Foto: Integracion-lac.info
Cuba Posible ha decidido tocar a la puerta de varios expertos latinoamericanos para conversar sobre la integración latinoamericana. En esta ocasión dialoga con Gerardo Caetano quien, entre otras responsabilidades, se desempeña como director académico del Centro de Formación para la Integración Nacional del Uruguay.
Roberto Veiga (RV): El hemisferio cuenta con la “Convención Américana sobre Derechos Humanos”, que resulta un documento importante y referente de la experiencia sobre el tema en el continente. Sin embargo, el tiempo ha pasado y con el han cambiado importantes dinámicas y desafíos regionales. En tal sentido, ¿considera usted que América Latina debería, y podría, avanzar hacia un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos” (diseñado, deliberado, consensuado y legitimado por las sociedades y las instituciones regionales)? ¿Cuáles deberían ser las perspectivas fundamenales de dicho “Catálogo”?
Gerardo Caetano
Gerardo Caetano (GC): En efecto, considero muy relevante avanzar en esa perspectiva. Advierto, sin duda, que la situación actual de América Latina torna difícil esa tarea pero la juzgo indispensable e impostergable. En ese sentido, creo que las perspectivas fundamentales de dicho “Catálogo” deberían incorporar dimensiones de derechos individuales y colectivos, recoger el tema -cada vez más crucial- de aquellos derechos que hacen a la sustentabilidad ambiental del planeta, así como aquellos referidos a un tratamiento más igualitario en la inserción continental dentro de un nuevo orden internacional más justo, muy diferente al actual. Este tipo de catálogos suele tener, en el corto plazo, cierta dimensión “utópica”, en el sentido de proclamar derechos y aspiraciones no concretables en lo inmediato. Sin embargo, de todos modos, advierto que esa es una dimensión relevante para el pensamiento y el activismo interamericano e internacional en el tema derechos humanos.
RV: Un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos de América Latina” demandaría un rediseño de los mecánismos de justicia, para que evolucionen hacia normas que sinteticen lo mejor del entramado jurídico de la región (por ejemplo: un código civil y un código penal regionales y sus reglas procesales, así como un código de trabajo regional) y, a su vez, lo perfile cualitativamente; así como institucionalizar una instancia regional en la cual confluyan los sistemas de justicias de cada país miembro. ¿Resulta esto viable y, además, posible? ¿En qué medida? ¿Cuáles deberían ser las características esenciales de tales códigos (por ejemplo: civil, penal y laboral), y cuáles habría de ser las particularidades de una presumible instancia regional del sistema de justicia?
GC: Ciertamente esta es una pregunta tan fundamental como difícil. Antes que nada, quiero establecer mi pleno respaldo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero deseo que sea vinculante para todos y que logre una nueva dimensión internacional de humanismo. Un diagnóstico realista nos advierte que estamos muy lejos de ello, incluso en el continente. Podríamos ofrecer innumerables ejemplos que prueban esto, pero los límites de este cuestionario no lo permiten. Por ello, juzgo muy difícil que en el corto plazo un emprendimiento de este tipo, que apoyo, sea viable a nivel del hemisferio. Ello no debe, sin embargo, provocar que el tema salga de la agenda y que no sigamos discutiando sobre el mismo. Debemos discutir la posibilidad de establecer códigos regionales compartidos, que sean incorprados por los Estados nacionales como derecho nacional. Ese sería un primer paso, que en muchos casos exigiría reformas constitucionales en gran cantidad de países latinoamericanos que no admiten la supremacía del Derecho Internacional sobre el Derecho Nacional. Si eso fuera posible, se debería avanzar en la creación de sistemas de justicia efectivamente regionales para aquellos casos que lo ameriten, con integración de jueces de distintos países de la región y un enfoque garantista indiscutible. Pero veo muy lejos estas posibilidades. Insisto en que, de todos modos, debe avanzarse en el debate y en la reflexión sobre estos temas, articulando discusiones en que participen los gobiernos, los poderes judiciales nacionales, los juristas y también expertos de otras regiones del mundo.
