Medios, gobierno y ciudadanía en Cuba: agendas, encrucijadas y realidades

Foto: Raquel Perez/Cartasdesdecuba.com

Si antes en Cuba el término “agenda” se usaba mayormente para referirse a los cuadernos de notas o al cargado volumen de actividades de algún jefe ocupado, en los últimos años ha comenzado a aparecer en el discurso político cubano —sobre todo en la figura del primer vice-presidente Miguel Díaz-Canel—, como uno de los problemas y retos que enfrenta el país en materia de comunicación.

En parte gracias a la colaboración con profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, al menos en una parte del discurso político se ha comenzado a utilizar el término “agenda” para resaltar las distancias existentes entre los contenidos que priorizan los medios de comunicación (agenda mediática) y los temas que preocupan a las personas, a los públicos (agenda pública) y que esperan sean tratados por los medios de comunicación en cumplimiento con su función social.

Para nadie es un secreto —y así lo han demostrado la casi totalidad de las investigaciones realizadas en universidades del país— que los medios de prensa en Cuba “andan por un lado” y la gente “por otro”, generalmente bien distantes. Y desde hace varias décadas, estas dificultades han sido señaladas críticamente —desde el discurso— por los principales dirigentes del país aprovechando, de manera puntual, foros importantes como los congresos y plenos de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) o del propio Partido Comunista de Cuba (PCC), dejando en claro la inconformidad del sistema político con esta actuación de los medios.

Lo curioso es que en la larga tradición de la investigación académica sobre agendas, muy pronto se comprendió que era difícil estudiar las relaciones entre las agendas de los públicos y de los medios de comunicación dejando fuera al sistema político, por la influencia que este ejerce sobre las otras dos de manera directa o indirecta. Sin embargo, en Cuba, donde los medios trabajan con recursos asignados por el Estado y su política informativa es trazada unívocamente por el Partido Comunista de Cuba y su Departamento Ideológico, desde el sistema político se insiste en señalar a los medios de comunicación —y a los periodistas— como los principales responsables, junto a las fuentes de información, de las insatisfacciones que existen con el trabajo de la prensa.

La mayoría de las teorías sobre la prensa —sin importar su ideología— coinciden en señalar como funciones sociales de los medios de comunicación la de informar, tanto a la sociedad como a los gobiernos, de los principales temas que tienen repercusión sobre la vida social, y la de funcionar como vehículos para la discusión y articulación del consenso al respecto. Por tanto, una prensa que evidentemente no cumple con estos criterios, no es funcional ni a la sociedad, ni tampoco al propio sistema político que ha reconocido que “se necesita mucho de la prensa cubana para construir ese socialismo próspero y sostenible que nos estamos planteando”.

Antes de pasar a explorar algunos de los aspectos que podrían posibilitar una relación más provechosa para la sociedad entre las agendas política, mediática y públicas del país —a tono con los principios de un proyecto socialista—, es necesario revisar algunas de las características que distinguen hoy a estas tres agendas en Cuba y que inciden directamente en la relación disfuncional que exhiben.

AGENDA POLÍTICA

Las agendas políticas tienen dos dimensiones: los temas que trata el discurso político (lo que se dice) y las acciones que se ejercen desde el sistema político (lo que se hace) y ambas dan una idea de cuáles son las preocupaciones y los temas que están siendo atendidos por los gobiernos. Aunque, sin dudas, la segunda dimensión es un indicador mucho más fiable de la acción gubernamental, las dos son igual de significativas, ya que la primera da muestras de la importancia y la naturaleza de la comunicación de los gobernantes hacia los gobernados.

En el caso de la Cuba, la agenda política simbólica (lo que se dice) ha tenido sus principales formas de expresión en los últimos años en: (1) los fragmentos de entrevistas de figuras políticas que muestran los medios de comunicación en sus coberturas de actos, reuniones o recorridos; (2) el contenido del programa televisivo Mesa Redonda, que es empleado para trasmitir —no comunicar— el discurso oficial respecto a política nacional o internacional, (3) los discursos del presidente Raúl Castro en la clausura de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y (4) los documentos programáticos “Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución” y el “Plan de Desarrollo Económico y Social hasta 2030”.

