Sobre la problemática cubana de indemnización por expropiación

Foto: Martí Noticias

Cuba Posible ha publicado un interesante dossier sobre la confiscación de propiedades a ciudadanos cubanos luego de 1959. Todos los autores participantes coinciden en que el tema de las expropiaciones es diverso y profundamente complejo. De forma general podemos separar las expropiaciones en tres categorías (como señala el empresario y político Carlos Saladrigas): 1) las expropiaciones de tierras, 2) las de empresas y negocios, y 3) la expropiación de viviendas. Con respecto a este último tipo de expropiaciones es donde parece haber un acuerdo entre los autores de que resultaría inviable o sería una injusticia (con respecto a las casas expropiadas que hoy son habitadas por sus actuales propietarios) devolver de forma directa estas propiedades, puesto que en muchos casos o bien están siendo usadas por personas que pagaron por ellas, o bien las mismas han sufrido cambios sustanciales o, simplemente, han desaparecido.

Creo que no nos sirve la idea defendida por el académico Mauricio Miranda de que “es necesario compensar a cuanta persona le fue confiscada su propiedad por el simple hecho de emigrar y establecer su residencia en otro país”. Esto me parece una solución inviable si hablamos de compensación material. En estos casos habremos de apelar, mayormente, al altruismo de los perjudicados y a la voluntad expresa del Estado cubano de pedir disculpas y reparar (en el plano simbólico) los daños materiales y sentimentales causados.

El economista Pedro Monreal cree que el tema de las expropiaciones no es políticamente relevante hoy y difícilmente lo sea en el futuro inmediato, en tanto los grupos que pueden estar interesados en traer el tema al debate no tienen acceso al poder en Cuba y, por tanto, no influyen en el debate interno cubano. Este punto me parece acertado porque, aunque la cuestión de la indemnización es un punto medular para la parte estadounidense en el acercamiento (hoy estancado) a Cuba, esta solo se refiere a los ciudadanos norteamericanos que lo eran al momento de ser afectados por alguna expropiación sin la indemnización adecuada.

Los cubanos que sufrieron estas pérdidas no tienen, como bien señala Monreal, herramientas para insertar el tema en el debate nacional. ¿Significa esto que el asunto no es medular? No. Creo que la cuestión es crucial para la necesaria reconciliación nacional. Si queremos un proceso de reencuentro nacional, es fundamental zanjar este asunto. No se tratará, efectivamente, de contentar a todos, sino de hacer que todos acepten los términos del final de la negociación. El profesor Carmelo Mesa-Lago acierta en decir que el tema de las casas expropiadas debería encontrar una solución humanista y sus dueños tendrían que renunciar a su propiedad. Pero esta solución solo es viable si los perjudicados vislumbran algo positivo en su altruismo. Si dicha renuncia trae consigo un país donde ellos también quepan con una sociedad plural y justa, seguramente verán con buenos ojos renunciar a cualquier reclamo al Estado cubano.

Con respecto a la confiscación sin indemnización de empresas y tierras, Mesa-Lago propone algunos mecanismos de compensación para antiguos dueños mediante la entrega de empresas estatalizadas que hoy necesitan una revitalización. Propone que, en lugar de intentar revitalizarla mediante la inversión extranjera, se use como indemnización a personas afectadas. El problema fundamental que podría enfrentar esta idea, que a priori me parece conveniente, es la necesidad de que este tipo de procesos sean rigurosamente transparentes para evitar tratos preferenciales, tráfico de influencias, etc., y que, al final, pueda conducir a una solución aún más injusta.

Lenier González trae un punto importante a la mesa. Resulta que el Estado cubano con su estructura actual ha demostrado que cuando hay voluntad puede negociar incluso en temas tan polarizantes como lo es la propiedad y el proceso de expropiación masiva que aconteció en el país durante los primeros años de la toma del poder por los guerrilleros. Durante el “reencuentro” entre el Estado y la Iglesia católica, el gobierno cubano, señala González, le devolvió inmuebles en diferentes partes de la Isla. Este precedente puede ser un buen punto de partida para, desde ya, intentar pensar que es posible, incluso en las condiciones actuales y bajo las estructuras de poder que hoy tenemos, comenzar a insertar el debate sobre el tema en algunos espacios dentro de Cuba.

