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Cuba está forzada a encontrar mecanismos estructurales y a desatar la disposición necesaria para emprender políticas económicas que la conduzcan al desarrollo propio y sostenible; todo ello debe redundar en una sociedad estable y en el sostenimiento de las mejores condiciones para consolidar sus aspiraciones crecientes en cuanto a la justicia social. En estos momentos el país enfrenta dificultades económicas, propias de la influencia de problemas externos, pero que indudablemente se agravan con motivo de debilidades internas. Al respecto, son muchos los temas que debemos debatir.
Afirmo todo lo anterior convencido de que el desarrollo económico, integral y sostenido, será casi improbable si no promovemos el mayor despliegue posible de las potencialidades “de cada uno y de todos los cubanos”; así como que esto lograría su cometido únicamente si dichas potencialidades disponen de las mejores condiciones, los necesarios instrumentos de toda índole y el máximo respaldo social y gubernativo acerca de su centralidad para lograr el deseado desarrollo económico, social, cultural y político. Esta afirmación podría ser catalogada como de orientación “capitalista”, pero también podría ratificar esa tesis marxista que afirma que las condiciones económicas condicionan la conciencia social y la superestructura de cualquier comunidad humana.
No resulta probable un despegue progresivo de la economía: i) si las empresas estatales funcionan desde lógicas que las alejan de la promoción del trabajo y de la creación de riquezas; ii) sin la evolución y expansión de un empresariado social autónomo (ya sea en la producción, los servicios, el ejercicio de las profesiones, etcétera), que disfrute de mejores condiciones legales e institucionales; iii) sin un proceso intenso que favorezca la inversión extranjera, que siempre puede ser portadora, por ejemplo, de empleo, experiencia, tecnología y mercado; iv) si las inversiones nacionales y extranjeras no pueden disfrutar de la infraestructura y los servicios que por fuerza demandan del empresariado local (tanto estatal como social; ya sea en la producción, los servicios, el ejercicio de las profesiones, etcétera); v) sin acceso “expedito” a capitales; vi) sin un entramado amplio de relaciones económicas y comerciales bilaterales, supranacionales, regionales e internacionales; vii) sin integrar a todo el empresariado cubano (estatal y social), que sea capaz de lograrlo, en las cadenas internacionales de creación de valores, porque esta resulta una fórmula certera para asegurar cierta contribución al desarrollo, y para que nuestra economía, que cada vez tendrá que ser más global si quiere existir con pujanza, sea necesaria ante significativos intereses internacionales, y así sufra menos de las posibles dificultades en determinadas relaciones económicas bilaterales, regionales, etcétera; y viii) si no comprendemos que todo lo anterior será imprescindible, además, para orientarlo de forma meticulosa, con el propósito de lograr la concreción de una moneda nacional capaz de constituirse en fundamento cardinal de nuestra estabilidad económica.
Sin embargo, también afirmo que todo esto no sería una garantía suficiente para alcanzar un desarrollo que beneficie equitativamente a todos los miembros de la sociedad. Para esto, hace falta además esculpir un modelo social capaz de integrar todas las dinámicas económicas, y de comprometerse con el desarrollo económico y el bienestar de toda la población, por medio de la socialización, la distribución y la redistribución de las riquezas materiales, sociales y culturales. Asimismo, debo señalar que en el contexto cubano existe reticencia, por parte de sectores empoderados, en cuanto a determinados progresos del desempeño socioeconómico autónomo de la ciudadanía.
Estos impugnan que el empresariado privado “acumula” riquezas; que constituye un ente “desestabilizador” del proyecto social oficial; que cuando ese sector haya acumulado suficiente riquezas y se integre a favor de intereses comunes, se inclinará a resistir, a toda costa, la necesaria socialización, distribución y re-distribución de la riqueza. En mi opinión, todo esto podría resultar posible o no, en dependencia de las dinámicas sociopolíticas del país. En este sentido, indico que tales peligros se corren también con otros sectores de la sociedad. ¿A caso la burocracia y el funcionariado, con poco vestigio de sentido sociopolítico, no han acumulado poder, no han lesionado grandemente el proyecto social legitimado por el pueblo, no se han resistido a enfrentar desafíos impostergables por considerar erróneamente que hacerlo afectaría sus intereses?
Ante el escenario de cuantos probables peligros pueda padecer cualquier sociedad, ratifico que ellos podrán desarrollarse y hasta imponerse, ya sea con dificultad o impunidad, únicamente cuando la sociedad de un país no posee capacidades para desarrollar sus dinámicas ciudadanas, de manera activa y efectiva, y cuando la institucionalidad estatal y gubernamental resulta incapaz o indolente ante su responsabilidad con la soberanía popular, la justicia social y el gobierno eficaz. La deliberación y la audacia en torno a estos temas constituyen un imperativo nacional; so pena de marchar, al menos por décadas, hacia la periferia del mundo y del desarrollo.
Benjamin dice:
¿Qué pasó con la magnífica entrevista o «interpelación» a Domingo Amuchástegui publicada ayer en Cuba Posible? ?Por qué no está más?