Nacionalización y reclamación de propiedades en Cuba: otras ideas sobre la mesa

Foto: Granma

El pasado mes de marzo Cuba Posible hizo público un dossier titulado “Propiedades confiscadas, conflicto nacional y senda hacia el futuro”, en el que brindaron sus opiniones sobre este controversial tema los economistas Carmelo Mesa-Lago, Mauricio Miranda y Pedro Monreal, el jurista Roberto Veiga González, y el empresario Carlos Saladrigas. Hoy sumamos a aquellas reflexiones las de Domingo Amuchástegui y Eugenio Balari. Ambos, desde su experiencia (en la primera línea) de los procesos sociopolíticos vividos en el país luego de 1959, aportan y enriquecen ese Dossier, que desde ya queda abierto a otras aproximaciones y visiones sobre el tema.

Meses atrás un grupo de reconocidos especialistas participaron en Cuba Posible de un dossier titulado “Propiedades confiscadas, conflicto nacional y senda hacia el futuro”. Luego de una lectura cuidadosa del mismo, y de realizar algunas anotaciones personales, me pareció pertinente retomar el asunto y aportar algunos testimonios, ideas y criterios que pueden servir para un abordaje más completo y cabal de este controversial tema. Quiero en este texto analizar varias etapas y las características de cada una de ellas.

I. Primera etapa: Recuperación de Bienes Malversados (1959)

Esta política estuvo orientada a recuperar los bienes malversados -al menos aquellos que quedaron en el territorio nacional- de la tiranía batistiana (1952-1958), sus servidores y aliados, que incluían a un segmento mayoritario de la oligarquía criolla que desde un primer momento se asoció y benefició en todas las operaciones de Batista y sus testaferros. Esto último ha sido excelentemente documentado en la obra de Hugh Thomas titulada Cuba or the Pursuit of Freedom, quien demuestra cómo  “la burguesía convencional se agrupó en torno al nuevo régimen” (p. 791). El saqueo de la economía cubana fue tremendo. Para tener una idea bien clara, recordemos los datos que nos aporta Rufo López Fresquet en su conocido libro  My 14 Months with Castro: “Las reservas monetarias, que habían totalizado $534 millones en oro  y dólares cuando Batista tomó el poder en 1952 habían caído a $110 millones -sólo un 16 por ciento del dinero en circulación, una suma bien por debajo del 25 por ciento mínimo requerido por la ley” (p. 96).

La magnitud de semejante desfalco fue impresionante, y los que piensen que esta afirmación puede parecer exagerada los invito a repasar las conocidas conexiones entre Batista y dichos sectores; o poner atención en actos simbólicos como el conocido “Segundo Asalto al Palacio Presidencial”, ocurrido el 14 de marzo de 1957, ocasión en que dicha oligarquía, todo el batistato e incluso la Iglesia católica, fueron a rendirle pleitesía y desagravio al tirano ante la acción revolucionaria del 13 de marzo de 1957. Aquí resulta de obligada consulta la obra de Guillermo Jiménez Los Propietarios de Cuba 1958.

Tales “bienes malversados”, producto de notorias operaciones fraudulentas e ilícitas, fueron expropiados mediante acciones y procesos legales, legitimados adicionalmente por la fuga en masa de sus gestores, propietarios y cómplices, muchos de los cuales desde los meses finales de 1958 venían trasladando cuantiosas sumas a bancos norteamericanos. Al propio tiempo, estos mismos actores, con el apoyo de las autoridades condales, estatales y federales de Estados Unidos, interpusieron demandas sobre bienes y propiedades del Estado cubano en compensación por sus bienes expropiados en la Isla. Desde esos primeros días todos los mecanismos bancarios entre entidades cubanas y norteamericanas comenzaron a interrumpir su normal funcionamiento, lo cual desembocó en una creciente parálisis del sistema bancario cubano. ¿Cabe o corresponde considerar algún tipo de reclamación o compensación al capítulo de “recuperación de bienes malversados”? Francamente creo que no: ¡ni remotamente!

