La legislación sobre las formas de propiedad de los medios de comunicación en Cuba (I)

Foto: EFE

En su artículo 53, la Constitución de la República de Cuba estipula que “Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad. La ley regula el ejercicio de estas libertades.” Hasta donde tengo conocimiento no existe otra disposición legal en la que se regule las formas de propiedad de los medios de comunicación en Cuba; y al ser la Constitución la Ley de Leyes, si otra disposición existiera que hiciera referencia a la cuestión de la propiedad, no podría —o al menos, no debería— diferir de esta.

Según la Constitución, solo hay dos formas de propiedad legítimas en Cuba para todos los medios de difusión masiva —un término ya obsoleto y que no se actualizó a medios de comunicación masiva con la reforma constitucional del 2002: la propiedad estatal o la social; y una forma de propiedad explícitamente ilegítima: la privada.

Hasta aquí tenemos un grupo de problemas importantes que, en la actualidad, afectan tanto la realidad que hoy vive el país respecto a los medios de comunicación, como las posibles transformaciones que puedan implementarse. Estas dificultades podemos clasificarlas como: a) el problema de la actualización tecnológica; b) el problema de la definición de las formas de propiedad reconocidas y c) el problema del reconocimiento de otras formas de propiedad; los cuales se encuentran estrechamente vinculados entre sí.

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de dichos problemas y de sus consecuencias, con el objetivo de mostrar la necesidad tanto de la actualización de la Carta Magna, como de la elaboración de una normativa más específica centrada en las cuestiones de la información, la comunicación y los medios. El presente trabajo servirá como base para, en textos posteriores, explorar las formas de propiedad reales bajo las que operan actualmente los medios cubanos y realizar una propuesta de las formas de propiedad que podrían ser reconocidas legalmente en un futuro cercano para los diferentes tipos de medios de comunicación que existen o pueden surgir en Cuba.

El problema de la actualización tecnológica

En un entorno tecnológico muy diferente al de 1976, e incluso al de 2002, marcado por la democratización, proliferación y abaratamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, dentro de la categoría que la Constitución denomina como “otros medios de difusión masiva” ha ocurrido una revolución tecnológica que cambia muchos de los conceptos que hasta hace unas décadas se tenía de los medios. Si anteriormente era inconcebible un medio de prensa sistemático y de amplio alcance si no estaba respaldado por capitales económicos de consideración, en la actualidad las computadoras y teléfonos inteligentes hacen que la producción de contenidos digitales (textuales, audiovisuales y/o multimediales) sea una cuestión mucho menos complicada. Gracias a la existencia de plataformas en Internet (como los blogs, redes sociales y portales de información abiertos a la colaboración), estos contenidos pueden llegar —incluso en tiempo real— a un amplio número de personas.

De esta manera no solo tenemos ante nuestros ojos una parte de lo que Manuel Castells (2009) denomina “la auto-comunicación de masas o  medios de masas individuales”, sino también plataformas colaborativas que no necesitan de un espacio físico ni de esquemas de trabajo tradicionales para subsistir y ofrecer, con cierta sistematicidad, productos comunicativos de mayor o menor calidad; todo lo cual invita a replantear la cuestión de las formas de propiedad legítimas que pueden reconocerse ante estos nuevos escenarios. Es este un aspecto sobre el cual volveré en el acápite dedicado al problema del reconocimiento de otras formas de propiedad.

La existencia de dichos medios de auto-comunicación de masas también implica un cuestionamiento al referido artículo del texto constitucional cuando plantea que “las condiciones materiales para su ejercicio [de la libertad de prensa y de palabra] están dados por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso de propiedad privada”. Hoy, las condiciones materiales han cambiado y pueden existir medios de información o de análisis (blogs, cuentas de twitter) y canales de contenidos audiovisuales (canales de Youtube, videoblogs, podcast), por ejemplo, que pueden ser de propiedad personal, que no es lo mismo que propiedad privada, y que son y pueden ser empleados para el ejercicio de la libertad de expresión y palabra que reconoce la Constitución.

