Introducción
Nunca cesará el estudio y el debate acerca de temas tan importantes como la libertad, la democracia y la justicia, pues resultan esenciales para el empoderamiento ciudadano, el bienestar general y la estabilidad social. Aunque también es cierto que a algunas personas ya les agotan los análisis y discursos sobre la cuestión, porque en demasiados casos los resultados obtenidos no han representado las cuotas de progreso humano a las cuales aspiraban; y por ello se aferran a quehaceres casi esencialmente individuales y se enrumban casi únicamente hacia una “felicidad egoísta”. Sin embargo, en paralelo, la generalidad social, en todo el orbe, incluso muchos de los que acabo de mencionar, no se conforman con la debilidad de los mecanismos, los procedimientos y las instituciones que deberían facilitar y asegurar las más positivas y efectivas dinámicas comunitarias. En tal sentido, reclaman una democracia cada vez mayor y mejor.
En cualquier análisis sobre la democracia se integran cuantiosos conceptos, entre los cuales se encuentran los ya mencionados; o sea, la libertad y la justicia. Por otro lado, al diagnosticar el nivel de democracia alcanzado y, por ende, esclarecer las perspectivas de los retos por asumir, unos tienden a evaluar el nivel de libertad asegurado y otros el horizonte de justicia garantizado. En tanto, con independencia de las preferencias hacia una u otra de las dos categorías, no caben dudas de que ambas, la libertad y la justicia, constituyen elementos consustanciales de la democracia. Del mismo modo, tampoco caben dudas de que la democracia está llamada a consolidar, de la forma más plena posible, ambas categorías antropológicas y sociológicas. Sin embargo, se hace necesario responder a la siguiente interrogante: ¿resulta la democracia un concepto, una categoría en sí misma, que pueda integrar y expresar de manera concluyente la realización de la libertad personal y social, así como de la justicia “toda”?
Un poco de teoría sobre la democracia
Comenzaré entonces por acercame a un criterio sobre la libertad y a un razonamiento acerca de la justicia. Esta última, según la opinión más aceptada, consiste en dar a cada uno lo suyo. En esto hay consenso. La cuestión se complica cuando es necesario definir qué es lo suyo y cómo se da. Para muchos lo suyo es el bien común, o sea, un conjunto de condiciones para garantizar que las personas, las familias y las sociedades en su totalidad, se desarrollen plenamente. A su vez, esta realidad debe traducirse en la garantía verdadera de todo el universo de derechos, tanto individuales como sociales, ya sean familiares, culturales, económicos, laborales y políticos, entre otros. Por otro lado, se hace imprescindible señalar que no se trata tanto de darle todo a cada persona, sino sobre todo de capacitarla para que ella misma se realice hasta donde pueda a partir de sus potencialidades propias. Por eso, se refiere también al cómo se da, o sea, a la responsabilidad que tenemos todos de ayudar a los demás a conseguir tal capacitación y de apoyar a quienes, por desgracia, no lo logren. En tal sentido, podríamos reafirmar que la justicia demanda el compromiso de todos a favor del desarrollo del universo de derechos de cada persona.
En tanto, la libertad constituye la capacidad que tienen las personas y los pueblos para, sin coacciones, decidir sus actos y procurar lo que consideran como bienestar. Esta satisfacción, a su vez, será buscada de acuerdo a cómo cada persona, grupo, sector y sociedad, etcétera, interpreten el universo de sus derechos. Por ello, podemos afirmar que existe una relación intrínseca entre libertad, cultura y justicia, que casi determina las conductas personales, grupales y sociales. En tanto, siempre resultará de suma importancia discernir de modo responsable qué entendemos por cultura, en su sentido más amplio, y cómo trabajar a favor de su desarrollo.
La democracia, por su parte, resulta procedimental, porque establece los medios; o sea, las reglas y los espacios para construir la justicia, la libertad, la igualdad…, tanto individual como social. Luego, en la medida que logre lo anterior con eficacia, resulta además sustantiva, en cuanto concreta y asegura la realización del universo de derechos. Sin embargo, esta cualidad sustantiva se consolida solo cuando progresivamente va ascendiendo hacia una dimensión mayor, que intenta responder al desafío de comprometernos todos a favor del desarrollo del universo de derechos de cada persona y de todos los pueblos. En este sentido, lo sustantivo de la democracia exige la incorporación creciente de la solidaridad; por supuesto que entendida, institucionalizada, promovida y asegurada de disímiles maneras.
