Integración y soberanía


Bajo el sello de la integración, muchas veces se esconde la existencia de relaciones asimétricas, en un mundo donde la soberanía nacional, más que ejercerse, tiende a verse restringida. El concepto de “soberanía limitada” forma parte de la teoría política actual y algunos la consideran un resultado inevitable y necesario de la globalización.


Es por eso que, aun cuando se circunscriba al campo de la economía, la integración de los países es un fenómeno político, toda vez que describe las relaciones entre los Estados y estos son los depositarios de la soberanía de las naciones, al menos dentro del orden internacional existente.

Por otra parte, su materialización también responde a la voluntad y la capacidad de los gobiernos para hacerla efectiva, lo que nos coloca en el debate relativo al papel de los Estados en la economía, un asunto trascendente para definir las tendencias ideológicas del mundo contemporáneo.

Hay muchas formas de integración social donde el papel del Estado no es tan determinante, digamos la integración cultural resultante del contacto natural  entre los pueblos, pero cuando hablamos de la integración económica, la premisa que se impone es determinar si los Estados gozan de suficiente independencia política para relacionarse en condiciones equitativas con el resto.

Mirado de esta manera, la integración puede ser buena o mala para los países y la soberanía política es lo que determina esta condición.

Creo que precisamente en el ejercicio de un mayor grado de soberanía política adquirida, radica lo novedoso y más relevante de los procesos de integración que hoy se están produciendo en América Latina y el Caribe, así como la inserción de Cuba en los mismos.

El proyecto de integración bolivariano tenía la intención de garantizar la soberanía de América Latina frente a las amenazas de las potencias foráneas. La prédica de José Martí seguía este mismo propósito, aunque básicamente enfocado en frenar la potencial expansión del dominio de Estados Unidos sobre el resto del continente, algo que previó antes que nadie y se cumplió como había pronosticado.

En ambos casos se trató de proyectos esencialmente políticos, que fracasaron más por razones políticas que económicas.

A partir de ese momento, las relaciones hemisféricas se fueron construyendo bajo la lógica del panamericanismo, como reflejo de la gradual consolidación de la hegemonía norteamericana en la región, hasta culminar con la creación de la OEA en 1951.

Si observamos el patrón de los procesos integracionistas latinoamericanos a partir de ese momento, en la mayor parte de los casos vamos a encontrar una relación inversa entre su desarrollo y la capacidad coyuntural del poderío norteamericano para ejercer su hegemonía. En su esencia, deben ser entendidos como expresiones de resistencia al modelo neocolonial vigente, aunque no necesariamente en todos los casos fue reflejo de movimientos progresistas emancipadores.

No es hasta 1960 que surgió el primer intento integracionista latinoamericano, mediante la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALLC). Va a coincidir con la Alianza para el Progreso, en una coyuntura donde el interés primordial de Estados Unidos era reformar el sistema panamericano, para atenuar el impacto del triunfo de la Revolución Cubana. En consecuencia, tuvo escaso impacto en la arquitectura económica regional, aunque en 1980 se transformó en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a la que Cuba se incorporó en 1999, reflejando otra realidad.

Como resultado de la crisis económica y política que enfrentaba Estados Unidos, en la década de 1970, vamos a ser testigos de nuevos emprendimientos integracionistas en América Latina y de un mayor protagonismo del Caribe en estas iniciativas.

Ese fue el caso de la creación de la Comunidad del Caribe (CARICOM), un mercado común originalmente integrado por antiguas colonias europeas históricamente menos dependientes de Estados Unidos, y del Sistema Económico de Latinoamérica y el Caribe (SELA), institución inspirada en las tesis desarrollistas promovidas entonces por la CEPAL, basadas en potenciar el desarrollo de las industrias nacionales, mediante políticas gubernamentales destinadas a la sustitución de importaciones.  

El SELA se vio limitado por concepciones que dificultaban la propia integración regional y por problemas estructurales relacionados con la escasa complementariedad de las economías latinoamericanas, pero su debilidad fundamental radicó en la prevaleciente dependencia económica y política respecto a Estados Unidos, el cual trabajó con éxito para impedir su avance.

En 1991 tuvo lugar la primera Cumbre Iberoamericana en Guadalajara, México. Fue una propuesta inusual ya que, a la vez que excluía a Estados Unidos, incorporaba a España dentro del proyecto integrador, demostrando el interés latinoamericano y europeo por buscar cierto contrapeso al dominio unipolar alcanzado por Estados Unidos en la “Postguerra Fría”. Perdió relevancia en la medida en que Europa demostró que no podía desempeñar ese papel y se sumió en su propia crisis.