Por otra parte, esta posibilidad de diversificación de la producción de contenidos que pueden distribuirse y consumirse a escala masiva, pone en crisis el sentido de público homogéneo que se presupone en la Constitución cuando habla en singular de que los medios deben estar en función del “interés de la sociedad”, pues ya no se puede pensar únicamente en los grandes medios generalistas dirigidos a todos, sino también en plataformas especializadas en temáticas e intereses de diversos y múltiples sectores de la sociedad cuyo público meta pueda ser un reducido número de personas.

Por tanto, el aspecto a legislar no sería que los medios operen en función de algo tan vago y dependiente de quien lo defina como puede ser la expresión “interés de la sociedad”, sino que operen en concordancia con un cuerpo normativo consensuado y específico que demarque y regule los aspectos legales e ilegales de la acción de las diferentes expresiones mediáticas que produzcan y distribuyan masivamente información y contenidos comunicativos. Lamentablemente, durante más de 40 años se ha incumplido el mandato constitucional contenido en el propio artículo 53 y aún el país no cuenta con una “Ley de Comunicación o Información” que regule estas cuestiones y otras relacionadas con los derechos de la comunicación.

El problema de la definición de las formas de propiedad reconocidas

Como ya mencioné, en el único cuerpo legal en que se toca la cuestión de las formas de propiedad de los medios de comunicación en Cuba solamente se hace referencia a tres variantes: estatal, social y privada, pero estas no se definen, ya que la Ley de Leyes o Carta Magna, no es el lugar para entrar en estos detalles puntuales, que deben estar contenidos en los reglamentos o glosarios de términos de cuerpos legales más específicos. Pero, al no existir una “Ley de Comunicación o Medios”, la cuestión de la forma de propiedad de los medios de comunicación cubanos en la actualidad, está signada por una serie de incertidumbres e inconsistencias.

Lo primero que habría que preguntarse entonces es: qué significa en la Constitución, y en la Cuba actual “propiedad estatal” y “propiedad social”, y cómo se entiende la “propiedad privada” de los medios de comunicación en los contextos tecnológicos contemporáneos.

Al no contar con una normativa jurídica donde se definan las formas de propiedad sobre los medios de comunicación, es conveniente remitirse a la recientemente elaborada Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, no porque este sea un texto modélico exento de dificultades, sino porque es el documento “que recoge las bases teóricas y características esenciales del modelo económico y social al que aspiramos como resultado del proceso de actualización” (Castro, 2016, p. 3) y porque constituye la orientación más actualizada y precisa de los fundamentos conceptuales de la política del país, sobre la cual deberán sustentarse, guiarse y estar en consonancia las principales decisiones que se tomen en el futuro próximo.

En el capítulo 2 de dicho documento se establecen y definen las principales formas de propiedad sobre los medios de producción que se reconocen por el Estado cubano. Debido a que los medios de comunicación también pueden considerarse medios de producción —producción simbólica— y a que el modelo “abarca las esferas de la producción, distribución, cambio y consumo, así como todos los ámbitos de la vida social” (Pto. 46), estas se tomarán como referencia para comparar con las reconocidas en el artículo 53 de la Constitución y rastrear la conceptualización de las mismas.

Lo primero que salta a la vista es que de las tres nomenclaturas de propiedad sobre los medios de comunicación utilizadas en la Constitución solo una se mantiene en la Conceptualización… con el mismo término: la propiedad privada.

Dicha Conceptualización retoma la definición que se esboza en los fundamentos de la actual Carta Magna, la cual refrenda la propiedad socialista de todo el pueblo, que “Asume la forma de propiedad estatal, a partir de que el Estado actúa como representante del dueño, que es el pueblo” (Pto. 124).

Dentro de los dos grandes tipos de entidades de propiedad socialista de todo el pueblo que se distinguen en el documento —unidades presupuestadas y entidades empresariales de propiedad socialista de todo el pueblo— los medios de comunicación cuya propiedad clasifique como estatal podrían ubicarse dentro de las primeras, ya que “cumplen misiones y funciones de carácter estatal, de acuerdo con las atribuciones que tienen definidas. Están sujetas al control popular1 y funcionan bajo condiciones económico-financieras según sus características. Los servicios que prestan no son, en esencia, de carácter mercantil.” (Pto. 138).

