La centroderecha y el “cambio cultural” argentino

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El triunfo de la alianza “Cambiemos” en los comicios presidenciales de 2015, en Argentina, representa el único pase de manos por vía electoral de un gobierno de centroizquierda hacia uno de centroderecha –por usar alguna definición general– que tuvo lugar, hasta el momento, en América Latina, tras el llamado “giro a la izquierda” (con la excepción de Chile, que siguió una dinámica bastante particular). En un contexto de cambio de tendencia de varios de los países de la región, o al menos de pérdida de apoyos claramente mayoritarios de los gobiernos progresistas, el caso argentino nos habilita a pensar algunas cuestiones de más largo aliento en relación con el ciclo que llega a su fin –al menos, como lo conocimos en la primera década y media del siglo XXI– y a sus legados.

Por un lado, permite ver en acción a un gobierno pro-mercado surgido de una elección dividida, que tiene el desafío de reorientar las políticas públicas lidiando, al mismo tiempo, con las demandas y las resistencias de una sociedad democrática y movilizada. En definitiva, debe hacer frente a la tensión entre la voluntad de llevar a cabo un proyecto socioeconómico determinado y la factibilidad política de ese proyecto, lo que ya habían experimentado los gobiernos del ciclo progresista. Por otro lado, el cambio en curso ayuda a estimar cuáles son los legados de ese ciclo y en qué medida hay situaciones y acuerdos culturales y redistributivos establecidos y otros de más fácil remoción o reorientación.

Además de reflexionar sobre esas cuestiones, en este artículo nos interesa referir a una especificidad del caso argentino que lo diferencia de la mayor parte de las derechas regionales, y cuyo devenir también mostrará en qué medida este país puede formar parte del club de “las derechas” regionales institucionalizadas y competitivas electoralmente. Nos referimos a la posibilidad de que “Propuesta Republicana” (PRO), la fuerza que hegemoniza la alianza “Cambiemos”1, pueda constituirse en un partido de alcance nacional y estabilizar así, en Argentina, un espacio competitivo representativo de esa orientación. Tras un año y medio de gobierno, nos encontramos en condiciones de revisar al menos parcialmente estas tres cuestiones, que serán objeto de los puntos que organizan este texto.

La senda del gradualismo

Como señalamos en otra parte2, PRO nació con un proyecto sociocultural y económico de modernización gestionaria, que criticaba las excesivas regulaciones estatales de la vida económica, sin desconocer el rol central del Estado como re-asignador de recursos; y en especial en lo referido a la protección de algunos derechos sociales, lo que en el discurso de PRO se asocia al “cuidado” de los sectores “vulnerables”. Particularmente en los últimos años del ciclo kirchnerista, cuando PRO se definió como fuerza claramente opositora, incorporó como elemento central de su programa la defensa de una concepción política republicana-liberal de la democracia y, junto con ella, las denuncias sobre corrupción gubernamental y la promoción de una modernización gestionaria.

Al mismo tiempo, también desde sus inicios, PRO se concibió como un partido post-ideológico, con una estrategia flexible y pragmática, que busca construir consensos de gobernabilidad para llevar a cabo su proyecto político. Tiene un diagnóstico claro sobre las resistencias de la sociedad y la economía argentinas a apoyar mayoritariamente políticas de apertura económica y flexibilización de la regulación de los mercados, así como de reducción de la inversión pública en bienes de provisión potencialmente universal (como jubilaciones, salud, etc.). Así, aunque el tipo de economía al que quisieran llegar sus líderes sea similar a la que imaginan los economistas llamados ortodoxos, su pragmatismo y la pretensión de hacer de PRO un verdadero partido de poder –es decir, capaz de gobernar la sociedad argentina– los llevaron, hasta el momento, a preferir el gradualismo –en relación con la apertura de la economía argentina y el rol del Estado– antes que las tradicionales terapias de shock. Por eso es criticado por los economistas ortodoxos, quienes acusan al gobierno de hacer “kirchnerismo con buenos modales”3.

