La sociedad cubana está urgida de cambios políticos. Muchos hoy reclaman que la elección del Presidente de gobierno debe ser a través del voto directo. La demanda es legítima y necesaria; sin embargo, creo que es muy poco ambiciosa.
Cuba no solo necesita elegir directamente al jefe de gobierno de la República, sino también a todos los miembros de la Asamblea del Poder Popular que representan a cada uno de los municipios. A su vez, cada servidor público, electo para representar a su respectivo municipio en la esfera nacional, debe rendir cuentas al municipio que representa. No puede ser que los miembros del gobierno tomen decisiones sin tener la responsabilidad de decirle a quienes representan que hicieron, que no hicieron, y por qué. En esto, los medios de comunicación locales deberían jugar un rol de voceros de los diputados y sus electores. De este modo, los medios deben convertirse en el punto donde confluyen las gentes y sus representantes en el gobierno nacional.
Años atrás la Televisión Española organizaba debates políticos donde los servidores públicos electos tenían que enfrentar las inquietudes de miembros de la ciudadanía. Las preguntas ciudadanas eran en vivo, sin edición, y sin preparación previa. Tal ambiente de debate democrático es, creo, un buen ejemplo de qué papel pueden ocupar los medios en una sociedad como la nuestra, donde los medios públicos, tiene el reto de ser cada vez más públicos; y no, sobre todo, aparatos de propaganda en lo que a política respecta. Necesitamos medios verdaderamente públicos: medios de la gente.
Pero aun esto no bastaría. La política cubana, de mano con la economía, está profundamente centralizada. Por tanto, muchas veces hacemos dentro de nuestro país lo que tanto hemos criticado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace en el mundo: aplicar políticas, o recetas, iguales en regiones diferentes. Esto es posible debido a la debilidad del poder de gestión política de las Asambleas Municipales del Poder Popular. Tenemos, entonces, que entregarles cierta autonomía a las municipalidades para que puedan gestionar, desde lo local, sus propios recursos. Para conseguir esto, nuestra Constitución debería reflejar de forma precisa los derechos y deberes de los gobiernos municipales y provinciales.
El capítulo XII de la Constitución cubana, en sus artículos 105 y 106, define de forma muy general las atribuciones de las Asambleas Provinciales y Municipales. Ninguno de sus incisos hace alusión a las políticas fiscales ni a ningún otro elemento esencial en la gestión de las empresas estatales. De modo que las provincias y los municipios actualmente tienen muy poco espacio de gestión de los recursos locales.
Para que las comunidades puedan gestionar sus recursos, sus respectivas Asambleas Municipales y Provinciales deberían tener un amplio margen de administración de las empresas que hoy en día pertenecen a ministerios nacionales. Esta centralización y planificación macroeconómica ha develado ser ineficiente y, además, en ocasiones injusta puesto que prioriza a toda costa intereses nacionales por sobre intereses locales, cuando en realidad ambos intereses deberían tener un espacio de confluencia y nunca de divorcio.
No debe ser el Estado nacional quien maneje hasta el último centavo que circula en el país. Liberalizar la economía no es solo entregar algunas licencias a particulares, sino también permitirle a cada gobierno provincial y municipal gestionar buena parte de su economía. Esta liberalización daría al traste con procederes burocráticos ineficientes; y a su vez impulsaría cierta independencia política. Invirtamos la pirámide. O mejor, creemos una burocracia circular donde no haya una jerarquía única de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, sino un ciclo de retroalimentación mutua entre lo nacional y lo local.
Dicho todo esto, aún nos falta un elemento fundamental que vendría a garantizar el respeto al nuevo orden constitucional que, entiendo yo, la sociedad cubana necesita; me refiero a la independencia del poder judicial, que de acuerdo a la Constitución actual, está supeditado a la Asamblea Nacional. Tal estructura pudo ser necesaria en contextos pasados, pero Cuba necesita ofrecer garantías legales a todos los cubanos y extranjeros que decidan formalizar cualquier tipo de relación, ya sea económica o de otra índole, con la Isla. La política, la ideología y el poder de ningún grupo pueden estar por encima de la justicia.
Pero proponer cambios es más fácil que hacerlos. Nuestra Constitución en su capítulo X refleja en el artículo 18, que “la iniciativa de las leyes compete a la Asamblea Nacional, al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, al Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y a las direcciones nacionales de las demás organizaciones de masas, y a los ciudadanos”. En este último caso, añade la Constitución, “es requisito que ejerciten la iniciativa no menos de diez mil ciudadanos en condición de electores”.
La Constitución, aunque podría necesitar ser reescrita, deja espacios para que la sociedad civil cubana participe en la construcción del destino de la nación. ¿Es preciso entonces sentarnos a esperar a que solo la Asamblea Nacional del Poder Popular decida estos cambios políticos que, como yo, desean muchos cubanos?
