La travesía entre plan y mercado: ¿interesante pero no tan relevante?

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El conocido economista Yanis Varoufakis, el ex-ministro de finanzas del gobierno de izquierda de Grecia y quien desafió a las principales instituciones financieras internacionales en 2015, ha planteado que la discusión acerca de cuál modelo es superior ―plan o mercado― “es un tema interesante desde un punto vista académico pero que, difícilmente, es relevante en el contexto de los apremiantes retos actuales”.

En lo esencial, coincido con ese criterio. No digo que el asunto no deba ser atendido, pero en el caso específico de Cuba, concederle prioridad a esa cuestión pudiera desviar la atención respecto a una pregunta mucho más importante: ¿Qué transformaciones del sistema político cubano se necesitan para alcanzar mejores decisiones colectivas que permitan superar los obstáculos a la sostenibilidad de la prosperidad nacional?

Es una pregunta formulada desde una perspectiva que intenta priorizar la observación de la realidad, en vez de privilegiar una visión teórica. Esta última es un componente importante, pero insuficiente, para la producción de las soluciones que necesitamos. La teoría posibilita ubicar las ideas dentro del campo de conocimiento en el cual se hace la discusión, pero no permite ir mucho más allá.

La explicación de las restricciones que hoy existen para alcanzar la prosperidad en Cuba no podrá ser extraída directamente de la teoría, como en ocasiones parecería ser la aspiración de algunos participantes en los debates. Volver, una y otra vez, a las discusiones teóricas sobre plan y mercado, uno de los temas más repasados en la literatura económica, no ofrecerá soluciones concretas. Lo que hay que analizar, una y otra vez, son los datos de la situación del país y, sobre esa base, diseñar intervenciones políticas efectivas para transformar la realidad.

La pregunta también se formula desde la perspectiva de la cuestión del poder, que obviamente es un importante componente de la realidad nacional. Lo que en muchos debates actuales en Cuba se nos presentan como problemas “económicos” que deben resolverse mediante una combinación “técnica” de plan y mercado, en el fondo dependen de una solución que es esencialmente política: la adopción de decisiones sobre la producción y la distribución del excedente económico a partir de criterios de emancipación social del trabajador. Aclaro que se trata de la emancipación no solamente concebida como lucha contra la explotación, sino también como superación de la alienación en el ámbito cultural y social.

Por mucho que las inercias de los debates ubiquen al plan ―y su relación con el mercado― como un asunto “económico” o “técnico”, en rigor es una cuestión esencialmente política, y por tanto gira alrededor de la cuestión del poder: ¿quién tiene la capacidad efectiva para decidir qué hacer con el valor que producen los trabajadores?

Se conoce bastante bien cómo se decide ese asunto en el capitalismo. En contraste, la explicación de ese proceso en Cuba apenas recibe atención en los debates y, cuando se menciona, no se hace suficiente énfasis en el plano político.

La observación de la realidad comenzaría entonces por identificar cómo funciona concretamente en Cuba tal proceso político. No creo que sea muy polémico afirmar que opera a través de un Estado centralizado que controla directamente los bienes de producción fundamentales bajo la forma de propiedad estatal ―una de las formas posibles de propiedad social― y cuyas decisiones se orientan por las disposiciones de un partido político de vanguardia que funciona en los marcos de un sistema político unipartidista.

Si esos factores ―propiedad estatal y predominio de una visión de vanguardia política― hubieran podido asegurar una trayectoria ascendente y sostenible de la prosperidad nacional en los últimos 25 años, los debates que hoy tuviesen lugar en el país serían distintos a los actuales.

Esos factores han podido proporcionar, sin duda, resultados muy valiosos, incluyendo el logro de niveles de bienestar colectivo en un marco de justicia social, pero no han podido garantizar una creciente y sostenible prosperidad nacional, algo a lo que metafóricamente se le denomina, en ocasiones, “la asignatura pendiente”.

El problema no consiste tanto en que la trayectoria de la prosperidad sea a veces favorecida, y en otras ocasiones obstaculizada, por un sinnúmero de factores de todo tipo, como pudieran ser las fluctuaciones de precios internacionales, los eventos meteorológicos, o los conflictos políticos, entre otros.

En el socialismo, un aspecto determinante para que se avance de manera sostenida hacia la prosperidad es que el sistema de decisiones políticas que la determina pueda disponer de mecanismos ágiles y efectivos de retroalimentación. Ello es necesario para poder adaptar sistemáticamente las decisiones a los cambios que se produzcan, de manera tal que permitan mantener encauzado el avance hacia la prosperidad.

Las discusiones sobre la “actualización” del modelo reconocen, al menos implícitamente, que el actual mecanismo de decisiones no ha sido capaz de entregar los beneficios que de él se esperan. La visión predominante respecto a la solución de ese déficit es la de mejorar ciertos mecanismos, incluyendo una compaginación superior del plan y del mercado, pero eso tiende a dejar el análisis en un plano “técnico”. Lo que nos ofrece es una versión políticamente descafeinada de la manera en que realmente el poder funciona para crear y distribuir valor en la sociedad cubana.

De lo que debería tomarse nota es de que, si bien tanto el mercado como el plan son categorías reconocidas de la teoría económica, el plan es también ―yo diría que, sobre todo― una categoría de la política. En su definición más simple, el plan es un poderoso mecanismo de ejercicio de poder y de control social y político.

En las condiciones actuales de Cuba, un número relativamente reducido de “actores” decide qué se hace con lo que producen todos los trabajadores. Naturalmente, descontamos aquí el componente periférico de consulta formal de documentos del plan “en la base”, algo sobre lo que no parecen existir datos concluyentes respecto a que desempeñen una función esencial en el proceso de planificación del país.

Debido a que la planificación es un asunto político, no “técnico” ni meramente “económico”, insistir en hacer la discusión actual sobre el plan en el plano económico equivale a proponer una distracción analítica.

Lo que habría que dilucidar son las propiedades del proceso político del cual brotan las decisiones que se adoptan, tanto respecto al plan como respecto al mercado. Dos preguntas que valdría la pena tratar de responder son las siguientes:

¿De qué evidencia concreta se dispone para asumir que en Cuba la tecnocracia está mejor capacitada que los trabajadores para planificar la economía?

¿Qué factores políticos específicos obstaculizan que la planificación pudiera decidirse fundamentalmente a partir de la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos?

Este tipo de preguntas, que priorizan una indagación apoyada en el examen de la evidencia, es importante para evitar que el debate corra el riesgo de quedar entrampado en discusiones puramente teóricas o en disputas doctrinarias.