Otra particularidad fue la inclusión de Cuba, hasta entonces excluida del concierto regional. Evidentemente influyó el criterio de que el proceso revolucionario resultaba inviable en las nuevas condiciones y más peligroso resultaba que la “inevitable transición hacia el capitalismo” en Cuba, desembocara en un régimen de extrema derecha, subordinado de manera absoluta a Estados Unidos, enfatizando el desbalance que se quería atenuar. A la larga, ni Cuba evolucionó como pretendían los “demócratas” latinoamericanos del momento, ni se pudo evitar que Estados Unidos terminara por imponer el neoliberalismo como patrón de las economías latinoamericanas.

También en esta década se forjaron otros emprendimientos integracionistas, como el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC), de la cual Cuba también pasó a formar parte desde su fundación en 1994.

Pero lo predominante en esta etapa fue la imposición de las reglas del llamado Consenso de Washington, aplicado con todo rigor por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), con el concurso de los sectores nativos vinculados orgánicamente a las grandes empresas trasnacionales, el cual pretendió consolidarse de manera definitiva mediante la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), una iniciativa anunciada por Estados Unidos en la primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en 1994.

El fiasco del ALCA, concretado en la IV Cumbre de las Américas del 2005 en Mar del Plata, Argentina, no puede entonces verse divorciado del deterioro relativo de la hegemonía norteamericana en la región. Fue el resultado del fracaso del modelo neoliberal y la emergencia de movimientos y gobiernos progresistas que cambiaron el mapa político del continente, induciendo a que incluso gobiernos de derecha se vieran precisados a sumarse a los proyectos integracionistas regionales, con el objetivo de salvaguardar sus economías y el orden político interno de sus países.

Este nuevo balance político es lo que fortaleció tanto los proyectos integracionistas ya existentes, como el surgimiento de otros cualitativamente distintos, dígase la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, más recientemente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Ya no se trataba solo de acuerdos centrados exclusivamente en el comercio, sino que abarcan otras áreas de la economía, como las inversiones; la concertación política frente a problemáticas de interés común; la protección del medio ambiente e, incluso, la solución de problemas sociales, como la pobreza, la salud pública, la educación y el rescate del patrimonio cultural de nuestras naciones.

El proceso de integración latinoamericano ha permitido a Cuba su plena inserción en América Latina y el Caribe, donde encuentra oportunidades hasta ahora vedadas para el desarrollo imprescindible de su economía, en condiciones que no vulneran su  independencia política, sino que la fortalecen.

En parte, esta inserción ha sido el fruto de la solidaridad de los movimientos sociales y de algunos gobiernos de la región, un factor que no puede ser despreciado, porque refleja una mentalidad vinculada con la defensa de sus propias soberanías nacionales y la naturaleza ideológica de sus respectivos proyectos políticos.

Pero Cuba también aporta de varias maneras a la integración. En primer lugar, un capital humano necesario para el desarrollo económico y social del resto de América Latina y el Caribe.

A veces, tendemos a subestimar la importancia de esta variable y olvidamos que constituye el activo más escaso en una de las áreas más ricas en recursos naturales del mundo. Cuando más, se reconoce su contribución humanitaria, de por sí nada despreciable, pero también constituye un ingrediente político fundamental, toda vez influye en la satisfacción de las necesidades primarias de los sectores que sirven de base social a los gobiernos que dan vida al proceso integracionista.

Otro aporte cubano a la integración latinoamericana es el impacto político, simbólico y práctico, que emana de una soberanía defendida en las peores condiciones. Solo ello explica el activismo de casi todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños contra la política de Estados Unidos en lo referido al caso de Cuba, especialmente en lo que respecta a exigir su participación en las negociaciones de la región con ese país, tal y como ha venido evidenciándose en la convocatoria a la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en Panamá el próximo año.

Por sí mismos, estos proyectos no resuelven automáticamente los inconvenientes estructurales que, desde el punto de vista económico, limitan la integración latinoamericana y la competitividad de sus producciones y servicios en un mundo regido por las leyes del mercado capitalista. De hecho, la CEPAL acaba de informar sobre el deterioro de las exportaciones latinoamericanas, como resultado de la recesión mundial y la incapacidad del mercado intrarregional para compensar este déficit.

Tampoco, ni el plano doméstico de cada país ni las características de la política exterior de cada uno, expresan una unidad política en la región, donde funcionan sistemas muy diversos, pero facilitan la concertación de acciones comunes y constituyen una muestra sin precedentes del grado de independencia alcanzado por las naciones del subcontinente, lo cual tampoco es ajeno a los cambios en la situación política internacional.