La agenda simbólica que se presenta en estos espacios tiene una naturaleza informativa, muchas veces de carácter fragmentado, general y, sobre todo, poco dialógica. Fuera de esto —que cuantitativamente no es poco, valga aclarar—, la comunicación del sistema político con los ciudadanos es cada día menor, sobre todo a nivel nacional, pero también en otros niveles.

Se ha intentado poner en práctica nuevas estrategias como los programas radio-televisivos encabezados en cada provincia por los Secretarios del PCC, que a la larga han terminado convirtiéndose en reuniones televisadas, en las que el sistema político se erige en juez de los funcionarios administrativos y asume las riendas de un proceso “comunicativo” demasiado vertical.

En el caso de la agenda sustancial (lo que se hace), la situación no es muy diferente. Muchos asuntos de importancia estratégica se conocen una vez que ya están consumados (renegociación de deuda externa, acuerdos con empresas transnacionales), eliminando así la posibilidad de cuestionar su ejecución o el proceso mediante el cual se lleva a cabo.

En otros casos se presentan mayormente las aristas positivas de las acciones (inauguraciones de espacios, reconstrucciones, cumplimientos de planes) a través de los medios de comunicación, pero debido a la insuficiente información que ofrece el gobierno sobre sus movimientos existe desconocimiento en muchos aspectos de las cuestiones específicas que marcan la agenda de trabajo del sistema política y de gobierno.

Siendo así, la agenda política en Cuba existe y se reconfigura constantemente en función de los escenarios nacionales e internacionales, pero hay poca claridad sobre ella fuera del sistema político. Esto y el hecho de que el sistema político sea el principal poder del país (estipulado constitucionalmente), son las características de la agenda política en Cuba que marcan sus relaciones con el resto de las agendas.

AGENDA MEDIÁTICA

La principal característica de las agendas de contenidos de los medios en Cuba es que son prácticamente uniformes, ya que la política informativa es trazada para todos por el Departamento Ideológico del PCC. Los seguimientos y análisis comparativos realizados desde las facultades de Comunicación y Periodismo a la prensa cubana arrojan una similitud impresionante tanto en los temas que tratan, como en los enfoques que abordan. Más allá de algunas temáticas deportivas y de crítica cultural, es difícil encontrar opiniones divergentes en la prensa cubana.

La mayoría de los trabajos que se publican en los medios están relacionados con eventos institucionales (efemérides, actos, reuniones) o campañas respecto a determinados temas (bloqueo, campañas anti-vectoriales, indisciplinas sociales), los cuales constituyen el centro de la agenda informativa trazada por el PCC. Persisten un número considerable de zonas de silencio o vacíos informativos y el tratamiento de las temáticas es fundamentalmente positivo —incluso en los trabajos críticos existe la idea de “balancear con algún buen ejemplo” —, lo que ha motivado una representación social negativa de estos aspectos del trabajo periodístico en buena parte de la población que cada día lee, oye o ve “la apología del paraíso en que vivimos y la diatriba al infierno que nos rodea”, como diría uno de mis profesores.

Uno de los aspectos centrales que determina esta conformación y expresión de la agenda de los medios, es su estructura de propiedad. Según la Constitución de la República de Cuba, artículo 53, los medios de comunicación son “de propiedad estatal o social”, términos que se confunden debido a la mezcla e indefinición existente en Cuba entre Partido, Gobierno y Sociedad Civil, pero en realidad, como demostró el periodista e investigador Julio García Luis en su tesis doctoral, los medios de comunicación constituyen un sub-sistema del sistema político.

