Lennier López: “La transformación que necesitamos en Cuba es garantizar que el país sea lo que dice el gobierno que es: un país socialista y democrático”

Dialogamos con el sociólogo cubano Lennier López sobre los elementos que legitimaron a la Revolución cubana, su dinámica de cambio en el tiempo, y sobre cómo podrían reconstruirse los pilares de dicha “legitimidad” desde la perspectiva de los derechos sociales, civiles y políticos.

-¿Sobre qué elementos se basó la “legitimidad” alcanzada por la Revolución que triunfó el 1 de enero de 1959?

Partamos diciendo que de acuerdo a Max Weber tenemos tres tipos de legitimidad; es decir, que la legitimidad a la autoridad se construye desde tres frentes casi siempre entremezclados: el tradicional, el carismático o personal, y el racional o legal.

En este sentido, la legitimidad del “Movimiento 26 de Julio” emerge inicialmente de la ruptura con la legalidad a la que se llega con el golpe de Estado de 1952; es decir, el golpe de Estado rompe con la legitimidad racional con la que contaban los anteriores gobiernos. Por demás, la noción de legitimidad está estrechamente relacionada con otras nociones como “consentimiento”, “autoridad”, etc. De modo que la ruptura que representó el golpe de Estado de Batista deteriora mucho el consentimiento de la gente y, por tanto, el poder tenía que ser ejercido mediante la fuerza en muchos casos.

Cuando el 1 de enero de 1959 el Ejército Rebelde alcanza el poder, el problema de la legitimidad seguía presente en tanto el marco constitucional se había roto hacía ya varios años; así que había que legitimar un nuevo gobierno, y un nuevo orden. Había que conseguir que la gente lo aceptara como “legítimo” o, de lo contrario, habría que imponerlo de nuevo por la fuerza. Desde el comienzo mismo del movimiento sus miembros intentaron conectarlo con la tradición martiana y así impregnarle un factor tradicional al mismo (recuérdese la idea que colocaba a Martí como “autor intelectual” del asalto al Cuartel Moncada).

Mas tarde, en 1959, la legitimidad del nuevo gobierno fue esencialmente carismática. Es decir, Fidel Castro y otros líderes revolucionarios contaban con el carisma necesario para obtener un apoyo importante de la población. Fue así que se pudo construir, durante la lucha armada y después de tomado el poder, un movimiento popular amplio. Esta forma de autoridad es, sin embargo, inestable y muy conflictual en tanto todo ejercicio del poder requiere de la “rutinización” de procesos avalados por la gente (legitimidad racional) y estos, a su vez, requieren de una base, o un marco, tangible legal: una constitución. La Revolución no tuvo una Constitución hasta 1976. Esto también conllevó a que hubiese conflictos importantes dentro de Cuba. Cuando la autoridad recae esencialmente en el carisma de un líder, siempre hay disidencias que desconocen la legitimidad de este. Tal fue el caso de los “alzados”. En tales circunstancias, el poder, que carecía a priori de legitimidad legal (en tanto llega al poder mediante la fuerza y no había establecido procesos democráticos de decisión), responde mediante el uso de la fuerza.

Para concluir, el importante consentimiento con que contó la Revolución en sus inicios fue el resultado del resquebrajamiento del régimen partidista que precedió el Golpe de Estado de 1952, y el cual este último terminó de fulminar. Esto es, la Revolución se legitimó en tanto representó una respuesta contundente a la ruptura entre la sociedad cubana y la élite en el poder.

-¿Cuáles elementos de esa “legitimidad” se han consolidado, se conservan, a pesar de los conflictos (con sus consecuencias) que han atravesado el proceso? ¿Cómo se ha logrado?

La Revolución se consolida, es decir, “rutiniza” sus procesos cabalmente, con la Constitución de 1976. Es importante comprender que la lucha armada como modo de alcanzar el poder fue popular y vista como “legítima” durante las décadas del 50, 60 y 70 principalmente, como respuesta a poderes represivos. Es también un período donde las luchas antimperialistas y anticolonialistas, de algún modo, sirvieron de base para legitimar tales luchas.