RV: Algunos alegan que la integración latinoamericana debe estar signada por el respeto a la soberanía de los países de la región. Sin embargo, precisan que deberían existir aspectos compartidos. Entre estos se destacan: un sistema regional de seguridad; un sistema regional de educación; un sistema regional de cultura; un sistema regional de salud; un sistema regional para enfentrar las catástrofes; y un sistema regional de ayuda al desarrollo equitativo de sus pueblos. En tanto, señalan que deberían cincelarse modos para que cada país tribute con recursos a estos propósitos, así como alcanzar la institucionalidad debida para hacer posible los mismos, con eficacia, en toda la región; conservando cada país las legitimas cuotas de autonomía en la gestión de dichos quehaceres. ¿Qué opina usted? ¿Serían estos los aspectos a compartir? ¿Cómo podría tributar cada país con recuros para el desarrollo de los objetivos compartidos?
GC: No debemos contrastar la soberanía nacional con la existencia de instancias de plena garantía correspondientes a instancias de derecho Internacional y Regional. Yo preferiría ir en forma directa a un sistema integrado de justicia regional, que incopore todos los aspectos. Pero si el precio a pagar es que esto se haga por etapas y de acuerdo a temas considerados efectivamente prioritarios, no veo problema. Lo importante es avanzar. Desde el comienzo se debe ir a una institucionalidad que, al menos, tenga embriones efectivos de supranacionalidad, sin quedarnos en enfoques meramente intergubernamentales. La experiencia crítica de lo ocurrido en los procesos de integración creo que ratifica esta pauta, aunque debamos progresar en ella de forma gradualista. Por supuesto que todo esto requiere recursos y la tributación debería reconocer desde el comienzo distintos tipos de asimetrías (de población, de PIB, de PIB per cápita, etc.) a los efectos de que sea justa y aceptable para las distintas sociedades. En el avance de todo esto hay una batalla cultural y este último aspecto no es el de menor importancia.
RV: Ciertos críticos de los modos de integración ensayados aconsejan que los propósitos compartidos se institucionalicen y se exijan en toda la región. No obstante, igualmente enfatizan en la necesidad de que cada país debe conservar la más absoluta independencia en materia de política internacional, sin que esto impida posiciones y políticas conjuntas cuando ellas sean posibles; de relaciones económicas y comerciales; de evolución cultural, educativa, académica e informátiva; así como de cualquier tipo de alineación —ya sea intra-regional como con otras regiones o bloques de países, y con instituciones supra-regionales, etcétera—. Estos sostienen que lo anterior sería una fortaleza, pero otros advierten que sería una debilidad. ¿Qué opina usted?
GC: Como ya he señalado antes, no corren buenos tiempos para los enfoques integracionistas profundos en América Latina; lo que lamento. En tanto ideales, mi visión es que en términos geopolíticos deberíamos avanzar hacia formatos confederales, al estilo de los que Alberto Metho Ferré ha llamado “Estados continentales”. No obstante, sería iluso plantear esta postura hoy, pues resultaría inviable y contraproducente. Debemos avanzar dentro de un contexto difícil, de manera gradualista, aunque siempre avanzando, incluso de manera parcial y hasta por subregiones. Estoy entre quienes piensan que en el mundo de hoy las soberanías se defienden compartiéndolas entre socios regionales y no por el camino de los viejos nacionalismos del siglo XIX. También los alineamientos con entidades extra-regionales pueden ser muy positivos, siempre y cuando preservemos relaciones de igualdad y el principio sagrado de no intervención por parte de los poderosos.
RV: A pesar del enfoque de aquellos que defienden la proyección esbozada en la pregunta anterior, no faltan quienes precisen dos aspectos: 1. Que debería liberalizarse, en la mayor magnitud posible, el intercambio financiero, económico, comercial, tecnológico y laboral entre todos los países de la región; desde una perspectiva de integración. 2. Que deberíamos descubrir aquel o aquellos, renglón o renglónes, económicos que atraviesen la región y podamos integrarlos de cara al beneficio común y a las relaciones económicas con otros países, regiones o bloques. ¿Qué opina de ambas perspectivas? ¿Qué posibilidades posee el primer aspecto, y cómo podría diseñarse y regularse? ¿Sería posible y beneficioso el segundo aspecto –por qué y cómo?
GC: A mi juicio, desde hace décadas vivimos una embestida mercantilista, expresada en instrumentos como los Tratados de Libre Comercio (TLCs) o lo que ahora se insinúa (con muchas incertidumbres de concreción) como las mega-concertaciones comerciales, por ejemplo: el TPP o el TIP; o en el campo de los servicios, por ejemplo: el TISA. Siempre me he opuesto a ese camino. Lamento, en verdad, que la mayor parte de América Latina ya participe de esos esquemas. Y en particular que luego de los sucesos de las elecciones argentinas de 2015 y el golpe de Estado “blando” de Brasil en el 2016, gobiernos como los de Macri y Temer, con la aquiescencia de Uruguay y Paraguay, quieran sumarse a ese enfoque de inserción internacional.
