Una problemática colma últimamante el agobio y el debate en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestra sociedad. Se trata de la deformación casi absoluta de mecanismos que hipertrofian, de manera grotesca, los precios en el mercado, que a su vez deben ser encarados por salarios superdevaluados. Esto coloca, cada vez más, la economía familiar en condiciones de supervivencia y redimensiona el diseño de modos ilegítimos que pretenden atenuar dicha difícultad.
El reconocimiento y la alarma en torno a esta crisis alcanzó cierto clímax cuando fue públicamente denunciada en el más reciente plenario de la Asamblea Nacional. Allí se aseguró que los productos agropecuarios son vendidos a la población con un valor del 400 por ciento por encima de la ganancia de quienes laboran la tierra, y como consecuencia el presidente Raúl Castro expresó la voluntad de frenar, de algún modo, los daños que esto ocasiona a la población. A partir de este momento se estudia el asunto y se piensan soluciones. Sin embargo, no se ha conseguido una propuesta completa y sólida, con capacidad para ser aceptada y asumida por todas las partes, instituciones, mecanismos, etcétera, que nos conduzca hacia una solución auténtica.
Unos colocan indistintamente la causa del problema en diferentes realidades, por ejemplo: en la poca productividad de la tierra, en los insuficientes insumos para que el campesinado pueda desarrollar la producción necesaria, en la “magra” retribución al campesinado por el resultado de su trabajo, en la incapacidad de este para comercializar los productos con establecimientos y entidades dedicadas a la venta de los mismos a la población, etcétera. Otros, al discernir la causa del problema, integran muchas de estas condiciones o las conciben como un todo único. Reconozco que me inclino por esta última tesis.
No obstante, ha faltado capacidad para que los “factores implicados” intenten moverse hacia una convergencia que facilite una solución donde ganen todos. La escasa producción, una de las causas eficientes de la crisis, no resulta considerada en la magnitud necesaria o se sobredimensiona el real y dañino freno que los llamados “intermediarios” pueden imponer a las actuales posibilidades productivas. Por otro lado, tampoco se evalúa de forma suficiente otra de las causas eficientes de la crisis: la ausencia del valor real del salario del consumidor. Sin embargo, debemos reconocer que ambas problemáticas demandan un quehacer descomunal, y que podríamos comenzar a mitigar y resolver la cuestión por aristas que demanden sobre todo claridad estratégica y voluntad política, y a la vez no reclamen grandes recursos.
Entre estas aristas podemos encontrar dos aspectos esenciales que, por demás, se interrelacionan. Me refiero a la pertinencia de la oferta y la demanda, y a la conveniencia del “intermediario”. Ciertamente, como proponen algunos, determinados campesinos y entidades productivas podrían comercializar directamente sus producciones con establecimientos dedicados a la venta de los mismos. Pero para eso necesitan adquirir recursos, como por ejemplo: vehículos de transporte; y esto hasta ahora resulta difícil, o casi imposible, o radicalmente imposible.
Por otra parte, el mercado nacional, el universo de grandes y pequeños mercados, nunca podrán ser satisfechos de esta manera. Lo anterior siempre demandará de grandes y pequeños “intermediarios”. Sin embargo, no al modo de “traficantes”, sino de “comercializadores establecidos legalmente”, con todas las garantías y exigencias jurídicas ineludibles para asegurar la libertad que reclama el “mecanismo científico” denominado: oferta y demanda, así como la distribución “ordenada” de los productos, y la correspondiente “valorización” de la producción y de los salarios –sin lo cual todo proceso comercializador conduce al abismo económico y social.
No obstante, me preocupa que los nombrados “intermediarios” han desafiado, o chantajeado según el calificativo de algunos, este llamado del gobierno a la corrección de estas dinámicas. Ante esto, algunos aseguran que dichos “traficantes”, con el poder que ostentan, pueden constreñir la producción, pueden mantener los precios de acuerdo a sus preferencias y costumbres, deciden a través de la extorsión el orden por medio del cual los vehículos que transportan productos realizan la transacción con los establecimientos de ventas, y de encontrar obstáculos, pueden limitar el mercado o hasta pudieran desabastecerlo drásticamente, cuando no casi paralizarlo.