El PCC no solo “traza, dirige y controla” la política informativa de los medios y es el encargado de aprobar —o no— aquellos trabajos “complejos” y “abrir las puertas” de los organismos implicados a los periodistas; sino que, también, designa de manera directa a los directores del diario Granma, de los periódicos provinciales, del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y la Agencia Cubana de Noticias (ACN) y, además, por ser el PCC “la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado” (artículo 5 de la Constitución) tiene cuotas de poder importantes sobre otras organizaciones como la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que poseen periódicos como órganos oficiales. Este poder de designación centralizado por parte de una institución externa tiene su reflejo en que hoy buena parte de los directivos de los medios provienen de otros medios de comunicación —desde los cuales son trasladados en calidad de “cuadros” — y algunos del propio Departamento Ideológico.

En pocas palabras, los medios en Cuba y sus agendas son una cuestión directamente del Partido y su Departamento Ideológico. La Resolución 232 del 12/02/2007 del Buró Político del Comité Central del PCC (documento de carácter político —no legal— y clasificado como Limitado, que orienta el trabajo de la prensa en Cuba) establece que “la prerrogativa de decidir lo que difunde un órgano de prensa corresponde exclusivamente a los dirigentes del trabajo periodístico”, pero los estudios de Sociología de la Producción de Noticias, de Economía Política de la Comunicación y la propia vida han demostrado con creces que el poder último en una organización mediática reside en quien controla sus recursos y tiene el poder de nombrar a los que la dirigen: llámese dueño, propietario, órgano rector o cualquier otra denominación.

En los últimos años han surgido en Cuba un pequeño grupo de medios de comunicación alternativos en soporte digital, los cuales han aumentado paulatinamente el público que los sigue, precisamente por la diversidad de sus agendas, la visibilización de otros enfoques y criterios, y la posibilidad de ejercer un periodismo más crítico —fundamentalmente a través de los géneros de opinión. Podría decirse que estos medios construyen sus agendas ocupando los vacíos que deja la prensa oficial. Sin embargo, su nivel de penetración en la población, su capacidad de “llegar a la gente” aunque creciente, aún sigue siendo limitada debido al poco y deficiente acceso a Internet existente en el país.

En resumen, la agenda mediática cubana en su conjunto se caracteriza por su homogeneidad, visión predominantemente positiva de los temas de la realidad nacional, y apego a la agenda trazada desde el sistema político.

AGENDA PÚBLICA

La(s) agenda(s) pública(s) cubana(s) tiene tanto de obvio como de desconocido. Por un lado están un grupo de temas permanentes, que llevan décadas constituyendo las grandes preocupaciones de los cubanos y que afloran en cada conversación de esquina y en las pocas investigaciones que se han hecho al respecto. Son aquellos relacionados con los principales problemas (fundamentalmente económicos) que marcan el día a día de la gente: alimentación, salud, transporte, vivienda, precios, salario y la actuación de las instituciones administrativas y gubernamentales como responsables visibles de estos. En todos los casos, los temas y los sub-temas que los integran son valorados de manera negativa.

La parte desconocida de la agenda pública viene dada porque en Cuba no existen mecanismos encuestadores que posibiliten tomarle el pulso de manera sistemática a la opinión de la gente, conocer sus variaciones, los temas que entran y salen, e incluso, saber el lugar que ocupan las temáticas relacionadas con cuestiones políticas y económicas respecto a otras más cercanas al entretenimiento. Lo más parecido que se tiene son los Equipos de Opinión del Pueblo del Centro de Estudios Sociopolíticos y de Opinión (CESPO), adjunto al Comité Central del PCC, quienes de forma anónima recogen las “opiniones espontáneas” expresadas en lugares públicos por las personas. La información recabada, además de poseer algunas limitaciones metodológicas, es de carácter clasificado, empleada fundamentalmente para el trabajo del sistema político.

Además de las preocupaciones económicas y sociales que la gente experimenta de primera mano y que constituyen el centro de la agenda pública cubana, esta también se nutre de un grupo de sucesos esporádicos, que no aparecen reflejados en los medios de comunicación, pero que circulan por vía de la comunicación interpersonal en forma de rumores, bolas, chismes, y que llegan a constituirse en secretos a voces.

