Iniciativa empresarial: deudas y dudas





“Una cultura sin un sentido crítico en relación con el contexto social en que se produce, no es cultura.”
Joel James1

(I)

Si hay un espacio en la actualización del modelo económico, que justifica y reclama atención, lo es la iniciativa empresarial. Poca duda cabe de que estamos en deuda con ella. Toda reforma económica –y la nuestra no es la excepción– descansa en la capacidad de sus actores económicos.

Si bien el dilema del desbalance financiero externo, junto a la necesidad de alcanzar una mayor productividad, parecen constituir dos de los mayores problemas que enfrenta el país, su solución no deja de pasar, de manera obligada, por el desempeño de los actores económicos. Toda la creación de la riqueza –material y espiritual– necesaria para alcanzar a satisfacer de manera creciente las necesidades de la sociedad y asegurar el mayor bienestar posible de su gente, descansa en ellos.  Sin estos no hay nación. Y es obligado que el Derecho les haga el espacio necesario para que puedan desplegar toda su capacidad productiva y de innovación.

El Derecho, más allá de acompañar la reforma o de servir de expresión normativa a sus pautas transformadoras, debe dotarla de las instituciones necesarias para contribuir de esta forma a configurar los escenarios y a imprimirle la necesaria seguridad; y en ello, pienso, solo estamos a medio camino. En realidad, en nuestro actual proceso de reformas el derecho a la iniciativa económica, pública o privada, está requerido de un respaldo mayor. Esta parece ser una deuda de nuestro sistema legal; la duda puede estribar en el cómo, y despejarla es un imperativo mayor.

(II)

En el caso de la empresa estatal, de cara a la próxima –y necesaria– reforma constitucional, ¿podemos decir que son suficientes los preceptos que le encomienda a esta la administración de la “propiedad socialista de todo el pueblo”2, sin referirla a los bienes de dominio propiamente estatal? ¿No se hace necesaria alguna diferenciación? En rigor, ¿cuál es el papel de la empresa estatal en la gestión de la propiedad social? Siendo la nuestra una economía socialista, ¿no habría que significar antes la importancia de la participación de los colectivos de trabajadores en esta labor de gestión?

Por otra parte, ¿puede o no el estado, legítimamente, adoptar otras formas organizativas para desarrollar actividades económicas? ¿Puede o no asociarse, para ello, a cualquier otra forma de propiedad? ¿Cómo debe expresarse, en tanto principio, esta nueva “complementariedad” en sus relaciones con otros actores económicos? ¿Son dudas o deudas?

A las disposiciones legales a las que ha correspondido fijar el marco regulatorio3 de este sujeto, cuya centralidad esta fuera de toda duda4, no parece haberle ido mucho mejor a pesar de su exhaustividad. Sus sucesivas modificaciones en un evidente empeño de mantener actualizada esta, no parecen, sin embargo, haber alcanzado a suplir estas carencias. Y, lo que pudiera ser peor, en sentido contrario, no ha dejado quizás de hacer más densa y complicada la trama normativa a la que debe sujetarse  el empresario estatal.

Nos seguimos debiendo la ley de la empresa estatal cubana. Esta es la deuda. La duda puede ser si esta se va a proyectar como más de lo mismo o va a adoptar una visión más centrada en dotarla de la necesaria autonomía. Quizás la pregunta no sea entonces qué “ley”, sino cuál “empresa”… Eso es algo aún por resolver en la conceptualización del modelo económico cubano.

(III)

La iniciativa empresarial en el sector cooperativo, en cambio, fue objeto de un importante ensanchamiento, al abrir otras esferas a la organización y funcionamiento de cooperativas no agropecuarias5, haciendo posible “desestatizar” y transferir a estas un número importante de activos estatales y transitar hacia a otras formas de gestión colectiva. La ausencia de preceptos constitucionales que se refieran con la necesaria generalidad a las formas de propiedad y gestión cooperativa, ha sido advertida y el silencio constitucional seguramente tendrá respuesta en la próxima reforma. Esa es solo parte de la deuda. Dotar al marco legal de una mayor flexibilidad, aun cuando continúe siendo en fase experimental, es la otra parte de ella.

Más allá de superar la mecánica indudablemente burocrática que lastra su proceso mismo de creación, ya sean de aquellas que proceden, “de arriba a abajo”, de entidades estatales, o de aquellas otras que se constituyen  “de abajo a arriba”, a partir de la asociación voluntaria de las personas naturales, se requiere de una mayor conceptualización. Es este otro segundo pensamiento el que nos puede llevar a advertir que hoy estamos haciendo “vestirse” de cooperativa a quien en rigor no le acomoda el traje. La forma de organización empresarial debe ser un problema de opción. Esta deuda del modelo debe pasar a deuda del sistema legal.

(IV)

El examen de la pequeña y mediana empresa que encarna hoy el trabajador por cuenta propia, puede suponer dudas y deudas de un alcance mayor en tanto su sustento constitucional, asociado hoy a la propiedad personal6, se encuentra pautado por la prohibición de la explotación del trabajo ajeno. Es lo cierto, sin embargo, que hoy día su organización en pequeños negocios, emplea una masa trabajadora en sostenido crecimiento, procedente, fundamentalmente, del sector estatal. El carácter sistémico de esta contradicción obliga a ir por fórmulas que permitan congeniar, futuramente, la pequeña y mediana empresa con los principios que informan nuestro sistema social.

