La Directiva Política Presidencial 43 y la política hacia Cuba

No sucede todos los días, ni siquiera todas las semanas ni todos los meses, que el Presidente de Estados Unidos, quién quiera que sea, emita una Directiva Política Presidencial. Se trata, por lo general, de un documento que guía todo el trabajo de su Administración en un tema de alta prioridad. Muchas veces, esas directivas ni siquiera se dan a la publicidad. El presidente Obama, por ejemplo, sólo ha emitido 43 en sus ocho años de mandato y 16 están todavía clasificadas.[1] Por añadidura, son el resultado de un largo proceso de consulta entre todos los organismos de la rama ejecutiva.

Esa es sólo una de las razones por las cuales el documento publicado del viernes 14 de octubre por la Casa Blanca, titulado “Directiva Política Presidencial 43: Normalización de relaciones Estados Unidos-Cuba”[2], tiene tanta significación, como lo señaló la Directora General de Estados Unidos de la Cancillería, Josefina Vidal. Ello a pesar de que, como reconoció la propia alta funcionaria cubana, todavía contiene elementos de la vieja política norteamericana de tratar de influir en los cambios que tienen lugar en Cuba.

Se trata de una directiva que expone cuál es la visión de la presente Administración sobre el proceso de normalización; explica qué intereses nacionales sirven de fundamento para la misma; recuenta los resultados alcanzados desde el 17 de diciembre de 2014; define el entramado estratégico de la política hacia Cuba; expone sus seis objetivos básicos en el mediano plazo; e instruye a todos los organismos del Estado norteamericano sobre cuáles son sus responsabilidades concretas. Termina con tres aspectos de trámite sobre relaciones con el Congreso (control y supervisión, y el status en que quedan algunas decisiones previas en materia migratoria).

Es por ello un documento revelador e implica que, a partir de ahora y hasta que un presidente ulterior decida otra cosa, habrá una nueva política hacia Cuba, que será la política del Estado norteamericano representado por su Poder Ejecutivo. Ello a pesar de que existe una anomalía en la política hacia nuestro país: las Leyes Torricelli y Helms-Burton arrebataron al Presidente su prerrogativa constitucional sobre el control de la misma, como parte de la política exterior. No cabe duda que en el eterno conflicto entre ambos poderes en Estados Unidos, el presidente Obama ha dejado muy claro que, a su criterio, la política hacia la Isla, como toda otra política exterior, es potestad de la Casa Blanca y no de la Colina capitolina.

Sobre el principal motivo de conflicto entre ambas partes, el documento en sí tiene dos asertos claros que debieran ser terminantes:

“Reconocemos la soberanía y autodeterminación de Cuba y damos cuenta de las áreas en las que existen diferencias. Pretendemos abordar tales diferencias por medio de la participación y el diálogo así como aumentar el entendimiento entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos.”

“Nosotros no buscaremos un cambio de régimen en Cuba. Continuaremos dejando claro que Estados Unidos no puede imponer un modelo diferente en Cuba porque el futuro de Cuba depende del pueblo cubano.”

Lamentablemente, aparejado con este elemento positivo, el documento contiene varias frases que indican una intención de influir sobre los procesos de reformas cubanas en curso, empujando las mismas en una dirección afín a las viejas pretensiones hegemonistas del imperialismo estadounidense, so pretexto de promover la democracia. El que se produce a continuación es representativo de esa aspiración, que aparece varias veces en el documento:

“Alentaremos al gobierno cubano a respetar los derechos humanos, apoyaremos a la emergente sociedad civil de amplia base en Cuba y alentaremos a los asociados y a los actores no gubernamentales a sumarse a nosotros en abogar a favor de las reformas. Mientras mantenemos nuestro compromiso de apoyo a los activistas democráticos como lo hacemos en todo el mundo, también participaremos con líderes comunitarios, blogueros, activistas y otros líderes en temas sociales que puedan contribuir al diálogo interno en Cuba sobre la participación cívica. Seguiremos intentando participar con la sociedad civil por medio de la embajada de Estados Unidos en La Habana y durante las visitas oficiales del gobierno de Estados Unidos a Cuba.”

Aclaremos, no hay nada ilegítimo ni injerencista en que dirigentes políticos y diplomáticos norteamericanos sostengan un diálogo con todos los sectores de la sociedad cubana para conocer mejor nuestra realidad. Lo que es cuestionable es que ese diálogo tenga como objetivo principal inducir cierto “tipo” de cambios. He ahí la contradicción con el aserto de que “Estados Unidos no puede imponer un modelo diferente en Cuba porque el futuro de Cuba depende del pueblo cubano”. Dada la asimetría entre nuestros dos países y la larga historia de injerencia en los asuntos internos cubanos, con resultados negativos bien conocidos, sería saludable que el gobierno norteamericano mantuviera en la teoría y en la práctica una diáfana actitud de absoluta prescindencia.