La solidaridad constituye un valor y una virtud que fundamenta actitudes orientadas al bienestar de todos. Esto, por supuesto, depende sobre todo de la perspectiva cultural, educativa y espiritual de las personas y los pueblos. Por ende, la solidaridad sería el resultado, si acaso, de un buen desarrollo en estos aspectos. No obstante, me consta que muchas veces no basta, o incluso hasta puede brindar más herramientas para actuar con egoísmo y para dañar con intención a los otros. En tanto, esta exigencia a lo sustantivo de la democracia demanda cincelar y consolidar sistemáticamente un universo pluriforme de garantías para que todos puedan ejercer su cuota de soberanía individual y social, para que todos tengan que ser considerados por los otros, para que todos puedan reclamar ante el atropello o la indiferencia de otros, y para que todos puedan defenderse de manera expedita y efectiva de los maltratos y las indolencias que padezcan, etcétera.
Sólo una convivencia civilizada, sostenida por una sólida noción solidaria, capaz de comprometer a todos a favor del desarrollo de todos, puede ir convirtiendo a la democracia en una categoría sobre todo sustantiva y después procedimental. De la misma manera, únicamente así, la democracia será un concepto que logre ir integrando de forma concluyente la realización de la libertad personal y social, así como de la justicia “toda”. No obstante, hemos de tener conciencia de que será un proceso infinito. Por ello, en cada tiempo y lugar siempre habrá quienes consideren que la democracia se acerca a esta finalidad, y quienes reclamen que aún le queda mucho por conseguir para poder defender tal aseveración. Sobre el dilema de la instrumentalización de este reto, me referiré a continuación.
Acerca de la democracia vigente
No pocas sociedades han logrado cierta consolidación de la democracia. Sin embargo, crece la evidencia de que muchas de estas se encuentran interpeladas en cuanto a su actual legitimidad. Abundan los países donde, con mucha libertad, ciudadanos y grupos amplios de ciudadanos cuestionan políticas e instituciones, etcétera, y lo hacen por medio de expresiones que se encauzan desordenadamente, de manera caótica o hasta de forma violenta. En estos casos se suele afirmar que dichos ciudadanos pueden hacer esto porque disfrutan de la democracia. Quienes afirman esto no tienen exactamente toda la razón.
Es posible que a través de un procedimiento bien establecido, una sociedad no haya sido capaz de conseguir metodologías debidas para tramitar, sin restricciones a la libertad, pocas o muchas cuestiones y, por ende, las hayan dejado al libre arbitrio de lo que algunos llamarían “el estado de naturaleza” (que intenta denominar el supuesto de momentos o circunstancias en las cuales se carece de pactos y de instrumentos para la convivencia civilizada). Ante esto, podríamos sostener que la ciudadanía tiene asegurada su libertad, pero no que existan los medios, los mecanismos y los procedimientos para tramitar determinados asuntos. Entonces, si una sociedad padece de déficits legales y/o institucionales para gestionar, con libertad, ciertos asuntos, pudiera ser libre, pero no suficientemente democrática.
En tal sentido, quizás jamás ninguna sociedad alcanzaría el privilegio de ser considerada como suficientemente democrática. La naturaleza humana garantiza que las demandas de todas las personas y de todos los pueblos siempre serán crecientes y, por ello, cualquier modelo democrático estará eternamente interpelado. Por eso, cualquier diseño democrático deberá asegurar la libertad suficiente para que la ciudadanía se exprese y proyecte, con intenciones razonables, en cualquier momento y más allá de mecanismos pre-establecidos, cuando lo justifique precisamente la inexistencia o debilidad de los mismos.
