importantes en la delineación de estrategias de desarrollo, no son objeto de un análisis detallado en este trabajo. Hacemos énfasis en los aspectos sociales, psicosociales e ideológicos que pueden estar “detrás del telón” de las medidas estatales que, frecuentemente, sólo son mencionados de pasada sin considerar sus impactos, a veces determinantes en el curso de los procesos socioeconómicos.
Entonces, tenemos en cuenta, primero, que las relaciones de trabajo –muy importantes para la definición del tipo de sociedad a alcanzar- están estrechamente vinculadas al carácter de otras relaciones sociales que se establecen desde el plano político, jurídico, cultural, psicosocial, etc., y que remiten a la posibilidad de ejercicio de una ciudadanía aportadora y emancipatoria.
Por otra parte, las relaciones socioeconómicas que surgen en las nuevas (y viejas) estructuras de propiedad y gestión, tienen que analizarse en sus componentes económicos o jurídicos, etc., pero es de gran importancia su componente social y psicológico, los estados de la conciencia social actuante, que se manifiestan como imaginarios y expectativas en los comportamientos sociales de grupos y masas.
Todo ello derivaría en la reconformación de políticas adecuadas para un desarrollo sistémico de los procesos que, por su complejidad, no pueden ser abarcados completamente desde ópticas fragmentarias.
A manera de ilustración, desde un punto de vista que puede ser polémico, el ejemplo de China podría ser útil, en el sentido de que su impactante desarrollo económico de las últimas décadas, si bien ha mejorado condiciones de vida de sectores importantes de la población, podría estar empañando las direcciones en que se perfila su futuro social, con diferencias extremas de clase y la emergencia de una conciencia menos interesada en el bien colectivo, y sí más la ganancia y la prosperidad individual.
Como veremos no son fáciles las alternativas al desarrollo económico y social, sobre todo cuando se impulsan, desde los momentos iniciales, políticas que resultan incompletas o no se abordan integralmente, o no se perciben con claridad los efectos e impactos sociales a largo plazo.
Así, por ejemplo, la argumentación de algunos teóricos acerca de que en Cuba no se cumplió adecuadamente la fase de desarrollo capitalista y ello debería ser precedente a cualquier desarrollo socialista –más allá de la consideración de voluntarismos históricos- quizás no tiene en cuenta que un sistema social no sólo perfila los rasgos económicos fundamentales en formas de propiedad y gestión, etc., sino también las características que se forjan en la cultura y la conciencia social que son, muchas veces, factores muy retardatarios de los cambios sociales (si bien se ha demostrado en nuestro proceso revolucionario que apostarle predominantemente a estos factores no lleva precisamente al desarrollo, más aún cuando son sobre-estimados por encima de la creación de condiciones de vida necesarias).
El trabajo en las nuevas Formas de Gestión No Estatal (FGNE): oportunidades del cuentapropismo y de las cooperativas[1]
Hay que recordar que las llamadas FGNE (inicialmente cuentapropismo y cooperativas no agropecuarias) surgen en medio de una situación económica crítica del país, entre otras cosas, lastrada por la inflación de plantillas de las empresas estatales, cuya revisión llevaba a un “ajuste” de más de un millón de puestos de trabajo. Ante la inevitable medida se produjo una considerable ampliación en las autorizaciones oficiales para labores cuentapropistas (inicialmente como opciones de trabajo personal, familiar y de contratación mínima de empleos) y de cooperativas no agropecuarias en varios sectores de la economía, principalmente comercio y otros servicios. Son muy conocidos los datos al respecto.
Estas nuevas FGNE, a juicio de muchos autores, produjeron alivios considerables a las situaciones de empleo, mejoraron la calidad de las ofertas a la población, crearon nuevas opciones de ingresos suplementarios o principales para amplios sectores de la población, propiciaron una elevación de la iniciativa creadora del trabajo –ahora no sujetados a la camisa de fuerza del plan central- con la generación de nuevas opciones y productos, liberaron fuerzas productivas independientes de la dirección gubernamental, y facilitaron el autofinanciamiento y la colaboración familiar –frecuentemente desde el exterior- con recursos hasta el momento no utilizados; todo ello favoreció la reinstalación de expectativas de progreso económico y de realización laboral en los actores que optaron por este camino, entre otras ventajas.