Asimismo, me preocupa que ante este dilema, la reacción del gobierno, quien realmente busca controlar y revertir dicha crisis, sea procurar dar vida a un fallecido, que si bien no ha llegado a ser sepultado, hace mucho tiempo que está descompuesto y produce fetidez: el sistema de empresas estatales llamado “Acopio”. Este sistema jamás resultó eficiente, sino todo lo contrario, aun cuando podía darse el lujo de “derrochar” recursos. En tal sentido, hace décadas que existe el consenso generalizado, o quizá hasta unánime, de que el mismo es intrínsecamente disfuncional y además constituye una rémora. Por ello, me desconcierta pensar que ahí podríamos encontrar la solución.
En este caso, cuando escucho tal afirmación tengo el espejismo tragicómico de que podamos llegar a pensar que podríamos desarrollar la actual política económica por medio de “relaciones con el CAME” y que podríamos garantizar la seguridad del país “gracias al apoyo del Pacto de Varsovia”. Comprendo que esta alucinación resulta una desmesura, pero así me desconcierta el pretendido protagonismo de “Acopio”. Ello, estoy convencido, no controlará la crisis y mucho menos la revertirà. Quizá, más bien, la podría ahondar.
El hecho de señalar la necesidad de “Acopio” reafirma el imperativo del quehacer “intermediario”, pero sabemos que mecanismos como este no funcionan debidamente y dañan la economía. Precisamente por esto, han surgido modos espontáneos, pero clandestinos, que en muchos casos malversan recursos e imponen procedimientos “mafiosos”; y los campesinos han tenido que aceptar y utilizar estos medios porque la comercialización constituye una necesidad imperiosa, aunque sea de manera deformada y dañina. En tal sentido, si encerramos la “solución” dentro de las reglas de “Acopio”, finalmente este medio podría constituirse en un cadáver embalsamado, no enterrado, en virtud del voluntarismo de algunos, y esos “intermediarios incontrolables por medio de metodologías establecidas”, que en muchos casos resultan “traficantes” y en algunos otros constituyen una “mafia” cada vez más organizada y poderosa, que cada día podrían imponer más reglas y con los cuales no será posible negociar, tal vez tendrían el camino expedito hacia el monopolio de la comercialización agropecuaria.
En las condiciones actuales, este dilema podría tener una solución positiva, que en ocasiones he comentado a muchos. He declarado que si la mega-maquinaria estatal no resulta una comercializadora eficaz, podríamos permitir gestiones sociales, personales y/o grupales, encaminadas a organizar empresas comercializadoras, con la debida legalidad, y con las garantías y exigencias jurídicas ineludibles para este desempeño. Incluso, he concedido que quizás solamente se haga a través de cooperativas, pero siempre con la concurrencia de varias para asegurar así la eficiencia que incorpora la competencia económica y la ausencia de monopolios.
Sin embargo, algunos rechazan dicha idea. Alegan que ello sería aumentar el llamado “empresariado privado”, generador de desigualdad y explotación. En tanto, ratifican que debemos seguir intentando que “Acopio” sea efectivo (pues parece que no les basta las conclusiones impuestas por decádas de experiencia en cuanto al ineficaz funcionamiento de este mecanismo), y afirman que para esos “intermediarios ilegales” tenemos una policía profesional, con facultades y autoridad, y un sistema de tribunales obligado a penar a quienes quebranten las leyes (pues parece que tampoco comprenden que las dinámicas humanas siempre fluirán, aunque sea de manera viciada, cuando no encuentran los senderos debidos o se enfrentan a innumerables obstáculos, controles desmedidos, etcétera).
Pienso que en estos momentos, en nuestras circunstancias, “Acopio” no constituye un recurso a considerar. Opino que sólo tenemos dos alternativas. Una, creer que “Acopio” desempeña un papel, cerrar los ojos y tapar los oídos, mientras se desarrolla una “mafia” organizada y poderosa, que monopolice la comercialización agropecuaria. Otra, permitir la gestión social, personal y/o grupal, (o si se quiere sólo cooperativa), pero siempre en condiciones de competencia, debidamente legalizada, con las garantías y exigencias jurídicas ineludibles a su quehacer, con las cuales se pueda negociar, y a las que sea posible controlar por parte de la ciudadanía, de la comunidad, del sistema de justicia y del gobierno, etcétera. La situación y la solución resultan bastante complejas, pero el camino a seguir suele ser fácil de vislumbrar: la ineficacia de un “orden ideal”, la frustración ante el “caos real”, o una “gestión posible, ordenada y suficientemente eficaz”.