Por otra parte, en sus fundamentos mismos, se encuentra la libertad del individuo y su derecho a elegir. No es esta cualquier libertad. Quitar restricciones puede ser una forma de libertad, referida más al entorno y los procedimientos. Esta puede ser importante, pero más importante puede ser considerar la libertad como el derecho de la persona a su realización y a desenvolver sus capacidades como parte del verdadero desarrollo. Si para la primera basta la flexibilización, para la segunda se impone un cambio en la concepción. No basta la falta de interferencia, es colocar a la persona en la posibilidad real de una elección cuyas premisas, pienso, habrá que ir descubriendo y garantizar.

(V)

Con independencia y al margen de estas dudas y deudas ancilares, se requiere, de cualquier modo, hacer transparente y asequibles a todos y cada uno los actores económicos, con su necesario acomodo, todos y cada uno de los derechos que acompañan y garantizan la iniciativa empresarial: acceso al mercado, determinación de su objeto social, elección de forma organizativa, derecho a asociarse para fines económicos, registro y empleo de sus signos distintivos, y derecho a publicitarse.

No todos están en el catálogo de los disponibles. No todos lo están en la medida necesaria. No todos brindan todas las posibilidades que encierran. No todos dan respuesta hoy a las exigencias del nuevo empresario cubano. Si no son dudas, son deudas.

En sentido contrario, las restricciones al ejercicio de estos derechos, en la práctica cubana han conducido a “sumergir” la actividad, invisibilizar el problema, hacer encubierto al actor, sustraerlo del régimen contributivo, ocultar las fuentes, precarizar la relación de empleo, anular el marco regulatorio, ilegalizar el mercado, impedir el registro de resultados productivos, incorporar riesgos y costos al consumo y fragilizar la posición del consumidor.

(VI)

La iniciativa privada y cooperativa, más allá de ampliar la base de contribuyentes y el consiguiente ingreso fiscal, y contribuir al ahorro nacional y a la redistribución de la riqueza, como suele argumentarse y efecto es, debe permitir reforzar el papel del trabajo como fuente principal de los ingresos, contribuyendo a promover la realización de las capacidades y el potencial de las personas. Sin embargo, asumirlo mecánicamente, de manera voluntarista, pudiera ser un error. Ello requiere del diseño inteligente que lo haga congruente con un sistema social en el que los intereses generales y la preocupación por la mayor equidad social, gozan de una centralidad. Duda y deuda a la vez.

Por otra parte, como alternativas a la empresa estatal, estas otras figuras empresariales deben contribuir a ensanchar la oferta de bienes y servicios, a la satisfacción de las necesidades de la sociedad, y a elevar el bienestar de la población. Contribuir de esta manera a la formación de un mercado y a fomentar un entorno competitivo con la consiguiente elevación de la calidad de los bienes y servicios y modificando los presupuestos de atención y trato al consumidor, no es un resultado que deba tampoco asumirse como resultado de la famosa mano invisible. Pudiera ser otro error. Favorecer relaciones colaborativas y encadenamientos productivos en una economía planificada, igual requiere  de un diseño institucional que permita que esta complementariedad se haga efectiva, sin falsos encuadres.

No hay que perder de vista lo que algunos estudiosos llaman el “rol constitutivo” de las instituciones7, en razón del papel que pueden jugar estas en la conformación de las motivaciones, en la misma medida en que estas comportan o encierran determinados valores  que el individuo hace suyos, haciendo abandono de otros. No hay neutralidad axiológica. La conformación de los sujetos debe tomar muy en cuenta a que desarrollo económico y social es tributario.

(VII)

Por último una duda de carácter general. Quizás en nuestra sociedad se cumple algún ciclo de alternancia de “períodos de intensa preocupación con los problemas públicos y de casi total concentración en las metas del mejoramiento individual y el bienestar privado”8. Sea o no cierto, lo que parece estar fuera de toda duda es que cualquiera que pueda haber sido punto de inflexión, en los últimos años la vocación de lo social ha cedido ante la creciente preocupación por los proyectos de vida personal, postergando o tomando distancia de los problemas de carácter social que requieren ser asumidos y resueltos. ¿Y no es esta una deuda mayor…?

Notas al pie:

   1. JAMES, Joel. “Luz y sombra en el Manifiesto Comunista”, el “El Ser y la Historia”, Ediciones Santiago, Santiago de Cuba, 2012, p. 95.
   2. Constitución de la República, art. 17
   3. Decreto Ley 252 de 7 de agosto de 2007 y Decreto 281 de 16 de agosto de 2007, cuyas versiones actualizadas se contienen en la Gaceta Oficial Extraordinaria no. 27 de 30 de mayo de 2014.
   4. En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, nro. 2., se reafirma la “empresa estatal socialista” como la forma principal en la economía nacional en el modelo de gestión cubano.
   5. Decreto Ley 305 de 15 de  noviembre de 2012, Gaceta Oficial Extraordinaria no. 53 de 11 de diciembre de 2012.
   6. Constitución de la República, art. 21, segundo párrafo.
   7. CHANG, Ha-Joon. “The Market, the State and Institutions”, en “Rethinking development economics”, Anthem Press, U.K., 2006, pp. 41-60.
   8. HIRSCHMAN, Albert O.- “Un ciclo privado-público”, en “Más allá de la Economía: Antología de ensayos”, Fondo de Cultura Económica, 1ra. Edición, México 2014, pp. 293-300.

 


Sobre los autores
Narciso Alberto Cobo Roura 4 Artículos escritos
(La Habana, 1947). Licenciado en Derecho (1974) y Master en Derecho de los Negocios (2001). Asesor y Director Jurídico de la Junta Central de Planificación; Secretario de la Comisión Nacional del Sistema de Dirección de la Economía (1985-89); As...
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