II. Segunda etapa: Reforma Agraria

Para la sacarocracia cubana y el sector de propietarios norteamericanos en la industria azucarera, el estancamiento por casi 40 años de dicha industria (diagnóstico bien fundamentado por Felipe Pazos en su trabajo Dificultades y Posibilidades de una política de industrialización en Cuba, Humanismo, No. 24, México, 1954) y el creciente sistema de cuotas que reducía el acceso de las exportaciones cubanas al mercado de Estados Unidos, llegó a su punto crítico con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria (17 de mayo de 1959). Esta ley (caracterizada correctamente por Raúl Castro como “el Rubicón de la Revolución cubana”) fijó amplios límites para las grandes propiedades azucareras expropiadas (de 100 caballerías) y aseguró compensaciones a los propietarios cubanos y norteamericanos.

Pero nada de esto fue aceptado por los grandes propietarios. Estos amenazaron de inmediato con “graves repercusiones” y exigieron posponer su aplicación. Hugh Thomas enfatiza que “se levantaba así una tormenta contra la Ley de Reforma Agraria, y debido a la naturaleza del sistema de tenencia de la tierra en Cuba, una tormenta similar se levantaba en Nueva York”. Semejante acto de expropiación resultaba inaceptable para ellos, en tanto que la política de Estados Unidos presionaba a los propietarios de su país para que bajo ningún concepto pactaran o aceptaran la negociación y las compensaciones ofrecidas por Cuba. Mientras esto ocurría, Washington se aprestaba a suprimir la cuota azucarera a Cuba, y las refinerías se negaban a procesar el petróleo ruso para el verano de 1960.

Para muchos de estos grandes propietarios tales acciones equivaldrían al colapso económico de Cuba, que para ellos sobrevendría inevitablemente, recordando muchos la triste frase del magnate Casanova: “sin azúcar no hay país”. De la misma manera que en la Guatemala de 1954 fue inconcebible para la United Fruit Company y para Estados Unidos, que les expropiara “un solo plátano”, en Cuba la expropiación de “una sola caña” era asumida como un delito capital intolerable. Recordemos que desde marzo de 1959 (tres meses antes de la Reforma Agraria), el planeamiento de la agresión a la Cuba revolucionaria ya se ponía en marcha por parte de la Administración Eisenhower. Los propietarios de enormes latifundios azucareros (no olvidemos que el latifundio quedaba proscrito desde la Constitución de 1940, pero nunca fue aplicada, ni promulgada, ninguna legislación específica al respecto) tomaron las de Villadiego y procuraron refugio seguro en Estados Unidos, abandonando masivamente sus propiedades (industrias, tierras y mansiones).

¿Por qué semejantes reacciones por parte de los grandes propietarios expropiados? Como bien lo destaca Rufo López Fresquet “eran los batistianos y la minoría de propietarios quienes querían que Estados Unidos enviaran los marines a Cuba para restaurar el poder y los privilegios de los pocos favorecidos. Con gran parte de sus fortunas fuera de Cuba, podían comprar espacios en los periódicos creando una imagen que era ingenuamente aceptada por esos extranjeros que habían descubierto la existencia de una isla llamada Cuba el primero de enero de 1959 y que habían ignorado toda su historia antes de esa fecha” (ob.cit., pp.68-69).

¿Cabe o corresponde considerar algún tipo de reclamación o compensación a los que declinaron aceptar y/o negociar cualquier arreglo, a los que no les bastaban 100 caballerías de tierras, mientras aceptaban los dictados de Washington y se congratulaban por los planes de agresión que se urdían desde muy temprano contra el poder revolucionario, a los que confiaban ciegamente en que los marines se encargaran del sucio trabajo de barrer con dicho poder, esto es, alentando una agresión de una gran potencia contra su propio país? De nuevo afirmo: ¡ni remotamente!

III. Tercera etapa: abandono masivo de propiedades (1959-1960)

Mientras cuajaba la convicción entre los grandes propietarios de que los marines salvadores vendrían a ponerle fin al proceso revolucionario, amplios sectores de medianos propietarios de industrias, comercios y tierras, comenzaron a protagonizar un abandono masivo de sus propiedades y se fueron a ponerse a buen recaudo en Estados Unidos, a la espera de que estos intervinieran. Simplemente no les cabía en la cabeza que ello no ocurriera. Ya para mediados de 1959, cientos de propietarios medianos (incluyendo sectores profesionales de altos ingresos y asociados a dichos sectores) comenzaban a abandonar sus negocios.