Esta orientación pragmática es la que comparten los sectores que controlan el partido y definen la orientación general en materia de políticas públicas. La incorporación al gobierno de CEOs provenientes de grandes corporaciones, lejos de ser necesariamente parte de un sesgo hacia el polo del shock, es consistente con esta línea: se trata de especialistas en procesos, cuyo prestigio profesional está ligado a “hacer que las cosas ocurran”, en palabras de un funcionario entrevistado, sin que el contenido de esas “cosas” sea un asunto que esté bajo su órbita. Al contrario, las definiciones políticas las sigue dando la “mesa chica”, de la que están ausentes tanto la mayor parte de esos CEO como los economistas ortodoxos.

La división del trabajo en la Jefatura de Gabinete de Ministros, área clave para el manejo de la marcha de las políticas públicas y para el diseño de la comunicación política en el nuevo gobierno, da cuenta de esta combinación entre manejo político pragmático y altas dosis de ideología gestionaria. En efecto, junto a un jefe de gabinete político, de larga trayectoria en PRO y de cercanía y confianza con Macri, como Marcos Peña, hay dos secretarios de Estado que, provenientes de grandes corporaciones, se ocupan de la “coordinación interministerial”4 y de la “coordinación de políticas públicas”. En palabras de un ex-CEO funcionario, “Marcos no es un tipo de la gestión sino más bien de la estrategia política, la comunicación, entonces la idea [de incorporar a los dos CEO-secretarios de Estado] era fortalecer el equipo con ese perfil de gestión”. Por su parte, los economistas de mayor prestigio que habían ingresado al gobierno en sus inicios lo abandonaron a fines de 2016, ora por desacuerdos con el gradualismo, ora por pretender cierta autonomía en sus decisiones. La definición sobre la orientación política, entonces, se concentra en pocas manos.

Asimismo, el hecho de que el nuevo gobierno no cuente con mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso, ni con el gobierno de la mayor parte de las 24 provincias del país, lo obliga a establecer negociaciones y acuerdos con otras fuerzas políticas, tanto en la arena parlamentaria como en la gestión del gobierno federal. La escasez de recursos político-institucionales favorece también alguna forma de gradualismo: es necesario acordar políticas con un número significativo de legisladores, y “Cambiemos” encontró un grupo particularmente colaborativo en la porción del peronismo más alejada del kirchnerismo.

Hacia un nuevo orden en la economía: un gobierno de “normalización”

En materia económica, frente a las posiciones más extremas, el gobierno de “Cambiemos”, comandado por PRO, se propone como una fuerza “razonable” de “normalización” social y económica. Cree que debe acercar a Argentina, lentamente, “al modo en que se hacen las cosas en el mundo”, luego de la “anomalía populista” del ciclo político anterior. En esa línea, dos de las primeras medidas tomadas por el gobierno fueron económicas e implicaron responder a una demanda de los sectores agro-exportadores, por un lado, con la reducción de los aranceles de exportación de granos; y de los sectores importadores y exportadores, por el otro, con el fin de la regulación del mercado de acceso a las divisas. Estas medidas redujeron los ingresos fiscales, al tiempo que crearon las condiciones para el crecimiento del mercado financiero. En el diagnóstico inicial, la normalización parecía bastar para que se hicieran efectivas las inversiones privadas necesarias para reemplazar el rol del consumo y la inversión pública como motores del crecimiento en que se había basado el último gobierno de Cristina Fernández. Ese diagnóstico fue corregido parcialmente sobre la marcha, ante la evidencia de que las inversiones privadas no llegaban, en línea con los problemas estructurales del país que padeció el gobierno anterior, pero que este no había inventado.

La normalización se volvió entonces más un “proceso” que un “acto”. Abundan las metáforas del “puente” que la sociedad debería cruzar para llegar a ese nuevo país, en especial sus grupos organizados de trabajadores formales e informales, pero también los de empresarios. En este sentido, el gobierno de “Cambiemos” hunde sus raíces en la más conocida tradición política de Argentina: así como la transición democrática nos llevaba de un régimen político a otro y para ello era necesario un “cambio cultural” en el sentido de la cultura política, esta transición de un tipo de sociedad a otra debe hacer posible el “cambio cultural” que nos lleve del desarrollo interno a la apertura al exterior, de una sociedad de consumo a otra de inversión.