En los últimos años, el aumento en la población cubana de equipos de almacenamiento y reproducción de contenidos en formato digital (memorias USB, computadoras, laptop, smartphones) ha facilitado que mucha información relacionada con sucesos de este tipo —proveniente de medios extranjeros o de videos institucionales filtrados— llegue directamente a un número importante de personas, dinamizando los temas que integran la agenda pública.

Por otra parte, el desarrollo paulatino de una blogosfera nacional y el crecimiento del acceso a las redes sociales por una parte de la población, ha posibilitado la estructuración y diseminación de agendas fundamentalmente de contenidos sociopolíticos, económicos y de políticas culturales, con carácter crítico y en ocasiones propositivo, cuyo preocupación fundamental está centrada en el debate sobre la construcción de proyectos de país que priorizan como valores la inclusión, la libertad, el respeto, el bienestar y la equidad.

Si bien los fines de estas agendas, en muchos aspectos, coinciden con la presentada por el sistema político, los cómos pueden ser diferentes y presentan la cualidad de hacer público el diálogo, el disenso y la multiplicidad de alternativas que no siempre se visibilizan en la agenda simbólica, mucho más homogénea, que se exhibe desde el sistema político.

No obstante, las ya mencionadas limitaciones tecnológicas del contexto cubano, hacen que estas agendas públicas estructuradas fundamentalmente en el entorno digital aún estén demasiado restringidas a grupos específicos y cuantitativamente pequeños, característica que no logran trascender incluso cuando son presentadas en espacios públicos de discusión no virtuales como conferencias, debates o encuentros.

La otra característica importante de la agenda pública cubana es la inexistencia de debates nacionales, o incluso regionales, articulados en torno a problemáticas de alto impacto para la población. Si bien desde el poder político se han convocado análisis sobre proyectos de documentos programáticos (“Lineamientos”, “Agenda para el 2030”), lo cierto es que estos tienen lugar en micro-espacios (aulas, centros de trabajo, núcleos del Partido), tienen un carácter fundamentalmente consultivo y no logran establecer un diálogo ni una retroalimentación con lo planteado y debatido en el resto de los micro-espacios ya que no existe acceso por parte de la población a la totalidad de las propuestas y planteamientos —que son tratados como “información sensible” por el sistema político—, lo cual limita muchísimo la articulación de debates reales en la esfera pública.

En resumen, la agenda pública cubana se caracteriza por la presencia casi permanente de temas relacionados con las dificultades fundamentalmente económicas que golpean el día a día de la población y las consecuencias negativas de estas problemáticas, las cuales son conocidas de primera mano sin necesidad de que aparezcan publicadas en los medios de comunicación; es notable la alta presencia de la comunicación interpersonal como fuente de información y la carencia de debates amplios, con retroalimentación, intencionados, alrededor de cuestiones de interés nacional.

LAS RELACIONES ENTRE LAS AGENDAS PÚBLICA, MEDIÁTICA Y POLÍTICA EN CUBA

Estas características de las diferentes agendas determinan, en gran medida, las relaciones que existen hoy entre ellas, o sea, sirven para entender el porqué del distanciamiento.

La agenda política tiene una incidencia directa sobre la agenda de los medios comunicación a partir de su capacidad de “trazar, dirigir y controlar” la política informativa de todos los medios de prensa del país y también por la capacidad de nombrar directamente o incidir de manera indirecta en la designación de los directores de los medios. Si bien el sistema político declara de manera constante que utiliza el contenido publicado en los medios como parte de su estrategia de trabajo, lo cierto es que ello no implica —al menos no muy a menudo— que se generen cambios sustanciales en la agenda política como resultado del trabajo de los medios, algo señalado también por García Luis en su tesis doctoral, por lo que la relación que se establece entre ambas agendas es fundamentalmente unidireccional: la agenda del sistema político constituye y modifica a la agenda mediática, no viceversa.