Cuba no solo necesita elegir directamente al jefe de gobierno de la República, sino también a todos los miembros de la Asamblea del Poder Popular que representan a cada uno de los municipios. A su vez, cada servidor público, electo para representar a su respectivo municipio en la esfera nacional, debe rendir cuentas al municipio que representa. No puede ser que los miembros del gobierno tomen decisiones sin tener la responsabilidad de decirle a quienes representan que hicieron, que no hicieron, y por qué. En esto, los medios de comunicación locales deberían jugar un rol de voceros de los diputados y sus electores. De este modo, los medios deben convertirse en el punto donde confluyen las gentes y sus representantes en el gobierno nacional.
Años atrás la Televisión Española organizaba debates políticos donde los servidores públicos electos tenían que enfrentar las inquietudes de miembros de la ciudadanía. Las preguntas ciudadanas eran en vivo, sin edición, y sin preparación previa. Tal ambiente de debate democrático es, creo, un buen ejemplo de qué papel pueden ocupar los medios en una sociedad como la nuestra, donde los medios públicos, tiene el reto de ser cada vez más públicos; y no, sobre todo, aparatos de propaganda en lo que a política respecta. Necesitamos medios verdaderamente públicos: medios de la gente.
Pero aun esto no bastaría. La política cubana, de mano con la economía, está profundamente centralizada. Por tanto, muchas veces hacemos dentro de nuestro país lo que tanto hemos criticado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace en el mundo: aplicar políticas, o recetas, iguales en regiones diferentes. Esto es posible debido a la debilidad del poder de gestión política de las Asambleas Municipales del Poder Popular. Tenemos, entonces, que entregarles cierta autonomía a las municipalidades para que puedan gestionar, desde lo local, sus propios recursos. Para conseguir esto, nuestra Constitución debería reflejar de forma precisa los derechos y deberes de los gobiernos municipales y provinciales.
El capítulo XII de la Constitución cubana, en sus artículos 105 y 106, define de forma muy general las atribuciones de las Asambleas Provinciales y Municipales. Ninguno de sus incisos hace alusión a las políticas fiscales ni a ningún otro elemento esencial en la gestión de las empresas estatales. De modo que las provincias y los municipios actualmente tienen muy poco espacio de gestión de los recursos locales.
Para que las comunidades puedan gestionar sus recursos, sus respectivas Asambleas Municipales y Provinciales deberían tener un amplio margen de administración de las empresas que hoy en día pertenecen a ministerios nacionales. Esta centralización y planificación macroeconómica ha develado ser ineficiente y, además, en ocasiones injusta puesto que prioriza a toda costa intereses nacionales por sobre intereses locales, cuando en realidad ambos intereses deberían tener un espacio de confluencia y nunca de divorcio.
No debe ser el Estado nacional quien maneje hasta el último centavo que circula en el país. Liberalizar la economía no es solo entregar algunas licencias a particulares, sino también permitirle a cada gobierno provincial y municipal gestionar buena parte de su economía. Esta liberalización daría al traste con procederes burocráticos ineficientes; y a su vez impulsaría cierta independencia política. Invirtamos la pirámide. O mejor, creemos una burocracia circular donde no haya una jerarquía única de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, sino un ciclo de retroalimentación mutua entre lo nacional y lo local.
Dicho todo esto, aún nos falta un elemento fundamental que vendría a garantizar el respeto al nuevo orden constitucional que, entiendo yo, la sociedad cubana necesita; me refiero a la independencia del poder judicial, que de acuerdo a la Constitución actual, está supeditado a la Asamblea Nacional. Tal estructura pudo ser necesaria en contextos pasados, pero Cuba necesita ofrecer garantías legales a todos los cubanos y extranjeros que decidan formalizar cualquier tipo de relación, ya sea económica o de otra índole, con la Isla. La política, la ideología y el poder de ningún grupo pueden estar por encima de la justicia.
Pero proponer cambios es más fácil que hacerlos. Nuestra Constitución en su capítulo X refleja en el artículo 18, que “la iniciativa de las leyes compete a la Asamblea Nacional, al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, al Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y a las direcciones nacionales de las demás organizaciones de masas, y a los ciudadanos”. En este último caso, añade la Constitución, “es requisito que ejerciten la iniciativa no menos de diez mil ciudadanos en condición de electores”.
La Constitución, aunque podría necesitar ser reescrita, deja espacios para que la sociedad civil cubana participe en la construcción del destino de la nación. ¿Es preciso entonces sentarnos a esperar a que solo la Asamblea Nacional del Poder Popular decida estos cambios políticos que, como yo, desean muchos cubanos?