Por ello, para diagnosticar la legitimidad del status democrático de cualquier sociedad, siempre habrá que evaluar cuánta capacidad brinda al ciudadano para gestionar las cuestiones humanas, y cuánta oportunidad ofrece para perfilar nuevas capacidades, cuando estas hagan falta. En tal sentido, si el diagnóstico muestra un equilibrio proporcional, podríamos aceptar que el status democrático es suficiente. Si la evaluación señala un desequilibrio, más o menos agudo, porque resultan escasos o débiles los mecanismos sociales y esto justifique, en exceso, “el estado de naturaleza”, el status democrático será insuficiente. Actualmente muchas democracias, que se han considerado establecidas y legítimas, muestran en demasía esta debilidad. Por ende, no faltan quienes convocan a la búsqueda del consenso en torno a una nueva propuesta democrática.
Ejemplos aún actuales.
A continuación esbozaré dos ejemplos que ratifican la carencia de capacidades democráticas. Ambos estarán relacionados con la libertad para protestar públicamente. Sin embargo, esto no implica que esté en contra de la misma. Ella constituye un derecho inalienable y una conquista a favor de quienes se encuentran atropellados. No obstante, las sociedades tienen la obligación de acudir (en exceso) al ejercicio de dicha libertad, sólo cuando carecen de mecanismos para encauzar las demandas o estos no son respetados de manera suficiente.
Se suele acudir al derecho de huelga, un logro del movimiento sindical, que siempre deberá constituir un instrumento en beneficio de los trabajadores y de la sociedad en general, únicamente cuando no existen, o se han agotado, otros recursos que pudieran ser considerados más civilistas, menos traumáticos para todos. El diseño y la consolidación de esos posibles, nuevos y mejores recursos, podría constituir un fortalecimiento de la democracia, capaz de asegurar el ensanchamiento de un ejercicio civilista de la libertad sindical que la aleje, cada vez más, del llamado “estado de naturaleza”. Esta perspectiva demanda la atención y el esfuerzo de los sindicatos, de los empresarios, de los gobiernos, de los juristas, de otros científicos sociales, de los políticos y de los parlamentos, etcétera.
Del mismo modo, encontramos muchísimas otras demandas ciudadanas que no consiguen ser canalizadas a través de representaciones establecidas, como ejemplo: la que deben desempeñar los diputados por medio de los parlamentos. Esto, por supuesto, ha provocado expresiones públicas desordenadas, que en algunos casos llegan hasta la explosión social. Estas siempre procuran protestar y presionar sobre instituciones, por lo general de poder, que no han atendido y/o respondido, a tiempo y de forma debida, inquietudes o conflictos sensibles que por lo general se acumulan, sin encontrar soluciones. Si observamos el acontecer mundial de los últimos tiempos, podemos advertir demasiados hechos de esta índole. Este peligro también reclama la atención y el esfuerzo de muchos.
En este empeño unos indican que resulta necesario re-dimensionar el quehacer del diputado como representante inmediato de la ciudadanía en el ejercicio del poder. Ellos solicitan que el diputado se desempeñe en interacción directa con los electores y tramite, por encargo de estos, los asuntos pertinentes. Otros ratifican esta propuesta, pero señalan que no bastaría para asegurar una participación democrática sólida sobre todos los temas y en todos los ámbitos, y por ello pretenden además el diseño de novedosos y múltiples mecanismos.
Por otro lado, algunos defienden que el diputado debe ser electo por la ciudadanía pero que, dada la naturaleza de su responsabilidad, debe cumplir sus funciones sin interferencia del electorado. Entre estos últimos, unos sugieren el establecimiento de recursos sociales, ajenos al parlamento pero encaminados a garantizar el debate y la conciliación, mientras otros se alinean a favor de un ciudadano entendido sobre todo como mero elector.
Final
Resulta imprescindible vigorizar el debate acerca de todo lo anterior y conseguir determinadas certezas en torno al desarrollo progresivo de la democracia. Sin embargo, se hace irrebatible que iremos consiguiendo una democracia cada vez más sustantiva, o sea, una democracia que sea expresión intrínseca de una justicia que se construye y disfruta, si logramos re-dimensionar continuamente la democracia procedimental, con el propósito de empoderar siempre más a la ciudadanía, y consolidarla así como artífice de la libertad “toda”, de la igualdad “toda”, de la justicia “toda”.