Entiendo que, en el tema de las expropiaciones y las devoluciones, encontraremos, como en casi todos los temas que atañen a la política y a la historia del país, dos posiciones antagónicas (porque parten de dos premisas que se anulan la una a la otra). Por un lado, tenemos la posición actual del Estado cubano que concibe que las expropiaciones fueron un proceso histórico imprescindible (y que la indemnización era inviable), entendiendo la geopolítica global -en parte- desde la “Teoría de la Dependencia”[i] y -en parte- desde una visión marxista-leninista (donde la construcción de una sociedad comunista pasaba por la necesidad de estatalizar la propiedad). Otras circunstancias geopolíticas pudieron contribuir al acelerado proceso de cambios en la Isla: dígase el temor de Fidel Castro de que el país fuere intervenido por los Estados Unidos y de ahí puede deducirse que la alianza con la Unión Soviética y el requerido trasplante de su modelo pudo haber sido una movida estratégica.

Por otro lado, están los que arguyen que todo el proceso ha sido el resultado de un desgraciado capítulo en nuestra historia, que nunca debió ocurrir, y que tiene que ser reparado hasta la última pieza. Resumiendo, por un lado tenemos al Estado cubano actual que no valora (al menos públicamente) el tema de devolución de propiedades a nacionales, y hasta hoy nunca ha reconocido que haya existido ningún perjurio injustificado contra cubanos; y, por otro lado, aquellos que creen fundamental que se repare e indemnice a todos los expropiados (en los casos donde sea posible) al precio que sea para poder cerrar el episodio “oscuro” de estas últimas décadas.

Garibaldi[ii], citado en su trabajo por Roberto Veiga, explica que las expropiaciones fueron ilegales en tanto violaban el derecho de propiedad privada de la Constitución de 1940. En este caso pareciera que queremos regresar al periodo constitucional de 1940 sin más, olvidando todo el conflicto político que estalla en 1952 con el golpe de Estado que depone dicha Constitución, de modo que parece poco efectivo regirnos “a la fuerza” por el marco constitucional de 1940. La indemnización debe ser comprendida como un proceso esencialmente político y reconciliatorio, y no estrictamente jurídico. En el caso del gobierno cubano el tema ha sido ignorado porque las estructuras de poder cubanas no necesitan (y, por tanto, han desestimado) a esa parte de la nación que fue afectada por las expropiaciones; por ello les llamo “apátridas”, “anticubanos”, etc.

La realidad es que ninguna de las dos visiones nos servirá para resolver problemas como este de las expropiaciones, y ningún otro en lo referido a reconciliación nacional y la creación de una nueva República “con todos y para el bien de todos”. Si aplicásemos el método dialéctico Hegeliano seguramente conseguiríamos mejores resultados: Tesis-Antítesis-Síntesis.

Roberto Veiga (y de manera general los analistas que participaron en el Dossier) alude a esta idea “salomónica”: encontrar un punto medio, donde se condensen algunas de las propuestas de ambos extremos y se erijan en una solución más aglutinadora. Seguramente la solución pase por indemnizar mayoritariamente de forma indirecta a los nacionales más afectados mediante créditos fiscales y otras facilidades de inversión en Cuba. Pero es evidente que la indemnización no debe representar una carga para la sociedad cubana y su economía, que necesita incentivos en lugar de lastres.

Una solución satisfactoria al problema tendría que, primero, servir de cierre de un pasado de desencuentros, abusos de poder, y malentendidos; y, segundo, no representar un obstáculo para la economía del país, sino, en el mejor de los casos, un incentivo.

[i] La Teoría de la Dependencia toma auge en las décadas de los 60s y 70s y establece que el modelo capitalista global, fundamentado en la teoría económica de la “ventaja primaria” (donde cada país debía participar en el mercado global en la producción de productos y servicios donde más competitivo fueren), solo servía para transferir las riquezas de los países periféricos a los países del Centro. Fidel Castro, denuncio sistemáticamente el carácter expoliador de la colonización y el imperialismo.

[ii] Ver http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacw399.pdf

 

 

Sobre los autores
Lennier López 19 Artículos escritos
(Santa Clara, 1991). En el año 2009 ingresé en la Universidad Central de Las Villas cursando la Licenciatura en Comunicación Social. En 2012, después de terminar el tercer año de la carrera, se traslada a vivir a la ciudad de Miami. En 2014 comi...
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