No son pocas las coincidencias con otros proyectos económicos refundacionales llevados a cabo en Argentina en los años 60 y 70. Ahora, en cambio, esto se produce por vías democráticas. Con mayor intensidad desde mediados de 2016, el gobierno se concibe a sí mismo como capitaneando una “transición” lenta hacia la economía globalizada, que podría concluir, en el horizonte deseado, con la entrada de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que significaría que el país sería ordenado por los condicionamientos necesarios para ya no volver a salirse de su carril “normal”5. La normalización debe ir, así, hacia la irreversibilidad del cambio. En este punto –también– es llamativo cómo se parecen los gobiernos en Argentina en cuanto a su retórica refundacional: todos quieren, de alguna manera, volverse irreversibles.

Al mismo tiempo, el nuevo gobierno fue menos gradualista en algunas áreas, entre ellas la monetaria, donde, en línea con la teoría económica dominante y con las demandas de los actores económicos globales, concedió la presidencia del Banco Central a sus sectores más ortodoxos. Estos hicieron del combate contra la inflación casi el único objetivo, que se busca alcanzar evitando la emisión monetaria y aumentando las tasas de interés. Esto, por un lado, conspira contra la inversión privada productiva, o al menos en sectores no financieros, o de mediano-largo plazo; y, por otro lado, obliga al gobierno a buscar recursos para financiar el gasto público mediante la toma de deuda. En efecto, el ritmo de endeudamiento aumentó durante 2016 y aceleró una tendencia que ya había comenzado en 2014, pero que ahora representa el “atajo” que permite al gobierno de “Cambiemos” evitar el aumento de la conflictividad social, mientras crea nuevos condicionamientos para la política económica futura. Aunque no es objetivo de este texto hacer un análisis de política económica, este recorrido permite entender cómo se articula la orientación económica general con las condiciones de gobierno y con las relaciones de poder en el seno de la fuerza política que lo encabeza. ¿Qué pasó, mientras tanto, con el legado kirchnerista?

Más allá de la economía… ¿qué cambió con “Cambiemos”?

Si las políticas de ampliación de derechos establecidas en los años de gobiernos kirchneristas, así como la imagen de un “pueblo empoderado” con que se despidió la ex-presidenta Cristina Kirchner el 9 de diciembre de 2015, en la Plaza de Mayo, parecían augurar una cierta permanencia de la herencia nacional-popular, los primeros meses de gobierno de “Cambiemos” dieron la impresión de “arrasar con todo”. En efecto, a pesar de lo ajustado del triunfo electoral en segunda vuelta6, el nuevo gobierno se propuso llevar a cabo esa “normalización” de Argentina, cuyos principales rasgos se definían, en buena parte, de manera contrapuesta al tipo de sociedad que el kirchnerismo bregó por instaurar desde 2003, y con contornos más definidos, a partir de 2008.

Definir esta ruptura en términos de “cambio cultural” da cuenta de la amplitud de la transformación buscada y, al mismo tiempo, vuelve impreciso su alcance. Pareciera ser que el gobierno normalizador se propone, en cierta medida, cambiar la cultura de los argentinos, es decir, el modo en que estos hacen las cosas, en especial en su actividad económica y en su vínculo con el Estado7. Este cambio podría verse como la transformación de un ethos estado-céntrico y militante en otro emprendedor y asociado al voluntariado, dos marcas de PRO. El gradualismo en la normalización también supone evitar la fijación pública de metas demasiado ambiciosas. El “cambio cultural” permanece en esa vaguedad. Pero también hace posible empaquetar en el mismo frame reformas económicas, fiscales, laborales, políticas y culturales. En definitiva, a pesar de haber tenido que aceptar durante la campaña electoral para los comicios presidenciales buena parte de los bienes colectivos de legitimidad compartida que había producido el kirchnerismo (la Asignación Universal por Hijo, la propiedad estatal de empresas, entre otros puntos), el tono de su gobierno es ciertamente refundacional. Pero, ¿qué cambió, en términos culturales, hasta el momento?

En primer lugar, “Cambiemos” no parece haber tenido éxito en incidir en las organizaciones del mundo popular de un modo decisivo. Tuvo que aceptar la fortaleza de las organizaciones de los pobres informales, que se consolidaron en el ciclo político anterior, así como el legado de las políticas para esos sectores que son gestionadas por sus propias mediaciones. La continuidad del fomento estatal y del financiamiento público hacia la llamada “economía popular” es una muestra de este hecho, pero también la dificultad para imponer una política más dura en materia de orden en la calle, que impida (o al menos minimice) los cortes de la vía pública por manifestaciones en reclamo de bienes de origen público para esas fracciones de las clases populares (los llamados “planes sociales”, pero también alimentos para los comedores, entre otras cosas).