En relación con la agenda mediática y la pública, estas se encuentran ampliamente distanciadas, lo cual no ha podido solucionarse de manera estable ni con los múltiples llamamientos a “elevar la eficacia del trabajo de la prensa” ni con la implementación de contados espacios dentro de los medios donde se tocan algunas temáticas poco frecuentes y con un matiz más crítico. Este alejamiento entre ambas agendas tiene de fondo elementos estructurales que han reforzado percepciones sociales sobre el triunfalismo y la estrechez del contenido de los medios, bastante peligrosas para cualquier proyecto sociopolítico.

La influencia de la agenda mediática sobre la agenda pública cubana puede calificarse como discontinua y moderada. Esto se debe, en primer lugar, a que no refleja muchos de los temas que interesan a las personas y, cuando lo hace, sus enfoques son bastante limitados y parciales. Esto ha influido en el poco consumo de noticias en importantes sectores de la juventud y la adolescencia, como han demostrado varias encuestas del Instituto Juan Marinello.

No obstante, ello no implica que los medios cubanos hayan perdido su capacidad de incidir sobre las agendas de los públicos, lo cual ocurre sobre todo a partir de la publicación de noticias de alto impacto —provenientes, generalmente, del sistema político y de gobierno que implican afectaciones (positivas o negativas) para la población y de los contenidos de carácter crítico o de denuncia que alimentan los temas ya presentes en la agenda pública. En estos casos, es donde se palpa de manera más visible que las personas siguen recurriendo a los medios como fuente de información y orientación.

En el sentido inverso, la capacidad de influencia de la agenda pública sobre la mediática también es discontinua y limitada, ya que la principal fuente para la construcción de la agenda de los medios es la agenda política —que no siempre refleja de manera indirecta, como podría suponerse, las principales preocupaciones de las personas. La agenda del público incide sobre la agenda de los medios a partir del contacto que tienen los periodistas con las personas en su vida cotidiana —ya que en Cuba los profesionales de la prensa disfrutan y padecen de las mismas condiciones que el resto de sus compatriotas—, y a través de mecanismos de retroalimentación como las secciones de correspondencia, los encuentros con “públicos meta” y los estudios de audiencia, aún utilizados de manera muy insuficiente y cuyos resultados no siempre se integran de manera orgánica a la agenda de los medios.

En el caso de las relaciones entre agenda política y pública, la primera influye directamente sobre la segunda a partir de las medidas y acciones ejecutadas —o dejadas de ejecutar—, por el sistema político y de gobierno que tienen que ver con las preocupaciones de la gente.

Según la sabiduría popular, en Cuba de lo que más se habla es de política y de deportes, lo cual podría ser un estereotipo, pero en cierta medida está respaldado por el lugar que ocupan en la agenda pública cubana —según estudios— los temas relacionados con la acción del gobierno y el Partido como responsables de la dirección del país y la búsqueda de soluciones para los problemas que afectan a las personas.

En este sentido, lo que se hace y dice desde el sistema político, es una de las fuentes importantes que nutre e influye la agenda pública de los cubanos. La otra forma de influencia, menos consistente e importante, son los análisis/consulta nacionales a los que ha convocado la dirección del país, los cuales son vistos por muchas personas como una mera formalidad, resintiendo la calidad de la participación en los mismos.

En el caso de la influencia de la agenda pública sobre la política —que es una de las máximas expresiones del carácter democrático de un país—, es difícil determinar su comportamiento en la Cuba actual, debido fundamentalmente a la poca información y comunicación que se genera desde el poder político.

Si bien es cierto que hay un grupo de cuestiones de alto impacto social como la salud, la educación, la alimentación, que siguen estando en el centro de las preocupaciones gubernamentales y a las cuales se les dedican altas sumas del presupuesto nacional, también persisten en la población un alto número de insatisfacciones con aspectos de estas que no tienen —al menos de manera pública y sistemática— una respuesta por parte de las autoridades implicadas.