Nunca cesará el estudio y el debate acerca de temas tan importantes como la libertad, la democracia y la justicia, pues resultan esenciales para el empoderamiento ciudadano, el bienestar general y la estabilidad social. Aunque también es cierto que a algunas personas ya les agotan los análisis y discursos sobre la cuestión, porque en demasiados casos los resultados obtenidos no han representado las cuotas de progreso humano a las cuales aspiraban; y por ello se aferran a quehaceres casi esencialmente individuales y se enrumban casi únicamente hacia una “felicidad egoísta”. Sin embargo, en paralelo, la generalidad social, en todo el orbe, incluso muchos de los que acabo de mencionar, no se conforman con la debilidad de los mecanismos, los procedimientos y las instituciones que deberían facilitar y asegurar las más positivas y efectivas dinámicas comunitarias. En tal sentido, reclaman una democracia cada vez mayor y mejor.
En cualquier análisis sobre la democracia se integran cuantiosos conceptos, entre los cuales se encuentran los ya mencionados; o sea, la libertad y la justicia. Por otro lado, al diagnosticar el nivel de democracia alcanzado y, por ende, esclarecer las perspectivas de los retos por asumir, unos tienden a evaluar el nivel de libertad asegurado y otros el horizonte de justicia garantizado. En tanto, con independencia de las preferencias hacia una u otra de las dos categorías, no caben dudas de que ambas, la libertad y la justicia, constituyen elementos consustanciales de la democracia. Del mismo modo, tampoco caben dudas de que la democracia está llamada a consolidar, de la forma más plena posible, ambas categorías antropológicas y sociológicas. Sin embargo, se hace necesario responder a la siguiente interrogante: ¿resulta la democracia un concepto, una categoría en sí misma, que pueda integrar y expresar de manera concluyente la realización de la libertad personal y social, así como de la justicia “toda”?
Un poco de teoría sobre la democracia
Comenzaré entonces por acercame a un criterio sobre la libertad y a un razonamiento acerca de la justicia. Esta última, según la opinión más aceptada, consiste en dar a cada uno lo suyo. En esto hay consenso. La cuestión se complica cuando es necesario definir qué es lo suyo y cómo se da. Para muchos lo suyo es el bien común, o sea, un conjunto de condiciones para garantizar que las personas, las familias y las sociedades en su totalidad, se desarrollen plenamente. A su vez, esta realidad debe traducirse en la garantía verdadera de todo el universo de derechos, tanto individuales como sociales, ya sean familiares, culturales, económicos, laborales y políticos, entre otros. Por otro lado, se hace imprescindible señalar que no se trata tanto de darle todo a cada persona, sino sobre todo de capacitarla para que ella misma se realice hasta donde pueda a partir de sus potencialidades propias. Por eso, se refiere también al cómo se da, o sea, a la responsabilidad que tenemos todos de ayudar a los demás a conseguir tal capacitación y de apoyar a quienes, por desgracia, no lo logren. En tal sentido, podríamos reafirmar que la justicia demanda el compromiso de todos a favor del desarrollo del universo de derechos de cada persona.
En tanto, la libertad constituye la capacidad que tienen las personas y los pueblos para, sin coacciones, decidir sus actos y procurar lo que consideran como bienestar. Esta satisfacción, a su vez, será buscada de acuerdo a cómo cada persona, grupo, sector y sociedad, etcétera, interpreten el universo de sus derechos. Por ello, podemos afirmar que existe una relación intrínseca entre libertad, cultura y justicia, que casi determina las conductas personales, grupales y sociales. En tanto, siempre resultará de suma importancia discernir de modo responsable qué entendemos por cultura, en su sentido más amplio, y cómo trabajar a favor de su desarrollo.
La democracia, por su parte, resulta procedimental, porque establece los medios; o sea, las reglas y los espacios para construir la justicia, la libertad, la igualdad…, tanto individual como social. Luego, en la medida que logre lo anterior con eficacia, resulta además sustantiva, en cuanto concreta y asegura la realización del universo de derechos. Sin embargo, esta cualidad sustantiva se consolida solo cuando progresivamente va ascendiendo hacia una dimensión mayor, que intenta responder al desafío de comprometernos todos a favor del desarrollo del universo de derechos de cada persona y de todos los pueblos. En este sentido, lo sustantivo de la democracia exige la incorporación creciente de la solidaridad; por supuesto que entendida, institucionalizada, promovida y asegurada de disímiles maneras.