Aunque en la actualidad algunos medios de comunicación se encuentran insertados en modelos de gestión que comprenden la generación de utilidades económicas, en esencia y en su mayoría, los medios en Cuba continúan trabajando como unidades presupuestadas. Siguiendo la estructura funcional básica del Estado revolucionario cubano que desarrolla Juan Valdés Paz (2009, pp. 2002-203), podría decirse entonces que el sistema radio-televisivo del país, gestionado por el Instituto Cubano de Radio y Televisión y que forma parte del aparato estatal como Instituto Nacional, clasificaría — de acuerdo a su institución rectora y sin entrar a considerar la forma efectiva de gestión— como de propiedad estatal, al igual que las publicaciones digitales o impresas asociadas a diferentes ministerios2.

La Conceptualización… también reconoce la existencia de una forma de propiedad que denomina propiedad de organizaciones políticas, de masas, sociales y otras formas asociativas (reconocida también en el artículo 22 de la Constitución, pero no en el 53 como forma de propiedad de los medios de comunicación) que “Constituye un tipo particular de propiedad sobre los medios de producción, representada por entidades que producen bienes y/o servicios, cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo de la sociedad cumpliendo objetivos y fines de interés público, y no la obtención de ganancias. Poseen personalidad jurídica y actúan en el marco de lo establecido.” (Pto. 188).

Bajo esta nomenclatura puede reconocerse efectivamente las formas de propiedad que en la actualidad corresponden al diario Granma, a la Agencia Cubana de Noticias y los periódicos provinciales (órganos del PCC), el diario Juventud Rebelde (asociado a la Unión de Jóvenes Comunistas), el semanario Trabajadores (órgano de la Central de Trabajadores de Cuba); así como otras publicaciones periódicas asociadas a otras organizaciones de masas, sociales u otras formas asociativas.

Sin embargo, cuando se intenta cotejar esta forma de propiedad con las reconocidas en la Constitución para los medios de comunicación, surgen una serie de interrogantes y dificultades.

La primera de ellas es: si puede interpretarse invariablemente esta forma de propiedad rectorada por organizaciones como la forma de propiedad social que reconoce la Constitución en el artículo 53. Una respuesta que, de ser positiva, sería bastante limitada.

La segunda es que al ser el PCC una organización política, pero que también constituye por mandato constitucional “la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”, no queda claro si los medios subordinados directamente a esta institución clasificarían como propiedad estatal o propiedad de organizaciones, lo cual remite a uno de los grandes debates del socialismo cubano: ¿qué diferencias y límites existen, o deben existir, entre propiedad “estatal” y “social” en las condiciones actuales del país? ¿Qué grados de autonomía real tienen las “organizaciones de masas, sociales y otras formas asociativas” respecto al Estado/Partido? Dos preguntas cuya respuesta se vuelve harto complicada, sobre todo por la imbricación de funciones estatales, gubernamentales, políticas, administrativas y civiles que existe en el país a casi todos los niveles.

Por otra parte, emergen otro grupo de dudas porque 1) la Conceptualización… no entra en detalles en la manera en que se gestiona esta forma de propiedad amparada en organizaciones; 2) porque al declarar que su “objetivo principal es contribuir al desarrollo de la sociedad cumpliendo objetivos y fines de interés público”, introduce un término que puede emparentarse con una forma de propiedad sobre los medios existente en muchos lugares del mundo y que este documento no contempla de manera explícita: la pública; y 3) porque la existencia de una política informativa única y centralizada dirigida por el PCC —que además posee y ejerce la facultad de nombrar y sustituir a los principales cuadros de las organizaciones mediáticas— hace que la cuestión del poder real sobre lo que se produce en los medios de comunicación se concentre fundamentalmente en esta institución política, más allá de cuál sea la organización rectora del medio en cuestión.

Adicionalmente cabría formularse un grupo de preguntas relacionadas con la forma de propiedad social mencionada en la Constitución: ¿qué entender por “propiedad social” de los medios de comunicación? ¿Qué es “lo social” y cómo se gestiona? ¿Es la propiedad “social” una forma específica o una especie de paraguas en la que se ubican otras formas de gestión como la cooperativa, la comunitaria y la pública? ¿Por qué en la Conceptualización… no se reconoce la propiedad “social” con ese término? ¿Quiere ello decir que está recogida en algunas de las otras formas de propiedad que se reconocen en este documento o que constituye una nomenclatura obsoleta?