Las preocupaciones de las personas deben fluir hasta la agenda política a través de los llamados “canales oficiales” —contacto de delegados con los electores, rendiciones de cuentas, reuniones de los núcleos del PCC y comités de la UJC, asambleas del Poder Popular, quejas de la población—, los criterios recogidos por los Equipos de Opinión del Pueblo y los resultados de los análisis de documentos programáticos convocados por el PCC, pero lo cierto es que dichos canales han exhibido durante años limitaciones y morosidad, lo cual lleva a cuestionar su eficacia.

De esta manera, lo que desde el discurso político se presenta como una preocupación por las brechas de la agenda de los medios respecto a la de los públicos, no es un simple problema puntual, sino que constituye la expresión de un fenómeno político y comunicacional mucho más complejo por el que pasan una parte importante de los retos que tiene el proyecto social cubano en materia de participación social, democracia y gobernabilidad.

Pensar que las relaciones entre estas tres agendas pueden ser totalmente armónicas y estar exentas de contradicciones es desconocer su naturaleza, que necesariamente está marcada por las tensiones y los rejuegos de poder; que es, a la larga, lo que permite que exista una relación más orgánica y productiva para todas las partes implicadas. Pero para ello, se necesitan transformaciones estructurales que redistribuyan las cuotas de poder entre sistema político, medios de comunicación y públicos, pues es imposible tener una prensa que cumpla con lo que se le pida cuando su capacidad de acción es sumamente limitada.

¿QUÉ HACER?

En materia de transformaciones sociales, las respuestas unívocas han demostrada casi siempre ser superadas por la realidad. Cualquier compendio de sugerencias debe constituir, en primer lugar, una incitación al debate, siempre abierta a las correcciones y a la posibilidad de que los cambios del entorno o las posibilidades reales modifiquen su aplicación, para evitar así que se conviertan en “libretazos” o terminen siendo “buenos guiones con malas puestas en escena”. No obstante, resignarse a la inacción por miedo a la crítica, al fracaso o a los oídos sordos, sería aún peor.

Lograr una relación más productiva y orgánica en Cuba hoy entre las agendas políticas, mediáticas y públicas, está demostrado que no se resuelve con arengas, congresos, ni ajustes epidérmicos en los medios, sino que requiere de transformaciones estructurales en las características que determinan el comportamiento hoy de cada una de estas agendas.

Lo primero es lograr un sistema mediático que posea autonomía, con capacidad de autorregularse sin la excesiva dependencia de instituciones externas, que logre reflejar con mayor rapidez las preocupaciones públicas, dar alerta ante cuestiones de impacto tanto para la gente como para el gobierno, motivar el debate, exigirle a las instituciones cuando no cumplen su rol social, que posea los recursos necesarios para realizar su trabajo, en fin, comportarse como un ente activo y funcional tanto para los ciudadanos, como para el propio sistema político.

Todo esto pasa, necesariamente, por un grupo de cuestiones fundamentales: (1) lograr una redistribución de la propiedad de los medios —acorde con la Constitución— que balancee la existencia de medios públicos y estatales; (2) valorar la posibilidad de diversificar las fuentes de financiamiento de acuerdo a las características de cada medio y sin entrar en contradicciones con los principios éticos del proyecto revolucionario cubano; (3) descentralizar y diversificar las facultades para trazar, dirigir y controlar las políticas informativas; (4) convertir en una decisión interna de cada medio (contando con sus trabajadores) la selección de sus directivos; (5) construir los mecanismos que permitan que el trabajo de los medios y sus periodistas tenga un soporte y amparo jurídico, legal, y no solo político o ético, como ocurre en la actualidad.

