Como resultado del dossier titulado “Agendas mínimas para un debate amplio”, hemos constatado que tres temas resultan convergentes tanto a los debates populares (en los barrios, en los centros laborales y educativos de todo el país), como en el referido Dossier. El pueblo en general (según cifras oficiales) y los especialistas convocados por Cuba Posible hicieron referencia a estos tres temas: a) la forma de elección del Presidente, b) el matrimonio igualitario, y c) el rol y forma de elección de la nueva figura del Gobernador. Teniendo esto como base, les hemos preguntado a un grupo de participantes del mismo Dossier por qué, a su juicio, resultaría indispensable (o no) que los diputados cubanos tengan en cuenta estas prioridades mientras deliberan y aprueban la nueva Carta Magna y, también, en qué condiciones se encuentran para hacerlo. A continuación exponemos las respuestas del jurista Julio Antonio Fernández Estrada.
Creo que los diputados deberían tomar en cuenta todos los asuntos que han podido observar y escuchar que son preocupaciones de la población cubana. Ellos tienen el deber moral de usar la palabra ahora para discutir hasta el más recóndito detalle de los problemas del país. Me parece que tan importante como la elección del presidente, o más, es el debilitamiento de la malla de igualdad y de los derechos a la educación y a la salud, como ha resultado del Proyecto de Constitución.
Opino que los diputados, en cambio, no están obligados a hacer nada de esto. Ellos no se rigen por una relación política y jurídica de mandato imperativo, con el pueblo, por lo que la representación política que pueden usar, y que de hecho usan siempre, les permite hablar por su propia inspiración y no tomar en cuenta nada de lo que los electores consideran decisivo y trascendental. Hay que esperar a que el imperativo ético de ser representantes del pueblo de Cuba les ilumine para que hablen con fuerza e inteligencia.
La Comisión Redactora no tuvo que usar, como no usó, el resultado cuantitativo ni cualitativo de la Consulta porque para eso se consideró de antemano a este proceso carente de “carácter vinculante”, y así mismo la Asamblea Nacional tampoco tiene que regirse por el resultado estricto de la Consulta, pero tampoco por la propuesta de la Comisión: la Asamblea es el único órgano constituyente en Cuba y, por lo tanto, puede considerar ahora que el mandato que le dieron a los comisionados, no fue cumplido con calidad.
Los diputados, como Asamblea, son el órgano estatal más poderoso de Cuba y deberían ahora tomar las riendas del proceso de reforma constitucional con prestancia y responsabilidad. Creo que los diputados tienen la capacidad para hacer las preguntas necesarias y revertir los errores del Proyecto, pero debemos recordar que ya ellos votaron unánimemente a favor de ese documento, por lo que no creo que debamos esperar una reacción distinta.
La lógica que se ha impuesto desde el 15 de noviembre de reafirmación y aceptación del Proyecto, como si se tratara de una convocatoria a un trabajo voluntario, no deja un ambiente propicio a la discusión honda y desprejuiciada. Los diputados tienen la capacidad individual para producir un Proyecto de Constitución mejor que el que tenemos hasta ahora, pero no creo que tengan la capacidad colectiva para hacerlo porque este órgano ha sido debilitado hasta su pérdida casi total de legitimidad política, sobre todo por la subrogación que ha sufrido de su hermano menor: el Consejo de Estado.