El reconocimiento y la alarma en torno a esta crisis alcanzó cierto clímax cuando fue públicamente denunciada en el más reciente plenario de la Asamblea Nacional. Allí se aseguró que los productos agropecuarios son vendidos a la población con un valor del 400 por ciento por encima de la ganancia de quienes laboran la tierra, y como consecuencia el presidente Raúl Castro expresó la voluntad de frenar, de algún modo, los daños que esto ocasiona a la población. A partir de este momento se estudia el asunto y se piensan soluciones. Sin embargo, no se ha conseguido una propuesta completa y sólida, con capacidad para ser aceptada y asumida por todas las partes, instituciones, mecanismos, etcétera, que nos conduzca hacia una solución auténtica.
Unos colocan indistintamente la causa del problema en diferentes realidades, por ejemplo: en la poca productividad de la tierra, en los insuficientes insumos para que el campesinado pueda desarrollar la producción necesaria, en la “magra” retribución al campesinado por el resultado de su trabajo, en la incapacidad de este para comercializar los productos con establecimientos y entidades dedicadas a la venta de los mismos a la población, etcétera. Otros, al discernir la causa del problema, integran muchas de estas condiciones o las conciben como un todo único. Reconozco que me inclino por esta última tesis.
No obstante, ha faltado capacidad para que los “factores implicados” intenten moverse hacia una convergencia que facilite una solución donde ganen todos. La escasa producción, una de las causas eficientes de la crisis, no resulta considerada en la magnitud necesaria o se sobredimensiona el real y dañino freno que los llamados “intermediarios” pueden imponer a las actuales posibilidades productivas. Por otro lado, tampoco se evalúa de forma suficiente otra de las causas eficientes de la crisis: la ausencia del valor real del salario del consumidor. Sin embargo, debemos reconocer que ambas problemáticas demandan un quehacer descomunal, y que podríamos comenzar a mitigar y resolver la cuestión por aristas que demanden sobre todo claridad estratégica y voluntad política, y a la vez no reclamen grandes recursos.
Entre estas aristas podemos encontrar dos aspectos esenciales que, por demás, se interrelacionan. Me refiero a la pertinencia de la oferta y la demanda, y a la conveniencia del “intermediario”. Ciertamente, como proponen algunos, determinados campesinos y entidades productivas podrían comercializar directamente sus producciones con establecimientos dedicados a la venta de los mismos. Pero para eso necesitan adquirir recursos, como por ejemplo: vehículos de transporte; y esto hasta ahora resulta difícil, o casi imposible, o radicalmente imposible.
Por otra parte, el mercado nacional, el universo de grandes y pequeños mercados, nunca podrán ser satisfechos de esta manera. Lo anterior siempre demandará de grandes y pequeños “intermediarios”. Sin embargo, no al modo de “traficantes”, sino de “comercializadores establecidos legalmente”, con todas las garantías y exigencias jurídicas ineludibles para asegurar la libertad que reclama el “mecanismo científico” denominado: oferta y demanda, así como la distribución “ordenada” de los productos, y la correspondiente “valorización” de la producción y de los salarios –sin lo cual todo proceso comercializador conduce al abismo económico y social.
No obstante, me preocupa que los nombrados “intermediarios” han desafiado, o chantajeado según el calificativo de algunos, este llamado del gobierno a la corrección de estas dinámicas. Ante esto, algunos aseguran que dichos “traficantes”, con el poder que ostentan, pueden constreñir la producción, pueden mantener los precios de acuerdo a sus preferencias y costumbres, deciden a través de la extorsión el orden por medio del cual los vehículos que transportan productos realizan la transacción con los establecimientos de ventas, y de encontrar obstáculos, pueden limitar el mercado o hasta pudieran desabastecerlo drásticamente, cuando no casi paralizarlo.