Por la propia dependencia del sistema mediático respecto al sistema político y por la naturaleza de estas transformaciones, ninguna de ellas puede generarse desde lo interno del sistema de medios. Esto requiere de su implementación por parte del propio sistema político, lo cual sin dudas lo hace más complicado, pues impone importantes dosis de comprensión y compromiso por parte de quienes tienen hoy el control real de la prensa y los medios de comunicación.

Pero también requiere cambios al interior de la propia agenda política, para permitir una relación más orgánica con los medios, siendo el más elemental de ellos el aumento de la comunicación y la información que se genera desde el gobierno y el sistema político hacia los ciudadanos y los medios como una vía para establecer ese vínculo, concibiéndolos no como simples instrumentos de difusión sino como instituciones capaces de desempeñar un rol activo dentro de la escena política.

Para ello es necesario la actualización y cumplimiento de las regulaciones que determinan y rigen el acceso a la información pública, lo que unido a un marco legal que regule la acción de los medios, les permitiría realizar su trabajo con menor vulnerabilidad a las interferencias directas de entes externos —incluido el propio sistema político y de gobierno— que impiden o cortan aquellas investigaciones o puntos de vista que pueden resultar incómodos.

Todo esto significa incentivar una cultura de la transparencia —por idílico que suene— y del debate –que implica la existencia del disenso- a la cual no estamos acostumbrados y que atañe no solo al gobierno o al Partido, sino también a la ciudadanía. Por lo que una relación como la que se desea entre las tres agendas, no puede existir si no viene acompañada de un mayor empoderamiento de los ciudadanos y un ejercicio más activo del control social, que no puede ser delegado solamente en los medios de comunicación —al estilo cuarto poder—sino que debe ser ejercido también de manera directa por los ciudadanos sobre las instituciones y también sobre los propios medios de comunicación, lo cuales no están exentos de equivocaciones y desviaciones en el cumplimiento de su función social.

Posiblemente el empoderamiento ciudadano sea una de las cuestiones más difíciles, pero a la vez vital para la existencia de una relación balanceada y productiva entre las tres agendas. Resulta vital por lo que puede significar para la construcción y dinamización de las agendas mediáticas y políticas, para la determinación de sus prioridades en función de las verdaderas necesidades e intereses de quienes representan —los ciudadanos—; pero resulta difícil porque implica actualizar las vías de contacto con el público, crear nuevos mecanismos que fomenten una participación ciudadana más real y menos formal, crear las condiciones para un acceso más directo de los ciudadanos a los medios de comunicación —no solo a través de secciones de correspondencia— y también luchar contra los sentimientos de apatía, recogimiento, desinterés y miedo que se han instalado durante varias generaciones en una parte importante de los cubanos.

Como puede verse, la brecha entre la agenda pública y la mediática, que se señala puntualmente como un problema relacionado con el (mal) trabajo de los medios de comunicación, es mucho más que eso. Es una expresión del trazado estructural —y sus consecuencias ideológicas— de las relaciones que se han configurado en Cuba entre el sistema político y de gobierno, la ciudadanía y los medios de comunicación, lo cual entra al juego un sinnúmero de elementos y limitaciones que dificultan su solución, pero que a la vez dan una idea de la importancia que tiene para la sustentabilidad del proyecto sociopolítico cubano.

Se trata de un reto sumamente grande que exige, para la búsqueda de soluciones, de la participación de todos los implicados; algo que, lamentablemente, aún no se está logrando al no existir en primer lugar un reconocimiento del problema en sus diferentes dimensiones, ni tampoco un debate visible, abierto, inclusivo y real de estas cuestiones.

Estas realidades siguen siendo tratadas a manera de arengas voluntaristas o discutidas de manera bastante cerrada entre grupos de expertos cuyos resultados serán luego presentados, aplaudidos e implementados hasta que las “soluciones” vuelvan a convertirse en los problemas. Y como decía Einstein, “no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos”, una lógica que sin dudas aún tenemos que trascender en función de lograr construir esa Cuba posible, próspera y sostenible, pero también diversa, inclusiva, democrática y justa.