En segundo lugar, tampoco fue sencillo, hasta el momento, moderar los reclamos de las organizaciones de los sectores formales, es decir, los sindicatos. De posturas tradicionalmente más negociadoras en términos de metodologías de acción colectiva, pero también con reclamos más moderados y mayor flexibilidad ideológica, los grandes sindicatos lograron, no obstante, minimizar el impacto del ajuste en los trabajadores formales. Siguieron la lógica del “neo-corporativismo segmentado” que ya habían implementado en los años del kirchnerismo8 y que consiste en privilegiar los reclamos para los sectores que representan directamente y mostrar menor preocupación hacia los trabajadores no registrados e informales. Sin embargo, reconocieron a los representantes de los pobres informales como interlocutores en materia de representación de una porción de las clases populares y, en consonancia con eso, los incorporaron a varias mesas de negociación y evaluación de la situación del país y de medidas de acción9. La inédita unidad de formales e informales constituye una innovación del periodo, pero puede ser vista también como parte del legado del ciclo nacional-popular: aunque las alternativas políticas no estén claras, ni unos ni otros parecen dispuestos a resignar su participación en el bienestar en pos del “cambio cultural” propuesto.

También parecen duraderos los consensos en torno de las políticas de derechos humanos, en especial respecto a los juicios a los responsables del terrorismo de Estado en la última dictadura militar. No prosperaron las tentativas de funcionarios y de intelectuales cercanos al gobierno de discutir números simbólicos de los movimientos de derechos humanos, como el de los 30,000 desaparecidos. Un dictamen de la Corte Suprema que habilitaba un beneficio en el cómputo de las penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, con fallo dividido y apoyo de los dos jueces designados por el nuevo gobierno, generó protestas masivas y obligó al Congreso a votar una ley que prohíbe tal aplicación.

La ley que no permite aplicar el “2×1” a crímenes de lesa humanidad obtuvo el voto de casi la totalidad de los bloques parlamentarios, incluido el de “Cambiemos”, de donde partió el proyecto. Poco después, en la provincia de Buenos Aires, el kirchnerista “Frente para la Victoria” (FPV) logró que el bloque provincial de “Cambiemos” aprobara una ley que obliga a hablar de “dictadura cívico-militar”, en consonancia con lo que fijaba la memoria oficial de los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La política de derechos humanos no pudo ser, hasta el momento, parte del “cambio cultural” y continúa el linaje de los últimos años que entronca, no sin diferencias, con el de los primeros años de la democracia. Contra las miradas que veían a esa política como un bien capturado de manera facciosa, encuentra en la sociedad consensos transversales, más allá de las posiciones frente al ciclo kirchnerista10.

En cambio, tuvieron menos durabilidad las políticas específicamente culturales del ciclo político anterior y, en especial, las vinculadas a los medios de comunicación. En efecto, a poco de asumir el gobierno de “Cambiemos”, se disolvieron por decreto los dos entes reguladores creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios) y por la Ley de Telecomunicaciones aprobadas durante el kirchnerismo –la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), respectivamente–. La AFSCA se encargaba de otorgar las licencias de radio y televisión y de regular el mercado de los medios audiovisuales. Era el ente de aplicación de la Ley de Medios, votada por el Congreso en 2010 y producto de un largo debate del que participaron actores del mundo académico y de la sociedad civil. Uno de sus objetivos principales era desconcentrar la propiedad de los medios y distribuir el espectro audiovisual en partes iguales entre el sector privado, el estatal y el de la sociedad civil.