Ante cualquier posible respuesta, creo que se hace evidente la necesidad de actualizar el texto constitucional en este aspecto, en función de clarificar las formas legales de propiedad sobre los medios de comunicación. De lo contrario, tendremos que reconocer que se está incurriendo en violaciones, tanto en la gestión de los medios que hoy se reconocen como propiedad social, como en el no reconocimiento estatal y gremial a nuevos actores mediáticos que hoy existen en Cuba y que se identifican inequívocamente con esta forma de propiedad.

Por último queda un aspecto importante a tratar en este acápite: el de la propiedad privada. En la Conceptualización… se reconoce como la propiedad de personas naturales o jurídicas que ejercen la dirección del negocio, disfrutan de los derechos y responden por las obligaciones establecidas. En el caso de las personas naturales cubanas puede constituirse como pequeños negocios realizados en lo fundamental por el trabajador y su familia y en empresas privadas de mediana, pequeña y micro-escala. En ellas se regula la apropiación privada de los resultados del trabajo ajeno y las utilidades en estos negocios (Ptos. 174-186). Un aspecto característico de la propiedad privada se aclara al final de este documento cuando se señala el reconocimiento de la propiedad personal sobre determinados bienes, los cuales se convierten en propiedad privada cuando se utilizan para generar ingresos con fines de lucro.

Si seguimos este razonamiento, los medios de comunicación que no pueden existir en Cuba serían aquellos en los que se generan ingresos con fines de lucro y en los que existe apropiación de trabajo ajeno, lo cual se ajusta con la forma de operación de algunos de los medios no oficiales o alternativos que hoy circulan en el país, pero no con la de otros cuya gestión no responde a estas características (por ser individuales o colaborativos). Lo cual nos lleva a la cuestión a analizar en el próximo acápite: el reconocimiento de otras formas de propiedad. Se trata de un problema que debe solucionarse junto con la correcta definición, redefinición o modificación de las ya reconocidas para evitar inexactitudes, interpretaciones a conveniencia y manipulaciones.

El problema del reconocimiento de otras formas de propiedad

Llegado a este punto, y a pesar de la desactualización en materia tecnológica ya señalada y a la ausencia de definición precisa sobre las formas de propiedad reconocidas en el artículo 53 de la Carta Magna, cabría formular las siguientes interrogantes al texto constitucional: ¿por qué la cuestión de la propiedad de los medios de comunicación se agota solamente en la tríada propiedad estatal-social-privada, ya sea para legitimarlas o para prohibirlas? ¿Por qué no incluir otras formas de propiedad reconocidas en la Conceptualización… u otras que han demostrado su eficacia y pertinencia en los actuales contextos info-comunicacionales? En el presente texto me limitaré a identificar a algunas de ellas que no aparecen referenciadas en la Constitución, para luego abordarlas con más profundidad en el último escrito de esta serie de trabajos.

En la Conceptualización… se reconoce, entre las formas de propiedad, a la cooperativa. Esta se incluye dentro del sistema de propiedad socialista; constituye una forma de propiedad colectiva en la que sus trabajadores permanentes son socios con iguales derechos que participan en la distribución de utilidades de acuerdo con el trabajo aportado; son constituidas voluntariamente para la producción de bienes y servicios con fines económicos y sociales; se rigen por principios de cooperación y ayuda mutua, decisión colectiva, responsabilidad social, contribución al desarrollo planificado de la economía, fomento de la cultura cooperativista y satisfacción de las necesidades materiales, sociales, culturales, morales, espirituales y de capacitación, de sus socios y familiares; contribuyen a liberar al Estado de la responsabilidad directa sobre determinadas actividades que requieren un alto grado de independencia, autonomía y responsabilidad en su gestión o administración (Ptos. 158-167).