No obstante, el carácter limitado de las nuevas medidas –a lo que nos referiremos más abajo-, tanto en el orden económico, jurídico, cultural, institucional, como social, ha impedido su mayor desarrollo, por un lado y, en nuestra opinión, no han favorecido, de manera general, el surgimiento de relaciones de trabajo realmente equitativas.
Las cooperativas no agropecuarias (CNA), surgidas al calor de la Ley 305, de carácter experimental, nacieron con relaciones de trabajo, en general, castradas por razones inmanentes de las circunstancias históricas y del proceso de su asunción en el campo no agropecuario.
Se ha documentado suficientemente, por diversos autores nacionales, todo el recorrido histórico de las cooperativas agropecuarias que las antecedieron[2]. La mayoría de esas formas han adolecido de falta de autonomía para el manejo de sus recursos y las facilidades de compra y venta han estado, principalmente, en manos de instituciones del Estado; mientras que las relaciones de trabajo propiamente varían desde el trabajo personal, asalariado o realmente cooperativo.
En algún sentido –unas formas cooperativas agropecuarias más que otras- han aportado acciones de mejoramiento de condiciones de vida a su membresía y al desarrollo local o de las comunidades de su entorno. Cuentan, además, con una organización representativa (la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP), lo que ha facilitado su inserción en los planes de desarrollo territoriales y nacionales, y han sido aportadores de la mayor cantidad de productos agropecuarios al consumo nacional, según las cifras conocidas.
Por otra parte, con vistas a las nuevas relaciones de trabajo socialistas, no cabe duda de que las cooperativas de producción y servicios constituían un paso adelante con relación al trabajo asalariado estatal o privado campesino, ya que promovían relaciones más democráticas, colaborativas e independientes, aún con las limitaciones por el control del Estado en todos sus procesos.
Aquí habría que hacer un aparte en la consideración del movimiento cooperativista internacional, con una tradición diversa desde el siglo XIX, que va desde el pensamiento socialista utópico, anarquista y marxista clásico, del cual Cuba no estuvo imbuido, por lo que no formó parte de nuestras tradiciones y no contribuyó -a diferencia de otros países- a la formación de una cultura cooperativa del trabajo.
Si tomamos en cuenta los principios de la Asociación Cooperativa Internacional, no obstante –y a pesar de que no se cumplen ni totalmente, ni con las mismas intenciones, en todos los países-, nos daríamos cuenta de la distancia a que se encuentran nuestras cooperativas de una concepción integral de las relaciones de trabajo y sociales a las que pueden apuntar constructivamente[3].
Todo este marco de referencia matiza la emergencia de las nuevas formas cooperativas, a lo que se añaden circunstancias nuevas, dada la urgencia de su fomento y, quizás, el especial cuidado institucional estatal, dadas las experiencias anteriores en la etapa revolucionaria con las cooperativas agropecuarias.
Aunque a diferencia del cuentapropismo (recientemente ampliado), las CNA surgen a través de una Ley Experimental con un cuerpo jurídico más completo. En este contexto aparecen, al menos, varias situaciones que condicionan su desarrollo. De una parte, las relaciones sociales de trabajo cooperativo podrían estar llamadas a constituir valores más solidarios y democráticos entre sus miembros y con la población, propiciar una mayor autonomía e iniciativa creadora (que generaría mayor productividad y calidad del resultado del trabajo), una justicia distributiva más equitativa y beneficios compartidos, entre otras cuestiones.
Ello contrasta con el carácter enajenado del trabajo propio de las relaciones capitalistas clásicas y del trabajo asalariado estatal, cuyas características hemos analizado antes. Sin embargo, la forma de control empleada por el Estado en el proceso de surgimiento y desarrollo de las CNA –bajo el supuesto de temporalidad experimental, al menos-, bajo un carácter de transformación “inducida” de establecimientos estatales en cooperativos –lo que niega fundamentalmente el carácter voluntario y concertado de su surgimiento-, en la mayor parte de los casos, ha traído como consecuencia la cuasi obligatoriedad de permanencia del trabajador en el “nuevo” establecimiento cooperativo y, asimismo, la tendencia a la “elección” de la directiva de la cooperativa a partir de la anterior dirección empresarial estatal.