Su implementación parcial, en el contexto de la disputa entre el gobierno kirchnerista y el grupo multimedios Clarín, poco tuvo que ver con el espíritu que le había dado impulso y origen. Pero la supresión por decreto presidencial de la autoridad de aplicación, una de las piezas fundamentales de la ley, estuvo lejos de resolver las falencias de la política anterior. En su lugar, se creó una nueva entidad reguladora, el Ente Nacional de Comunicaciones, que dejó sin representación a las minorías parlamentarias e implicó un mayor control del Poder Ejecutivo sobre el área. La bandera de la democratización fue rápidamente desechada y, en cambio, la preocupación central pasó a ser la modernización tecnológica y el incremento de la competencia de mercado como soluciones a la concentración mediática11. Es, en definitiva, en el plano de la comunicación donde este “cambio cultural” siguió el camino de la “normalización”, que implicó la apertura regulada a la competencia extranjera y el levantamiento de buena parte de las regulaciones que iban en contra de la concentración monopólica.

¿Tendrá Argentina su partido de derecha con implantación nacional?

La debilidad política del gobierno de “Cambiemos” reside, en buena parte, en la desigual implantación de la principal fuerza de la coalición en todo el país. Construido desde la ciudad de Buenos Aires, PRO estableció desde el comienzo una estrategia de varios tiempos, que consistía en partir de un gobierno sub-nacional para construir desde allí su presencia en los demás distritos. La sucesión de marcas políticas que adoptó parece dar cuenta de esta estrategia. Al pasar de “Compromiso para el Cambio” a “Propuesta Republicana”, logró nacionalizarse utilizando –y luego absorbiendo– la implantación territorial que había construido el partido “Recrear”, en buena parte sobre la base de los vínculos con antiguos dirigentes de partidos liberales y conservadores provinciales, así como del ala derecha del radicalismo. Con “Cambiemos”, marca en la que PRO parece ahora querer diluirse –al menos de manera comunicacional–, logró tanto la cobertura nacional del radicalismo como una llegada a clases medias urbanas no directamente identificadas con la centroderecha.

Como había ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, la identidad por oposición al kirchnerismo funcionó como fuerza aglutinadora que, hasta el momento, parece tener mucho para dar en términos de rédito electoral. Pero con la adopción de la marca “Cambiemos” los líderes de PRO, que son el núcleo que toma las decisiones desde el gobierno, parecen haber aceptado también que no pueden, al mismo tiempo, gobernar el país –es decir, acordar con los actores realmente existentes– y proseguir la construcción de un partido nacional. Se trata, por ahora, de dar consistencia desde arriba al rechazo a un ciclo político concluido en términos electorales, pero, ¿cómo acabar con su legado sin los recursos políticos para hacerlo?

Por un lado, las negociaciones con gobernadores de origen peronista pero circunstanciales aliados, de quienes el gobierno obtuvo votos en el Congreso, implicaron que cediera el control de algunos puestos claves en el nivel provincial, vinculados a la gestión de dependencias y programas de política pública nacionales, lo que al menos a corto plazo mantiene recursos políticos en manos de las fuerzas gobernantes en cada distrito, sea cual fuere su signo partidario12. Por otro lado, la tensión entre un partido dominante en el interior de la coalición “Cambiemos” con escasa presencia territorial más allá del centro del país (PRO) y el integrante más tradicional de esa coalición (la UCR), minoritario en la toma de decisiones en el centro pero de gran presencia territorial, actualiza la paradoja del gobierno de “Cambiemos”: para afianzarse como vector de “cambio cultural” necesita de sus aliados, pero a menudo eso le impide crecer como fuerza política autónoma. Parece lejana la perspectiva de que, con los recursos que da el gobierno, PRO pueda consolidarse como partido a escala nacional, como hizo a partir de 2007 en la ciudad de Buenos Aires.

Es cierto que, como sostiene Marcelo Leiras13, en Argentina ningún partido es nacional, estrictamente hablando. Todos deben lidiar con la complejidad federal y se construyen más bien como alianzas de élites sub-nacionales. Con el envión de sus triunfos electorales y de sus figuras de alta popularidad, PRO parecía encaminado a “fagocitarse” a buena parte del radicalismo. La resilencia de ese partido centenario, en buena parte en virtud de sus resortes de gobierno a escala distrital, es un dato que no debe soslayarse. La disputa por convertirse en el partido de las clases medias urbanas y de las clases medias-altas rurales del siglo XXI sigue, así, abierta. El gradualismo y el peso de los legados, aquí también, marcan el ritmo de las transformaciones.

* Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 270, Julio – Agosto 2017, ISSN: 0251-3552. Cuba Posible lo reproduce con la autorización de los editores de Nueva Sociedad.