Esta es una fórmula ampliamente utilizada en muchos países, que ha resultado no solo de la asociación de periodistas y otros trabajadores mediáticos, sino también de la unión entre estos y amplios sectores de públicos que funcionan a manera de accionistas o socios, beneficiándose no solo de los resultados finales —simbólicos y/o económicos— de los productos mediáticos, sino también participando activamente en los procesos de selección, confección y evaluación de los mismos. El reconocimiento de la propiedad cooperativa sobre los medios de comunicación —y lo digo pensando no en los grandes medios generalistas— permitiría la actuación dentro de un marco legal de algunas de las iniciativas mediáticas que han surgido hoy en Cuba con esquemas de propiedad similares, que ejercen un periodismo de calidad apoyándose en diferentes formas de financiamiento externo, que posibilitan una pluralización y diversificación de la esfera pública cubana y que actualmente se debaten entre la alegalidad o la ilegalidad de acuerdo con quien lo mire, con todo lo negativo que ello implica para la realización de su trabajo.

Otra de las formas de propiedad ampliamente empleadas internacionalmente, y con una larga tradición dentro de la esfera mediática, es la propiedad pública. Investigaciones que tocan cuestiones relacionadas con las formas de propiedad recomendadas o deseadas sobre los medios de comunicación en Cuba según actores mediáticos y académicos (Reinoso, Garcés y Portal, 2017; Tolentino y Garcés, 2017)  ubican a esta nomenclatura como una de las más mencionadas. Internacionalmente, algunos medios que constituyen buenos ejemplos de periodismo responsable y con vocación de servicio público, se encuentran bajo esta forma de propiedad, que tiene entre sus características fundamentales el financiamiento con fondos públicos y la autonomía —al menos en teoría— respecto al Gobierno e instituciones del sistema político.

Algo similar ocurre con la propiedad comunitaria, gestionada desde comunidades específicas y que tiene como su principal rango de acción a la propia comunidad. Presenta formas de funcionamiento y de socialización de las relaciones similares a las de la propiedad cooperativa y ha demostrado ser una forma eficiente y de gran aceptación en contextos cercanos de América Latina.

Esta tríada de formas de propiedad —cooperativa, pública y comunitaria— podrían ubicarse, sin ningún tipo de problemas, dentro de lo que la Constitución denomina como “propiedad social”; sin embargo, al no existir una definición precisa de qué se entiende como tal en la Carta Magna, el reconocimiento legal de medios de comunicación que se estructuran bajo estas formas de propiedad —y que ya existen en Cuba, generalmente vistos con sospecha desde el sistema político— queda en un terreno de nadie. De cualquier forma, el reconocimiento y distinción de estas formas de propiedad requiere, en primer lugar, de una definición exacta y de la determinación de los indicadores que permitan clasificarlas como tales, un tema sobre el que volveré en el último texto de la serie.

En cuanto a la propiedad privada, que sí se reconoce en el artículo 53 de la Constitución —solo que para excluirla como forma legítima3— habría que hacer una salvedad, distinguiendo entre propiedad “privada” y propiedad “personal”, como se hace en la Conceptualización…. Hasta hace unos años era casi impensable la posesión privada y manutención de un medio de prensa de amplio alcance si no estaba respaldado por capitales considerables y, generalmente, persiguiendo una finalidad lucrativa. Hoy no tiene por qué ser así. En la actualidad existen en Cuba miles de blogs y otras formas mediáticas menos extendidas —aún— que satisfacen necesidades expresivas y de comunicación de sus miembros sin que medien relaciones económicas, ya sea entre sujetos individuales o colectivos.

Estas formas mediáticas de propiedad personal, tienen derecho a ser reconocidas legalmente porque constituyen instrumentos para la libertad de expresión y palabra que reconoce la Constitución — solo que concretadas desde condiciones materiales diferentes a aquellas en que se aprobó la Carta Magna— y de los derechos de comunicación e información reconocidos internacionalmente, por lo cual también deben garantizárseles las condiciones necesarias su ejercicio. Pero su reconocimiento no solo es cuestión de derechos, sino también de deberes, ya que al tener la posibilidad de difundir masivamente informaciones y contenidos socialmente relevantes, ello hace que deban asumir ciertas responsabilidades sociales, fundamentalmente en lo tocante al respeto de derechos y al cumplimiento de la legalidad vigente.