Un elemento novedoso en su política injerencista es la afirmación de que “seguiremos apoyando programas democráticos que sean transparentes y consistentes con la programación en otras sociedades similarmente situadas en el mundo.” Como es bien conocido, en el caso de Cuba hasta ahora la mayor parte de estos programas se han llevado a cabo de manera encubierta y a espaldas del gobierno de Cuba, lo que subraya su carácter subversivo. Cuando instituciones del gobierno norteamericano han intentado hacerlo de esa manera en otros países, han enfrentado inmediatamente el rechazo de los gobiernos concernidos. Por tanto, Cuba no puede ser una excepción. Es cuestión de elemental respeto por la soberanía de Cuba que no se lleve a cabo ningún tipo de programa al interior de nuestro país sin la consulta y el consentimiento expreso de nuestras autoridades.

Es particularmente preocupante que el documento defiende la permanencia de programas como los de Radio y TV Martí, que no sólo violan la soberanía de Cuba, sino que desafían abiertamente el derecho internacional en la materia.

No obstante, el aspecto más importante de este documento es la reiterada ratificación de que la relación con Cuba se basará en el reconocimiento de la legitimidad del gobierno de La Habana y en la aceptación de que es éste el principal interlocutor de Estados Unidos en su relación con Cuba.

Esto queda demostrado en dos importantes aspectos del documento. En la prioridad dada a la interacción de gobierno a gobierno dentro de la lista de los seis objetivos principales a mediano plazo. Ese acápite ocupa el primer lugar, que es cómo debe ser.

Por otra parte, en lo que pudiéramos llamar la parte “dura” de la Directiva que se incluye en cinco páginas de sólidas e incontrovertibles indicaciones del Presidente a todas las instituciones del Ejecutivo, no cabe ninguna duda de que el énfasis ha pasado a los intercambios y cooperación con sus contrapartes cubanas. Hasta el Pentágono, el Departamento de Seguridad de la Patria y el Director Nacional de Inteligencia están incluidos en esta instrucción, en la cual se subraya que la normalización de relaciones pasa por una cooperación activa con los organismos centrales de Administración del Estado cubano.

Para comprender la significación de este documento, vale la pena compararlo con lo que decía la primera decisión presidencial respecto al Gobierno Revolucionario de Cuba, adoptada por Dwight D. Eisenhower el 17 de marzo de 1960, bajo el título de “Un Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro”:

“1. Objetivo. El propósito del programa aquí delineado es causar el reemplazo del régimen de Castro por uno más dedicado a los verdaderos intereses del pueblo cubano y más aceptable para Estados Unidos de una manera en que se evite la apariencia de una intervención de Estados Unidos. Esencialmente, el método para lograr este fin es inducir, y apoyar hasta donde sea posible acción directa, tanto dentro como fuera de Cuba, por parte de grupos selectos de cubanos, del tipo que se pudiera esperar que ellos hicieran y llevar adelante por iniciativa propia.”[3]

Nótese el carácter subrepticio y avieso de esta directiva presidencial que no se vino a desclasificar totalmente hasta unos 40 años después.

Desde aquel momento, todas las directivas presidenciales con respeto a Cuba, con excepción de la adoptada por James Carter en 1977, adolecían de las mismas características: objetivo claro de derrocamiento del gobierno cubano por cualquier medio, incluyendo los violentos de ser necesario; utilización de formas encubiertas e ilegales; negación del carácter legítimo del gobierno cubano y subestimación de la capacidad de resistencia de nuestro pueblo.

Es muy probable que un documento tan importante como éste no haya sido obra de un día. Debe haber sido elaborado a lo largo de varios meses. Por ello, es muy interesante que se haya escogido precisamente una fecha que precede en apenas tres semanas a las elecciones presidenciales de este año.

A juzgar por lo que sucede regularmente en las campañas presidenciales norteamericanas, este es un documento que podría muy bien ser objeto de controversia. Se trata de una directiva que compromete la acción futura de Washington con respecto a Cuba. Por lo pronto, conocemos la promesa de Donald Trump de revertir todo lo que haya hecho el presidente Obama en este terreno. Por tanto, es lógico presumir la existencia de una consulta previa con Hillary Clinton y su equipo de asesores de política exterior. Como se sabe, la aspirante demócrata se ha comprometido a continuar la política del presidente Obama. Esto nos indica en qué dirección se moverá de producirse un triunfo de la candidata demócrata.

Finalmente, es lícito suponer que, en el proceso de elaboración, hubo una consulta, implícita o explícita, con el gobierno cubano. En buena diplomacia, cuando se ha alcanzado la intensidad y calidad de los intercambios entre ambas capitales, no es concebible que un documento de esta naturaleza se elabore sin tener en cuenta las opiniones que puedan salir de La Habana.

Por todo lo anterior puede afirmarse que esta Directiva confirma que bajo Barack Obama la política de Estados Unidos hacia Cuba ha dado un viraje histórico significativo.

Y que el Presidente se ha esforzado porque ese cambio sea irreversible, objetivo que es compartido por el gobierno cubano.

Nota:

Carlos Alzugaray es diplomático, educador y escritor cubano. Correo electrónico: alzuga@cubarte.cult.cu

[1] http://fas.org/irp/offdocs/ppd/.

[2] https://cu.usembassy.gov/es/directiva-presidencial-de-politicas-para-la-normalizacion-entre-los-ee-uu-y-cuba/

[3] Departamento de Estado, Foreign Relations of the United States, 1958-1960. Volume VI, Cuba, Washington: United States Government Printing Office, 1991, pág. 850.