 

Notas:

1. A diferencia de lo ocurrido en 1999 en el gobierno de la Alianza, que incluía a la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente por un País Solidario (Frepaso), en el gobierno de Cambiemos puede decirse que prevalece el control partidario por sobre la lógica de coalición, especialmente en la composición del gabinete, ya que la mayor parte de los ministros y secretarios provienen de pro y de sus fundaciones. Solo hay tres ministros de la UCR en un gabinete que cuenta con 23 carteras, pero además esos radicales no fueron elegidos por su partido según sus reglas internas, sino por las preferencias del presidente.

2. Vommaro, Sergio Morresi y Alejandro Bellotti: Mundo PRO. Anatomía de un partido fabricado para ganar, Planeta, Buenos Aires, 2015.

3. Esa fue la expresión que utilizó el economista ortodoxo –de asidua presencia pública– José Luis Espert en diferentes entrevistas en medios de comunicación durante 2016. Uno de los audios está disponible en . Ya en los inicios del partido, una de las líneas más duras de pro en términos políticos, proveniente en especial de la Unión del Centro Democrático (Ucedé) –principal partido de centroderecha argentino de los años 80 del siglo XX– pero también del peronismo menemista, había intentado sin éxito una definición más tajante en materia programática. G. Vommaro y S. Morresi (eds.): «Hagamos equipo». PRO y la construcción de la nueva derecha en Argentina, Ediciones UNGS, Buenos Aires, 2015.

4. Como se afirma en la web de la Secretaría de Coordinación Interministerial, su función es facilitar «las relaciones entre los ministros y el jefe de Gabinete para alcanzar los objetivos de pobreza cero, unidad de los argentinos y lucha contra el narcotráfico», es decir las tres grandes líneas del discurso de inauguración de mandato de Macri en diciembre de 2015.

5. Según el sitio de la ocde en México, esta organización «reúne a un grupo de países con ideas Esencialmente, el ser miembro de  la organización depende del compromiso  de un país hacia la economía de mercado y la  democracia pluralista» <www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.htm>.

6. En la primera vuelta, el 25 de octubre de 2015, Daniel Scioli (Frente para la Victoria) obtuvo 37,08 por ciento de los votos y Mauricio Macri (Cambiemos), 34,15 por ciento. En la segunda vuelta, realizada el 22 de noviembre de 2015, Macri se impuso por 51,34 por ciento y Scioli quedó en segundo lugar, con 48,66 por ciento de los votos.

7. Eso parece sugerir Martín Rodríguez en «Parte del aire» en Le Monde diplomatique edición Cono Sur No 215, 5/2017.

8. V. sobre este punto Sebastián Etchemendy y Ruth Berins Collier: «Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neo-corporativismo segmentado en Argentina (2003-2007)» en Postdata No 13, 6/2008.

9. V. por ejemplo «La CGT y los movimientos sociales acordaron unir sus reclamos contra el Gobierno» en La Nación, 7/9/2016.

10. Remitimos en este punto al artículo escrito por Pablo Semán al calor de las movilizaciones contra el fallo de la Corte Suprema: «Derechos humanos, contingencia y sobregiro» en Panamá Revista, 11/5/2017.

11. Ver Martín Becerra: «Restauración: cambios en las políticas de comunicación» en Épocas No 2, 2016.

12. Diferentes ministerios (Trabajo, Desarrollo Social) y dependencias oficiales (Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES–, Programa de Atención Médica Integral –PAMI–) cuentan con oficinas en todas las provincias. Tradicionalmente, la fuerza política gobernante designaba en esos lugares a referentes propios en cada distrito. En este caso, el gobierno de Cambiemos no solo debió distribuir posiciones entre las fuerzas políticas que forman parte de la coalición, sino que también aceptó mantener cierto statu quo en provincias gobernadas por otros partidos.

13. M. Leiras: Todos los caballos del rey. La integración de los partidos políticos y el gobierno democrático de la Argentina, Prometeo, Buenos Aires, 2007.

 

 

Sobre los autores
Gabriel Vommaro 1 Artículo escrito
Gabriel Vommaro es magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Sociología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS), de París. Es investigador-docente en el Instituto del Desarrollo H...
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