De confirmarse ese camino de liberalización mercantilista, nuestros huecos de desarrollo seguirán siendo la venta de commodities, la participación subisidiaria y subordinada en servicios globales y la búsqueda afanosa por captar a cualquier precio inversiones extranjeras directas; todo ello bajo formatos productivos fuertemente extractivistas. En esa dirección, nada obtendremos en el corto y, sobre todo, en el mediano y largo plazo. Nuestro comercio intrazona es de los más bajos del mundo (15 o 16 por ciento en los países de la ALADI), pero a pesar de esto, en esos espacios podemos vender exportaciones con valor agregado.
Por otra parte, China no ha sido (ni será) un hegemón benévolo. Al igual que Estados Unidos y la Unión Europea, nos compra commodities, aliementos sin procesar y minerales sin procesar, bajo lógicas extractivistas que hieren nuestros cuantiosos recursos naturales y la sustentabilidad medioambiental del continente. La alternativa sería avanzar, no desde afinidades ideológicas, sino desde la construcción de intereses comunes (como cadenas de valor compartidas, con sistemas de ciencia y tecnología también comunes que agreguen valor a los recursos naturales), en procesos de integración efectivamente integrales, no meramente comercialistas o fenicios. Lamentablemente, como he referido antes, veo una América Latina optando por este otro camino.
RV: ¿Qué tipo de entidad debería gestionar los posibles aspectos compartidos acerca de los cuales discurrió en la segunda respuesta? ¿Cuáles habrían de ser las características de la misma? ¿Cómo debería ser constituida y conformada? ¿Cómo podría ser debidamente controlada?
GC: No comparto las críticas acérrimas a los organismos actuales del sistema interamericano. Han cometido errores, pero también han sabido ser garantes en momentos muy difíciles. Yo apostaría por mejorarlos y superar sus facetas objetables, antes que por empezar de nuevo con organismos completamente nuevos.
RV: ¿Todo lo anterior forzaría a modificar la proyección del parlamento latinoamericano? ¿En qué sentido debería ser modificado? ¿Qué facultades le correspondería? ¿A quiénes debería representar y, por ende, cómo habrían de resultar electos sus diputados?
GC: El Parlatino sí es una institución que debe modificarse de manera radical, máxime en momentos en los que campea la anti-política y las sociedades ven con distancia este tipo de instituciones. Con progresividad, desde la elección directa de los parlamentarios regionales y desde lógicas de proporcionalidad atenuada que favorezcan los equilibrios, debería marchar hacia una efectivización incremental de sus roles y acciones, buscando ganarse la adhesión y la legitimidad de las sociedades latinoamericanas.
RV: ¿Están suficientemente preparadas la ciudadanía, la sociedad civil, la intelectualidad, las instituciones, los actores económicos y políticos, y los Estados de la región, para enrumbarse (con la necesaria tenacidad, deliberación, entendimiento, cooperación, equilibrio y eficacia) por estos senderos, u otros análogos, que conduzcan a una creciente, sólida, beneficiosa y perdurable integración? ¿Cuáles serían los roles de la sociedad civil y de los gobiernos ante y en este tamaño desafío?
GC: Como ya he insinuado, no creo que ninguno de esos actores esté, en estos momentos, preparado efectivamente para empujar en serio estas tareas fundamentales. Me duele particularmente el escepticismo, pero es que mi diagnóstico quiere ser realista. Pienso que hay actores más proclives a estos enfoques en la sociedad civil que en los partidos y en los Estados. Empezaría por allí, promoviendo, incluso, la consolidación de organizaciones sociales efectivamente regionales. Ya hay esbozos en esa dirección, pero hay que profundizar en ello, que resulta la línea de integración más viable en el corto plazo. Y por cierto, además, intentar sumar a los intelectuales.
Gerardo Arreola: Periodista. Jefe regional de Notimex en Europa (1990-1993). Corresponsal en Cuba de Notimex (1994-1998) y La Jornada (2001-2013). Editor-jefe de La Jornada en Línea (México).»
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