Sean estas, u otras, las formas de propiedad que puedan asumir los medios de comunicación en el país, lo cierto es que el artículo 53 de la Constitución, producto de la ausencia de definiciones precisas o de otras disposiciones jurídicas en las cuales ello se complemente, no es ni puede ser solamente la pauta adecuada para definir una cuestión de tanta importancia social, política y comunicativa como es la propiedad de los medios de comunicación. Las nomenclaturas de propiedad que allí se reconocen, se mueven entre las aguas de la confusión (indistinción estatal-social), la vaguedad (la propiedad social como un gran saco donde puede caber todo o nada) o la exclusión (solo tres formas posibles para aceptar o rechazar) en dependencia de quien lo interprete; una situación que, sin dudas, debe ser resuelta.

Conclusiones

La única normativa y la de mayor rango posible que pauta la cuestión de las formas de propiedad de los medios de comunicación en Cuba presenta una serie de problemas (de origen y por adquisición) que hacen imposible la discusión hoy de este tema desde los marcos que impone.

El citado artículo 53 no solo es impreciso conceptualmente en sí mismo, sino que tampoco está en total sintonía con las últimas consideraciones en torno a la propiedad de los medios de producción reconocidas en la Conceptualización…, lo cual justifica que su revisión sea tenida en cuenta y con mucha responsabilidad en el anunciado proceso de reforma constitucional que debe enfrentar el país en algún momento —aún desconocido—; lo cual debería ser seguido por la elaboración de una normativa más precisa y especializada en la cuestión de la información, la comunicación y los medios.

No obstante, ni las leyes ni los medios actúan por sí solos y con independencia del entorno en el que se inscriben, por lo que cualquier legislación que se produzca, por exacta y bienintencionada que sea, deberá lidiar con y tomar en cuenta las características y/o deformaciones del sistema sociopolítico cubano que torna imprecisos los límites y áreas de acción entre Estado/Partido/Sociedad Civil/Administración. Ello constituye un reto cardinal, ya que de mantenerse el actual estado de cosas, implicaría una serie de dificultades para el correcto funcionamiento y los niveles de dependencia/autonomía de las diferentes formas de propiedad sobre los medios que puedan ser reconocidas, independientemente de cuáles estas sean.

Notas al pie:

  1. La sujeción real al control popular es un punto discutible tanto para los medios de comunicación considerados como unidades presupuestadas de propiedad estatal, como para el resto de las unidades presupuestadas de distintos sectores de la economía y la sociedad.
  2. Un elemento que complica sobremanera la determinación de las formas reales de propiedad bajo la que opera un medio determinado es la ausencia de indicadores que vayan más allá de la procedencia del financiamiento o la apropiación de las utilidades, y que tomen en cuenta otros aspectos de la forma de gestión y los procesos y grados de socialización de las relaciones que se dan al interior de las diferentes nomenclaturas de propiedad. Este es un aspecto que intentaré desarrollar en el próximo texto de esta serie.
  3. Sobre la pertinencia o no del reconocimiento de la propiedad privada sobre los medios de comunicación en Cuba volveré en el último trabajo de la serie.

Referencias:

Castells, Manuel (2009). Comunicación y poder (M. Hernández Díaz, Trans.). Madrid, España: Alianza Editorial.

Castro, Raúl (2016). Informe Central al 7mo. Congreso del Partido Comunista de Cuba, presentado por el Primer Secretario del Comité Central, General de Ejército Raúl Castro Ruz. La Habana, Cuba: Consejo de Estado.

Reinoso, Darianna; Garcés, Raúl y Portal, Rayza (2017). El socialismo en el horizonte y el deber ser de la prensa cubana: Los intelectuales opinan. Ponencia presentada en el III Encuentro Nacional de Socialización de Investigaciones en Periodismo, La Habana, Cuba.

Tolentino, William y Garcés, Raúl. (2017). Hacia una política de comunicación en Cuba: varias claves latinoamericanas de referencia y utopía. Ponencia presentada en el III Encuentro Nacional de Socialización de Investigaciones en Periodismo, La Habana, Cuba.

Valdés Paz, Juan (2009). El espacio y el límite. Estudios sobre el sistema político cubano. La Habana/Panamá: ICIC Juan Marinello/ Ruth Casa Editorial.

Sobre los autores
José Raúl Gallego Ramos 17 Artículos escritos
(Camagüey, 1986). Licenciado en Periodismo por la Universidad de La Habana. Máster en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La Habana y la Universidad de Guadalajara. Estudiante del Doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoame...
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