Es cierto que se trata de una independencia muchas veces frágil hacia lo interno y amenazada constantemente por Estados Unidos, que aspira a restaurar un orden de dominación que cada día parece tener menos asideros en la realidad, pero que cuenta con el poder suficiente para interferir, mediante la desestabilización, con aquellos procesos que tienden a escapar de su control. Una política que en ocasiones parece insensata y contraproducente, pero sobre la cual existen sobradas evidencias.

Resulta además una experiencia nueva para los países de la región y particularmente compleja para Cuba, cuyo modelo económico y social es diferente al del resto.

El hecho de que los Estados sean un factor decisivo en los procesos integracionistas, no quiere decir que otros actores no participen de los mismos. La función de los gobiernos, como ha sido expresado por el propio discurso oficial cubano, es establecer políticas, no administrar proyectos, lo que no excluye la participación de las empresas estatales socialistas, aunque, en el marco de la integración y también por otras razones, requieren de ajustes conceptuales y prácticos en su organización, que también han sido reconocidos por el propio gobierno de Cuba.

Hasta ahora, los emprendimientos integracionistas cubanos se han realizado en la mayor parte de los casos mediante acuerdos gubernamentales y bajo la dirección centralizada del Estado cubano, pero la integración regional no apunta solo en esa dirección en el resto de los países y los propios cambios estructurales de la economía cubana tienden a incorporar nuevos actores no gubernamentales en el proceso.

De hecho, la nueva ley para la inversión extranjera estimula que empresas privadas latinoamericanas inviertan en Cuba, con o sin el apoyo financiero de sus gobiernos, y abre espacio, aunque aún muy limitado, para que al menos las cooperativas cubanas se inserten en esta dinámica. Es lógico suponer que en la medida en que crezca y se cualifique mejor el sector no estatal en la economía cubana, tal y como promueven las reformas económicas en curso, tal posibilidad tienda a incrementarse.

Pero incluso las acciones que se llevan a cabo mediante gestión gubernamental directa, como la colaboración en la salud pública y otros renglones, generan una dinámica social que muchas veces escapa al control estatal; y de una manera u otra, tienden a vincularse con el proceso integracionista en la medida en que este se expande por la región, como es lo esperado.

A ello se suma la flexibilización de la política migratoria cubana, en un contexto donde los sectores progresistas del mundo reclaman que la integración económica, para ser justa y efectiva, debe incluir el libre movimiento de la fuerza laboral. Ejemplos de avance en esta dirección es la política migratoria ecuatoriana, así como los acuerdos de libre visado establecidos entre diversos países de la región.

Los lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba tampoco excluyen la posibilidad de la contratación directa de cubanos por parte de empresas en el exterior, de por sí un resultado inevitable de la emigración misma, que para bien pudiera ser canalizado, al menos en parte, dentro de proyectos integracionistas con América Latina y el Caribe.

Es una realidad que ya los emigrados cubanos constituyen inversionistas indirectos en los pequeños negocios que se desarrollan en el país y su participación a mayor escala no está prohibida por la ley de inversión extranjera cubana. Es cierto que el potencial fundamental de estos capitales está en Estados Unidos y el bloqueo impide que se inviertan en Cuba; con más razón entonces, valdría la pena analizar si el atractivo de la integración también pudiera servir para debilitar esta política.  

La consolidación del proceso integracionista latinoamericano y caribeño depende de muchos factores, algunos impredecibles, pero es un hecho que Cuba tiene el raro privilegio de decidir por sí misma, sin interferencias extranjeras ni factores internos que socaven su soberanía, la forma en que participa en los mismos.

Ello constituye una ventaja comparativa de Cuba respecto a otros países, pero esto no basta para garantizar el debido aprovechamiento de las oportunidades resultantes de la integración latinoamericana y caribeña. La soberanía también hay que saber utilizarla y ello depende básicamente de nosotros, los cubanos.

Aquí me sumo a los que han planteado la importancia de la soberanía popular o ciudadana para el pleno y mejor ejercicio de la soberanía nacional, especialmente en el caso de Cuba. No obstante, es imposible desconocer que se trata de un fenómeno más complejo en lo práctico que en lo teórico, prueba de lo cual es que en realidad no se ha concretado en ningún país del mundo.

Entramos entonces en el tema de lo que pudieran ser las políticas más adecuadas para satisfacer este legítimo objetivo, pero este asunto forma parte de otro debate.

Sobre los autores
Jesús Arboleya Cervera 3 Artículos escritos
Profesor y analista politico. Especialista en el estudio de las relaciones Cuba-EEUU. Ha publicado "La Revolución del otro mundo: un análisis histórico de la Revolución Cubana"; "El otro terrorismo: medio siglo de política de los Estados Unidos ...
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