Al Ministerio de Trabajo afluían cientos de representaciones obreras con el dilema de que los dueños habían abandonado sus industrias, comercios, fincas, dejándolos sin materias primas y útiles para hacerlos funcionar, y sin que hubiera quien pagara los salarios. Se creaba así un tremendo conflicto social; pero, además, la tendencia asumía proporciones de sabotaje económico de enormes magnitudes El Gobierno decretaba la intervención temporal en espera de alguna negociación, lo cual no ocurría y las propiedades eran, finalmente, expropiadas ante la ausencia de reclamaciones de parte de los propietarios, que también tomaron las de Villadiego.

De nuevo pregunto: ¿cabe o corresponde considerar algún tipo de reclamación o compensación a los que abandonaron masivamente industrias, comercios, fincas  (en una situación de abandono a sus trabajadores y empleados) a la espera de la acción salvadora de los marines como apunta certeramente el propio Rufo López Fresquet? Por otra parte: ¿qué derecho pueden reclamar los que abandonaron sus propiedades 60 años después? ¿O es que acaso en su interpretación de su supuesto derecho, a 60 años vista, no tiene validez el principio jurídico de la caducidad? Mi respuesta sigue siendo la misma: ¡ni remotamente!

IV. Cuarta etapa: agosto-octubre de 1960

Hacia la segunda mitad de 1960, frente al proceso de abandono masivo de dichas propiedades, el Gobierno Revolucionario proclamó su nacionalización entre agosto y octubre de 1960. Pasaron a formar parte del patrimonio de la nación en forma de propiedad estatal; hablamos de un total de 382 empresas, más la totalidad de los bancos. Con ello se completaba un largo proceso -que he tratado de resumir- que comenzó a agudizarse desde la segunda mitad de 1959 y el verano de 1960, con la negativa de las refinerías norteamericanas de refinar el petróleo soviético. El término “nacionalización” venía así a englobar los tres términos jurídicos previamente empleados: “recuperación de bienes malversados”, “intervención” y “expropiación”; cada uno de ellos sobradamente justificado y argumentado.

Las autoridades cubanas estuvieron en la mejor disposición de compensar acorde con lo establecido en la legislación de entonces; y también  de negociar arreglos de compensación más tarde. Al amparo de Estados Unidos nadie mostró disposición alguna. No obstante, el Gobierno cubano procuró arreglos satisfactorios con Canadá y España; y no ha dejado de mostrar igual disposición hacia determinadas corporaciones norteamericanas. Esta disposición sigue en pie, pero resulta bloqueada por la legislación estadunidense del embargo a Cuba. ¿Podrá avanzarse en esta dirección? Creo que será posible puntualmente en una serie de casos de grandes empresas norteamericanas. En los casos de los cubanoamericanos no creo que exista dicha posibilidad.

Respecto a los cubanoamericanos que todavía razonan desde Estados Unidos que las autoridades cubanas deben devolver las mansiones y las viviendas abandonadas por ellos, les aseguro que, 60 años más tarde y vigente el principio legal de caducidad, manejar la hipótesis de la “posible devolución o compensación” (muy defendida por varios de los autores del dossier antes mencionado) no tendrá cabida en ninguna fórmula de arreglo en el diferendo entre Cuba y Estados Unidos.

Todo ello es cosa de un pasado bien distante (con tres generaciones de por medio) y donde las propiedades nacionalizadas son hoy otra cosa muy diferente, transformadas mediante inversiones y tecnologías introducidas durante largas décadas, creando espacios y realidades económicas irreconocibles para esos que siguen navegando en la ilusión de las reclamaciones. Hace poco tiempo, en un taller celebrado en Miami, la ex-embajadora de Estados Unidos en la República Checa fue bien explícita al precisar que, salvo algunas negociaciones con  grandes empresas con las que se pactaron unas pocas reclamaciones, el resto de los “afectados” nada obtuvieron en materia de compensaciones. El ejemplo es bien elocuente y sirve para pasar la página y mirar al futuro con una visión muy distinta, y sin viejas querellas de una historia ya pasada,  60 largos años atrás.

Sobre los autores
Domingo Amuchástegui 21 Artículos escritos
(La Habana, 1940). Licenciado en Historia por la Universidad Pedagógica. Máster en Educación por la Florida International University. Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami. Fue Jefe de Departamento en el Ministerio de Re...
0 COMENTARIO

Dejar una Respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Puede utilizar estos atributos y etiquetas HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

EditorialMedios en Cuba