Foto: Jorge Luis Baños/IPS
La democratización del Estado cubano requiere de un ejercicio transparente de la gestión del poder. El propio presidente Raúl Castro ha denunciado muchas veces que el secretismo es un vicio que debe superarse en la práctica administrativa de las instituciones del Estado. Sin embargo, no basta con mostrarse ante las cámaras y dirigir a la población un discurso leído y luego bajar el telón. Los administradores del Estado deben estar abiertos, como mínimo, a preguntas de la prensa, de forma sistemática. Hacer lo opuesto solo contribuye a reforzar un espacio de oscuridad, dudas y preguntas sin respuestas.
La transparencia es la piedra angular de las sociedades democráticas, pues le permite a la sociedad contar con información fidedigna para evaluar y avalar, o no, la gestión de quienes ocupan puestos en la administración del Estado. La transparencia gubernamental es mayormente entendida en términos económicos; esto es, las garantías que las instituciones públicas ofrecen a organizaciones y a particulares para libremente acceder a datos sobre los presupuestos y gastos de los dineros públicos. Sin embargo, para contar con un Estado transparente es imprescindible trascender esta visión economicista; las decisiones de política local o internacional, las legislaciones, regulaciones burocráticas, y el desempeño en general de estas instituciones y los profesionales que las manejan deben estar, en menor o mayor medida, abiertas al escrutinio.
El termino transparencia está, como vemos, conectado con el de accountability, a través del cual los servidores públicos están sometidos al escrutinio sistemático de la sociedad que representan, lo cual tiende a garantizar, a largo plazo, la salud de la gestión pública. La transparencia también está, en ocasiones, relacionada a un concepto incluso más amplio: el control. En tanto accountability encierra un carácter retrospectivo (puesto que se enfoca en respuestas a escenarios y decisiones pasadas), el control tiene connotaciones preventivas dado que un constante escrutinio puede contar con poder disuasivo sobre los gestores del poder del Estado (Erkkilä, 2012).
Algunas de las herramientas que promueven la transparencia del Estado son, de acuerdo a Tero Erkkilä (Erkkilä, 2012): las elecciones democráticas, las regulaciones burocráticas, las legislaciones, el escrutinio de expertos, los debates púbicos, entre otros. Yo añadiría, además, la labor de la prensa en general y las ruedas de prensa en particular, como un ejercicio de escrutinio específico. Una prensa pública con garantías y plena libertad institucional y, a su vez, transparente, se convertiría en un espacio de accountability entre la sociedad y el Estado. El Estado puede, y así lo hará siempre, hacer uso de los medios de comunicación públicos para insertar mensajes que persuadan a ciudadanos en temas específicos. Sin embargo, dicha práctica no puede darse de manera solapada. Un gobierno transparente debe siempre alertar cuando el mensaje proviene del propio gobierno y, por tanto, tiene connotaciones explícitamente o implícitamente políticas. Tal problema se presenta en Estado Unidos, de acuerdo a Gia Lee, cuando el gobierno inserta mensajes en la televisión (pública y privada), sin presentarse a sí mismo como responsable de tal opinión (Lee, 2005). Con esta estrategia se intenta evadir el posible matiz político del mensaje, o bien evitar el descrédito del público que no siempre tiene al gobierno como una fuente confiable en algunos temas.
Más allá del papel de la prensa como herramienta para el escrutinio de las instituciones públicas y los profesionales que las manejan, resultan esenciales legislaciones que, por un lado, obliguen a las instituciones del Estado a facilitar y/o hacer pública información trascendental para la evaluación del desempeño de dichas instituciones; y, por otro lado, que garanticen a los ciudadanos particulares y a las organizaciones, el libre acceso a tal información y su distribución. Sin una legislación adecuada que categorice la transparencia gubernamental como un derecho y como una responsabilidad de unos y de otros, no será posible avanzar mucho en el tema.
Recientemente he corroborado la existencia de una página web, que aún está en construcción, del gobierno cubano. Es imprescindible la digitalización del gobierno; sin embargo, será insuficiente en lo que al tema de transparencia se refiere. En primer lugar, la sociedad cubana cuenta con muy bajos índices de conectividad a Internet, por lo que acceder a información gubernamental en la web resultará casi un privilegio. Por otra parte, en el mencionado sitio oficial del Gobierno de Cuba falta mucha información que resulta imprescindible para evaluar desempeños institucionales. El visitante puede encontrar información, como el presupuesto general del Estado aprobado por la Asamblea Nacional para el año 2015 y el déficit planificado; sin embargo, no encontrará la evaluación final, a posteriori, de dicha planificación presupuestaria y deficitaria. Tampoco encontraremos información referente a presupuestos por ministerios particulares y por instituciones pertenecientes a cada uno de esos ministerios.
Seguramente casi todos coincidimos en que la gobernanza en Cuba está lejos de ser una práctica transparente, tal vez porque esta ha sido ligada mayormente a la seguridad nacional y, por ende, anteponiendo los (o unos) “intereses de la nación” por sobre la apertura y la transparencia. Pero gobernar en la oscuridad genera, en el largo plazo, espacios de impunidad y autoritarismos. Esto da al traste con el ejercicio democrático de la política, y limita sobremanera la capacidad de la sociedad de tomar decisiones efectivas y eficientes para su propio desarrollo en todas las esferas.
Referencias:
1. Erkkilä, T. (2012). Government transparency impacts and unintended consequences. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
2. Lee, G. B. (2005). Persuasion, Transparency, and Government Speech . The Hastings law journal , 983-1051.