Asimismo, me preocupa que ante este dilema, la reacción del gobierno, quien realmente busca controlar y revertir dicha crisis, sea procurar dar vida a un fallecido, que si bien no ha llegado a ser sepultado, hace mucho tiempo que está descompuesto y produce fetidez: el sistema de empresas estatales llamado “Acopio”. Este sistema jamás resultó eficiente, sino todo lo contrario, aun cuando podía darse el lujo de “derrochar” recursos. En tal sentido, hace décadas que existe el consenso generalizado, o quizá hasta unánime, de que el mismo es intrínsecamente disfuncional y además constituye una rémora. Por ello, me desconcierta pensar que ahí podríamos encontrar la solución.
En este caso, cuando escucho tal afirmación tengo el espejismo tragicómico de que podamos llegar a pensar que podríamos desarrollar la actual política económica por medio de “relaciones con el CAME” y que podríamos garantizar la seguridad del país “gracias al apoyo del Pacto de Varsovia”. Comprendo que esta alucinación resulta una desmesura, pero así me desconcierta el pretendido protagonismo de “Acopio”. Ello, estoy convencido, no controlará la crisis y mucho menos la revertirà. Quizá, más bien, la podría ahondar.
El hecho de señalar la necesidad de “Acopio” reafirma el imperativo del quehacer “intermediario”, pero sabemos que mecanismos como este no funcionan debidamente y dañan la economía. Precisamente por esto, han surgido modos espontáneos, pero clandestinos, que en muchos casos malversan recursos e imponen procedimientos “mafiosos”; y los campesinos han tenido que aceptar y utilizar estos medios porque la comercialización constituye una necesidad imperiosa, aunque sea de manera deformada y dañina. En tal sentido, si encerramos la “solución” dentro de las reglas de “Acopio”, finalmente este medio podría constituirse en un cadáver embalsamado, no enterrado, en virtud del voluntarismo de algunos, y esos “intermediarios incontrolables por medio de metodologías establecidas”, que en muchos casos resultan “traficantes” y en algunos otros constituyen una “mafia” cada vez más organizada y poderosa, que cada día podrían imponer más reglas y con los cuales no será posible negociar, tal vez tendrían el camino expedito hacia el monopolio de la comercialización agropecuaria.
En las condiciones actuales, este dilema podría tener una solución positiva, que en ocasiones he comentado a muchos. He declarado que si la mega-maquinaria estatal no resulta una comercializadora eficaz, podríamos permitir gestiones sociales, personales y/o grupales, encaminadas a organizar empresas comercializadoras, con la debida legalidad, y con las garantías y exigencias jurídicas ineludibles para este desempeño. Incluso, he concedido que quizás solamente se haga a través de cooperativas, pero siempre con la concurrencia de varias para asegurar así la eficiencia que incorpora la competencia económica y la ausencia de monopolios.
Sin embargo, algunos rechazan dicha idea. Alegan que ello sería aumentar el llamado “empresariado privado”, generador de desigualdad y explotación. En tanto, ratifican que debemos seguir intentando que “Acopio” sea efectivo (pues parece que no les basta las conclusiones impuestas por decádas de experiencia en cuanto al ineficaz funcionamiento de este mecanismo), y afirman que para esos “intermediarios ilegales” tenemos una policía profesional, con facultades y autoridad, y un sistema de tribunales obligado a penar a quienes quebranten las leyes (pues parece que tampoco comprenden que las dinámicas humanas siempre fluirán, aunque sea de manera viciada, cuando no encuentran los senderos debidos o se enfrentan a innumerables obstáculos, controles desmedidos, etcétera).
Pienso que en estos momentos, en nuestras circunstancias, “Acopio” no constituye un recurso a considerar. Opino que sólo tenemos dos alternativas. Una, creer que “Acopio” desempeña un papel, cerrar los ojos y tapar los oídos, mientras se desarrolla una “mafia” organizada y poderosa, que monopolice la comercialización agropecuaria. Otra, permitir la gestión social, personal y/o grupal, (o si se quiere sólo cooperativa), pero siempre en condiciones de competencia, debidamente legalizada, con las garantías y exigencias jurídicas ineludibles a su quehacer, con las cuales se pueda negociar, y a las que sea posible controlar por parte de la ciudadanía, de la comunidad, del sistema de justicia y del gobierno, etcétera. La situación y la solución resultan bastante complejas, pero el camino a seguir suele ser fácil de vislumbrar: la ineficacia de un “orden ideal”, la frustración ante el “caos real”, o una “gestión posible, ordenada y suficientemente eficaz”.