Ahora bien, la Constitución cubana de 1976 llegó en un momento precedido por un largo período de homogenización y de aplastamiento de las minorías, puesto que el ejercicio del poder se basó esencialmente en el carisma de los líderes. La Revolución puede interpretarse como democrática por el hecho de que contase con un amplio apoyo popular; sin embargo, los regímenes democráticos no garantizan lo que conocemos como Estado de Derecho. Es decir, la democracia es una condición necesaria para tener y conservar en el largo plazo un Estado de Derecho, pero no una condición suficiente.

En el caso cubano, las mayorías dictaron sistemáticamente las normas de convivencia, aunque estas socavaran la felicidad de las minorías. Esto, en el fondo, termina por revertirse en contra de la mayoría misma, en tanto las mayorías son fluctuantes y lo que hoy nos hace formar parte de una mayoría, mañana puede terminar por colocarnos en minoría. Es por ello que es esencial un marco legal que permita la convivencia de todos, sin aplastar minorías. La Constitución de 1976 fue, entonces, un acontecimiento importante; sin embargo, no pudo garantizar la creación de ese marco de convivencia porque las minorías ya habían sido sistemáticamente “desempoderadas”. De modo que la Constitución de 1976, si bien era imprescindible, consolidó unos procederes, tal vez democráticos en aquel entonces, que impedían la creación de un marco legal que permitiera una República donde la ley fuese superior a mayorías y minorías, y por tanto, permitiese la convivencia de estas dentro de marcos consensuados.

Más allá de esto, ha habido una continua consolidación de una conciencia popular que entiende que hay derechos sociales que son irrenunciables, que el antimperialismo es necesario para empoderar a la gente, y que por tanto, el nacionalismo de un país periférico como Cuba no está ligado a racismos o etnocentrismos, sino precisamente a este antimperialismo. Lo que parece estarse agotando es la legitimidad de los intransigentes. Por mucho tiempo conceptos como “socialismo”, “patriotismo” (que suplantó al nacionalismo en realidad porque ponderaba la tierra, o el suelo patrio, por sobre la nacionalidad partiendo de una noción Westfalliana de la geopolítica) y “antimperialismo” fueron usados para abanderar la renuncia al diálogo franco con diversos actores internacionales y locales.

Esto, en su momento, fue acogido con fervor por no pocos cubanos, pero hoy ya parece cosa del pasado para la mayoría de la nación. Esto se pudo apreciar con el apoyo abrumador al deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por primera vez, el gobierno cubano se atrevía a aceptar el reto de acercarse y tender puentes con un actor (el gobierno norteamericano), que abiertamente declaraba que pretendía promover una “transición” en Cuba. Los cubanos apoyaron masivamente el acercamiento porque hace mucho que están alejados de la retórica intransigente del gobierno. Algo similar se palpa en diversos actores domésticos. Es muy amplia la acogida de la gente a la apertura, muy tenue y detenida hoy, a una economía mixta y la emergencia de pequeños empresarios cubanos.

-¿Con cuántas nuevas demandas “legítimas”, que requieren espacio y consolidación en la esfera pública y en la institucionalidad, pueden estar conviviendo esas conquistas históricas de la Revolución? ¿Son antagónicas? ¿Se orientan a una ruptura con el actual modelo socio-político o a una evolución de este?

El socialismo, los derechos sociales y el nacionalismo son compatibles con cualquier demanda popular. Lo que es incompatible con estas es la concentración del poder en pocas manos, el ejercicio del poder sin transparencia, y la carencia y/u hostigamiento de dinámicas de empoderamiento ciudadano que le permitan a la gente actuar espontáneamente y de forma creativa para aproximarse a los problemas que les preocupa.

La principal “conquista de la Revolución” es que tenemos una nación donde el socialismo es parte del sentido común, o al menos las premisas del socialismo, de la ilustración, de la Revolución francesa, de los movimientos obreros del siglo XIX y del marxismo clásico y postmarxismo. Estos principios son, de manera general: combatir la desigualdad, construir sociedades solidarias, y emancipar a la especie humana de la opresión, es decir, construir sociedades libres donde la gente pueda auto-realizarse y ser feliz. Esto es parte del sentido común de los cubanos; el problema radica en cómo conseguirlo.