La solidaridad constituye un valor y una virtud que fundamenta actitudes orientadas al bienestar de todos. Esto, por supuesto, depende sobre todo de la perspectiva cultural, educativa y espiritual de las personas y los pueblos. Por ende, la solidaridad sería el resultado, si acaso, de un buen desarrollo en estos aspectos. No obstante, me consta que muchas veces no basta, o incluso hasta puede brindar más herramientas para actuar con egoísmo y para dañar con intención a los otros. En tanto, esta exigencia a lo sustantivo de la democracia demanda cincelar y consolidar sistemáticamente un universo pluriforme de garantías para que todos puedan ejercer su cuota de soberanía individual y social, para que todos tengan que ser considerados por los otros, para que todos puedan reclamar ante el atropello o la indiferencia de otros, y para que todos puedan defenderse de manera expedita y efectiva de los maltratos y las indolencias que padezcan, etcétera.
Sólo una convivencia civilizada, sostenida por una sólida noción solidaria, capaz de comprometer a todos a favor del desarrollo de todos, puede ir convirtiendo a la democracia en una categoría sobre todo sustantiva y después procedimental. De la misma manera, únicamente así, la democracia será un concepto que logre ir integrando de forma concluyente la realización de la libertad personal y social, así como de la justicia “toda”. No obstante, hemos de tener conciencia de que será un proceso infinito. Por ello, en cada tiempo y lugar siempre habrá quienes consideren que la democracia se acerca a esta finalidad, y quienes reclamen que aún le queda mucho por conseguir para poder defender tal aseveración. Sobre el dilema de la instrumentalización de este reto, me referiré a continuación.
Acerca de la democracia vigente
No pocas sociedades han logrado cierta consolidación de la democracia. Sin embargo, crece la evidencia de que muchas de estas se encuentran interpeladas en cuanto a su actual legitimidad. Abundan los países donde, con mucha libertad, ciudadanos y grupos amplios de ciudadanos cuestionan políticas e instituciones, etcétera, y lo hacen por medio de expresiones que se encauzan desordenadamente, de manera caótica o hasta de forma violenta. En estos casos se suele afirmar que dichos ciudadanos pueden hacer esto porque disfrutan de la democracia. Quienes afirman esto no tienen exactamente toda la razón.
Es posible que a través de un procedimiento bien establecido, una sociedad no haya sido capaz de conseguir metodologías debidas para tramitar, sin restricciones a la libertad, pocas o muchas cuestiones y, por ende, las hayan dejado al libre arbitrio de lo que algunos llamarían “el estado de naturaleza” (que intenta denominar el supuesto de momentos o circunstancias en las cuales se carece de pactos y de instrumentos para la convivencia civilizada). Ante esto, podríamos sostener que la ciudadanía tiene asegurada su libertad, pero no que existan los medios, los mecanismos y los procedimientos para tramitar determinados asuntos. Entonces, si una sociedad padece de déficits legales y/o institucionales para gestionar, con libertad, ciertos asuntos, pudiera ser libre, pero no suficientemente democrática.
En tal sentido, quizás jamás ninguna sociedad alcanzaría el privilegio de ser considerada como suficientemente democrática. La naturaleza humana garantiza que las demandas de todas las personas y de todos los pueblos siempre serán crecientes y, por ello, cualquier modelo democrático estará eternamente interpelado. Por eso, cualquier diseño democrático deberá asegurar la libertad suficiente para que la ciudadanía se exprese y proyecte, con intenciones razonables, en cualquier momento y más allá de mecanismos pre-establecidos, cuando lo justifique precisamente la inexistencia o debilidad de los mismos.