De manera que el estilo de dirección predominante, en una buena parte de los casos, reproduce las relaciones de autoridad prevalecientes en las anteriores condiciones. En observaciones en algunas asambleas de miembros de las cooperativas, se denota la misma apatía, falta de compromiso y, en general, una participación formal que deja a la directiva en el control y orientación de todo el proceso.
Todo esto, unido a condiciones de control estatal de parte del mercado de acceso o salida de las producciones o servicios, mantiene la sujeción del trabajo en condiciones cercanas a las de enajenación propias de relaciones capitalistas o estatal-burocráticas. De las casi 500 CNA aprobadas en el país, según los datos oficiales, un número irrisorio de ellas surgieron por iniciativa de los propios socios (algunas, como las de construcción, procedentes de grupos de personas ubicadas anteriormente en posiciones ventajosas en el aparato estatal y que operan con grandes cantidades de trabajadores contratados según las obras en ejecución), las que pasan por un largo proceso de aprobación a través de varios canales estatales.
Asimismo, las CNA aprobadas están limitadas a pocos sectores de la producción y los servicios, algunos de los cuales con resultados económicos negativos, de baja productividad y carencia de equipamiento tecnológico actualizado. Todo lo mencionado compromete seriamente el futuro desarrollo de estas formas cooperativas, a más de la inexistencia de difusión y formación de una real cultura cooperativa en la población. Esto ha llevado a la reproducción de los esquemas anteriores conocidos, que son conducentes a relaciones sociales limitantes o enajenantes.
Enfatizamos aquí la carencia de una política de promoción de una cultura de cooperación, solidaria, democrática, autogestionaria, de mayor autonomía –acorde con los principios de la economía solidaria cooperativa-, que contribuiría a renovar las viejas relaciones de trabajo, crear una conciencia y generar una nueva visión de la Economía Social como forma predominante de una sociedad socialista renovada, en articulación con otras formas de propiedad social y multi-actoral que asuman, con la flexibilidad de cada caso, sus bases fundantes emancipatorias.
En otro análisis incluiremos algunas reflexiones sobre las particularidades, aportaciones y carencias de las formas cuentapropistas, de pequeñas y medianas empresas privadas y del aspecto social de la inversión extranjera y formación de empresas mixtas, y abordaremos sus posibles contribuciones a una sociedad de economía social solidaria.
Referencias
[1] La mayor parte de este acápite tiene su fuente en la elaboración más amplia del Informe-Marco teórico de la investigación: “Autonomía Integradora aplicada a la gestión social de cooperativas no agropecuarias y sus potencialidades para el desarrollo local comunitario”.- D´Angelo, O. y otros, 2016.- Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS)- inédito, disponible en Centro de Información-CIPS.
[2] Entre ellas las conocidas como CPA –cooperativas de producción agropecuaria con unión de tierras y recursos de los campesinos-, UBPC –unidades básicas de producción cooperativa, como articulación de empresa estatal y membresía cooperativista con muy poca autonomía de decisiones- , CCS –cooperativas de créditos y servicios, constituida como asociación de productores privados y organización conjunta del uso de créditos, equipos, etc.
[3] Según la Asociación Internacional de Cooperativas (ACI, 2005), una cooperativa es una asociación autónoma y voluntaria de personas, que buscan atender sus aspiraciones económicas, sociales y culturales, a través de utilización de una propiedad colectiva, cuyo control es democrático. Según la ACI, en la Declaración sobre Identidad y Principios Cooperativos, adoptada en Manchester en 1995 se definen por los valores de autonomía, ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad distributiva, equidad y solidaridad.
VER TAMBIÉN
Formas tradicionales y emergentes de gestión y propiedad en Cuba (I)