El proceso revolucionario iniciado en 1959 para muchos rompió con estos principios o los relegó a un segundo plano para priorizar el proceso en sí mismo. Se “fetichizó” el proceso, se “cosificó” la Revolución y, con ello, se comenzó a “cosificar” el poder que construía la materialidad de la Revolución, y no se distribuyó. Hemos llegado al punto donde resulta muy complejo avanzar desde la materialidad institucional vigente; se pueden y deben hacer cosas, pero siempre se corre el riesgo que termine muriendo o viciándose con eso que llaman “el interés de la Revolución”, como si el interés de un proceso nunca pudiese entrar en contradicción con el interés de la gente, con la democracia. Igualmente, creo que ambas opciones, “hacer desde dentro de esa materialidad” y “desde fuera de ella”, son válidas y legítimas. Pero sin dudas, en las condiciones actuales, hay que hacer más desde la sociedad civil autónoma.

-¿Qué transformaciones necesitaría el modelo social cubano para darle espacio a estas nuevas demandas?

El pueblo cubano tiene muchas demandas desoídas y acalladas. Las diásporas han sido sistemáticamente desatendidas y, décadas atrás, vilipendiadas. La legitimidad del gobierno cubano presenta fisuras desde sus inicios, pero hoy se enfrenta al gran reto de sobrevivir a los cambios culturales que va experimentando toda la nación cubana.

La transformación de fondo que necesitamos en Cuba es garantizar que el país sea en realidad lo que dice el gobierno que es: un país socialista y democrático. Con eso bastaría para reivindicar el Estado de Derecho, el poder popular (pero con el pueblo y no sin este), los derechos sociales y políticos para todos, la igualdad de oportunidades, la transparencia del Estado en todos sus niveles, la contención de la corrupción, los salarios justos, la prensa pública ofreciendo un servicio de calidad, la economía mixta y un Estado fuerte que aplique políticas públicas que garanticen el bienestar de todos y combata la desigualdad. Esta es, en mi opinión, la tarea más urgente que tenemos; necesitamos que Cuba realmente sea lo que dice el gobierno que es. Entonces, necesitamos traer la razón, la verdad rigurosa de vuelta y que sea la razón la que gobierne.

-¿Qué rol debería jugar la pluralidad ideo-política del país en este proceso? ¿Qué transformaciones demanda el modelo social para que esto sea posible?

La nación cubana es muy diversa, es muy rica; es conservadora, progresista, nacionalista, anexionista, de izquierda, de derechas, etc. Todas las corrientes ideológicas que no representen un peligro para la dignidad humana son legítimas desde un punto de vista legal; es decir, las instituciones no deberían sofocar unas u otras corrientes ideológicas. Yo creo que afortunadamente hay corrientes ideológicas (como el anexionismo, el neoliberalismo, o el darwinismo social) que no cuentan con legitimidad popular o tradicional. En cualquier caso, no podemos temerles a las ideas diferentes, a las antagónicas, incluso. El debate franco y abierto es la única vía para construir el país socialista que queremos. La construcción del socialismo no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para lo que es, desde Aristóteles, la finalidad de todo ser humano: la felicidad. Suena poético, pero es fácil darse cuenta que esto es una verdad tan grande como nuestro universo. Los que creen que el socialismo no es la herramienta adecuada para conseguir esta finalidad tienen derecho también a intentar impulsar sus proyectos con sus propias herramientas.

Para garantizar el marco donde todos podamos buscar esa felicidad a través de varias herramientas (ideologías, recursos, etc.) necesitamos un Estado de Derecho. Pero de nuevo, no un Estado de Derecho para “cosificarlo”, para “fetichizarlo”, sino para que nos brinde unas reglas generales consensuadas con el propósito de que la sociedad busque su felicidad; si en algún momento esas reglas, ese consenso sobre esas reglas se rompe, habría que reconstruir el consenso.

-¿Dónde debe asentarse la legitimidad política de toda nuestra pluralidad?

La legitimidad de nuestra pluralidad debe ser, en primer lugar, legal. Es decir, necesitamos una materialidad legal e institucional que garantice un tablero de ajedrez donde todos acordemos las reglas del juego. A partir de ahí, las dinámicas de legitimación de corrientes de pensamiento serán diversas e impredecibles en alguna medida. Pero no podemos seguir jugando con reglas que no se discuten desde hace mucho tiempo, y que, además, son reglas que excluyeron a grupos. Cuando se excluye no hay consenso, sino imposición de mayorías; cuando no hay consenso hay autoritarismo y se desmorona, poco a poco, la legitimidad misma del proyecto que se impuso sobre bases que, en su momento, fueron mayoritarias.