Por ello, para diagnosticar la legitimidad del status democrático de cualquier sociedad, siempre habrá que evaluar cuánta capacidad brinda al ciudadano para gestionar las cuestiones humanas, y cuánta oportunidad ofrece para perfilar nuevas capacidades, cuando estas hagan falta. En tal sentido, si el diagnóstico muestra un equilibrio proporcional, podríamos aceptar que el status democrático es suficiente. Si la evaluación señala un desequilibrio, más o menos agudo, porque resultan escasos o débiles los mecanismos sociales y esto justifique, en exceso, “el estado de naturaleza”, el status democrático será insuficiente. Actualmente muchas democracias, que se han considerado establecidas y legítimas, muestran en demasía esta debilidad. Por ende, no faltan quienes convocan a la búsqueda del consenso en torno a una nueva propuesta democrática.
Ejemplos aún actuales.
A continuación esbozaré dos ejemplos que ratifican la carencia de capacidades democráticas. Ambos estarán relacionados con la libertad para protestar públicamente. Sin embargo, esto no implica que esté en contra de la misma. Ella constituye un derecho inalienable y una conquista a favor de quienes se encuentran atropellados. No obstante, las sociedades tienen la obligación de acudir (en exceso) al ejercicio de dicha libertad, sólo cuando carecen de mecanismos para encauzar las demandas o estos no son respetados de manera suficiente.
Se suele acudir al derecho de huelga, un logro del movimiento sindical, que siempre deberá constituir un instrumento en beneficio de los trabajadores y de la sociedad en general, únicamente cuando no existen, o se han agotado, otros recursos que pudieran ser considerados más civilistas, menos traumáticos para todos. El diseño y la consolidación de esos posibles, nuevos y mejores recursos, podría constituir un fortalecimiento de la democracia, capaz de asegurar el ensanchamiento de un ejercicio civilista de la libertad sindical que la aleje, cada vez más, del llamado “estado de naturaleza”. Esta perspectiva demanda la atención y el esfuerzo de los sindicatos, de los empresarios, de los gobiernos, de los juristas, de otros científicos sociales, de los políticos y de los parlamentos, etcétera.
Del mismo modo, encontramos muchísimas otras demandas ciudadanas que no consiguen ser canalizadas a través de representaciones establecidas, como ejemplo: la que deben desempeñar los diputados por medio de los parlamentos. Esto, por supuesto, ha provocado expresiones públicas desordenadas, que en algunos casos llegan hasta la explosión social. Estas siempre procuran protestar y presionar sobre instituciones, por lo general de poder, que no han atendido y/o respondido, a tiempo y de forma debida, inquietudes o conflictos sensibles que por lo general se acumulan, sin encontrar soluciones. Si observamos el acontecer mundial de los últimos tiempos, podemos advertir demasiados hechos de esta índole. Este peligro también reclama la atención y el esfuerzo de muchos.
En este empeño unos indican que resulta necesario re-dimensionar el quehacer del diputado como representante inmediato de la ciudadanía en el ejercicio del poder. Ellos solicitan que el diputado se desempeñe en interacción directa con los electores y tramite, por encargo de estos, los asuntos pertinentes. Otros ratifican esta propuesta, pero señalan que no bastaría para asegurar una participación democrática sólida sobre todos los temas y en todos los ámbitos, y por ello pretenden además el diseño de novedosos y múltiples mecanismos.
Por otro lado, algunos defienden que el diputado debe ser electo por la ciudadanía pero que, dada la naturaleza de su responsabilidad, debe cumplir sus funciones sin interferencia del electorado. Entre estos últimos, unos sugieren el establecimiento de recursos sociales, ajenos al parlamento pero encaminados a garantizar el debate y la conciliación, mientras otros se alinean a favor de un ciudadano entendido sobre todo como mero elector.
Final
Resulta imprescindible vigorizar el debate acerca de todo lo anterior y conseguir determinadas certezas en torno al desarrollo progresivo de la democracia. Sin embargo, se hace irrebatible que iremos consiguiendo una democracia cada vez más sustantiva, o sea, una democracia que sea expresión intrínseca de una justicia que se construye y disfruta, si logramos re-dimensionar continuamente la democracia procedimental, con el propósito de empoderar siempre más a la ciudadanía, y consolidarla así como artífice de la libertad “toda”, de la igualdad “toda”, de la justicia “toda”.
